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Publicado el 18 Septiembre, 2019 por Liset García Rodríguez en En Cuba
 
 

LEY HELMS-BURTON

Barbaridad a lo yanqui

La Constitución y las leyes cubanas impiden el paso a esta ley estadounidense, por tanto, inaplicable en nuestra nación, donde no se le reconoce valor jurídico alguno. Ese engendro es rechazado por el pueblo de este archipiélago caribeño. También lo repudia la comunidad internacional por inaceptable para el orden mundial que no admite leyes extraterritoriales ni violación de la soberanía de ningún país. Así lo confirman un sondeo hecho por BOHEMIA y especialistas entrevistados. El derecho de Cuba a defenderse del impacto de esta ley, y mantenerse de pie y firme frente al imperio, no está en juego

Por LISET GARCÍA, LÁZARO BARREDO y PEDRO GARCÍA

Barbaridad a lo yanqui.
Imagen: cubasi.cu

Como quien tira una moneda al aire, saltan las preguntas: ¿Ha leído usted la ley Helms-Burton? ¿Podría explicar de qué trata? Sin pretensiones científicas ni afanes conclusivos BOHEMIA escoge al azar a un grupo de personas, quienes en su mayoría dicen desconocer la letra de ese texto. Es cierto, ha llovido mucho desde que el presidente William Clinton la firmó en marzo de 1996.

Entonces fue impresa y divulgado su contenido agresivo para Cuba. Ahora, el tema ha vuelto a ponerse en rojo, desde que el actual presidente dio luz verde a su locura y a la aplicación del Título III de esa presunta norma, que autoriza a demandar ante tribunales a quienes quieran reclamar propiedades nacionalizadas por la Revolución.

En la indagación realizada algunos no se asombraron ante las interrogantes, pero se quedaron buscando en su memoria cómo responder. Unos cuantos se leyeron la ley entonces, y saben que se trata de otra barbaridad a lo yanqui, profundamente absurda, enloquecido intento de borrarnos del mapa, o como dijo un profesor: lo que quieren es bebernos de un sorbo.

Otros, hablaron del spot televisivo, en el que los actores Fernando Hechavarría y Jorge Enrique Caballero, reiteran una de las ideas expresadas por el patriota Antonio Maceo, en otro contexto, y frente al colonialista español: No, no nos entendemos, frase que igual hoy significa defender a Cuba.

En realidad, hay que armarse de paciencia para leer el susodicho mamotreto, cargado de mentiras, manipulaciones, retóricas embadurnadas con términos legales y, sobre todo, de odio. Semejante empaque “legalista” sufrió diversas vicisitudes antes de ser aprobado, porque los propios congresistas yanquis no se ponían de acuerdo y el Senado terminó haciendo una enmienda que tituló “Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubanas”, o más simplificadamente “Ley Libertad”.

Según expresa la Helm-Burton, su propósito está “encaminado a procurar sanciones internacionales contra el Gobierno de Castro en Cuba, planificar el apoyo a un gobierno de transición que conduzca a un gobierno electo democráticamente en la Isla y otros fines”, palabras a las que sigue un fárrago de cuatro títulos con más de 300 secciones y sus interminables incisos…, y al final aparecen las firmas de sus patrocinadores en la Cámara y en el Senado. Pero qué más dan los nombres de individuos más o menos conocidos por sus felonías.

Lo cierto es que sus pretendidos argumentos tienen detrás distintos rostros, pero el mismo objetivo: apropiarse de Cuba. Frente a esos intentos, ya se sabe lo que les sucederá. Hace tiempo lo viene recordando Maceo, como si estuviera viendo hoy estos acontecimientos.

Barbaridad a lo yanqui.
El grupo Meliá, que administra 32 hoteles en Cuba y ratifica que continuará en el país, expresó satisfacción tras ganar la primera demanda de un tribunal europeo en virtud de la Helms-Burton. (Foto: getty images).

Pero la cara de unos cuantos de ellos y de otros estará ardiendo al conocer la reciente noticia de que un tribunal español “planchó” la demanda de la familia cubana Sánchez-Hill –residente en Estados Unidos– contra Meliá Hotels International. Es la primera resolución archivada por un tribunal europeo, luego de que se autorizara la acción en virtud del título III de la Helms-Burton. ¡Buena patada!

La nota divulgada confirma que el dictamen es contundente cuando afirma que un tribunal español no es competente para entrar a valorar, entre otras cosas, si la nacionalización acordada por el Estado cubano en el año 1960 fue o no fue lícito.

Los demandantes pretendían fundamentar su reclamo en la supuesta explotación ilegítima de unos hoteles en Cuba, construidos sobre terrenos nacionalizados por la Ley 890 de 1960 tras el triunfo de la Revolución Cubana, y gestionados por el grupo Meliá desde finales de los años 80 y principios de los 90, puntualiza el reporte de la agencia Prensa Latina.

Luego del anuncio, Meliá Hotels International manifestó su total satisfacción por una resolución que, con absoluto respeto al derecho aplicable, inicia el camino de la necesaria clarificación de los límites reales de pretensiones extraterritoriales de este género.

El juzgado entendió que aunque la hotelera sea una empresa con sede en Mallorca, no es competente para decidir… porque la actuación de la empresa española se ha producido en un ámbito jurídico protegido por el Estado cubano. Y agregó: “España no tiene competencia internacional para que sus tribunales resuelvan pleitos donde se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles situados fuera de su territorio”.

Por su parte, el abogado Juan Ignacio Pardo, chief legal y compliance officer de ese grupo hotelero, consideró que “resoluciones judiciales de este calado nos ayudarán a todos a delimitar muy claramente lo que, al amparo de la normativa española y europea, puede o no hacerse. No todo vale en el mundo del Derecho, y reconforta ver cómo nuestros juzgados, sin dejarse influenciar por el ruido mediático interesado, saben distinguir entre artificios procesales y los argumentos sólidamente fundados”.

A resultados como este temieron los presidentes estadounidenses, incluso Clinton. Por eso, a poco de haber firmado la ley, decidió aplazar la puesta en práctica del título III, que de activarse pondría a la jurisprudencia a decidir sobre terceros, fuera de sus ámbitos, algo inconcebible para la teoría y la práctica del derecho internacional. Tampoco estimaron conveniente afectar a sus propios socios comerciales europeos, sobre quienes estarían pendiendo sanciones por mantener relaciones económicas con Cuba. Lo mismo hicieron los sucesivos presidentes, hasta el actual.

Nacionalizar: decisión legítima y de derecho

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Se intervinieron propiedades mal habidas de cubanos. Pero también por intereses del país se nacionalizaron de franceses, suizos, británicos, españoles, canadienses…, que fueron indemnizadas. (Foto: Archivo de BOHEMIA).

A partir de 1959 Cuba nacionalizó, confiscó y expropió bienes y recursos de utilidad pública y social que estaban en manos de unos pocos propietarios, y muchos de ellos mal habidos, y lo hizo basándose en el artículo 24 de la Constitución del 40, en la Ley Fundamental promulgada al iniciarse la Revolución y en otros cuerpos legales establecidos a ese efecto entonces.

De acuerdo con el profesor en Derecho Internacional Rafael Pino Bécquer, las nacionalizaciones que Cuba tuvo necesidad de hacer se sustentan no solo en el derecho que cada país tiene a su soberanía y a decidir sus asuntos internos, sino que, además, así lo contemplan la Carta y otras resoluciones de las Naciones Unidas, cuya Asamblea General lo ha ratificado al reconocer el derecho de los Estados a sus recursos.

Apunta el experto que es una práctica del mundo nacionalizar, expropiar los recursos en favor del Estado. Está el ejemplo de México, cuyo presidente Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940, optó por la reforma agraria y entregó la tierra a campesinos, y nacionalizó la industria petrolera, el ferrocarril…

En Bolivia ocurrió la nacionalización de las minas en poder de los “barones del estaño” en 1952; en Guatemala, en tiempos del Gobierno de Jacobo Arbenz (1951-1954), la Reforma Agraria alivió la penuria provocada por el monopolio estadounidense United Fruit Company, dueño de más del 50 por ciento de los terrenos cultivables. También Brasil nacionalizó empresas extranjeras en 1962; Chile, el cobre en 1966; Perú lo hizo en 1968 con yacimientos petrolíferos; Venezuela, en 1975, la industria del petróleo. Asimismo, ha habido expropiaciones en otros lares. Un caso harto conocido es el del canal de Suez, nacionalizado por Egipto en 1956.

“Hay que distinguir tres conceptos: expropiación, nacionalización y confiscación -apunta Pino-. La primera es lo que se hizo en Cuba con la Reforma Agraria, por ejemplo, que entregó la propiedad de la tierra a quien la trabajaba y socializó áreas cultivables.

“La nacionalización tuvo lugar contra las propiedades extranjeras de personas naturales y jurídicas, a la luz del derecho internacional y amparada en las leyes 890 y 891. A la de Reforma Agraria le siguió la 851, del 6 de julio de 1960, que estableció la forma y modo de indemnizar el valor de las propiedades de personas naturales o jurídicas de los Estados Unidos, objeto de nacionalización. Porque en estos casos y en el de expropiaciones es menester establecer procesos compensatorios”.

Barbaridad a lo yanqui.
Muchos dolores de cabeza trajo a Estados Unidos la Ley de Reforma Agraria, que en cambio dio alivio a los campesinos que trabajaban la tierra de sol a sol, sus verdaderos propietarios. (Foto: Archivo de BOHEMIA).

Se conoce que excepto Estados Unidos, el resto de los países respetó la decisión soberana de Cuba, y negociaron con las autoridades cubanas la compensación a sus nacionales por las propiedades que estos tenían en la Isla. Así, se concluyeron acuerdos con Francia, Suiza, Gran Bretaña, Canadá y España para realizar las indemnizaciones en plazos acordes con la práctica internacional.

En cambio, lo que hizo Estados Unidos fue promulgar la conocida como Ley Puñal, con la cual redujo el precio de la cuota azucarera cubana para el mercado norteamericano, que más tarde cortó completamente. El 5 de julio de 1960 Cuba replicó mediante la Ley Escudo, que facultaba a su dirección para nacionalizar empresas foráneas mediante la expropiación forzosa, con su conveniente indemnización, que el país norteño se negó a cobrar.

Ahora, al parecer algunos pretenden recuperar su dinero, pero a estas alturas, ante las pérdidas que Cuba ha sufrido por el bloqueo yanqui durante seis décadas, habría que preguntarse quién le debe a quién.

El máster en Derecho Pino Bécquer aclara que una explicación aparte merecen las confiscaciones, aplicadas a quienes cometieron delito contra las personas y la hacienda pública, y se enriquecieron a costa del pueblo y al amparo de la dictadura batistiana. A esos casos no les corresponde indemnización. Según estimados, se robaron 460 millones de dólares de las reservas monetarias internacionales del país, que dejaron un saldo de deuda pública de más de 1 300 millones de dólares. Cargaron sus maletas y huyeron hacia Estados Unidos donde los recibieron con los brazos abiertos.

¿Justificando malversaciones?

Algunos de los reclamantes quieren hacernos olvidar que sus antepasados tienen deudas y litigios judiciales pendientes con el pueblo y el Estado cubanos

Barbaridad a lo yanqui.
Tenía tiempo para ver la hora y calcular bien sus honorarios, así fue que dejó de malvivir con su sueldo de sargento taquígrafo y llegó a ser uno de los millonarios más grandes de Cuba. (Foto: Archivo de BOHEMIA).

De acuerdo con la Ley Helms-Burton, Cuba tiene que indemnizar a todo aquel actual ciudadano estadounidense cuyas propiedades fueron confiscadas a partir del 1º de enero de 1959. Es curioso que esta legislación incluya a personas que, en el momento de producirse la confiscación, no residían en los Estados Unidos ni ostentaban su ciudadanía, sino que eran cubanos y por tanto sujetos a las leyes de la Isla. Hay decenas de casos al respecto, pero el más representativo, sin duda, es Fulgencio Batista y Zaldívar.

Releguemos por el momento los delitos contra los poderes del Estado cometidos por ese sujeto, no contra la Revolución, sino contra el presidente constitucional Carlos Prío Socarrás, al que derrocó. Igualmente, desestimemos momentáneamente la estela de crímenes y violaciones de los derechos humanos perpetrados durante el septenio de su régimen tiránico. Concentremos el razonamiento en lo económico. ¿Cómo es posible que un individuo que, en 1933 malvivía con su sueldo de sargento taquígrafo, a tal punto que su esposa tuvo que lavar para la calle, deviniera 25 años después en uno de los más grandes millonarios del país?

Para que se tenga una idea, en 1958 era propietario absoluto de tres centrales azucareros –además de ser accionista importante en otros seis–, dos refinerías, dos destilerías, un banco, una papelera, una empresa de transporte por carretera, dos moteles, una televisora, una fábrica de gas licuado y otra de materiales de construcción. También era dueño de un centro turístico, una naviera, varios inmuebles urbanos y rurales, emisoras de radio, periódicos, colonias cañeras, fincas ganaderas, aparte de ser socio de varias firmas estadounidenses.

Batista comenzó su carrera política con el pucherazo de sargentos y soldados del 4 de septiembre de 1933. Como era mucho más mediático que sus compañeros, se las ingenió para aparecer como el líder del movimiento y con la ayuda de un periodista, de sargento pasó a ser coronel jefe del Ejército. Apoyado por la embajada yanqui perpetró a inicios de 1934 un segundo golpe de estado que derrocó al Gobierno de los 100 días. Y se convirtió en el hombre fuerte de Cuba. En 1936 organizó unos espurios comicios presidenciales en el que favoreció el triunfo de Miguel Mariano Gómez; cuando este quiso interferir en sus negocios, amenazó con disolver el Congreso si este no sustituía al presidente. Y los parlamentarios se plegaron.

De ese año data su primera propiedad conocida: la Compañía de Inmueble S.A. En 1940 se hizo elegir presidente constitucional. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, con el lógico desabastecimiento que causaba la contienda, el sargento devenido mandatario incrementó su capital con los negocios turbios de la ORPA (Oficina de Regulación de Precios y Abastecimientos) que dictaba arbitrariamente el importe de los artículos de primera necesidad; además, junto con su ministro de Educación, Anselmo Alliegro, desfalcó 20 millones de dólares del presupuesto escolar. Por aquellos días compró el central Washington, su primera fábrica de azúcar, un viejo sueño de sus tiempos de guajirito en Banes.

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El central Washington, la primera fábrica de azúcar de la que fue propietario Fulgencio Batista. (Foto: Archivo de BOHEMIA).

Cesó como presidente en 1944. Su temporal alejamiento del poder y el divorcio de su primera esposa –la exlavandera devenida una de las cinco mujeres más adineradas de Latinoamérica–, diezmaron sus cuentas bancarias. Regresó al Capitolio en 1948 como senador de la República para defender las peores causas y adquirió el central Constanza, mediante un testaferro. Pero necesitaba más dinero y perpetró un golpe de Estado –su tercero y último–-, el 10 de marzo de 1952.

Al instalarse en el Palacio Presidencial, la fastuosa mansión de Refugio 1, hoy Museo de la Revolución, comenzó una vertiginosa carrera en pos de convertirse en el hombre más adinerado de Cuba. No solo se apropió de varios medios de comunicación, compró muchos de los restantes pagándoles sinecuras a propietarios y periodistas. Se agenció del control mayoritario del Banco Hispanocubano antes de que este fuera inaugurado. Traspasó a su nombre la quinta parte de las acciones de Cubana de Aviación. Compró fincas rústicas, terrenos para urbanización, construyó hoteles, papeleras. ¿Cómo financiaba todo esto? Con préstamos que nunca se molestó en pagar del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), una institución gubernamental controlada por él como Jefe del Estado.

Alrededor del 30 por ciento de las comisiones que cobraba la Policía a prostíbulos y casas de juegos prohibidos, iban a parar a las arcas del mandatario, quien les daba patente de corso para torturar y asesinar a su antojo. Tener de socios a los Salas Cañizares, Ventura y Carratalá era una gran ventaja, sobre todo cuando algún propietario se ponía un poco tozudo, esos simpáticos señores “le convencían” de venderle la mayoría de las acciones a Batista, como sucedió con los que heredaron el central Andorra, quienes solo recibieron tres millones de dólares de los 16 en que estaba valorado.

En el caso de los terrenos de Ciudamar y Alamar, él utilizó otra táctica pues la conminación la realizó el coronel Rosell, de la comisión gubernamental de playas populares. Aunque siempre existió la posibilidad de una visita de aquellos “aguerridos” señores. Ya Batista había contratado a una compañía francesa para la construcción del túnel de La Habana, con lo que los terrenos aumentaron considerablemente de valor. Los galos, en agradecimiento, le entregaron al general golpista tres millones de dólares en comisión.

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El reparto Alamar, mucho después de que Batista se hiciera del control mayoritario de estos terrenos mediante la coacción. (Foto: Archivo de BOHEMIA).

Como su lejano antecesor José Miguel Gómez, el exguajirito de Banes era un tiburón que salpicaba. Y los depredadores que nadaban a su alrededor también se llevaban una buena tajada. A don Rafael Díaz Balart, abogado de la United Fruit y exalcalde de su ciudad natal, le entregó el ministerio de Transporte, excelente cargo para amasar un buen capital. A un hijo del don, Rafaelito, lo hizo subsecretario de Gobernación (Interior), puesto en el que se obtenían jugosas comisiones que le permitieron a esta familia sobrevivir sin estrecheces en el exilio tras el derrocamiento de la tiranía y, más tarde, colocar en el Congreso de Estados Unidos a dos de sus descendientes, los bien conocidos Lincoln y Mario.

A Waldo, otro hijo del don, Batista lo designó director de Rentas e Impuestos del ministerio de Hacienda. En los últimos días de 1958 este avispado muchacho extrajo unos 20 millones de dólares de la institución donde laboraba y huyó con ellos a Estados Unidos, donde los depositó a su nombre en el Chase Manhattan Bank.

Testaferro de Batista, José López Vilaboy también se benefició a su sombra. Propietario o accionista principal de tres de las más importantes firmas del transporte aéreo en Cuba, recibió millonarios financiamientos del Bandes y del Banfaic (Banco para el Fomento Agrícola e Industrial de Cuba), para sus proyectos empresariales. Al marcharse de Cuba el 1º de enero de 1959, adeudaba más de 54 millones de dólares al Estado cubano, aparte de dejar pendientes varios litigios judiciales.

En estos días los herederos de López Vilaboy, junto con los de otros malversadores del régimen batistiano, están reclamando con fuerza, amparados en la Helms-Burton, una indemnización por sus propiedades confiscadas. Pero, ¿y las deudas de sus antepasados con el Estado cubano, quién las va a pagar? ¿Trump?

Espantoso cinismo

El Título II de la Ley Helms-Burton es una soberana burla al pueblo de Cuba

Barbaridad a lo yanqui
Ilustración JOSÉ LUIS

Movería a risa si no fuera algo tan serio, la manera en que los anexionistas y mafiosos contrarrevolucionarios lograron plasmar sus anhelos bicentenarios en el Título II de la Ley Helms-Burton. En ese texto dejaron bien claro, cínica y brutalmente, el programa que el Gobierno de los Estados Unidos llevará a cabo con sus medidas extraterritoriales y mediante 19 condicionalidades para la restauración del colonialismo en Cuba.

Desde el instante en que se conoció el primer borrador del proyecto legislativo yanqui, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón de Quesada, exclamaba que era tan inaudito que probablemente no se hallara en la legislación internacional un ejemplo de otro parlamento del mundo en ninguna época de la humanidad, que hubiera legislado abiertamente sobre otro país que no es su colonia.

Bajo la despampanante premisa de “ayuda a una Cuba libre e independiente” este segmento de la ley le da explícitamente funciones al Gobierno de Estados Unidos para establecer un gobierno de transición, y más tarde un “gobierno electo democráticamente” en la Isla, después de haber permitido la licencia de tres días para matar, como más de una vez proclamó abiertamente la mafia de Miami que haría con los seguidores de la Revolución. Desde el principio, el texto destila impudicia al decir:

La política de los Estados Unidos es la siguiente:

  1. Apoyar la libre determinación del pueblo de Cuba.
  • Reconocer que la libre determinación del pueblo cubano es un derecho soberano y nacional de los ciudadanos de Cuba que debe ejercerse sin injerencias del gobierno de cualquier otro país.

Luego, insistentemente, la ley formula el objetivo de promover la devolución a sus llamados antiguos propietarios de las propiedades del pueblo cubano, incluyendo a los que no eran norteamericanos y queda abiertamente plasmado que la asistencia a un gobierno de transición y a un “gobierno electo democráticamente” en Cuba tiene requisitos a cumplir, que entre ellos incluirá “la asistencia en la preparación de las fuerzas militares cubanas para que se ajusten al cumplimiento de funciones propias de una democracia”.

Para “amarrar” bien el control, la legislación establece que el presidente de Estados Unidos debe designar a un FUNCIONARIO DE COORDINACIÓN, el cual tendrá la responsabilidad de aplicar la estrategia estadounidense. De igual forma, el mandatario yanqui queda autorizado para designar un consejo Estados Unidos-Cuba encargado de garantizar que se coordinen las actividades del Gobierno de los Estados Unidos y del sector privado, encaminadas a dar respuesta al cambio ocurrido en Cuba y a promover en la Isla un desarrollo basado en el mercado.

Las condicionalidades

La Helms-Burton estableció sin cortapisas los requisitos y factores para determinar la existencia de un gobierno de transición:

1-.legalizar todas las actividades políticas;

2-.poner en libertad a todos los presos políticos y permitir la investigación de las cárceles cubanas por organizaciones internacionales de derechos humanos competentes;

3-.disolver instituciones, como el actual Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, los Comités de Defensa de la Revolución, las Brigadas de Respuesta Rápida, entre otras;

4-.expresar públicamente su compromiso de organizar elecciones libres y justas para un nuevo gobierno, con la participación de múltiples partidos políticos independientes que tengan un acceso pleno y equitativo a los medios de difusión, incluso (en el caso de la radio, la televisión u otros medios de telecomunicaciones) respecto de las cuotas de tiempo de transmisión para ese acceso y los horarios en que se asignen dichas cuotas;

5-.deben celebrarse bajo la supervisión de observadores internacionalmente reconocidos como la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas y otros inspectores de elecciones;

6-.poner fin a toda interferencia de las trasmisiones de Radio Martí y Televisión Martí;

7-.expresa públicamente, y demuestra en la práctica su decisión de avanzar en el establecimiento de un poder judicial independiente;

8-.crear condiciones para el establecimiento de sindicatos independientes según se definen en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y de asociaciones sociales, económicas y políticas independientes;

9-.no incluir a Fidel Castro ni a Raúl Castro;

10-.dar garantías adecuadas de que permitirá la distribución expedita y eficiente de la asistencia al pueblo cubano;

11-Además de los requisitos expresados anteriormente el gobierno de transición deberá conceder permisos a los medios de comunicación y las compañías de telecomunicaciones de propiedad privada para operar en Cuba;

12-.la posibilidad de restituir la ciudadanía a las personas nacidas en Cuba que regresan a Cuba;

13-.la garantía del derecho a la propiedad privada;

14-.la adopción de medidas apropiadas para la devolución a los ciudadanos de los Estados las propiedades confiscadas por el Gobierno cubano a tales ciudadanos y entidades el 1˚ de enero de 1959 o después, o para la indemnización de esos ciudadanos y entidades por dichas propiedades;

15-.haya extraditado o puesto de otro modo a disposición de los Estados Unidos a todas las personas requeridas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos cometidos en los Estados Unidos;.

También establece los requisitos para determinar la existencia de un “gobierno elegido democráticamente” que, además de los anteriores, debe:

16-.avanzar significativamente hacia un sistema económico orientado al mercado sobre la base del derecho a poseer y disfrutar propiedades;

17-.se consagra a introducir cambios constitucionales que garanticen la celebración regular de elecciones libres y justas y el disfrute pleno de sus libertades civiles y derechos humanos fundamentales por los ciudadanos de Cuba;

18-.ha registrado progresos palpables en el establecimiento de un poder judicial independiente;

19-.ha registrado progresos palpables en la devolución a los ciudadanos de los Estados Unidos (y a las entidades cuyo 50 por ciento o más sea propiedad en usufructo de ciudadanos de los Estados Unidos) de las propiedades confiscadas por el Gobierno cubano a tales ciudadanos y entidades el 1º de enero de 1959 o después, o en la indemnización plena por dichas propiedades con arreglo a las normas y la práctica del derecho internacional.

Y como para que no quede duda alguna de cuál es el objetivo esencial, termina el Título II con la siguiente disposición:

SENTIR DEL CONGRESO.- Es el sentir del Congreso que la liquidación satisfactoria de las reclamaciones de propiedades por parte de un Gobierno cubano reconocido por los Estados Unidos sigue siendo una condición indispensable para el pleno restablecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba.

Pretensiones que no dejan lugar a dudas.

Solo la dignidad nos salva

El presidente de la Comisión de Asuntos Parlamentarios y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular defiende que la intimidación y el chantaje que pretende Estados Unidos no tienen cabida en Cuba

Barbaridad a lo yanqui.
José Luis Toledo Santander asegura que el pueblo no permitirá que el imperio yanqui logre sus intenciones de absorbernos por completo, como se pretende en la Helms-Burton, mejor conocida como Ley Garrote. (Foto: GILBERTO RABASSA).

 “La Ley Helms-Burton no es aplicable en Cuba, en primer lugar, porque es una ley de Estados Unidos y, por tanto, su jurisdicción, su espacio de aplicación, es en Estados Unidos. Ningún país soberano que se respete permitiría la aplicación extraterritorial de una ley de los Estados Unidos o de otro país en su territorio”. Así define José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional, la afrenta a la que se expone cualquier nación de cara al poderoso imperio que se ha creído dueño del mundo.

“Frente al ataque que cada vez se refuerza más, Cuba no solo resiste sino que en su día Cuba dictó la Ley 80, cuyo título es Ley de Reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas, en la que desentraña las intenciones de la Helms-Burton que es la reabsorción colonial de Cuba. Aprobada en diciembre de 1996, declara nula y sin valor alguno la Ley Helms-Burton”.

En su diálogo con BOHEMIA, Toledo apunta que “la Helms-Burton es una ley dirigida a destruir el sistema sociopolítico cubano. Decide cómo debe ser el Estado, y además aplica medidas contra terceros países y sus empresas con relaciones con la Isla. Los acontecimientos están mostrando con cuál saña, con qué odio nos están atacando, y vienen con todo”.

-¿Cuáles son los puntos claves de esa barbaridad anticubana?

“La Helms Burton es una Ley Garrote, y es mucho más que el título III del que tanto se ha hablado por estos días. Tiene cuatro títulos; cada uno está intencionado no solo para subvertir el orden interno del Estado cubano, de por sí preocupante, sino para destruirlo. Las pretensiones van más allá en el caso de que lograran su propósito, e incluye cómo regularían sus relaciones con Cuba.

“La intención de compensar a posibles reclamantes de propiedades norteamericanas nacionalizadas en Cuba con el triunfo de la Revolución, apenas rebasa la categoría de pretexto, aunque sea probablemente el argumento que mayor revuelo haya causado.

“El título I habla del fortalecimiento de las sanciones internacionales contra el gobierno. La continuidad de la aplicación del bloqueo, y hace explícita su oposición a que Cuba negocie con instituciones financieras internacionales, un asunto absolutamente interno, en el que ellos no tienen poder de decisión. También regula las trasmisiones televisivas contra Cuba y el apoyo a los grupos contrarrevolucionarios, todo un entramado hecho para dañarnos.

“De absurdos están llenas sus páginas hasta puede leerse el tema de la exclusión de Cuba de la OEA, lo cual no le interesa al país desde hace mucho tiempo. Además, esa ley le aplicó a sus propios tribunales restricciones que no podrán actuar en caso de actos de Estado, lo que cuestiona la propia Constitución estadounidense.

Barbaridad a lo yanqui.
Ilustración: OSVAL

“El título II se refiere a la ayuda a una Cuba libre e independiente. Asistencia para la transición. En la sección 201 específicamente mencionan la asistencia económica para el paso del país hacia una democracia representativa y una economía de mercado. Incluso mencionan las medidas que aplicarían cuando el presidente de Estados Unidos decida –como si fuéramos parte de su territorio–,  incluido designar a un gobernador.

“En el título III utilizan diversos subterfugios para crear confusión entre lo que son propiedades nacionalizadas y propiedades confiscadas, lo que no es lo mismo jurídicamente. Lo hacen un todo. Mezclan la confiscación con la expropiación. La primera se aplicó a quienes se apropiaron de bienes mediante delito, o sea, robo, apropiación ilícita o indebida, malversación… Por eso se creó el Ministerio de Bienes Malversados. Y a esos se les declaró sin derecho a recibir indemnizaciones. ¿Qué más querían?

“Cualquier país tiene derecho a incorporar al tesoro público propiedades que contribuyan a su bienestar general. Cuba lo hizo entre 1959 y 1960, para contribuir al desarrollo del país. Los estados hacen uso de la posibilidad de nacionalizar con la debida indemnización a sus propietarios.

“Cada una de las nacionalizaciones y expropiaciones se hizo mediante leyes y se establecieron las correspondientes indemnizaciones a los propietarios de esos bienes. Se establecieron formas de pago mediante bonos provenientes de la zafra azucarera. Había un convenio con Estados Unidos en relación con el azúcar, y como ese país suprimió la importación de la cuota azucarera, perjudicó a sus nacionales que eran dueños de centrales. Sumado a que se negaron a recibir indemnizaciones, se convirtieron en la única nación que no recibió ese beneficio.

“La primera ley de nacionalización fue la de Reforma Agraria, momento calificado por el general de ejército Raúl Castro como el de pasar el Rubicón, en que se definió para qué y para quiénes se había hecho la Revolución”.

-¿Cuáles pudieran ser las implicaciones en la vida personal de las personas, y con qué seguridad se puede afirmar que no perderán su casa, su hospital, su escuela…?

“La seguridad de que no van a perder sus bienes radica en el éxito que tengamos en la defensa de nuestra soberanía, nuestra independencia, y ganemos la batalla frente a Estados Unidos, que quiere apoderarse de todo lo que es nuestro. Si ellos lograran imponerse y derrotaran la Revolución, se habrían cumplido las palabras de Maceo y solo recogerán el polvo del suelo de Cuba anegado en sangre. Es claro, que nadie en Cuba aceptaría convertirse en esclavo. Y eso es lo que pretenden. No podemos dejarnos arrebatar lo que con tanto sacrificio se ha logrado hasta hoy. Los cubanos no lo permitiremos”.


Barbarie a lo yanqui
Foto: tiempo21.cu

Los redactores y patrocinadores de la Helms-Burton
A principios de 1995 la extrema derecha estadounidense y los congresistas cubanoamericanos presentaron nueve proyectos de leyes contra Cuba ante el Senado y la Cámara de Representantes, así como una resolución concurrente que buscaba la internacionalización del bloqueo contra nuestro país e intimidar a los empresarios extranjeros para evitar las inversiones y el comercio con Cuba.
El senador Jesse Helms y el representante Dan Burton deciden establecer un grupo de trabajo coordinado por Dan Fisk, por ese entonces un consejero del extremista senador republicano, y congresistas de origen cubano y sus asesores, para que organicen un proyecto con esos textos anticubanos.
Cuando ya tienen redactada una primera versión de lo que sería la Helms-Burton, deciden incorporar a otro grupo de personajes de Miami, quienes profundizan su sentir anexionista y batistiano.
Fueron sus patrocinadores en la Cámara: Ben Gilman, Dan Burton, Ileana Ros-Lehtinen, Lincoln Díaz-Balart, Robert G. Torricelli, Robert Menéndez. Y en el Senado: Jesse Helms, Paul Coverdeli, Fred Thompson, Olympia Snowe, Charles S. Robb. La ley ha trascendido por el nombre del segundo y el séptimo personajillos. Pero qué más dan los nombres de individuos más o menos conocidos por sus felonías.
El 25 de febrero de 1995 presentan el proyecto en una conferencia de prensa, año en que fue objeto de otras numerosas modificaciones. Finalmente luego de esos dimes y diretes, la ley fue firmada por el presidente Clinton, el 12 de marzo de 1996.


Barbarie a lo yanqui.
Foto: Periódico REVOLUCIÓN.

Cuba dueña de su destino y sus riquezas

La Ley 890 de 1960 dispuso la nacionalización, mediante la expropiación forzosa, de las empresas industriales y comerciales, así como fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes. Entre las 382 empresas nacionalizadas estaban 105 centrales azucareros, 18 destilerías, seis empresas de bebidas alcohólicas, siete de alimentos y dos de aceites y grasas. También incluía tres fábricas de jabones y perfumes, cinco de lácteos, dos de chocolates, nueve de envases,  seis metalúrgicas básicas, siete papeleras, y 60 textiles y de confecciones. Asimismo constaban un molino de harina, 16 de arroz, 47 almacenes de víveres, diez tostaderos de café, ocho empresas ferroviarias, 19 compañías de construcción, una de electricidad y 13 marítimas, y otras.
Por su parte, la Ley No. 891 determinó la nacionalización de la banca privada para adecuarla a los requerimientos de la economía cubana, y declaró que la función bancaria solo podría ejercerla el Estado por medio de los organismos creados al efecto con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Solo dos bancos privados mantuvieron entonces sus operaciones: The Royal Bank of Canada y The Bank of Nova Scotia.



Liset García Rodríguez

 
Liset García Rodríguez