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Publicado el 9 Marzo, 2016 por Redacción Digital en Historia
 
 

Ley Helms-Burton: clímax de guerra económica

La aprobación hace 20 años de la anticubana LEY HELMS-BURTON era la culminación de una estrategia dirigida a estrangular económicamente a nuestro pueblo
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El pueblo supo darle una viril respuesta, tanto a la ley Torricelli como a la Helms-Burton. (Autor: HUMBERTO MAYOL)

Por ANDRÉS ZALDÍVAR DIÉGUEZ
Fotos: Archivo de BOHEMIA

Se cumplen ahora 20 años de promulgada por el presidente William Clinton, el 12 de marzo de 1996, de la Ley Helms-Burton, que marcó un momento culminante en la guerra económica del Gobierno de Estados Unidos contra la Revolución Cubana, tanto por el carácter vejatorio de su contenido y extraterritorialidad implícita en su aplicación como por codificar –dar carácter de ley– a todas las disposiciones anteriores del bloqueo, por lo que cualquier modificación en ello es atribución del Congreso.

El pretexto para la aprobación de la Helms-Burton fue el derribo el 24 de febrero de 1996, en aguas territoriales cubanas, de dos naves aéreas de la organización contrarrevolucionaria Hermanos al Rescate –con base al sur de la Florida– en ocasión de una de sus constantes violaciones hasta la profundidad del espacio aéreo nacional, lo que realizaban con total impunidad a pesar de reiteradas denuncias ante Washington.

Estas provocaciones se realizaban en el contexto de la ofensiva terrorista de aquella década, en la que entre otras acciones se realizaron infiltraciones armadas; ametrallamiento de instalaciones turísticas en el litoral y colocación de bombas en algunos de los más importantes hoteles del principal polo turístico del país, Varadero, y de la capital, en uno de los cuales perdió la vida al turista italiano Fabio Di Celmo.

Su principal órgano inspirador, financista y ejecutor, fue la denominada Comisión de Seguridad de la Fundación Nacional Cubano Americana, institución que a la sazón gozaba de privilegiado reconocimiento en el establishment estadounidense.
Los antecedentes

Además de la ofensiva terrorista para impedir la entrada de divisas frescas al país en los críticos momentos posteriores a la desaparición de la URSS y el antiguo campo socialista del este europeo –y con ello de las principales contrapartes comerciales del país– aquella década se había caracterizado también por una ofensiva congresional encaminada a hacer más férreo el bloqueo económico contra la Isla.

La ofensiva había cobrado fuerzas a partir de agosto de 1988, tras aprobarse en el Congreso una enmienda inspirada en la Ley de Comercio con el Enemigo –la misma que se invocó para instaurar el bloqueo en febrero de 1962, recientemente vuelta a renovar en su aplicación contra Cuba por el presidente Obama– que instaba al Ejecutivo a emitir recomendaciones para recrudecer las medidas anticubanas.

En respuesta a ello, la Administración fortaleció la labor de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en inglés), incluyendo su interacción con otros Departamentos y Agencias, así como la penalización de quienes se relacionaban con Cuba. El propio Comité de Conferencias del Congreso aprobó, en octubre de 1989, que se incrementase a la OFAC con 40 nuevos empleados y se les ofreciese una asignación extra de dos millones de dólares.

El presidente estadounidense William Clinton firma la Ley Helms-Burton, que elevó la extraterritorialidad de una legislación nacional a niveles nunca antes alcanzados (Archivo: BOHEMIA-Autor no identificado).

El antecedente más significativo, en lo que a proyectos de legislación anticubana se refiere, acaeció en el propio Congreso en 1989 al discutirse la Enmienda Mac. Esta esbozaba la prohibición total a las compañías de terceros países, subsidiarias de casas matrices norteamericanas, de establecer algún tipo de operación económico-comercial con Cuba.

Así se pretendía dar un golpe de gracia al comercio exterior cubano (el 90.6 por ciento de lo que se comerciaba con subsidiarias norteamericanas, con un monto de 718 millones de dólares en 1991, eran alimentos y medicinas) y ocasionar el estrangulamiento total de la economía en momentos en que se desmantelaba su relación con el agonizante campo socialista europeo. No se aprobó entonces, por su inserción en proyectos muy complicados.

Del propio período es la Enmienda Smith, tampoco aprobada, que, además del contenido de la Enmienda Mack, incluía el decomiso e incautación de toda embarcación que tocase puerto norteamericano en algún momento posterior y menor de 180 días de haberlo hecho en puerto cubano.

La Ley Torricelli de 1992

No se entenderían cabalmente los objetivos perseguidos por la Ley Helms-Burton, de 1996, si su examen no contempla los objetivos perseguidos por la más importante ley anticubana que le antecedió, la denominada Ley Torricelli, aprobada por el presidente George H. Bush en octubre de 1992. Analistas del momento la tildaron como un acto de política interna para atraer los votos de la comunidad cubana de la Florida en las elecciones presidenciales de ese año, tras las promesas del entonces candidato William Clinton en el sentido de que, de ser electo, la aprobaría.

Sus elementos básicos –y su carácter oportunista en extremo, dada la tendencia creciente del comercio con las filiales de empresas estadounidenses en terceros países y la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista europeo– recogieron el sentir de los proyectos antes vistos: impedir el comercio de Cuba con aquellas subsidiarias; prohibir a los barcos que entraran a puertos cubanos, con propósitos comerciales, tocar puertos de Estados Unidos o en sus posesiones durante los 180 días siguientes de haber abandonado las radas de la Isla; así como establecer sanciones a los países que brindaran asistencia a Cuba, según penalidades previstas en la Ley de Comercio con el Enemigo.

Ley Helms-Burton

La necesidad de liquidez de Cuba solo podía satisfacerse incrementando la inversión extranjera, en lo que el país se enfrascó concienzudamente. Entre otras semejantes, la Ley 77 sobre la Inversión Extranjera, del 5 de septiembre de 1995, perseguía ese objetivo, y con relativa rapidez comenzó a mostrar efectividad. Las inversiones extranjeras en sectores clave como el de la industria petrolera, o las que se realizaban en el sector turístico, mostraban un futuro promisorio.

Es por ello que la Ley Helms-Burton elevó la extraterritorialidad de una legislación nacional a niveles nunca antes alcanzados, con el propósito de impedir aquella participación de la inversión extranjera en el proceso de reanimación económica del país.

Tras equiparar con el concepto “tráfico” la inversión en instalaciones o terrenos, antes propiedades de estadounidenses nacionalizados en Cuba con posterioridad al 1° de enero de 1959, esta ley irracionalmente pretende conferir el papel de contrabandistas a quienes en ellos invirtieran, y las penalidades previstas en algunos de sus títulos son de tal magnitud que se han visto obligados a aplazar periódicamente su aplicación. Una flagrante violación del Derecho Internacional en esta ley es la de considerar como estadounidenses afectados a personas que en los momentos de la nacionalización eran ciudadanos cubanos.

Durante la ofensiva terrorista de los años 90 se realizaron infiltraciones armadas; ametrallamiento de instalaciones turísticas en el litoral y colocación de bombas en importantes hoteles del país. (Archivo: BOHEMIA-Autor no identificado).

El nivel de aberración legislativa anticubana alcanzada en Estados Unidos con las leyes Torricelli y Helms-Burton no cesó tras la aprobación de esta última hace ya 20 años, sino que nuevos y cada vez más absurdos proyectos fueron vistos y aprobados. Desde abril de 1998 se hizo más rigurosa la aplicación del bloqueo y su extraterritorialidad.

La Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Presupuestarias para el año fiscal 1999 sentó las bases para el robo de marcas comerciales de productos líderes cubanos (ron Havana Club; tabacos Cohiba). Las medidas incluidas en el denominado Plan Bush de 2004 –actualizadas en 2006– apretaron hasta la saciedad las clavijas del bloqueo económico, comercial y financiero de Cuba.

Las esperanzas de cambio que despertó el arribo de la administración Obama no tuvieron manifestación real durante su primer mandato, excepto retrotraer las medidas al estadio final de la administración Clinton pero, por otra parte, incrementó la persecución financiera de Cuba hasta niveles inimaginables, lo que alcanzó su más alta expresión con la multa de más de ocho mil millones de dólares al consorcio bancario francés Paribas, persecución financiera que no ha cesado a pesar de los nuevos aires en las relaciones Cuba-Estados Unidos.

No existe texto más opuesto a los fines de acercamiento entre las dos naciones –anunciado por los presidentes Raúl Castro Ruz y Barack Obama el 17 de diciembre de 2014– que la Ley Helms-Burton, escollo por vencer. Tampoco la normalización de los vínculos supone volver a la situación de dependencia de Estados Unidos vivida hasta diciembre de 1958. El pueblo cubano no lo permitiría jamás.

* Doctor en Ciencias Históricas. Presidente de la Unión de Historiadores de Cuba (Unhic) en La Habana. Autor del libro Bloqueo. El asedio económico más prolongado de la historia, entre otros textos sobre el tema.

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