0
Publicado el 6 Agosto, 2020 por Redaccion Cultura e Historia en Historia
 
 

6 de agosto de 1960

Las nacionalizaciones, un derecho soberano

 Amparadas por leyes internacionales, los propietarios procedentes de diversos países recibieron una justa compensación, menos los estadounidenses, pues su Gobierno les impidió entonces aceptarla
Fidel discurso 6 de agosto 1960

Fidel durante su intervención en el hoy Estadio Latinoamericano, el 6 de agosto de 1960. (Foto: PERIÓDICO HOY)

Por ERNESTO USTARIZ RAMÍREZ *

En más de una ocasión Fidel Castro reiteró, a partir del triunfo de la Revolución en enero de 1959, que el fin de la tiranía batistiana no significaba la culminación de la lucha. En realidad, había mucho por hacer; incluso a pocos días de la victoria, el Comandante en Jefe recalcó que quizás en lo adelante todo sería más difícil. Con su designación como primer ministro de la República, en febrero de ese año, se aceleró la promulgación de leyes revolucionarias encaminadas a cumplir con los objetivos por los que se emprendió la gesta. Estas medidas se proponían saldar los sueños frustrados durante la Republica neocolonial y alcanzar la definitiva independencia que la injerencia norteamericana, desde 1898, había impedido.

Para regir el país, se puso en vigor la Ley Fundamental, que recogía la esencia de la Constitución del 40, adecuándola a la situación del momento. La Carta Magna, por ejemplo, proscribía el latifundio en su artículo 90, pero ninguno de los gobiernos de turno se interesó en hacerlo cumplir. Basado en esto, el Gobierno Revolucionario proclamó la Ley de Reforma Agraria el 17 de mayo de 1959, con enorme impacto social y económico. Esta decisión soberana chocó frontalmente con los intereses de las transnacionales norteamericanas que tenían enormes propiedades en toda la Isla.

La confrontación entre Washington y la naciente Revolución fue en aumento hasta que el 6 de julio de 1960 el presidente Dwight D. Eisenhower ordenó rebajar 700 000 toneladas de la cuota del azúcar cubano en el mercado norteño. Esta disposición tenía un claro objetivo político. Al decir de Fidel: “pretendía arrasar la economía de nuestro país” reduciendo la entrada del principal rubro exportable a su mayor mercado.

Ante tal situación, el mismo día 6 el Consejo de Ministros de Cuba aprobó la Ley No. 851 -bautizada Ley Escudo por el pueblo en su momento-, como defensa ante el puñal que pretendía encajar el imperialismo. Esta legislación autorizaba, siempre que se considerara conveniente al interés del país, la nacionalización de bienes y empresas de propiedad estadounidense.

En momentos de dificultad para la Isla, la medida respondía a las constantes agresiones del vecino codicioso a los principales intereses económicos criollos, cuyo decidido objetivo era revertir el proceso revolucionario. También, en uno de los Por Cuanto de la ley se hacía referencia a la apropiación de las mejores tierras de la nación, realizada por las compañías azucareras al amparo de la Enmienda Platt y su latente amenaza de intervenir en nuestro país cada vez que Washington lo estimara conveniente.

Ley revolucionaria de nacionalizaciones¡Se llamaba!

A los efectos de dar a conocer el proceso de nacionalización, se convocó al pueblo a acudir, en la noche del 6 de agosto de 1960, al entonces Gran Estadio del Cerro (hoy Latinoamericano), junto con los jóvenes que participaban en el Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes. El acto cerraría con las palabras del Comandante en Jefe. Pero justo antes de dar lectura a la medida, Fidel sufrió de una disfonía que le hizo perder la voz durante minutos.

Ante la preocupación popular y los gritos de “¡Que se cuide!, ¡que se cuide!”, Raúl Castro hizo uso de la palabra y se entonaron las notas de nuestro Himno Nacional, en un improvisado coro masivo encabezado por Juan Almeida.

Al poco tiempo, el líder histórico de la Revolución recobró la voz y volvió a los micrófonos para informar acerca de tan trascendental acontecimiento. Dio lectura a la ley por la cual se procedía a la nacionalización de las empresas norteamericanas, y a la mención de cada una de las 26 transnacionales involucradas, el pueblo reunido en el estadio respondía con un estruendoso: ¡Se llamaba! Como dato simbólico, en la tribuna se encontraba el expresidente guatemalteco Jacobo Arbenz, a quien Washington había derrocado en 1954 mediante una invasión mercenaria organizada por la CIA y con la complicidad de la oficialidad traidora del ejército de aquel país, plegada a los dictados de Wall Street.

Aquella larga lista incluía los monopolios de teléfono y electricidad, así como 36 centrales azucareros. Al mencionarse la United Fruit Company, la cual años antes había desempeñado un papel central en su deposición, el exmandatario centroamericano subió al estrado y abrazó al Comandante en Jefe.

En los meses siguientes se produjeron más nacionalizaciones de empresas de otros países. Propietarios suizos, británicos, españoles y de otras nacionalidades suscribieron acuerdos de compensaciones con el Gobierno cubano. Pero Estados Unidos se mantuvo invariable en su posición e impidió que sus ciudadanos aceptaran las indemnizaciones que propuso la dirección de la Revolución, esperanzado en domesticar rápidamente a la isla rebelde.

Confiscación y nacionalización son instituciones jurídicas diferentes
Legitimidad de las nacionalizaciones hechas por la Revolución.

Foto: cubadebate.cu

Para evitar tergiversaciones es necesario entender que confiscación y nacionalización son instituciones jurídicas diferentes. Mientras la primera se realizaba contra aquellos esbirros y personeros de la dictadura y sus bienes mal habidos, las nacionalizaciones representaron el derecho soberano de una nación de tomar para sí lo que considere de interés nacional, con el pago justo a sus dueños, lo cual está ampliamente recogido en el derecho internacional e incluso en la Constitución de los Estados Unidos.

Estas nacionalizaciones reportarían para los dueños de los bienes una compensación nada despreciable, la cual se haría a través de bonos que vencían en un plazo de 50 años, al 2%, con un fondo que se constituiría a partir de los incrementos de las exportaciones a los Estados Unidos calculados sobre la base del precio sobre el cual se comportaba el azúcar en aquellos momentos.

Las nacionalizaciones de empresas que explotaban al país –extranjeras muchas de ellas, y en gran parte estadounidenses– fueron respaldadas por el pueblo.

En la sede de la Compañía de Teléfonos, pueblo y trabajadores del centro festejan la nacionalización de esa empresa estadounidense. (Foto: Autor no identificado).

Las nacionalizaciones de agosto de 1960 y las de los meses subsiguientes significaron un paso más en la búsqueda de la soberanía de la nación. A partir de ese momento las principales riquezas pertenecerían el Estado, como representante del pueblo. Casi seis décadas de despojos e intercambio desigual se trataban de borrar, y era un faro de esperanza para los pueblos explotados y saqueados de América Latina. En lo adelante, los principales recursos se encontrarían a disposición de Cuba y su aprovechamiento sería bajo sus propios términos.

En 1996, con el pretexto de las nacionalizaciones de 1960, Estados Unidos promulgó la Ley Helms-Burton, la cual, además de violar numerosos preceptos jurídicos, pretende incluir en las negociaciones de una compensación los bienes nacionalizados a quienes eran entonces ciudadanos cubanos y hoy residen en el vecino país. Pero, no obstante esa Ley, cualquier negociación sobre las indemnizaciones de las propiedades estadounidenses legalmente nacionalizadas y que en primera instancia se negaron a aceptar, debe basarse en la soberanía, la igualdad de las partes, e incluir el daño a la economía y la sociedad toda que ha provocado el bloqueo.

*Investigador y profesor universitario


Redaccion Cultura e Historia