(Excepto la de esta portadilla, que es ilustrativa, las imágenes que acompañan este trabajo corresponden a bienes confiscados al amparo del Decreto-Ley 149 de 1994)

Por LÁZARO BARREDO MEDINA

La corrupción política, judicial y administrativa está dentro de los principales problemas que preocupan hoy a la inmensa mayoría de las naciones del planeta. Es causa de crisis social y de descréditos de gobiernos y partidos, cuyos daños económicos a nivel mundial alcanzan, solo en pagos de sobornos, la impresionante cifra de más de un millón de millones de dólares anualmente, según investigaciones de organismos internacionales especializados, como el Banco Mundial.

Para Cuba, este flagelo se concentra en lo fundamental en la gestión empresarial y administrativa y, aunque no pone en riesgo su gobernalidad, no es tan solo un perjuicio económico. La corrupción constituye una potencial amenaza a la seguridad nacional, porque quienes la practican se aprovechan y utilizan en beneficio propio los recursos que el Estado ha puesto en sus manos para el desarrollo de sus funciones y pretenden satisfacer intereses individuales de lucro y ostentación. En la degeneración de los valores éticos, morales y políticos, sus comisores terminan por enajenarse del proceso revolucionario, llegando incluso a preparar condiciones de vínculos en el exterior y a iniciar el camino de traición a la patria.

La corrupción es proceso o conducta que se manifiesta estrechamente vinculada al delito. Sus acciones extendidas en la prestación de servicios provocan un grave daño moral a la nación, lastran seriamente la credibilidad de la Revolución ante la opinión pública y cual oposición contrarrevolucionaria ataca la efectividad deseada en el sostenimiento del orden, la disciplina y la institucionalidad del país.

Es un fenómeno tan contaminante que puede generar apatía en muchos sectores de la sociedad. El peligro mayor es que tanto la población como los actores económicos no aprecien con mucha preocupación estos hechos, no tengan percepción del riesgo que representan para la nación, convivan con ellos y no actúen con la repulsa necesaria.

Sin una participación ciudadana no habrá una presión efectiva contra las acciones corruptas que muchas veces solo pueden detectarse a partir del nivel de vida de los involucrados (de ahí la importancia de la transparencia) porque una buena parte de los recursos resultantes de los hechos delictivos se comercializan en los propios establecimientos del Estado, donde son introducidos por los implicados, quienes así involucran más personas, y simulan legalidad de las ventas, dificultando el enfrentamiento.

El ciudadano honesto que hoy sale a las calles en sus gestiones, no siempre tiene manera de sentirse defendido como consumidor ni en los precios, ni en la tranquilidad de que va a encontrar soluciones en las propias entidades del Estado. Basta ir a una tienda para darse cuenta de la clase de negocio que existe para impedir que las personas accedan directamente a las ventas estatales y estén obligadas a carenar en el “foráneo” que está en la puerta del mismo centro comercial y te ofrece lo humano y lo divino, muchas veces salido de los propios almacenes de la tienda. Peor todavía es la tramitología ante entidades administrativas en las cuales hay personas que abusan de su función pública a quienes hay que darles dinero “por la izquierda” para poder encontrar soluciones en el tiempo adecuado.

Novedosas formas de actuar antijurídicas

Desde antes del período especial estamos enfrentados en ciertas áreas de servicios a esta degeneración, que se ha ido agudizando cada vez más por la falta de exigencia administrativa, y el incumplimiento intencional o negligente de la función de control por las personas responsabilizadas en los diferentes niveles, que es la verdadera fuente de las causas y condiciones que posibilitan el desvío de recursos, los sobornos y abusos de cargos.

Las medidas en proceso para la actualización del modelo económico cubano, esencialmente las nuevas formas de gestión no estatal de la propiedad, han generado presión sobre las entidades y sus directivos por la demanda de recursos y servicios (ante la carencia de un mercado mayorista de materias primas para desarrollar su actividad), a lo cual se une la insatisfacción de necesidades esenciales, lo que sin dudas incide en la permisibilidad y aceptación de estos hechos.

Igualmente, el incremento de los precios de los productos de primera necesidad, y la disminución del poder adquisitivo del salario, son factores objetivos que impactan en la actuación de personas inescrupulosas, que justifican su pérdida de valores con lo que han dado en llamar “luchar”.

De ahí que los delitos económicos asociados a la corrupción mantienen su impacto negativo en los sectores de la economía relacionados con la producción, distribución, comercialización y venta de alimentos y otros productos de alta demanda popular, a partir de cadenas delictivas que involucran a directivos, trabajadores y fuerzas de seguridad y protección, cuentapropistas y personas desvinculadas que quieren mantener un alto nivel de vida con este “trapicheo”. La violación de funciones, normas éticas, además del débil control interno y la desidia en el accionar dentro de algunos colectivos de trabajo, constituye hoy la base fundamental de abastecimiento al mercado ilegal.

En estas condiciones se reiteran o han surgido novedosas formas de actuar antijurídicas mediante defraudaciones, evasiones fiscales, lavado de activos, falsificaciones, obtención de ilícitos provechos durante las transacciones comerciales o en el ejercicio de la administración de bienes, entre otras, con negativo impacto en la economía estatal, donde aparecen vinculados por su complicidad funcionarios y empleados estatales.

También en este contexto, autoridades de la Fiscalía señalan la detección de un creciente vínculo con el exterior en la ocurrencia de ilícitos penales, en ocasiones por el empleo de las nuevas tecnologías y disponibilidad financiera de algunos delincuentes, incluidos emigrados, repatriados y extranjeros, varios de ellos vinculados a las formas de gestión no estatal, con un marcado carácter corruptor hacia directivos y funcionarios de entidades estatales.

Los sectores más perjudicados son las dependencias de los órganos locales del Poder Popular, Comercio y Gastronomía, Agricultura, Transporte, Industria Alimentaria, Sistema de Vivienda y Planificación Física, empresas nacionales importadoras y la actividad de comercio exterior y sucursales extranjeras en el país, donde por lo general están involucrados directores, subdirectores económicos y productivos, jefes de unidades empresariales de base, jefes de departamentos jurídicos y especialistas.

Ahora, además, aparece un matiz nuevo y es que en ocasiones los directivos no siempre son los organizadores del negocio ilícito, sino que en su lugar debutan empleados, choferes u otros no vinculados laboralmente como organizadores de los hechos, valiéndose del poder financiero que poseen. Por excepción, se han detectado casos de directivos en organismos y lo más lamentable es que casi todos se venden por bagatelas para beneficiar a los corruptores.

La Contraloría General de la República ha señalado que la reiteración de causas y condiciones devela las fallas en los sistemas de control interno. También están las irregularidades en la planificación económica y en la ejecución y liquidación del presupuesto, así como la insuficiente definición e incumplimiento de los mecanismos reguladores generales de la economía.

Asimismo, se agregan las vulnerabilidades en actividades claves, como las inversiones, los procesos de negociación y contratación nacional e internacional, que son vulnerados de diferentes formas, además de las fisuras en la disciplina social y laboral, y la pérdida del valor del trabajo como medio de vida principal.

A tenor de la última rendición de cuenta de la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular ante la Asamblea Nacional, se reiteró que todavía hay poca respuesta de los organismos, las empresas y el resto de la administración en la detección de los hechos, lo que implica que las acciones de control externo realizadas por las entidades especializadas del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República se realizan cuando ya se produjo el hecho y se generó la afectación al patrimonio estatal.

Los principales modus operandis identificados se corresponden con: 1) las falsedades documentarias para justificar el desvío de productos y bienes durante su posterior comercialización en mercados estatales, tiendas y el mercado ilegal; 2) adulteración de documentos para legalizar la adjudicación de inmuebles o terrenos, a cambio de efectivo u otros beneficios personales; 3) realización por cajeros de operaciones cambiarias a través de Cadeca, sin registrarlas contablemente por efectuarlas con efectivo particular; 4) pagos a trabajadores por cuenta propia por resultados de trabajo que no son reales; 5) aceptación de beneficios otorgados por directivos de firmas foráneas durante el proceso de negociación y concertación de contratos, consistentes principalmente en la aceptación de comisiones, pagos de viajes al extranjero, cenas, regalos, entre otros; 6) cobro ilegal de servicios médicos; 7) obtención de beneficios para retardar o incumplir la ejecución de sentencias de los tribunales y 8) organizar y mantener negocios ilegales particulares paralelos a la actividad comercial de entidades cubanas en el exterior.

Cuando una persona se corrompe es capaz de provocar perjuicios severos a la economía, no solo por robar uno u otro recurso, sino al cometer delitos que propician la actividad subversiva y ponen en riesgo la ejecución de proyectos estratégicos.

Especialización en enfrentamiento a la corrupción

Sobre los participantes en hechos como estos, que tanto daño ético y moral ocasionan, siempre recaerá el peso de la justicia.

El general de ejército Raúl Castro Ruz alertaba en el mes de julio de 2013 ante la Asamblea Nacional del Poder Popular: “El cumplimiento gradual de las nuevas medidas en el campo económico que incluyen las formas de gestión no estatal, experimentos de diferentes tipos y otras decisiones, condicionará la manifestación de delitos e ilegalidades con métodos diferentes de organización, dirigidos a vulnerar los sistemas contables y de enfrentamiento administrativo y jurídico penal, como las inversiones por cubanos residentes en el exterior o a través de sus familiares, y no se descarta la utilización de capital obtenido ilícitamente, que se convierte en una variante de blanqueo o lavado de dinero”.

Conversando sobre estos temas en la Fiscalía General de la República con Pedro Pablo Cutiño Diéguez, fiscal-Jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades, y con Alina Montesinos Lee, fiscal-jefa de la Dirección de Información y Análisis, salió a relucir que en el ordenamiento legal cubano se han previsto herramientas que propician la prevención de la ocurrencia de hechos de corrupción.

Estas incluyen desde las normas elementales de la contabilidad, el control interno, la auditoría, la realización de verificaciones fiscales, todas estas de carácter eminentemente profiláctico y preventivo, hasta las que permiten el enfrentamiento al hecho concreto detectado, que van desde los típicos delitos, previstos y sancionados en el Código Penal, hasta la aplicación de procedimientos confiscatorios administrativos de los bienes obtenidos de manera indebida.

Los delitos que se manifiestan en general y que concentran los actos de corrupción son los siguientes:

1) malversación; 2) cohecho; 3) tráfico de influencias; 4) evasión fiscal; 5) prevaricación; 6) lavado de activos; 7) acto en perjuicio de la actividad económica o la contratación; 8) estafa; 9) negociaciones ilícitas; 10) revelación de secretos administrativos de la producción o los servicios; 11) abuso en el ejercicio de cargo o empleo en entidad económica; 12) revelación de pruebas para la evaluación docente; 13) abuso de autoridad; 14) ocultación u omisión de datos; 15) apropiación indebida y 16) enriquecimiento ilícito.

En nuestra opinión, quizás sea ineludible acelerar el pensamiento sobre la necesidad de trabajar por una ley anticorrupción en Cuba, que permita fortalecer la codificación en una sola norma legal de los principios, las relaciones entre los factores institucionales que intervienen en el combate y establecer normas básicas de actuación de obligatoria observancia para todos, lo cual acrecentaría la institucionalidad del enfrentamiento.

Por lo pronto, las herramientas antes mencionadas resultan de vital importancia en la adopción de las medidas correspondientes con la inmediatez requerida para exigir responsabilidad directa y colateral.

En la evaluación de los años 2016 y 2017 se han tramitado varias decenas de procesos penales por hechos de corrupción y los principales responsables fueron sancionados con severas penas de privación de libertad. Los tribunales impusieron las sanciones accesorias de prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio, comiso o confiscación del patrimonio adquirido, así como la exigencia de la responsabilidad civil derivada del delito, la que resultó cuantificada en millones en moneda total.

En la ejecución de las sanciones se da seguimiento a la ubicación de los inculpados en los centros penitenciarios para asegurar el rigor en el cumplimiento de las condenas.

Igualmente, la Fiscalía General de la Republica realizó acciones de control mediante investigaciones y verificaciones, dirigidas fundamentalmente a las actividades vinculadas con la Agricultura, Comercio Interior, Transporte, Industria Alimentaria, órganos locales del Poder Popular y a los sectores no estatales (cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia) en las que se detectaron violaciones de la legalidad, por lo que se realizaron pronunciamientos disciplinarios contra los infractores y los responsables colaterales.

También entre finales del año 2015 y el 2017 se llevaron a cabo 23 procedimientos confiscatorios al amparo del Decreto-Ley 149 de 1994 por un patrimonio total de 135 millones de pesos, en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba, donde resultaron expedientadas 25 personas, de ellas varios funcionarios, y otras 126 como terceros beneficiados (algunos que actuaron como testaferros o prestanombres).

Entre las principales ilegalidades en las que intervinieron los expedientados y sus terceros beneficiados, se encuentran la falsificación de documentos notariales para evadir las obligaciones tributarias (fundamentalmente en la adquisición de vehículos y viviendas); sustracción de electricidad para negocios particulares, otorgamiento de dádivas a inspectores y otros funcionarios públicos, con el propósito de lograr el beneficio y la impunidad de sus actos.

En este período se incrementó la participación popular en el ejercicio del derecho constitucional de dirigir quejas y denuncias a los órganos y entidades estatales y la obligación de estos de ofrecer la respuesta correspondiente.

En el año 2016, en la Fiscalía General de la República se recibieron 196 denuncias sobre fenómenos de corrupción por las diferentes vías alternativas de comunicación establecidas en esa institución como parte del perfeccionamiento de atención a los ciudadanos, tanto en contactos personalizados, la línea telefónica, el correo postal, la entrega personal y el portal web.

Pero el enfrentamiento con la participación de la ciudadanía pudiera ser mayor. Hay cofradía ante determinados hechos que son muy difíciles de afrontar porque no hay denuncias o son escasas. Por ejemplo, es evidente que la ineficiencia reduce la calidad de las entidades que prestan servicios al público y, por consiguiente, estimula que el cliente tenga que ofrecer dinero a cambio de recibirlos. Sin embargo, hay personas a las que se les propone entregar dádivas a funcionarios públicos para resolver una gestión o un trámite, y no lo denuncian, por lo que no es posible actuar. Esos hechos son de los que más desmoralizan y ponen en tela de juicio la honradez del país y la moralidad de la mayoría de sus funcionarios.

Durante uno de los períodos de sesiones de la Asamblea Nacional que analizó el enfrentamiento al delito, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz señalaba: “…la cuestión de la lucha por la legalidad, por la disciplina y contra los que delinquen contra la propiedad del Estado, tiene que ser muy firme y muy consecuente… si no, resulta que habremos derrotado al imperialismo y los ladrones casi nos van a derrotar a nosotros…”.

Procesos confiscatorios

En un caso procesado en La Habana por lavado de activos, falsificación de documentos públicos y evasión fiscal, se le aplicó al principal acusado, conforme al Decreto Ley No. 149/94, un procedimiento confiscatorio administrativo de cinco viviendas y una finca, 23 autos y múltiples efectos electrodomésticos, muebles y otros objetos suntuosos por un capital valorado en 25 millones de CUP.

Al exjefe de almacén de la Sucursal Habana Bucanero S. A., por los delitos cometidos con la venta de cervezas, se le confiscó un patrimonio ilegítimo valorado en más cinco millones 487 000 CUP, que incluyó tres inmuebles con alto confort, un auto y más de un millón de CUP en efectivo.

Parte de las propiedades confiscadas, por graves delitos económicos, a la exgerente de la Sucursal Habana Bucanero S.A y a su esposo, exjefe de Ventas de la Sucursal Habana Bucanero, a quienes se les calculó un patrimonio ilegítimo valorado en más de cinco millones de CUP, que incluyó dos inmuebles, autos modernos y bienes muebles valorados en más de dos millones 138 000 CUP. En esta gráfica se aprecia la fachada y espacio general del piso y el techo de toda la vivirenda.

La enajenación a que conducen el lucro y la ostentación hizo que la exgerente de la Sucursal Habana Bucanero S.A y su esposo, exjefe de Ventas de la Sucursal Habana Bucanero, le regalaran a su hijo este auto Hyundai comprado en 77 000 CUC, al cumplir 18 años y matricular en la Universidad de La Habana. La habitación del joven tenía el siguiente anuncio en la puerta: “Este cuarto no será un hotel, pero lo tiene todo incluido”.

CASOS JUZGADOS

Presentamos a los lectores algunos casos juzgados y sancionados con sentencias firmes, publicados en boletines en el portal web del Tribunal Supremo Popular (www.tsp.gob.cu).

• El Tribunal dictó sentencia contra nueve funcionarios de Etecsa, la empresa constructora integral de Guantánamo y un intermediario de una entidad foránea por los delitos de actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas, malversación y actividades económicas ilícitas, imponiendo sanciones de privación de libertad entre nueve y cuatro años, y un caso con un año de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento. A todos se les aplicaron, además, las medidas accesorias del caso.

En el proceso quedó probado que los acusados que se desempeñaban como director de la Dirección Territorial Este y jefe de logística, respectivamente, en una dependencia de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en La Habana (por sus siglas, Etecsa), conocían que el contrato no debía hacerse porque contenía cláusulas ambiguas sobre las funciones que cada entidad tenía que cumplir, porque definía al ejecutor del contrato (la unidad empresarial de base Brigada No. 1, perteneciente a la Empresa Constructora Integral de Guantánamo) como suministrador de materiales, cuando, en realidad, sabían que era la entidad extranjera Jaba-Balear S.L, la que cumplía ese papel.

Además, al proceso de negociación y concertación del contrato no se acompañaron todos los documentos que exigía la legislación vigente porque, de haberse hecho así, la representación foránea no hubiera podido pactar negocios, pues no tenía inscripción en la Cámara de Comercio ni constaba referencia alguna en los archivos del Ministerio de Comercio Exterior para su operación en el territorio nacional, y esa falta, que era de conocimiento de todos los firmantes, invalidaba su existencia.

Por su parte, el director general de la Empresa Constructora Integral de Guantánamo realizó modelos de solicitud de compras de moneda extranjera, de conjunto con otro acusado, aun cuando en esa institución no existía copia del contrato con Etecsa y, además, sabía que ese desembolso no había sido aprobado en el Comité de divisas, del que ellos eran los máximos responsables.

No obstante, propiciaron que se hicieran pagos a Jaba-Balear S. L. que no tenían soporte documental ni contable, de ahí que esa falta no pueda entenderse como un acto sin importancia o trascendencia porque los responsables estaban conscientes de su contenido y cooperaron de manera efectiva con su resultado.

Otros acusados también tuvieron conocimiento pleno de la ilicitud de la negociación cuando se produjo el proceso de liquidación de la empresa constructora y, no obstante, continuaron con ella y consintieron trámites contables sobre ofertas, facturas y pagos anticipados que provocaron daños económicos a la empresa.

La continuación de labores de ejecución de obra por una brigada extinta dio lugar a que se emitieran certificaciones de obra de un contrato que no se fiscalizó y no contaba con respaldo financiero.

Varios sancionados mantenían vínculos laborales con empresas cubanas, donde debían velar por los recursos materiales y financieros que conformaban el patrimonio de esas entidades, y en el ejercicio de sus funciones faltaron a la integridad de sus cargos porque primó en sus desempeños indiferencia, conducta dañina y reprochable.

Una encausada, que se desempeñaba como contadora, tenía entre sus obligaciones verificar la pertinencia de los pagos anticipados provenientes del cumplimiento de los contratos que se hacían en su entidad. Sin embargo, al emitir un cheque solicitado por otro de los encartados no revisó los documentos que lo amparaban. Así obró, de manera deliberada, pese a que, en ocasiones anteriores le habían devuelto otros por no ser procedentes.

También fue sancionado severamente uno de los acusados por otras ilicitudes que dañaron los fondos monetarios de varias entidades cubanas. La avaricia personal y el propósito de beneficiar al extranjero para el que trabajaba, provocaron pérdidas de recursos vitales para el desarrollo económico del país.

• Por el delito de cohecho fueron sancionados dos funcionarios aduanales en La Habana con privación de libertad de ocho y seis años, respectivamente, a los que además se les aplicaron las medidas accesorias correspondientes, por haber actuado de común acuerdo en la exigencia de dinero, violando sus funciones, para obtener ventajas económicas.

Ambos acusados solicitaban dinero para dejar pasar los artículos de determinados viajeros en el local de revisión, evadiendo las cámaras de vigilancia, y requerían que los billetes los depositaran dentro de los pasaportes. Con esta conducta infractora de la ley atacaban la probidad, honestidad y transparencia de la institución y del país.

• Otro caso radicado por el Tribunal hace algún tiempo ocurrió en Mayabeque, donde un grupo de personas desarrollaron una secuencia de actos con el objetivo común de apoderarse de una importante cantidad de dinero simulando una producción agrícola ficticia. En ese camino hacia el crimen elaboraron documentos falsos para conseguir el desembolso de capital en cada operación.

Por esa razón fueron sancionados seis funcionarios y empleados con privación de libertad de entre 15 y cinco años, e impuestas las medidas accesorias correspondientes, por los delitos de malversación, falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado, incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas, falsificación de documentos públicos de carácter continuado, receptación, y portación y tenencia ilegal de armas o explosivos.

En este caso, un técnico de control de la calidad de una empresa fue designado discrecionalmente para realizar compras de ajo y se convirtió en el eje central de las actividades delictivas que tuvieron lugar: tuvo la idea, nucleó a los participantes, buscó los mecanismos para organizar un negocio fructífero para todos los implicados.

El implicado comprometió al jefe de balance de la Unidad Empresarial de Base para que, de común acuerdo con los demás acusados, participara en el defalco. La contribución de este funcionario era trascedente para que el negocio ilícito se pudiera ejecutar. Otro tanto hizo con el jefe de establecimiento de Batabanó, quien tramitaba las facturas del ajo no producido, compraba, balanceaba y firmaba las compras ficticias con la complicidad activa de otros operadores o controladores, quienes a su vez falsificaban los informes de recepción para originar los reembolsos financieros.

Como parte de la evaluación político-criminal del caso pudo comprobarse, además, que el principal responsable ejecutó otras acciones como comprometer al jefe de operaciones de una unidad empresarial de base de Batabanó, supeditada a la empresa eléctrica, para que le entregara tres transformadores y 1 500 metros de alambre, que consignó en documentos oficiales como que habían sido colocados en el sistema de riego en la agricultura. Además, ordenó a un chofer que se los llevara a su domicilio, acto que de por sí solo constituía un delito.

• El Tribunal declaró probados los hechos contra una funcionaria de la dirección municipal de la Vivienda en Artemisa acusada de los delitos de cohecho, estafa y falsificación de documentos, e impuso la sanción de 10 años de privación de libertad, con las accesorias del caso.

Esta funcionaria exigía dádivas para realizar actos inherentes a sus funciones de entrevistar y tomar declaraciones, medir linderos e investigar trámites y litigios, así como elaborar informes conclusivos de lo investigado. Toda esa labor es la base de los proyectos de resoluciones y decisiones que se adoptan en la dirección municipal de la Vivienda. En el proceso quedó demostrado que en ese ilícito penal la funcionaria exigía remuneración en su beneficio y luego, en los trámites y documentos, “legalizaba” las ilegalidades cometidas por determinados ciudadanos.

• Dos responsables de una entidad en Santiago de Cuba fueron sancionadas por los delitos de malversación y falsificación de documentos bancarios y de comercio, y privadas de libertad con 12 y ocho años, respectivamente, con las medidas accesorias del caso, tras la ejecución de actos ilícitos para lucrar con la apropiación de determinadas sumas de dinero.

Ellas se valieron de sus funciones y contenido de trabajo para falsificar las nóminas de su centro laboral a la hora de efectuar el pago del dinero extraído de la agencia bancaria por concepto de salarios y vacaciones de los trabajadores. En este caso, se trataba de salarios de médicos dejados de devengar.

• El Tribunal Supremo Popular conoció y ratificó el proceso criminal contra 12 ciudadanos, funcionarios y empleados bancarios sancionados por el Tribunal Provincial Popular de La Habana por los delitos de cohecho, falsificación de documentos bancarios y de comercio, malversación, actividades económicas ilícitas, incumplimiento de obligaciones en entidades económicas y falsificación de documento privado. Las penas de privación de libertad oscilaron entre 15 y dos años, con las accesorias del caso.

Para lograr su propósito, el procesado principal ideó el complejo fenómeno delictivo y logró la participación conjunta de individuos con determinados niveles de organización y distribución de tareas, lo cual clasifica dentro de las formas modernas de asociación criminal organizada.

En esta causa dos ciudadanos vinculados a una firma extranjera fueron autores del delito de cohecho cuando entregaban sumas de dinero y otros beneficios materiales a funcionarios y empleados del Banco Internacional de Comercio S.A. para que les facilitaran sus gestiones. Esto les aseguraba un trato privilegiado, la agilización de la información y gestión en las operaciones financieras y comerciales que desarrollaban.

Una gestora de negocios bancarios en esa entidad, violando sus funciones, facilitó la desaparición de fondos mediante fórmulas de pago porque, sin verificar el expediente e incumpliendo las normas bancarias más elementales, confeccionó cuatro mensajes diferentes con una carta de crédito y a un solo destinatario, acción que dio lugar al desfalco de un millón 134 278.89 euros.

Luego, a pesar de estar obligada por razón de su cargo a verificar que las cuantías transferidas se debitaran a favor de la entidad acreditada en el expediente obrante en el Banco Internacional de Comercio S.A, no revisó la documentación pertinente y sin emitir previamente aviso de pago al Departamento de Posición, que debía autorizar el movimiento de fondos. Ignoró los procedimientos por orientación de su jefe, según justificó.

Según el tribunal, si se aceptara como justificación que los subordinados siempre realicen lo que manden los superiores no tendría sentido que se establecieran las funciones y contenido de trabajo para los cargos intermedios. Lo cierto es que la inculpada permitió con sus acciones que se desfalcara al Estado la citada suma de dinero.

Otra acusada, gerente de cartas de crédito de esa propia institución, autorizó de manera consciente la salida definitiva de los fondos de las cuentas del Banco Internacional de Comercio S.A al exterior, después de que la gestora anterior confeccionara los cuatro mensajes de pago por separado, desglosados en 300 569.72 euros, 266 569.72 euros, 250 000. 00 euros y 317 139.45 euros.

Otra gestora fue sancionada ante la visible violación de las normas elementales de seguridad informática, pues, conociendo la trascendencia de las operaciones que podían realizarse desde su computadora, la dejó encendida, abandonó su puesto de trabajo y descuidó las medidas de seguridad, lo que provocó que alguien desconocido emitiera un mensaje de pago ficticio por el importe de 861 525.25 euros.

También fue sancionada otra gestora por la misma causa, al abandonar en una ocasión su oficina, dejando la computadora encendida con el sistema abierto, y en otra, por irse a un salón de belleza y dejar activada su clave de acceso, lo que dio lugar a que personas ajenas a su puesto utilizaran su máquina para hacer transferencias.

Mientras, el acusado principal, con el apoyo ilícito de otros acusados, a sabiendas de las prohibiciones legales, creó una empresa ficticia con el objetivo de gestionar financiamiento, entregó fotocopias de pasaportes para tal efecto y firmó una solicitud donde hacía constar la necesidad de obtener finanzas para dicha empresa.

El 29 de enero de 2008 acudió, conjuntamente con otro de los acusados, a la Oficina de Representación del Republic Bank Ltd. en La Habana, donde crearon a favor de B&B Finance Ltd. la cuenta bancaria número 003111120739, con Amicorp Management Limited como rector legal que permitiese a un tercer acusado ser firmante y accionista único.

La tramitación documental y bancaria para la creación de entidades falsas fue ejecutada con el fin de adquirir ganancias patrimoniales ilegítimas a partir de operaciones comerciales, consistentes en acciones de intermediación financiera, préstamos y descuentos de documentos crediticios, a favor de empresas financieras extranjeras que operaban en Cuba.

Como expresa la sentencia del Tribunal Supremo Popular esta situación de corrupción afecta el crédito de la institución bancaria y de los funcionarios que la representan.

El dueño de todas estas pertenencias se enriqueció mediante hechos de corrupción en el extranjero y a su regreso a Cuba incurrió en delitos de lavado de activos, evasión fiscal, falsificación de documentos públicos y cohecho, por lo que fue tramitado un expediente de confiscación administrativa contra él y ocho testaferros residentes en Baire y La Habana, por un patrimonio ilegitimo calculado en siete millones 42 000 CUP, que incluye varios inmuebles, auto y otros bienes, y un almacén de equipos electrodomésticos.