La pregunta central que rodea el allanamiento del FBI en la residencia del expresidente Donald Trump en Florida aún es una incógnita: ¿la investigación penal podría llevar a bloquearle la posibilidad de volver a ser presidente, incluso presentarse a las elecciones de 2024?
Según las leyes estadounidenses, la condena relacionada con el suceso conlleva una pena: la inhabilitación para ocupar cualquier cargo federal. Sin embargo, existen razones para dudar de que esto suceda.
El 8 de agosto de 2022, el Departamento de Justicia recuperó varios documentos que Trump trasladó a su casa de Mar-a-Lago cuando terminó el mandato. En una declaración en la que denunció la acción del FBI, el exmandatario dijo que los agentes “incluso forzaron mi caja fuerte”.
Hay varias regulaciones que podrían aplicarse tras la nueva revelación. Una de ellas es la 2071 del Título 18 del Código de Estados Unidos, que tipifica como delito el hecho de que alguien que tenga bajo su custodia documentos o registros del Gobierno “oculte, elimine, mutile, borre, falsifique o destruya” de forma voluntaria e ilegal.
Si son declarados culpables en virtud de esa ley, los acusados pueden ser multados con más 2 000 dólares y condenados a prisión por un máximo de tres años. Además, el estatuto refiere que, si están actualmente en un cargo federal, lo “perderán” y “serán inhabilitados para volver a ocuparlo”.
Aun así, la Corte Suprema nunca se ha pronunciado sobre un candidato cuya elegibilidad dependa de su suspensión (o no). La ley 2071 fue objeto de una breve revisión en 2015, tras salir a la luz que Hillary Clinton, quien entonces se preveía como candidata presidencial demócrata, había utilizado un servidor de correo electrónico privado para realizar asuntos gubernamentales.
Clinton nunca fue acusada de ningún delito. Sin embargo, muchos republicanos adoptaron las críticas de Trump sobre este tema durante su campaña presidencial de 2016 y algunos se entusiasmaron con la idea de que la ley podría utilizarse para mantener a Clinton fuera de la Casa Blanca. Esta vez, las acusaciones suceden en medio de una fuerte campaña de cara a las elecciones de medio término, consideradas un “referendo” sobre la labor de la administración liderada por Joe Biden.
En los comicios estará en juego el control de ambas cámaras del Congreso por parte de los demócratas, quienes, según la contraparte republicana, utilizan las pesquisas contra Trump como tema electoral. El expresidente también acusa al partido “azul” de llevar a cabo una cacería de brujas para evitar que él se presente en los sufragios de 2024.
En este sentido, los republicanos apoyaron a Trump. Miembros del Congreso prometieron que, de ser mayoría, iniciarán una investigación contra el FBI y otros miembros de la Justicia estadounidense.
