La firma posibilitó la entrada de Estados Unidos en el conflicto armado entre Cuba y España. Su aprobación no estuvo exenta de entresijos

El 20 de abril de 1898 se dio la última firma que el gobierno de Estados Unidos necesitaba para declarar la guerra a España y así intervenir en Cuba. Ese día quedó aprobada la Resolución Conjunta, un documento jurídico ambiguo y contradictorio, pues afirmaba que el pueblo cubano debía “ser libre e independiente” pero no hacía reconocimiento a la República en Armas ni a otra institución de los revolucionarios cubanos.

Tanto la Resolución Conjunta como la declaración de guerra al imperio español sorprendieron a los mandos insurrectos. Según el historiador Luis Fidel Acosta Machado, para los mambises fue “un hecho consumado” y exento de negociaciones previas. Más allá de los cabildeos realizados por Tomás Estrada Palma, representante del gobierno mambí en Estados Unidos, los poderes de la República en Armas estaban al margen de los acontecimientos: “el Consejo de Gobierno estaba muy atrás de lo que sucedía”, ha explicado Acosta Machado.

De acuerdo con los estudiosos Eduardo Torres Cuevas y Oscar Loyola Vega, para 1898 el gobierno estadounidense no tenía una política plenamente determinada en torno a Cuba: “independencia, independencia tutelada, colonia o anexión se daban la mano en las valoraciones de los círculos de poder estadounidenses”. Sorteando esa indefinición, Estrada Palma comprometió a diferentes congresistas a posicionarse a favor de la independencia de la Mayor de las Antillas, al ofrecerles la entrega de bonos pagaderos en la futura república.

Los antecedentes

Varios investigadores han señalado que la costumbre estadounidense de eludir compromisos explícitos con las instituciones cubanas, surgidas en el fragor de las gestas emancipadoras, y la estimulación de las discrepancias entre sus principales líderes dieron saldos favorables a las expectativas imperialistas, aunque fuera a largo plazo. En tres décadas de apogeo del movimiento de independencia criollo, el país norteño no lo reconoció.

Ni siquiera se puede hablar de neutralidad, al menos en rigor, pues sistemáticamente las autoridades yanquis favorecieron a España. Así ocurrió, por ejemplo, con la traumática frustración del Plan de la Fernandina en enero de 1895. En esa ocasión, funcionarios estadounidenses incautaron embarcaciones y un número significativo de material bélico destinado a alimentar el reinicio de la insurrección en Cuba.

Sin embargo, cuando se hacía evidente la incapacidad de la Corona española para contener el progreso del Ejército Libertador —han explicado los historiadores Torres-Cuevas y Loyola Vega—, sobre todo a raíz de la victoria mambisa en la Invasión a Occidente, “la administración norteamericana comenzó a valorar intervenir en la situación cubana”.

En enero de 1898, el régimen autonómico decretado desde el otro lado del Atlántico llegó desfasado de las circunstancias históricas. Tal vez en un contexto distinto hubiera surtido los efectos deseados. Pero a dos años del fin del siglo, el otorgamiento de la autonomía poco resolvió. Los independentistas no se apaciguaron con las nuevas medidas, en las que Madrid depositaba las esperanzas de reconciliación con la colonia. Mientras, el integrismo tampoco aplaudió las desesperadas concesiones; por el contrario, se suscitó una manifestación en La Habana, en la que pro españoles recalcitrantes profirieron apologías a Valeriano Weyler, a pesar de sus despiadados métodos, en oposición a la política recién aprobada.   

En tales circunstancias, el cónsul general de Estados Unidos en La Habana, Fitzhugh Lee —veterano de la Guerra de Secesión que se enrolaría en las tropas interventoras en Cuba—, instó a su gobierno a enviar un acorazado “en previsión de ataques a los estadounidenses residentes en la Isla o a sus propiedades”, según aparece en el libro Historia de Cuba. 1492-1898. Formación y liberación de la nación. A fines de enero, entró el Maine en las aguas habaneras y su misteriosa explosión el 15 de febrero de 1898 —por la que se culparían mutuamente españoles y estadounidenses— fue el casus belli para una declaración formal contra España.   

La resolución de McKinley

William McKinley fue el presidente número 25 de Estados Unidos, el último veterano de la Guerra de Secesión que alcanzó ese cargo y el tercer mandatario en morir asesinado en funciones. Proveniente de una familia metodista de Ohio, llegó a ser gobernador de ese estado entre 1892 y 1896. A la Casa Blanca entró para permanecer en ella hasta el final de su vida, en 1897, tras la que fue catalogada como la victoria electoral más aplastante en los 25 años anteriores. Su historia se entrelazó con la de Cuba cuando, después de 30 años de contemplaciones oportunistas, Estados Unidos intervino a gran escala en los asuntos de la más codiciada colonia española, hecho ocurrido bajo su mandato.

La enigmática voladura del Maine en febrero, en la que murieron más de 200 marines yanquis, y una inusual campaña mediática antiespañola a lo interno de su país —cuyas peculiaridades no solo han derivado en estudios históricos, sino también desde la Comunicación y el Periodismo— propiciaron que el 11 de abril de 1898, McKinley enviara un mensaje al Congreso, conforme al procedimiento legal, solicitando la aprobación de la guerra contra España, con el propósito declarado de poner fin al conflicto en Cuba.

Si bien durante su campaña electoral el presidente se había referido a “la lucha de los patriotas cubanos contra la crueldad y la opresión”, los días previos al 11 de abril se supo, según ha planteado la investigadora Francisca López Civeira, que la solicitud de McKinley al legislativo no incluiría el reconocimiento de la independencia. En consecuencia, ha reseñado López Civeira, se concitaron “(…) protestas por parte de la representación cubana en Estados Unidos y también de algunos sectores y congresistas estadounidenses. La prensa norteña publicó la opinión de Gonzalo de Quesada que planteaba: ´Nos opondremos a cualquier armisticio o intervención que no tenga como su objetivo expreso y declarado la independencia de Cuba´. También se conoció la declaración de Tomás Estrada Palma de que los cubanos combatirían contra las tropas americanas si ese país trataba de obligar a aceptar la autonomía y Horatio Rubens, el abogado norteamericano vinculado a los independentistas, expresó que el Ejército Libertador trataría como enemiga a una fuerza que desembarcara en Cuba sin reconocimiento de la independencia”.

El 18 de abril de 1898 ambas cámaras del Congreso, la de senadores y la de representantes, aprobaron la Joint Resolution, más conocida en la historiografía cubana por su equivalente en castellano, Resolución Conjunta. La normativa traía un poco de tranquilidad a los sectores pro independencia, pues su artículo primero afirmaba “que el pueblo de la isla de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente”. La Resolución Conjunta, no obstante su artículo inicial, dejaba al gobierno un margen de discrecionalidad en el futuro actuar respecto a Cuba. Así lo habían previsto McKinley y un grupo de sus asesores, de acuerdo con el volumen Historia de Cuba. 1492-1898... De hecho, algunos investigadores han planteado como una de las características del gobierno de McKinley que este mandatario logró llevar a la Casa Blanca gran parte de la iniciativa legislativa.

La Resolución Conjunta recibió el visto bueno definitivo del ejecutivo el 20 de abril. Los verdaderos objetivos expansionistas de los círculos de poder quedaban enmascarados con la frase que exponía la entrada de Estados Unidos en la conflagración como consecuencia del “aborrecible estado de cosas que ha existido, durante los tres últimos años, en la isla de Cuba”. En ese punto se aludía a los desmanes cometidos por Weyler durante la caótica Reconcentración, un asunto que sensibilizó a parte de la ciudadanía norteamericana y que la llevó a solicitar al gobierno la entrada en la contienda, en apoyo a los criollos. De tal modo, Estados Unidos declararía la guerra a España bajo la apariencia de solidaridad con el pequeño pueblo vecino, disimulando el carácter de rapiña de su beligerancia.

Por su parte, en el campo insurrecto no prevalecieron las suspicacias en torno al rol imperialista que desempeñaría Estados Unidos durante el conflicto armado y una vez culminado este. Ya no vivían José Martí ni Antonio Maceo para encabezar una posición más preclara, y Máximo Gómez tenía recelos de los norteamericanos pero, como ha planteado Acosta Machado, en ese “aspecto realmente era una figura aislada en medio de la manigua”.

En sentido general, los mambises depositaron su confianza en el artículo primero de la Resolución y aceptaron colaborar con las tropas yanquis que desembarcarían por Oriente porque vieron en aquella intervención la posibilidad de acelerar la derrota de España, por la que habían luchado durante tres décadas. A pesar de sus ambigüedades, la Resolución Conjunta se convertiría en los próximos años, al decir de Torres-Cuevas y Loyola Vega, en “punto de vital referencia de la lucha sostenida por el pueblo cubano en contra de una posible anexión”.