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Publicado el 6 septiembre, 2016 por Delia Reyes Garcia en En Cuba
 
 

Asistencia social: Amparo no sin angustias

En el país existen una política, mecanismos, estructuras y normativas que demuestran la voluntad y el compromiso del Estado de proteger a la población más vulnerable. Sin embargo, en la implementación de lo aprobado, aparecen lagunas y contradicciones que, según testimonios, tienen entre sus causas la aplicación mecánica de lo establecido y excesivas demoras en trámites
Delsa Martí Díaz es uno de los casos pendientes de revisión.

Delsa Martí Díaz es uno de los casos pendientes de revisión

Por DELIA REYES GARCÍA
Fotos: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

A la pequeña Anabel Camejo Paumier le fascina cantar. “Cuando sea grande, seré una artista famosa”, dice, mientras con el micrófono de juguete en las manos, pasea oronda por la salita de su casa. Yanelkis, su mamá, la observa con ternura y comenta que ella es muy vigorosa, aunque padece, desde el nacimiento, de epidermólisis bullosa, enfermedad más conocida como Piel de mariposa. El cuerpo se le llena de forúnculos, que le provocan mucha ardentía.

Los médicos prescribieron protegerla de las altas temperaturas en el guantanamero municipio de Imías, donde reside la niña de cuatro años. La familia se las agenció para adquirir un aire acondicionado, pero el salario del padre, único sostén de la casa, no alcanzaba para pagar las facturas mensuales del consumo eléctrico. Por tal motivo, las autoridades aprobaron una ayuda monetaria de 490 pesos mensuales.

En el país, como esta familia, otras 112 642 se benefician de las distintas prestaciones que establece la Ley No. 105 de la Seguridad Social, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular y puesta en vigor desde su publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 22 de enero de 2009.

También forman parte del marco regulatorio de la actividad, el Decreto No. 283, Reglamento de la Ley de Seguridad Social, del Consejo de Ministros, publicado el 24 de abril de 2009, y los Procedimientos para el otorgamiento, ejecución, control y revisión de las prestaciones de la asistencia social.

Para cubrir los gastos que conllevan estas protecciones, en 2016 el Gobierno aprobó un presupuesto de 318 603 225 pesos.

Chequeras perdidas

Anabel y su madre Yanelkis

Anabel y su madre Yanelkis, uno de los 112 642 núcleos familiares beneficiados en el país.

Yanelis Fernández Arias, vive en Carretera de Holguín, Pasaje K, Consejo Popular Rosa la Bayamesa, provincia de Granma. Su hijo Joan, de 17 años, sufre de parálisis cerebral infantil, con trastornos motores. “Desde que el niño nació tenía una ayuda de 80 pesos, pero me la quitaron cuando cumplió 11. Dijeron que era porque había salido una ley nueva y tenían que disminuir la cantidad de chequeras. Ya han pasado seis años y en todo este tiempo se olvidaron de nosotros. Nunca he podido trabajar porque debo cuidarlo. Tengo también otro niño de 11 meses y el sueldo de 275 pesos de mi esposo no alcanza, por mucho que se estire”, comenta visiblemente contrariada, mientras mueve la raída silla de ruedas de Joan hacia la entrada de la casa.

Para su vecina, la sexagenaria Delsa Martí Díaz, el sobrino que acunó, con solo un mes de nacido, es algo muy importante en su vida. “Lo he criado con mucho sacrificio, porque Adrián tiene parálisis cerebral infantil con afectaciones en los miembros inferiores y además es epiléptico. Nunca conoció al padre y mi hermana tenía serios problemas psiquiátricos.

“Cuando el niño tenía cuatro años, tuve que dejar de trabajar y me acogí a la ley de la asistencia social que beneficiaba a las madres cuidadoras. Me pagaban el mismo salario que devengaba, 200 pesos. Pero, meses después de que salió la Ley 105, me retiraron la chequera. Entonces Adrián tenía 17 años y ya cumplió 24.

“Tengo otros hijos adultos, que ya formaron sus propias familias, con miles de problemas arriba. Hemos sobrevivido solo con el salario de mi esposo”, refiere Delsa, quien agrega que padece “muchos achaques”, artrosis generalizada y cardiopatía.

Yanelis Fernández Arias, mamá de Joan habla de las vicisitudes que ha pasado desde que le suprimieron la chequera.

Desde su silla de ruedas, Joan escucha a su mamá narrar las vicisitudes familiares desde que le suprimieron la chequera

Sobre la situación de casos como estos, a los que se les retiraron las prestaciones luego de ponerse en vigor las mencionadas normativas en 2009, Angiola Morales Pompa, subdirectora de prevención, asistencia y trabajo social en Granma, asegura desconocerlos, en tanto “solo llevo tres años en este puesto de trabajo; esas situaciones pueden quedar pendientes todavía, pero en la medida que van identificándose, las atendemos, acorde con lo establecido y la situación que tenga la familia”.

En Las Tunas pueden oírse también historias como la de Martha Leyva Ramírez. Cuenta que en 1961 se sumó a la Campaña Nacional de Alfabetización; y se hizo maestra, pero abandonó el magisterio por enfermedad en las cuerdas vocales y epilepsia.

Después trabajó por contrata varios años en un centro de elaboración de Puerto Padre, el sector campesino de Maniabón y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños del municipio de Jesús Menéndez. “Pero tenía a mi madre postrada, con fractura de cadera y tuve que ir a vivir con ella.

“Entonces fui a la dirección de Trabajo, solicité ayuda de la asistencia social porque no tenía cómo cuidarla. En 2005 me aprobaron por ella una chequera de 147 pesos, pero al morir en 2011, la retiraron. Me explicaron que esa prestación era temporal.

“Estuve solicitando una propia, porque estaba también necesitada. Volví a la dirección municipal de Trabajo en Puerto Padre, y nada. Luego corrí detrás del trabajador social para que tramitara una vez más el caso, pero daba mil excusas, sin soluciones. Estaba desesperada. Por eso fui a ver a la presidenta del Gobierno en Puerto Padre y a los tres días me la entregaron de nuevo.

En Pinar del Río se registran 7 164 personas

En Pinar del Río se benefician 7 164 personas, pero la cifra pudiera ser superior, dice Miosotis Alonso Prieto, subdirectora de Trabajo.

“Pero a la compañera la promovieron como vicepresidenta de la Asamblea provincial del Poder Popular, y entonces, me la volvieron a quitar. De eso ya han pasado unos tres años. He ido varias veces a la oficina de Trabajo en Puerto Padre, pero me han peloteado”, concluye la septuagenaria.

A los ancianos Luis Manuel Silva Rodríguez, Germán Reyes Góngora, Elvia Labrada Díaz, Isabel García Carralero, de Maniabón, Puerto Padre, también les fue extinguida la ayuda.

De esas angustias no conoce Jorge Céspedes Pérez, subdirector provincial de prevención, asistencia y trabajo social allí. Explica que después de salir la Ley 105 “hubo un recorte en la cantidad de quienes recibían prestaciones, porque la normativa estableció que si tenían familiares obligados: ascendientes, o descendientes (padre, madre, hijo, hermano), no podían recibir ese apoyo”.

Igual sucedió en Pinar del Río, donde se redujeron drásticamente los beneficiados. Así lo reconoce Miosotis Alonso Prieto, subdirectora provincial de Trabajo. “Llevo cinco años en este puesto, no tengo la vivencia de años anteriores, pero sí de lo que heredé.

“Pinar del Río llegó a tener alrededor de 35 millones de pesos para cubrir las prestaciones de la asistencia social. Esa cifra se redujo a menos de la mitad, aunque desde 2014 se ha incrementado gradualmente, con dinero destinado también a la entrega de recursos para los casos sociales críticos.

“Mi criterio es que ese proceso fue hecho desde un buró. El país orientó revisar, no extinguir las prestaciones. Entonces cogieron el expediente, vieron que en ese núcleo las personas tenían familiares obligados, y para afuera. Se tomaron decisiones erróneas. Por eso digo que se trata de la actuación humana, y no propiamente de la legislación. Porque al final, la normativa da posibilidades.

“Siempre que se tengan los documentos probatorios y estén bien justificadas las causas, nadie podrá cuestionar un solo caso”, resume la licenciada en Educación Especial.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, y también de acuerdo con la información ofrecida a esta revista por Yoe Majin Hernández Padilla, director de Prevención, Asistencia y Trabajo social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de 2005 a 2016 decreció la cantidad de personas beneficiadas en 358 848 (un 33.9 por ciento), mientras los núcleos familiares disminuyeron en 188 404 (37.4 por ciento).

Si tal disminución fue debido a que las condiciones de las familias evolucionaron para bien, cómo es posible que en la pesquisa realizada por BOHEMIA en cinco provincias del país salieran a relucir tantas insatisfacciones entre personas que han visto empeorar su situación.

Obligados a qué

María Félix se beneficia con una prestación especial.

En el país el presupuesto aprobado para cubrir todas las prestaciones supera los 318 millones de pesos. María Félix es una de las beneficiadas con una prestación excepcional por su bebita Jenifer.

En el barrio pinareño El avioncito, donde la urbanización brilla por su ausencia, se encuentra la morada de Ángel María Blanco García, precaria en grado sumo. El anciano tiene 96 años y mal sobrevive con una pensión por jubilación de 200 pesos, junto a su hija Lázara, de 52 años, con síndrome de Down.

“Nosotros estamos en el último estado de necesidades. Ella tenía una chequera de 180 pesos, pero hace cuatro años se la quitaron. Nos dijeron que era porque yo tengo más hijos y la decisión venía de ‘arriba’”, recuerda el padre.

Merlys Gort López, trabajadora social, una de las encargadas de atender este consejo popular, explica: “Al tener el núcleo familiar una entrada económica y familiares obligados a prestar ayuda como hijos y hermanos, se le retiró la prestación. No se consideraron las condiciones difíciles de esta familia”.

Aunque la joven afirma que se confeccionó un nuevo expediente del caso para elevarlo a la provincia y al ministerio, cabe la pregunta: ante una situación tan frágil, por qué cuatro años de espera.

Miosotis Alonso Prieto señala que no siempre los familiares obligados están en condiciones de prestar ayuda. O no quieren, aun cuando pueden hacerlo. “En cada caso buscamos hasta el mínimo detalle, en el grupo de prevención de la provincia también participan Fiscalía, Tribunales, PNR. En algunos momentos hemos hecho actas de advertencia a los hijos. Algunos cuestionan por qué tienen que ocuparse de un padre, por ejemplo, que nunca hizo nada por ellos, o fue un alcohólico, o abandonó a la madre.

“También están los casos de hermanos que son todos adultos mayores, y si uno tiene 70 años, el otro tiene 73, ¿en qué condiciones están para ayudarse? Hay municipios que aplican la normativa sin considerar cuestiones como esa.”

Ángel María Blanco García y su hija Lázara esperan la ayuda de la asistencia social.

Ángel María Blanco García y su hija Lázara esperan la ayuda de la asistencia social

Muchas veces, por lo visto, cae en el plano de la subjetividad calcular la solvencia, las posibilidades económicas de una familia. Para Elvis Quintana Moya, subdirector de Prevención, Asistencia y Trabajo social en Villa Clara, “lo más importante es identificar los estados de necesidad, es decir, ingresos menos gastos”. No obstante, reconoce, no existe un valor medio, aprobado en el país, para entregar cualquiera de las prestaciones de la asistencia social.

Pero, la investigación socio-económica que hace el trabajador social se complejiza, pues para comprobar si los familiares del posible asistenciado pueden o no prestar ayuda –según la legislación– tendría que calcular ingresos menos gastos de los núcleos donde conviven esos parientes allegados, con el riesgo de nunca acabar.

Cuantías en aprietos

“Cubrir todas las necesidades básicas con una chequera de 147 pesos es muy duro, porque hay que pagar alimentación, medicamentos, agua, electricidad, efectos electrodomésticos”, sostiene con lucidez, pese a sus 83 años, Noalda Colombié Martínez, vecina de Pinto 603, entre Carlos Manuel y Beneficencia, Guantánamo.

Más agobiada aún está, en Las Tunas, Leopoldina Torres Cruz, quien cuida desde hace tiempo a su hermano discapacitado y con problemas de diabetes. Él recibe una chequera de 147 pesos que no alcanza ni para comer. “He tenido que lavar, limpiar casas, desyerbar los patios de otras personas y esperar que paguen lo que puedan. Pero ya no tengo fuerzas para seguir… Me estoy poniendo vieja y tengo inflamación en la vejiga. ¿Por qué no se ven estas cosas?”, cuestiona la septuagenaria.

No solo quienes reciben estas prestaciones expresan quejas u opiniones. En las provincias visitadas, los subdirectores de esta esfera coincidieron en que las cuantías ameritan una reevaluación.

“Todos los días chocamos con la gente más necesitada de este pueblo. Cuando les explicas los montos que pueden recibir, no entienden. Porque ni siquiera para alimentarse alcanza”, refiere el directivo villaclareño Quintana Moya.

La subdirectora de Trabajo de Granma, Angiola Morales Pompa, agrega nuevos elementos. A los beneficiarios se les pueden otorgar otras prestaciones y servicios, además de la chequera, para mejorarles la calidad de vida. “Por ejemplo, recibir una ayuda de 45 pesos para alimentarse en los comedores comunitarios, así como recursos básicos del hogar: exonerarles del pago de medicamentos si padecen de alguna enfermedad o pagarles las transportaciones porque requieren atención médica en otras provincias. Pero a decir verdad estos casos son los menos”, enfatiza.

Noalda Colombié Martínez utilizando la cocina de inducción.

Noalda Colombié Martínez se siente más aliviada porque el consumo eléctrico disminuyó después de recibir la cocina por inducción

Las asignaciones previstas, no siempre tienen una explicación razonable. Una persona sola recibe 147 pesos, mientras que a cinco, o más, les corresponden 190. Es decir, que mientras más integrantes tiene el núcleo familiar, menor es el per cápita.

Acerca de cómo se calculan esas cuantías, el directivo del MTSS, Hernández Padilla reconoce: “Si le digo, miento. Imagino que el cálculo respondió a los recursos financieros del país entonces”.

En Pinar del Río, Miosotis Alonso Prieto, hace la propuesta de establecer una nueva escala, a partir del salario mínimo del país, para las prestaciones monetarias temporales de la asistencia social.

Dudas permisibles

Según el manual de procedimientos aprobado luego de la puesta en vigor de la Ley 105, las madres cuidadoras, vinculadas laboralmente en el momento del nacimiento del hijo o cuando este adquirió la discapacidad “reciben una prestación monetaria temporal de la asistencia social equivalente a su último salario devengado”.

Sin embargo, en Villa Clara, Guantánamo, Granma, Las Tunas y Pinar del Río, según los funcionarios entrevistados, todas las prestaciones monetarias aprobadas para esas madres han recibido las mismas cuantías que el resto de los asistenciados.

¿Por qué no se cumple lo legislado? A esa pregunta, Hernández Padilla responde: “Tengo entendido que a las madres cuidadoras aprobadas antes de la Ley 105 se les sigue pagando el salario que devengaban, pero a las que se incorporaron después, solo se les aprueba una prestación monetaria entre 147 y 190 pesos. Tenemos que revisar bien todo eso”.

Yamira Carmona Cuba, espera que ahora sí le aprueben la asistencia social a domicilio

Yamira Carmona Cuba tiene esperanza en que esta vez sí le aprueben el servicio de asistente social a domicilio

A muchos kilómetros del MTSS, la historia de la guantanamera Gertrudis Córdova Romero, madre de un hijo postrado hace 24 años, es harto elocuente. Ella sigue recibiendo el salario que tenía antes de dejar de trabajar, pero aprecia que la sensibilidad que requieren estos casos debe ser mayor. Por eso dice: “Hay que ponerse en la piel de nosotras; con la desgracia que tenemos, es para sufrir toda la vida y más”.

Otra coterránea, María Félix Cuenca Rivera, junto a su pequeña Jenifer, de cinco años, postrada por una discapacidad, refiere: “Era enfermera del hospital provincial. Antes las madres trabajadoras, con obligaciones de cuidar del hijo o de algún otro familiar discapacitado, podían recibir el salario completo. Nosotros no tuvimos esa ventaja. Lo que me pagan no alcanza ni para comprar los culeros desechables del mes. No dejé el trabajo por placer. Me gustaba mucho mi profesión, pero ¿cómo cuidar de mi bebé? ”.

Pregunta de difícil respuesta, como parecen ser también la de por qué las demoras en las respuestas o la de quienes no entienden que las prestaciones monetarias excepcionales –con montos superiores a los de la escala–, sean decididas solamente en el consejo de dirección del MTSS.

Denegados

Elvis Quintana Moya, subdirector de Trabajo en Villa Clara.

Elvis Quintana Moya, subdirector de Trabajo en Villa Clara, aboga por reevaluar las cuantías de las prestaciones monetarias

Un accidente cambió completamente la vida de Yamira Carmona Cuba, cuando apenas tenía 13 años. Desde entonces, la pinareña solo puede moverse en un sillón de ruedas. Pero sus ganas de vivir son infinitas, cumplió los 38 y siempre está buscando nuevos proyectos que realizar como organizadora de la Asociación Cubana de Limitados Físico Motores (Aclifim) en la provincia.

Conociendo la situación de enfermedad de los otros miembros del núcleo familiar de Yamira, la dirección provincial de Trabajo elevó al ministerio el expediente de la joven solicitando la aprobación excepcional del servicio de asistente social a domicilio en 2014.

“Expusimos todos los argumentos del caso, pero fue denegado. Hoy lo volvimos a subir. Con muchas más razones y evidencias, a ver si por cansancio, lo aprueban”, explica Miosotis Alonso Prieto.

Otra respuesta diferente recibió el villaclareño Eduardo Rodríguez Romero, a quien sí le aprobaron en el MTSS una prestación excepcional de 235 pesos por su hija Mileidy, en condiciones de salud muy críticas, aunque él recibía una jubilación de 270 pesos.

La cantidad de expedientes aprobados o denegados en el ministerio es otro dato que tampoco domina el director de Prevención, Asistencia y Trabajo social del MTSS.

Algo que incide en la aprobación de las excepcionalidades son los términos de tiempo fijados, pues mientras los municipios y las provincias disponen de unos 15 días hábiles para tramitarlas, en los procedimientos no se indica de cuánto dispone el ministerio, coinciden en señalar las funcionarias entrevistadas Angiola Morales Pompa y Miosotis Alonso Prieto.

En cuanto a los trámites, Fidel Gordo Escobar, director provincial de Trabajo y Seguridad Social en Las Tunas, señala: “Buscando mayor control en las aprobaciones, el mecanismo se burocratizó más y eso crea mucho disgusto en los propios asistenciados. En mi oficina casi ni se puede caminar por los bultos de expedientes tramitándose para un lado u otro, con el objetivo de no incumplir los términos. Hay muchos escalones que pudieran eliminarse”, afirma.

La vivienda clama

Como si fueran pocas las penas de la tunera Martha Leyva Ramírez, un ciclón le tumbó la casa. Solo le entregaron dos libras de clavos para recuperar, con trozos de madera y de tejas, un pequeño rancho. Las autoridades le han prometido, que si materiales para volver a construirla, que si un apartamento, pero al final, nada. Intentó pedir subsidio para reconstruirla por esfuerzo propio, pero “dijeron que no tenía derecho”, según explica.

Ni Eduardo Rodríguez Ramos en Villa Clara, ni Noalda Colombié Martínez, en Guantánamo, sabían, a estas alturas, que podían solicitar subsidio gratuito para reparar sus viviendas. Otros casos, ya citados, tampoco han podido recibir esa ayuda. En la mayoría, la vivienda de las familias que visitamos presentaba un pésimo estado constructivo. Esto indica la necesidad de una mayor atención de los trabajadores sociales que deben ocuparse de esas personas y orientarlas.

Según Yoe Majin Hernández Padilla, ser atendidos por la asistencia social no le confiere prioridad a nadie para recibir o no un subsidio; puede ser que el núcleo familiar tenga una situación crítica, pero eso no significa que reciba prestaciones. O a la inversa, indica.

Mala calidad del servicio en el centro de Elaboración Vigía, de Villa Clara

En el Centro de Elaboración Vigía, de Villa Clara, además de demorar el servicio y variar precios, no les ponen a los comensales los ventiladores, ni la TV

Arreglar el paso a la vejez

Cada vez son más los adultos mayores que requieren prestaciones monetarias para la alimentación

El reloj está a punto de marcar las 12 del mediodía. Con sus pozuelos en las jabas, aguardan los comensales del Centro de Elaboración Vigía, en el consejo popular Escambray, de Villa Clara. El servicio debió comenzar a las 11 pero, casualmente, se retrasó.

Algunos ancianos manifiestan inconformidad, en voz muy baja, casi con temor. Además de la tardanza, subieron los precios de los alimentos y están obligados a consumir el peso completo; si quieren solo arroz y potaje, o nada más el plato fuerte, no pueden.

El administrador, Armando Ramírez González explica que el incremento del precio es una indicación de la dirección de Comercio en la provincia. Para demostrarlo, busca la lista aprobada, firmada y acuñada por esa entidad. De por qué se impone a los abuelos comprarlo que no quieren, no dice una sola palabra.

Ángel E. Estrada Benítez y Rocío Ramos López, trabajadores sociales que atienden ese Sistema de Atención a la Familia (SAF), se enteran por el equipo de BOHEMIA de lo que allí sucede.

Mientras en Villa Clara aquellos ancianos de la Vigía esperan por una solución a sus cuitas, otras son las preocupaciones de quienes acuden al Centro de Elaboración La Pelota, de Pinar del Río. Gregorio Martínez Quintana, de 79 años, padece de una úlcera en la pierna. En esas condiciones camina diariamente más de dos kilómetros para almorzar. En las tardes, ya no puede hacer lo mismo.

“No es justo”, valora Sergio Antonio Pérez, uno de los ancianos asiduos al establecimiento. “Desde que se abrieron estos comedores podíamos llevar de una vez el almuerzo y la comida. Hace unos meses ya no es así. Por eso muchas veces cogemos el almuerzo, lo guardamos para la tarde, y al mediodía comemos un pan con lo que se pueda. Yo vivo relativamente cerca, a más de un kilómetro, pero otros no”, sostiene.

Ana María Martínez García, administradora en funciones del SAF, conoce bien del descontento de los comensales. “Tenemos 78 personas que atender, casi todos protegidos por la asistencia social. Pero ahora mismo estamos viviendo un conflicto, porque piden que se les entregue al mediodía el almuerzo y la comida, pero eso lo prohibieron”, explica.

A Miosotis Alonso Prieto, subdirectora Prevención, Asistencia y Trabajo social, no le resulta ajeno el tema. “En Pinar del Río hay un incremento de las personas que necesitan ese servicio. Por eso, estamos proponiéndole al Consejo de la Administración Provincial habilitar 25 comedores más. Eso permitirá ampliar capacidades y acercar más los comedores comunitarios a quienes los necesitan”.

Aclaraciones

“No hay incremento de precios, eso es falso. La Resolución 40 del Ministerio de Comercio Interior regula el funcionamiento de las unidades del SAF y no ha variado hasta la fecha. El almuerzo y la comida cuestan un peso, y nadie puede obligar a que las personas que reciben ese servicio adquieran lo que no desean. Eso se puede considerar hasta un acto de violencia”, valora Yoe Majin Hernández Padilla, del MTSS.

El derecho de los sectores más vulnerables de la población a disfrutar de los SAF está refrendado en el Decreto No. 283, Reglamento de la Ley de Seguridad Social, aprobado por el Consejo de Ministros. En el artículo 299, del Capítulo III, se especifica:

“Son servicios sociales comunitarios que se ofrecen a partir de la gestión de los recursos cercanos al domicilio de las personas, que propician su permanencia en el entorno habitual, la realización de las actividades de la vida diaria, así como elevar su calidad de vida”.

Los clientes del SAF La Pelota quieren recibir el almuerzo y la comida de una vez.

Los asiduos al SAF La Pelota quieren mantenerse como antes, cuando recibían almuerzo y comida de una vez.

De manera particular, la normativa indica que entre ellos se encuentran la alimentación en centros especializados o a domicilio. ¿Será tan difícil garantizarles lo que indica la ley a aquellas personas que no pueden asistir a los SAF por problemas de salud?

Las prestaciones monetarias de la asistencia social protegen a más de 9 300 personas en el país, que reciben la alimentación del SAF y los 45 pesos mensuales para costearla. Es presumible que, ante la tendencia al envejecimiento poblacional, cada vez sean más los que necesiten esta protección.

De frente a la problemática del envejecimiento, Hernández Padilla adelanta: “Tenemos proyectos de conjunto con Salud Pública, asociados a los círculos de abuelos, para que la persona no sea una carga en el hogar. Además, cuando participe del cuidado de la familia, se estudia que pueda recibir una remuneración por eso”.

Zona de conflictos

Sobre acciones a favor de núcleos vulnerables, e insuficiencias, dialoga BOHEMIA con Yoe Majin Hernández Padilla, directivo del MTSS

Yoe Majin Hernández Padilla, directivo del MTSS

Yoe Majin Hernández Padilla, director de Prevención, Asistencia y Trabajo social reconoce que existe un espacio de contradicciones entre lo legislado y lo que se hace.

El sistema de seguridad social cubano tiene un marcado carácter humanista, fundamentado en el pensamiento de Fidel, que tiene como premisa colocar al ser humano en el centro, pues es lo más importante, señala Yoe Majin Hernández Padilla, director de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, del MTSS.

La asistencia social es un elemento importante para cumplir lo que el presidente Raúl Castro ha reiterado, que en Cuba nadie quedará desamparado. “Ella viene a completar una serie de acciones que traza el Estado, en función de proteger a las personas, y que sea beneficiado quien no pueda incorporarse al trabajo por razones de enfermedad, no tenga un familiar cercano en condiciones de cuidarlas u otro problema”, agrega Hernández.

“En primer lugar, debe ser proactiva. Se enriquece en la integración de la asistencia social con el sistema de prevención y los trabajadores sociales. De ahí surgió la Dirección de Prevención, Asistencia y Trabajo social del MTSS, donde cualquiera puede solicitar apoyo.

“Contamos con espacios de integración entre órganos, organismos e instituciones del Estado, como los ministerios de Salud, Educación, Comercio Interior, Educación Superior, del Interior; Fiscalía, Federación de Mujeres Cubanas, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Comités de Defensa de la Revolución…, y de manera conjunta analizamos las distintas situaciones”.

-¿Cómo atender las realidades de precariedad existentes?

-Es cierto que hay necesidades, las vemos diariamente, no se pueden ocultar. Están relacionadas con los ingresos, la vivienda, la alimentación, la violencia de género o intrafamiliar, el alcoholismo… Pero no es como en otros países de la región.

“Hace poco visité Costa Rica y lo que observé siempre uno termina comparándolo con su país. Tengo la satisfacción de no ver en Cuba un niño pidiendo limosnas o limpiando parabrisas. Lo común es que todos tienen escuelas aseguradas y en los hospitales a nadie se le exige un seguro de vida.

“Aquí hay mecanismos para encontrar soluciones. Si un adulto mayor deambula y duerme en la calle es porque no hemos hecho lo que corresponde. Tenemos el Centro de Atención de Protección Social para ese tipo de personas.

“Si alguien imposibilitado de incorporarse al empleo no tiene un ingreso es porque no hacemos lo establecido en la ley. El que no tenga la posibilidad de alimentarse, y no se ha incorporado a una unidad del Sistema de Atención a la Familia, es porque en esta cadena fallaron los responsables.

“En la realidad hay espacio para contradicciones. A pesar de tener política, mecanismos y estructuras bien diseñadas, persisten problemas”.

-¿A quién responsabilizar por eso?

-Hay análisis, sanciones. Lo mismo que en cualquier otra esfera cuando alguien no desempeña bien su labor. Esta es una tarea que requiere altos niveles de sensibilidad, conciencia y compromiso, porque se trabaja con familias en situaciones sociales críticas.

“Este no es un empleo cualquiera. Uno tiene que desdoblarse, dejar a un lado experiencias particulares y asistir a otros para ayudarlos a resolver sus problemas. Es una tarea complicada, fuerte”.

-¿La asistencia social centra en la familia las soluciones a las vulnerabilidades?

-A partir de las normativas y el acuerdo 7384 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, se indicó la creación de esta dirección dentro del MTSS y se definieron funciones, atribuciones y obligaciones de cada uno de los organismos actuantes.

“Dentro de las tareas específicas, se orientó realizar una caracterización social de todas las familias cubanas. Estamos inmersos en eso. Para ello contamos con al menos un trabajador social por cada 600 núcleos familiares. Este especialista fija prioridades, identifica, caracteriza, diagnostica, hace un plan de acción y evalúa las causas de los problemas sociales en tres niveles fundamentales: individual, familiar y comunitario. Nada le debe ser ajeno.

“Si hay un núcleo familiar con dificultades, bajo ingreso, droga, violencia, prostitución, u otras disfuncionalidades, él lo visita con regularidad y busca soluciones de conjunto con los factores de allí.

“La prevención, asistencia y trabajo social en Cuba están dirigidos en primer lugar a la transformación de las causas que propician esos problemas, cuyos orígenes son múltiples, responden a contextos, a la comunidad, a la familia o a la cultura de las personas.

“Hay muchos lugares donde se trabaja correctamente. Pero sería falso decir que funciona así en el país entero. Hace poco realizamos un recorrido por las provincias, visitamos municipios; en La Habana fuimos a más de uno y vimos experiencias nuevas. Para hacer mejor esa labor se aprobó en la educación politécnica la especialidad de Trabajador Social, con un perfil bien general. Se comenzó este curso en la capital del país y en Villa Clara. Para el venidero septiembre, otras provincias podrán sumarse”.

-¿Existen diferencias notorias en la capital?

-Nadie puede pretender ver con el mismo prisma a todo el mundo, ni a todos los lugares. En especial en la capital se concentran problemas que ameritan diferenciación. Situaciones con las viviendas, los ingresos, el envejecimiento poblacional. Más personas deambulan. Ahí la población beneficiada es superior.

“Cuando empezó el nuevo sistema en 2011, escogimos Arroyo Naranjo como municipio piloto para la caracterización de los problemas sociales de sus núcleos familiares.

“Después preparamos un banco de problemas y en una reunión bimestral se pasa balance a esos temas. Esa experiencia se extendió al resto del país. Estos encuentros los dirigen los presidentes de los consejos de la administración de las provincias y municipios; y en el país, la titular del MTSS. Por eso, reitero, los mecanismos están creados y donde no se haga bien la labor de prevención, asistencia y trabajo social, es porque alguien está fallando”.

 


Delia Reyes Garcia

 
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