Por ARIEL TRUJILLO VARELA y JESSICA CASTRO BURUNATE
Portadilla (foto: MARTHA VECINO ULLOA)

La indignación brotaba por cada poro de su piel. “Yo pongo en duda el trabajo de Planificación Física y de las demás instituciones implicadas, si no veo solución a mi caso. También pongo en duda la transparencia cuando veo permisibilidad y violaciones constantes, más aun cuando afectan a otras personas”.

Marta Abella, vecina del poblado de Jaimanitas, al oeste de La Habana, parecía desesperada ante la demora de la solución de su problema. Nunca pensó que fueran a complicarse tanto las cosas cuando, en septiembre de 2014, sus vecinos de al lado empezaron a construir un muro en el mismo sitio donde se erigía la cerca que marcaba el límite entre las dos casas.

Resultó que el muro se convirtió en paredes que, con el paso del tiempo, ascendieron a un segundo nivel, y luego a un tercero. Como Marta es arquitecta, tiene claros los peligros que entraña una obra mal planificada. “Cuando una persona va a construir es necesario que tenga un proyecto bien amparado. Una mala resistencia de los cimientos puede llevar a problemas muy serios como derrumbes que pongan en peligro la vida de alguien”.

Por otra parte, según lo estipulado en las regulaciones urbanas, la distancia entre un lindero (línea que marca el límite del terreno) y una edificación debe ser de 75 centímetros como mínimo. “Si el vecino colindante respeta su límite y yo respeto el mío, ya por lo menos hay una distancia de un metro y medio entre las dos propiedades.

“Si yo hiciera lo mismo que mis vecinos y construyera encima del lindero, la tipología arquitectónica de mi vivienda cambiaría a medianería, la cual no predomina en la zona: ¡ya no serían casas, sino apartamentos que comparten pared con pared!

La violación de límites o linderos es una de las más recurrentes. (Ilustración: GUILLERMO MORENO).

“Además, las tuberías de drenaje que ellos construyeron en la planta alta desaguan encima del techo de mi car porch, las ventanas abren hacia mi propiedad, ya no tengo ni privacidad, ni independencia”, se lamentaba la arquitecta.

El objetivo del lindero es separar prudentemente una casa de otra. La distancia provee seguridad y evita que se pueda saltar fácilmente de un techo a otro. Asimismo, si un vecino desea reparar la fachada y las paredes exteriores de su vivienda, cuenta con el espacio mencionado de 75 cm respecto al lindero; de lo contrario, tendría que hacerlo desde la propiedad de al lado. También está permitido abrir puertas y ventanas, siempre que se respete la parcela ajena.

Interminable y angosto camino 

Marta no se quedó de brazos cruzados. Al momento hizo la denuncia correspondiente en la Dirección de la Vivienda de su municipio (Playa). Meses después, el 5 de enero de 2015, Planificación Física asumiría las funciones de Vivienda, tras el Decreto-Ley 322. “Los inspectores han ido, pero las violaciones continúan en pie y se expanden hacia arriba; dicen que lo único que pueden hacer es poner multas”, asegura Marta.

En busca de una solución efectiva, la denunciante afirma que ha acudido a otras entidades como la Fiscalía, la Dirección Provincial de Planificación Física –que también envió inspectores–, el Consejo de la Administración Municipal (CAM) y el Instituto de Planificación Física (IPF).

“Pero ningún organismo ha resuelto el caso; hasta envié cartas por correo electrónico a algunos medios de prensa, entre estos BOHEMIA. Finalmente me dirigí a los tribunales y establecí un proceso que también es largo y complicado; contraté a un abogado, lo cual representa gastos económicos, sumados al despilfarro de tiempo”.

La falta de orientación y de respuestas oportunas y claras han sido escollos con los que ha tropezado constantemente, sostiene la arquitecta. “Las cartas que envié a los organismos rectores parece que no se las leyeron bien porque siempre me mandan a ir a Planificación Física municipal (DMPF), cuando dejo claro en lo que escribo que acudo a los niveles superiores porque en la base no se resuelve el problema. Me pregunto para qué están esos organismos, si no es para exigir que se dé una respuesta en el plazo establecido y velar por el cumplimiento de las regulaciones.

Marta Abella, de Jaimanitas, en La Habana, cuenta su caso a Bohemia. (Foto: YASSET LLERENA).

Mientras el problema se volvía más serio, las trabas aumentaban, daba la impresión de que querían enfriarlo, refiere Marta. “Me explicaron que la vía era llevar el tema a la Comisión de Enfrentamiento a las Ilegalidades, que opera en el gobierno, donde me dijeron que el caso tenía que ser manejado por la DMPF; sin embargo, allí me aseguraron, a su vez, que el tratamiento del asunto le correspondía al gobierno.

“También guardo la primera respuesta, dada el 20 de enero de 2015 por la directora de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV), en la que me contesta que no había ninguna violación en una pared medianera, lo cual evidencia que algunos funcionarios de ese sector no conocen las regulaciones de las zonas que atienden o hacen mal su trabajo. Encima, la respuesta se firmó en una fecha posterior al traspaso de funciones a Planificación Física”.

Luego de transitar por un largo proceso burocrático, que afirma le ha causado desgaste físico y mental, Marta no pudo resolver la ilegalidad por la vía administrativa, pues esta suponía una demolición, bien por la Comisión de Enfrentamiento o por el propio responsable de la violación, al cual se le impuso esa medida, junto con la multa correspondiente.

Pero ante la desobediencia del vecino imputado y la inacción de las instituciones competentes –presionadas por la connotación social de una casa en la que viven personas–, corresponde a los Tribunales inclinar la balanza. “Prefiero que me digan de antemano en Planificación Física cómo funcionan las cosas, y que vaya directamente al tribunal para no perder mi tiempo”, cavilaba Marta.

Esta es la distancia entre un lindero y una edificación, según lo estipulado en las regulaciones urbanas (Ilustración: GUILLERMO MORENO).

Envuelta entonces en otro proceso, la atribulada mujer tropezaría nuevamente con la frustración y el infortunio el 18 de marzo de 2016, día fijado para la declaración de testigos y abogados, en el que le sorprendería el aviso de que la jueza no iba a poder presentarse por razones de enfermedad. Una vez más, Marta perdería una mañana de trabajo, y su testigo, una sesión de fisioterapia.

Las esperanzas se difuminaron aún más cuando días después le informaron que la magistrada estaba de licencia, lo que suponía una congelación momentánea del proceso, según nos aclara. Al cierre de esta investigación, el caso ya esperaba por la sentencia sobre la suspensión de obra nueva (el tercer piso), “que ya es vieja” de acuerdo con la entrevistada, pues un ‘rascacielos̕ crece ante la vista de todos.

No hay quien atienda

Georgina Ortega defiende su derecho sobre una parcela ubicada en la zona de Río Verde, en el capitalino municipio de Boyeros. (Foto: YASSET LLERENA).

Georgina Ortega es abogada y defiende su derecho sobre una parcela de aproximadamente 300 metros cuadrados ubicada en la zona conocida por Río Verde, en el capitalino municipio de Boyeros, adquirida por su madre como herencia hace unos años. La propiedad pertenecía a su abuelo desde antes de 1959 y fue respetada durante seis décadas.

Pero desde principios de 2015 Georgina se percató de una incipiente edificación y una zapata que, según técnicos en construcción, pudo haber comenzado a levantarse un año atrás. “¿Quién habrá hecho esto?”, se preguntó la abogada. “De seguro, alguien que no sabe que este suelo es privado”, concluyó rápidamente.

Se dio a la tarea de encontrar al responsable, pero no pudo entablar más de dos palabras cuando lo encaró. “Me di cuenta de que él no entendía, o no quería entender, y decidí terminar la conversación y hacer la denuncia en Planificación Física del municipio”.

En abril se abrió oficialmente el caso que iba a ser resuelto en un principio por el departamento de Trámites mediante una resolución. “Para mí eso estuvo bien porque de esa forma Planificación Física puede mandar a parar o a demoler. Presenté el caso con todas las pruebas: las fotos, el título de antes de 1959, la adjudicación de 1995, la inscripción en 2003 en el Registro de la Propiedad correspondiente”.

En el proceso fue avisado el presunto infractor para que pudiera defenderse. “Según me informaron, esa persona solo ostenta una fotocopia de licencia de construcción otorgada en 2006. Dice que no sabe el nombre del funcionario que le otorgó los permisos.

“Lo primero que se hizo fue ir al registro de la UMIV –que era el que fungía en aquel entonces y luego se desintegró– en el cual no consta expediente alguno de esa solicitud, ni licencia de obra. Pero la directora del momento de Planificación Física del municipio dice que el hecho de que no esté registrada no significa que no se le haya otorgado”, asegura Georgina.

El proceso se fue dilatando y los 30 días hábiles se convirtieron en siete interminables meses. “Uno de los motivos de la demora, según la jurídica de Planificación Física que atiende el caso, era que les faltaban allí, en esa dirección municipal, tres especialistas necesarios para colegiar el asunto. Me dijo que iba a hablar con la provincia para que los supliera”, pero finalmente, en vez de una resolución, el resultado fue un dictamen técnico.

Georgina puso todas las quejas posibles porque con esa decisión no obligaba a nada. “Cuando Planificación Física dicta una resolución todo el que no esté de acuerdo tiene 30 días para ir al tribunal a ventilar el asunto, que no es el caso del dictamen técnico”.

Todo se complica más

5- Satisfacer sus intereses en las oficinas de trámites sigue siendo en extremo engorroso para la mayor parte de la población. (Foto: MARTHA VECINO ULLOA).

“Es que tu caso no es de la competencia del departamento de Trámites, sino del de Enfrentamiento a las Ilegalidades”, le respondió la directora municipal de Planificación Física ante la reclamación. “Si desde el primer día me lo dicen no hubiera perdido el tiempo y hubiese presentado el caso en el departamento de al lado en esta misma entidad”, testifica Georgina que le contestó.

Pasado el asunto a la oficina correspondiente, el proceso comienza nuevamente: se cita a los litigantes para que defiendan su causa y presenten las pruebas pertinentes. Si el fallo favorece a la abogada, el demandado tiene que demoler –generalmente en 30 días– y abandonar el lugar. De lo contrario, la demolición la realiza una brigada enviada por la Comisión de Enfrentamiento a las Ilegalidades.

En esa última dependencia, señala Georgina que le aseguraron que el 1^o de febrero, de este año, iba a ser incluido el caso en el plan de trabajo, pero tenían que esperar a que se presentara el demandado antes de tomar una decisión. Así corrieron dos meses, mientras la paciente abogada se preguntaba si el asunto no terminaría hasta que apareciera esa persona.

“Te dicen que hay muchos casos, que se está trabajando. Llega el mes de abril y… ¡sorpresa: me dice la jefa de enfrentamiento que la comisión va a decidir confiscar tanto la construcción como el terreno! La razón, me dijeron, es que la propiedad ha estado ‘abandonada’ todos estos años. No obstante, la ley no dice que el abandono sea un motivo de confiscación”.

Al cierre de este reportaje, Georgina asegura estar más esperanzada, al pasar el caso a la Dirección de Planificación Física provincial, que desde el pasado año es la autorizada para derogar las licencias otorgadas sin las formalidades correspondientes.

Apuntes necesarios

Lo anterior es ejemplo de cómo puede llegar a complicarse un problema en apariencia fácil de resolver. Una persona que quiera construir sobre un terreno que no le pertenece debe acudir en primer lugar al Registro de la Propiedad y verificar si el solar es privado o estatal, si tiene propietario o no, antes de solicitar el permiso correspondiente. De la misma forma deben cerciorarse también los responsables de otorgar los permisos y licencias, antes de concederlos.

Según lo dispuesto en las regulaciones al respecto, las acciones constructivas deben comenzar en el plazo de no más de un año después de haber sido autorizadas, cosa que no ocurrió en el caso denunciado por Georgina, en el cual el problema mayor, según su testimonio, no es solo ese, sino el de la usurpación de su propiedad.

¿Por qué tantas dilaciones en la resolución de litigios de esta naturaleza? Georgina, por ejemplo, piensa que no sabían cómo afrontar su expediente y “no quisieron responsabilizarse con una resolución”.

“Al mismo tiempo –agrega–, está la condescendencia o paternalismo, la ayuda o protección a esas personas. El inspector dice que tienen muchos problemas, que lleva mucho tiempo la construcción… Un funcionario que aplica la ley tiene que decidir, porque, o se es justo, o se es corrupto”.

Los inspectores de Planificación Física tienen un rol importantísimo en hacer cumplir las regulaciones urbanas. A ellos, como está establecido, corresponde aconsejar, advertir y combatir de manera intransigente las indisciplinas e ilegalidades. “La gente se aprovecha y sigue violando las normas frente a la indolencia, la incompetencia y aún debilidades del sistema y su entorno”, sostiene la abogada demandante.

Con estos ejemplos queda demostrada la falta de un trabajo preventivo, que pudiera desarrollar Planificación Física, sobre todo en la capital. Debería actuar sin esperar, en todos los casos, la denuncia de algún vecino. Los inspectores, como parte de su trabajo, pudieran detectar y enfrentar las irregularidades, en recorridos por zonas.

De esa manera, no solo se favorecería el respeto a las normas urbanísticas, sino también a la convivencia vecinal, la paz, la armonía y el respeto que debe primar en cada barrio.

Para Marta Abella, “aparte de las multas, tienen que darles seguimiento a los casos y velar por que se cumplan las obligaciones ordenadas; si estas no son acatadas, deberían elevarlas a instancias superiores de gobierno y tribunales; el proceso tiene que tener un final, aunque sea por la vía penal”.

Por su parte, Georgina Ortega percibe que el trabajo de control interno es débil. “Puse una denuncia en el IPF y luego, cuando fueron a inspeccionar mi municipio, preguntaron por el caso y la directora dijo que no lo había leído todavía, después de siete meses y de ir todas las semanas a entrevistarme con ella.

“Más adelante volvieron a preguntar, pero el tono no es de presión. Me explican que el IPF no tiene facultades para inmiscuirse en el trabajo de la base, no hurga ni pone plazos para dar una respuesta. La provincia averigua cómo va el proceso, pero hay trabas y demoras en el trabajo que afectan las soluciones”.

Cerrando el círculo

El sistema de la planificación física afronta hoy dos retos principales: el trabajo preventivo y la rectificación de los errores cometidos en etapas anteriores

Entre las ilegalidades más recurrentes se encuentran las acciones constructivas no autorizadas que invaden el espacio público. (Foto: MARTHA VECINO ULLOA).

A juicio de Alexander Salgado, director de Planificación Física en el habanero municipio de Playa, la disciplina de la población ha ido mejorando en los últimos tiempos, pero aún falta camino por recorrer. “Las personas, y también las entidades, estaban adaptadas a construir como querían; cualquiera ponía un cartel sin tener en cuenta las dimensiones, los parámetros y requisitos”, expresa.

Durante el período especial –explica el directivo– se permitieron acciones constructivas que violaban regulaciones del territorio, pero respondían a necesidades de ese momento complejo para el país. “Se admitieron, por ejemplo, los car porch, necesarios por la escasez de parqueos colectivos. Muchos jardines se cerraban para la siembra y la cría de pollos”.

Hoy se apuesta por un reordenamiento que se debate una y otra vez con las deformaciones pasadas. “A las personas les cuesta entender que ahora no procede lo que antes estaba permitido”, acota Salgado.

Infracciones recurrentes

Entre las violaciones más recurrentes se encuentran la invasión del espacio público, garajes fuera de lugar, cierres de portales y jardines, cambios de estructura en edificios multifamiliares; acciones mayormente asociadas a necesidades de ampliación de las viviendas, pero con un considerable impacto en la colectividad, declara Magalys Rivero, directora de inversiones del Instituto de Planificación Física (IPF).

Sahilés Montero, jefa del Departamento de Verificaciones Fiscales, de la Fiscalía de La Habana, comenta que “hay personas que se amplían de cualquier forma: extendiéndose hacia los laterales, ocupando parterres, construyendo garajes, cerrando portales, terrazas y balcones. Y la mayoría de las veces varían el ornato, incluso con autorizaciones que no cumplen con los requerimientos legales”.

Durante el período especial la necesidad justificó el desorden y se hicieron práctica común acciones hoy difíciles de erradicar. (Foto: MARTHA VECINO ULLOA).

Otro de los fenómenos habituales –no solo en la capital– es la construcción de piscinas y cisternas soterradas. Para Montero, eso atenta contra el abasto de agua a la población. “Hay a quien se le autoriza una cisterna y construye una piscina, incluso de gran extensión. En algunos casos afecta al vecino de al lado, pero en otros a toda su comunidad con un consumo de agua por encima de los límites permitidos”.

Sancti Spíritus, donde se ubican dos de las primeras siete villas fundadas en Cuba, muestra otras particularidades: “En la cabecera provincial, por ejemplo, hay muy pocos portales, y el umbral público muchas veces es violado con escaleras que nacen en la acera, lo cual constituye una barrera arquitectónica para los peatones”, afirma Mayra Pérez, jefa del Departamento de Urbanismo, de la Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF).

Según Ciro Rodríguez, subdirector de la DPPF en ese mismo territorio, “lo que más preocupa hoy es la transformación de las fachadas en los centros históricos. Se realizan acciones que no estaban previstas en las licencias de construcción”.

Una nueva resolución confiere al sistema de la planificación física la potestad de derogar aquellas licencias otorgadas que no cumplan con los requerimientos necesarios, aun cuando sean anteriores a la entrada en vigor del Decreto-Ley 322. Esta medida debe fortalecer al sistema.

No es solo demoler

Las fachadas de los edificios multifamiliares son las más dañadas por los moradores de muchas viviendas en la búsqueda de mayor espacio. (Foto: MARTHA VECINO ULLOA).

Aunque la principal perspectiva es la prevención, hoy es necesario fortalecer la labor de enfrentamiento, en la que tienen un papel protagónico las instancias de gobierno.

Entre las tareas que ocupan a la provincia Sancti Spíritus se encuentra la erradicación de barrios y focos ilegales. Muchas de estas construcciones tienen entre 15 y 30 años, cuentan ya con contador eléctrico, agua y teléfono en varios casos, por lo cual se valora la posibilidad de otorgarles la titularidad.

Mientras se exploran soluciones para los existentes, las autoridades se concentran en evitar la proliferación de nuevos barrios. Noel Carballo, vicepresidente de la construcción del Consejo de la Administración Provincial, advierte que no es cuestión de llegar y demoler. “Necesitamos inversiones para ir ordenando y que los barrios ilegales no se prolonguen por años”, explica el funcionario.

En el municipio capitalino de Playa, resalta el director de Planificación Física, solamente se han llevado a cabo dos demoliciones de 2015 a la fecha. El trabajo de la Comisión de Enfrentamiento en ese territorio está enfocado principalmente a la actividad profiláctica. “No solo se realizan demoliciones, también extracciones, permutas obligatorias, retorno a lugares de origen”, aclara el directivo.

En Sancti Spíritus, especifica el vicepresidente del gobierno que la indicación dada a las direcciones municipales es que a la comisión vayan aquellos casos de ilegalidades que toman suelo estatal. “Eso hay que demolerlo obligatoriamente en 30 días como máximo. Desde 2012 se han derrumbado 38 cimentaciones o viviendas en esta condición”.

Según el funcionario, lo anterior no implica obviar las acciones constructivas en terrenos privados. Estos casos no se llevan a la Comisión de Enfrentamiento, se pone una multa, se duplica y se manda a autodemoler. Si no se cumple, el litigio debe resolverse en tribunales.

Este cierre de calle de la fábrica Brascuba es ejemplo de las violaciones en las que incurren algunas personas jurídicas. (Foto: MARTHA VECINO ULLOA).

“Lo principal es no esperar a que hagan un piso, ni dos, ni tres. En cada consejo popular hay un inspector; cuando pongan el primer ladrillo este tiene que detectar la ilegalidad antes de que se convierta en un problema mayor”, acota Carballo.

“Los litigios por relación de vecindad son procesos largos y engorrosos, donde hay litigantes muy indisciplinados que no obedecen las órdenes judiciales. Planificación Física redacta un informe e interviene la Fiscalía. Pienso que el país no está siendo todo lo enérgico que debiera ser. Existe un bache cuando el tribunal manda a demoler y la persona no lo hace. En un futuro las autoridades deben pronunciarse sobre ese tema”, considera Ciro Rodríguez.

Para Diana Rosa Suarez, jefa del departamento jurídico del IPF, hay una tendencia en la población a dejar que se desarrolle la acción constructiva y después presentar la reclamación, y así las quejas se acumulan. “Por muy rápido que se quiera trabajar, el proceso sigue siendo lento: el cuerpo de inspectores está limitado y se ha creado incorrectamente el concepto de que yo construyo y nadie me demuele”.

Ciro Rodríguez advierte, asimismo, sobre la necesidad de actualización del decreto 272, que sanciona las violaciones de normas urbanísticas. “Se deben reglamentar algunas cuestiones que no están contempladas en la norma o que están obsoletas. De esa forma tendremos una herramienta de contravenciones útil para un enfrentamiento mucho más limpio y amparado legalmente”.

En opinión de la responsable jurídica del IPF, las multas fijadas para esas contravenciones son ínfimas, en relación con el monto de la acción constructiva. “Generalmente, a quien puede solventar una construcción no le molesta pagar los 500 o 1 000 pesos de la multa”.

Al toro por los cuernos

Kioscos y otros establecimientos privados irrumpen en el espacio público en detrimento de la propia urbanización. (Foto: MARTHA VECINO ULLOA).

“Los grupos municipales de enfrentamiento no son todo lo eficientes que queremos”, confiesa Carballo. “Debemos tener al menos un inspector por consejo popular, pero de 85 que necesitamos hay solo 65. Ellos también tienen la responsabilidad de visitar esa vivienda cuya construcción se autorizó, para evitar violaciones, pero casi siempre nos concentramos en la capital provincial y en las cabeceras municipales, porque no hay transporte para llegar a los asentamientos. Por eso los inspectores se unen a las visitas integrales del gobierno”.

Según Ciro Rodríguez, con la excepción del transporte, se cuenta con todos los recursos necesarios. “Más del 70 por ciento de los inspectores vienen del sistema de Vivienda y tienen experiencia”.

En el municipio de Playa, al decir de Salgado, las condiciones de trabajo han mejorado. “Nos hemos ido nutriendo de personal calificado, hay cuatro ingenieros que vienen del programa del arquitecto de la comunidad, la plantilla está cubierta completamente”.

No obstante, confiesa el directivo que por cuestiones salariales no todos los profesionales capacitados quieren trabajar en Planificación Física, lo cual repercute, entre otras razones, en la rapidez de los procesos.

El cierre de balcones se ha convertido en práctica común. (Foto: MARTHA VECINO ULLOA).

El IPF reconoce la ausencia de un 10 por ciento del personal necesario para cumplir con las nuevas funciones asumidas. “Cuando ocurrió el traspaso de funciones, dentro del sistema de planificación física no había personal para desarrollar las nuevas tareas. Los funcionarios de la Vivienda que debían incorporarse migraron a otras funciones durante el tiempo que duró el proceso, por tanto tuvimos que captar nuevas fuerzas o utilizar las que ya teníamos, sin la preparación necesaria”, explica la directora de inversiones del IPF.

“No estamos exentos del mal trabajo y la corrupción”, dice el director de Planificación Física en Sancti Spíritus. “Desde enero de 2015 hasta la fecha ya debían haberse hecho inspecciones integrales a todos los municipios. Me he encontrado casos archivados durante años, muchas veces por miedo a enfrentarlos, y esos son los primeros que hemos solucionado. Hay expedientes fáciles que no deben llegar a niveles superiores, pero algunos inspectores nuestros no actúan y detrás de eso está el dinero corriendo”.

De acuerdo con Alexander Salgado, la corrupción “es algo complicado porque casi nunca la persona a la que le piden el dinero para pasar por alto la ilegalidad en que está incurriendo quiere hacer la denuncia correspondiente porque sabe que también sería acusada”.

Teidy Colomar, fiscal de la Dirección de Verificaciones de la Fiscalía General de la República, aclara que entre las conductas ilícitas también se encuentra que el personal de estos organismos recibe determinados beneficios personales por no hacer cumplir lo establecido o dictar una disposición en contra de la norma. “Son actos de corrupción que han llegado incluso a la apertura de procesos penales”.

Alega que tras las investigaciones llevadas a cabo por su institución se llegó a la conclusión de que muchas veces no se cumplían determinadas obligaciones, como el caso de las demoliciones, por falta de herramientas y demás recursos necesarios, pero también por factores subjetivos.

“Después de las multas impuestas y de la obligación de derrumbe, pasa el tiempo y los inspectores no vuelven a verificar qué pasó con esa indicación que dieron y que es parte de la sanción. Las conductas inadecuadas se repiten por los vecinos que ven la permisividad de quienes deben hacer cumplir lo establecido. Los jefes también tienen parte de culpa porque deben controlar y supervisar el trabajo de sus subordinados”.

Pero, ¿qué hacer ante la desobediencia? Según Colomar, “podría estar identificándose una figura delictiva por desobediencia, bien establecida en el Código Penal. Lo que debe ser es que Planificación Física formule la denuncia, la policía y los órganos del Ministerio del Interior investiguen, y Fiscalía lleve al infractor ante los tribunales con un escrito de conclusiones”.

De acuerdo con la fiscal Montero, en caso de que una persona sea llevada a los tribunales mediante un proceso civil-administrativo y no cumpla una orden judicial, se pueden ejecutar sentencias con acciones de fuerza pública. “Existen todos los mecanismos, lo que en ocasiones se desconocen y, en otras tantas, no se emplean en el momento oportuno, con la agilidad necesaria y de la manera correcta”.

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