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Publicado el 8 Febrero, 2015 por Heriberto Rosabal en En Cuba
 
 

Nueva norma para un viejo problema

El Decreto 327, “Reglamento del proceso inversionista”, cubre las carencias de la Resolución 91 de 2006, dictada por el MEP para dicha actividad. (Foto: www.gacetaoficial.cu)

El Decreto 327, “Reglamento del proceso
inversionista”, cubre las carencias de la Resolución 91 de 2006, dictada por el MEP para dicha actividad. (Foto: www.gacetaoficial.cu)

Por HERIBERTO ROSABAL
La descentralización gradual de la decisión de invertir en el sector empresarial, el uso del mecanismo de la licitación y la participación, en igualdad de condiciones, de formas estatales y no estatales, y de personas jurídicas y naturales, figuran entre lo más relevante del Decreto 327, “Reglamento del proceso inversionista”, que comenzará a regir el próximo 24 de marzo.

En conferencia de prensa en el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), funcionarios de ese este y del Instituto de Planificación Física (IPF) comentaron la nueva norma, que tiene como complementos 14 resoluciones de igual número de organismos.

El paquete jurídico implementa los lineamientos del 116 al 128 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, y viabiliza la aplicación de la política para el perfeccionamiento del proceso inversionista, que el Gobierno aprobó en mayo de 2013, luego del estudio y el diagnóstico sobre el tema, explicó el viceministro del MEP encargado de las inversiones, Oscar Acuña Noriega.

El directivo dijo que este es un primer paso, en el que, además de la reglamentación, los organismos concernidos norman lo que les compete del proceso inversionista como base para lograr la integralidad que hoy le falta a este: Planificación Física lo relacionado con el ordenamiento territorial; Defensa Civil, lo vinculado con la prevención de desastres; Fuerzas Armadas, lo atinente a la defensa, por ejemplo, y así cada uno.

Hasta ahora, 60 por ciento de los ministerios y demás instituciones responsabilizadas con este tema carecían de normas para regularlo eficazmente, precisó Noriega, quien agregó que se ha preparado un manual con el nuevo decreto, las 14 resoluciones y otros instrumentos, como el Decreto 262, sobre la compatibilización de esta actividad con la defensa, la Ley del Agua y la Ley de Inversión Extranjera, para facilitar su aplicación.

Capacitación permanente

La fuerza constructora, igual que otros participantes  en la inversión, podrán escogerse en lo adelante  mediante licitaciones. (Foto: AIXA LÓPEZ)

La fuerza constructora, igual que otros participantes
en la inversión, podrán escogerse en lo adelante
mediante licitaciones. (Foto: AIXA LÓPEZ)

Todos los actores de este proceso que por años ha sido objeto de discusiones y críticas -inversionistas, proyectistas, constructores, suministradores, contratistas y explotadores- serán capacitados de forma permanente, aseguró el vicetitular de Economía y Planificación.

Está previsto un programa al efecto, y los inversionistas que no tengan certificado acreditativo de su preparación no podrán ejercer como tales, explicó Noriega. Personas con muy distintas ocupaciones y responsabilidades han cumplido hasta hoy esa tarea: funcionarios, cuadros, directivos de hoteles y de hospitales, por ejemplo, dijo el ponente refiriéndose a un empirismo con que es necesario acabar.

Los demás se capacitarán, aunque no requerirán certificado para cumplir sus funciones. El primer curso se impartirá en febrero, en la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno, y luego se ofrecerán otros trimestralmente, en centros homólogos de las regiones occidental, central y oriental del país.

El artículo 18 del Reglamento establece que todos los sujetos del proceso inversionista deben recibir una preparación previa que les posibilite aplicar el enfoque integral y la organización de este, dispuestos en la propia norma.

Todos parejos

La reproducción simple, el reequipamiento y el  sostenimiento de sus funciones serán los objetivos de las inversiones que pueden decidir,  colegiadamente, las direcciones de las empresas. (Foto: ANARAY LORENZO)

La reproducción simple, el reequipamiento y el
sostenimiento de sus funciones serán los objetivos de las inversiones que pueden decidir,
colegiadamente, las direcciones de las empresas.
(Foto: ANARAY LORENZO)

Otra novedad es la participación en el proceso inversionista, en igualdad de condiciones, de todas las formas de gestión, estatales y no estatales, incluyendo en estas últimas tanto a personas jurídicas (cooperativas, por ejemplo) como naturales. Solo el proyectista no podrá ser persona natural, según el decreto.

A fin de dar oportunidad a todos, los inversionistas buscarán concurrencia en ese universo, que además incluye a entidades nacionales y extranjeras; se respetará en los acuerdos con estas últimas todo lo legislado en el país en materia laboral y en cualquier otra, precisó a BOHEMIA el viceministro del MEP.

Esa búsqueda y selección, que no excluye la adjudicación directa, se hará evaluando propuestas por separado o mediante licitación, procedimiento más formal que se realiza ante notario público y en virtud del cual todos los interesados en participar en la inversión concurren a exponer sus ofertas y competencias, explicó la directora jurídica del MEP, Johana Odriozola.

Hasta hoy, agregó la jurista, la práctica no es esa, sino la designación del constructor más a mano, “el que me toca o me asignen”, mientras la licitación, aunque puede requerir más tiempo, permite al inversionista contratar a los mejores y lograr la debida calidad en la realización de su proyecto.

El contrato -subrayaron los ponentes- ocupa un capítulo del decreto, pues es fundamental en el proceso inversionista, básico para asegurar el cumplimiento correcto de cada paso, en cada fase de la inversión.

Similar jerarquía se da en el Reglamento al estudio de factibilidad, indispensable y obligatorio antes de acometer cualquier inversión; por primera vez se define en la nueva norma legal cómo debe hacerse, qué elementos debe contener. En ello, según se informó, también está prevista la capacitación sistemática.

Descentralización de decisiones

Otro elemento que introduce el Decreto 327 es la descentralización de la decisión de invertir, que en la práctica se aplica desde el pasado año en el sector empresarial y más adelante se extenderá al presupuestado, afirmó el viceministro Noriega.

Como resultado de eso, agregó, en el MEP hoy se aprueban las inversiones superiores a 15 millones de pesos, mientras las de montos inferiores corresponde decidirlas colegiadamente, mediante un comité de evaluación, a las organizaciones superiores de dirección empresarial y empresas (OSDE), con fines como garantizar su reproducción simple, reequipamiento y sostenimiento de funciones.

Respondiendo también a esta revista, Noriega explicó que esa descentralización recién comienza y su principal resultado hasta ahora es el acercamiento de la decisión a donde surgen las necesidades, lo que permite respuestas más oportunas.

En la medida en que el sector empresarial obtenga resultados y haga más eficiente el proceso inversionista, se le delegarán facultades en esta actividad, precisó el funcionario, quien enfatizó en la exigencia y el control, necesarios para evitar a tiempo usos inadecuados.

El turismo debe ser uno de los sectores más beneficiados por las nuevas normas jurídicas que comenzarán a regir en marzo para el proceso inversionista.  (Foto: AIXA LÓPEZ)

El turismo debe ser uno de los sectores más beneficiados por las nuevas normas jurídicas que comenzarán a regir en marzo para el proceso inversionista.
(Foto: AIXA LÓPEZ)

Ventanilla única

Total novedad es, asimismo, el mecanismo de ventanilla única, que estará a cargo del sistema de Planificación Física, cuyas dependencias municipales, provinciales o nacional, según corresponda, tramitarán con los demás organismos las autorizaciones para las inversiones, en plazos fijos que hasta ahora no estaban legalmente establecidos.

Así, los inversionistas solo tendrán que acudir al IPF, el que a su vez, si no tiene respuesta de algún organismo en el tiempo debido, lo considerará “silencio positivo”, no objeción a la propuesta o proyecto de inversión.

Si de ello resulta después algún problema -un impacto ambiental negativo, por ejemplo- el organismo tendrá que responder por la opinión o decisión que a tiempo se le solicitó y no dio, precisó el viceministro del MEP, quien anticipó que se monitorearán los silencios positivos para ver por qué ocurren y para evitarlos.

Como se insistió en el encuentro, al que también asistieron representantes de la Comisión de Implementación de los Lineamientos y de organismos involucrados en el tema, el paquete jurídico por sí solo no va a resolver los problemas del proceso inversionista. Se requerirán capacitación y exigencia para el cumplimiento de las normas en cada nivel, como ingredientes fundamentales para los cambios positivos a que se aspira.


Heriberto Rosabal

 
Heriberto Rosabal