0
Publicado el 2 Marzo, 2017 por Redacción Digital en Historia
 
 

Bloqueo económico, comercial y financiero

El pueblo cubano sigue respaldando su Revolución

Esta cruel guerra económica, oficializada hace 55 años, ya causaba estragos desde el mismo triunfo de la Revolución, y todavía se mantiene

 

Pueblo cubano contra el bloqueo.

(Foto: Percy Francisco blog)

Por ANDRÉS ZALDÍVAR DIÉGUEZ*

El 24 de marzo de 1962 el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la prohibición de la entrada en su territorio de cualquier producto elaborado, total o parcialmente, con productos de origen cubano, aunque fuese en un tercer país. Esta era la lógica consecuencia y complementación del Decreto Presidencial 3447 del 3 de febrero de ese año, que instauró oficialmente el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, hecho firme por la Resolución Federal 1085 del 6 de febrero siguiente, pero que era una política practicada desde el triunfo de la Revolución.

Han pasado 55 años del establecimiento oficial de esa genocida medida de guerra económica, que aún hoy se mantiene, aunque no cumpla su objetivo, pues el pueblo cubano sigue respaldando su proyecto socialista. Destacar esta idea no es ocioso, porque posibilita entender las razones que impulsaron a sectores de poder estadounidenses a dar el giro con que pretenden, usando métodos diferentes, a partir del 17 de diciembre de 2014, lograr igual propósito de un cambio de gobierno y aplastar la Revolución.

Los objetivos de la guerra económica

Mediante medidas de presión económica adoptadas tempranamente en los primeros meses posteriores al triunfo de enero de 1959, desde Washington se pretendió impedir que la Revolución cumpliese el programa expuesto por Fidel Castro en La Historia me absolverá, comenzadas a aplicar con fuerza mayor, tras la asunción por el líder de la Revolución Cubana al cargo de Primer Ministro en febrero de 1959. El objetivo entonces fue respaldar a tecnócratas y reformistas que por imperativos del momento formaron parte del primer Gobierno revolucionario, para tratar de impedir la radicalización del proceso.

Ello está expresado en el documento del 1º de julio de 1959 de la Oficina de Asuntos Económicos Regionales del Departamento de Estado, al decir que con la firma de la Ley de Reforma Agraria “él [Fidel] mostró claramente que nuestra esperanza original era vana: el gobierno de Castro no es del tipo que merezca salvarse”.

Se agregaba que en los seis meses transcurridos la posición norteamericana era la de “fortalecer los moderados […] con la esperanza de que la extrema izquierda pueda ser desacreditada o empujada a un lado”. Las armas a utilizar se calificaban abiertamente como parte de un “arsenal de la guerra económica”, encontrándose dentro de ellas “la prohibición a préstamos públicos o privados, el tratamiento comercial discriminatorio, el desaliento a la inversión y el impedimento a transacciones financieras”.

En correspondencia con aquella política, en febrero de 1959 se había negado al Banco Nacional de Cuba el empréstito solicitado para estabilizar las finanzas internas; y el 8 de julio se hizo pública la respuesta del Congreso a la Ley de Reforma Agraria cubana, aprobada el 17 de mayo: otorgamiento al Presidente de mayores facultades para suspender la ayuda a todo país que confiscara propiedades norteamericanas “sin justa compensación”. Aunque después de más de 55 años tales medidas puedan parecer poco relevantes, en su momento hubiesen bastado para hacer tambalear a cualquier gobierno que no representase, como sí sucedía en Cuba, una Revolución verdadera.

Si en los primeros momentos lo que se pretendía era impedir la radicalización de la Revolución, después del fracaso de la denominada Conspiración Trujillista, en agosto de 1959, los planes elaborados por la CIA aprobados por el presidente Dwigth D. Eisenhower el 17 de marzo de 1960 –culminados con la invasión por bahía de Cochinos y la victoria cubana en Playa Girón en abril de 1961– lo que procuraba era su destrucción.

A incrementar la inestabilidad de Cuba se encaminaron todas las acciones provenientes de Estados Unidos. Por ello a las leyes extraterritoriales del bloqueo se añadió la Helms-Burton. (Autor no identificado)

A incrementar la inestabilidad de Cuba se encaminaron todas las acciones provenientes de Estados Unidos. Por ello a las leyes extraterritoriales del bloqueo se añadió la Helms-Burton. (Autor no identificado)

De ahí la trascendencia de los objetivos perseguidos con las medidas de presión económica que cobraron fuerza en los primeros meses de 1960, que debían contribuir en la estimulación de una oposición contrarrevolucionaria que se adhiriera a quienes desde aquella fecha en el exterior –fundamentalmente en Guatemala, aunque también en Panamá, Puerto Rico e incluso en los propios Estados Unidos– se entrenaban militarmente para dirigir internamente un levantamiento armado, que al resultar inviable integraron la Brigada invasora 2506 que pretendió derrotar la Revolución a través de un desembarco anfibio y aéreo en bahía de Cochinos.

Mientras lo anterior se organizaba, se definían los objetivos a cumplir por la guerra económica. Fueron expresados por el subsecretario de Estado Lester I. Mallory, en informe del 6 de abril de 1960, al exponer: enajenar el apoyo interno a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas […]. Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba […]. Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

Establecimiento del bloqueo

Lo que sucedió en Pálpite, Playa Larga o finalmente en Playa Girón en abril de 1961 fue exactamente lo opuesto al interés gubernamental estadounidense, y solo 66 horas bastaron para derrotar la Brigada 2506. Herida en su orgullo, como revancha, la administración Kennedy orquestó la más colosal de las medidas anticubanas que pudieron concebir, y en los marcos de la Operación Mangosta, la presión económica alcanzaría su más alta expresión con el Decreto presidencial 3447 del 3 de febrero de 1962, ya mencionado.

No en balde el documento rector de Mangosta decía que “El objetivo de E.U. es ayudar a los cubanos a derrocar al régimen comunista desde dentro de Cuba e instaurar un nuevo gobierno con el cual Estados Unidos pueda vivir en paz”, y que básicamente lo que se perseguía era “lograr la revuelta del pueblo cubano”, y se puntualizaba que las acciones políticas “serán apoyadas por la guerra económica para inducir el fracaso del régimen comunista en el suministro de las necesidades económicas de Cuba”. A confesión de parte, relevo de pruebas.

La imposibilidad de derrotar a la Revolución, tampoco a través de la nueva Operación, trajo consigo la sucesiva elaboración de nuevos planes para lograrlo, que lo único que mostraron fue el fracaso de todos los anteriores. Significaron el sistemático y más duradero apriete de clavijas contra la economía de país alguno. Hitos importantes fueron el establecimiento de “listas negras” de embarcaciones que tocaran puerto cubano (1963); el congelamiento de los fondos cubanos en bancos estadounidenses, a partir de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos de 1963; el llamado a los gobiernos latinoamericanos para interrumpir todo intercambio comercial directo o indirecto con Cuba (Novena Conferencia de Consulta de la OEA, mayo de 1964); la separación de Cuba del FMI y por ende la imposibilidad de recibir fondos del Banco Mundial (1964); la inclusión de Cuba en el Grupo Z del Departamento de Comercio, la categoría más restrictiva (1965).

Tras ciertas flexibilización durante las administraciones Ford y Carter, que no variaron los aspectos centrales del bloqueo (levantamiento de las prohibiciones de viajes; autorización del envío de remesas; autorización del aprovisionamiento de combustible a buques de terceros países que comerciaran con Cuba; Cubana de Aviación pudo sobrevolar territorio norteamericano; se permitió al país el comercio con subsidiarias estadounidenses en terceros países) las medidas de la administración Reagan, en los años 80, trajo el desmantelamiento de todo lo que se había avanzado y se fortaleció la persecución al comercio exterior cubano. A partir de entonces la ofensiva desde el Congreso alcanzó los más altos niveles con las aprobaciones de las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996).

Una política que ya mostró su incapacidad para lograr los fines pretendidos. (Autor no identificado)

Una política que ya mostró su incapacidad para lograr los fines pretendidos. (Autor no identificado)

Un Estimado Nacional de Inteligencia (agosto de 1993) de la CIA y la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos muestra que a un año de aplicada la Ley Torricelli, el objetivo conferido al bloqueo, desde inicios de los años 60, mantenía toda vigencia. Dentro de las premisas esenciales de un desplome de la Revolución en un corto período se mencionaban que Cuba no dispondría de ninguna bonanza económica –la Torricelli, por ejemplo, se ocupaba de ello– así como que existía una directa correlación entre las severas privaciones económicas y la inestabilidad política. A incrementar esa inestabilidad se encaminaron todas las acciones provenientes de Estados Unidos. Por ello a la Torricelli se añadió poco tiempo después la Helms-Burton.

Esas leyes se complementaron con otras medidas legislativas, en particular la Sección 211 de la Ley de Asignaciones Presupuestarias para 1999, que intentó privar a Cuba del derecho sobre marcas o nombres comerciales, dando pie a intentos de despojo de los derechos para su comercialización en Estados Unidos de productos élite como el ron Havana Club y el tabaco Cohíba.

Aunque parezca imposible, las medidas del Plan Bush de 2004, actualizado en el 2006, añadió nuevo impulso a la política anticubanas (persecución financiera; acoso comercial y ofensiva contra productos exportables cubanos), con un nivel de belicosidad que recordaba la de los años 60. La persecución financiera iniciada por esa Administración tuvo una particularidad: énfasis en la persecución de personas naturales que visitasen el país.

Lo que caracterizó a la Administración Obama en sus acciones de guerra económica contra Cuba fue la imposición de multas millonarias a instituciones bancarias y financieras estadounidenses o de terceros países que mantuvieron algún tipo de relación con el país antillano. Durante su Administración se impusieron 52 multas por un valor total de 14 404 millones 358 605 dólares. Un ejemplo aberrante fue la “megamulta” impuesta el 30 de junio de 2014 al banco francés BNP Paribas por un valor de 8 970 millones de dólares. No fue la única.

Incluso en diciembre de 2016, a dos años de los anuncios del 17 de diciembre y 18 meses de haber restablecido las relaciones diplomáticas, y cuando apenas faltaba un mes para concluir el mandato de Barack Obama, el Departamento del Tesoro impuso multas ascendentes a 10 000 y 955 750 dólares a la organización no lucrativa Alianza para una Política Responsable hacia Cuba (ARCPF, en inglés) y al banco canadiense Toronto Dominion (TD), por violar las regulaciones del bloqueo.

Cuando el presidente Obama anunció el 17 de diciembre que a partir de entonces solicitaría al Congreso el levantamiento del bloqueo, fue cuidadoso en agregar que se haría porque no había cumplido los objetivos esperados. Ello ha sido repetido por todos los altos funcionarios que a partir de entonces se han referido a este tema, dejando claro un concepto, evidente para cualquier lector que hasta aquí nos haya seguido: la enajenación del apoyo popular a la Revolución, en aras de provocar su destrucción –de lo que no se abjura– se intentaría lograr a través de otros procedimientos.

*Investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La Habana.

Fuentes consultadas

Los documentos Department of State: Foreign Relations of United States, 1958-1960, Cuba, y Cuban economic prospects, 1959 and proposed U.S. action, memorandum del director de la Oficina de Asuntos Económicos Regionales del Departamento de Estado.

 

 


Redacción Digital

 
Redacción Digital