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Publicado el 24 Septiembre, 2017 por Maryam Camejo en Mundo
 
 

ESPAÑA

 Justicia contra desacato: el caso catalán

 Las tensiones aumentan por día debido a que el Parlamento sigue adelante con las acciones para celebrar un referéndum frente a la negativa de Madrid

 

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Protesta ante la Consejería de Economía de Cataluña por el registro de la Guardia

Protesta ante la Consejería de Economía de Cataluña por el registro de la Guardia. (Foto: lavanguardia.com):

Por MARYAM CAMEJO

Legalidad o no. Esa es la cuestión. Unos hablan de incumplimiento de la Constitución y desacato a autoridades, y otros buscan la vía pacífica, con algún marco legal, para luchar, perdón, más bien, preguntar por la independencia.

Cabe preguntarse por qué al Gobierno de Mariano Rajoy le preocupa tanto la celebración de un referéndum. Ya el grupo parlamentario Unidos Podemos había dicho en varias ocasiones que de llevarse a cabo no tenía necesariamente que ser vinculante. Pero Madrid, intransigente, no ha dejado opción. La situación ahora es que la Generalitat se encuentra en la recta final para preguntar a los propios catalanes si quieren convertirse en una república y separarse de España, construir una economía y ser reconocidos como país independiente.

Ya que el Tribunal Constitucional rechazó la celebración del referéndum, no le quedó otra salida al Gobierno de Carles Puigdemont que adherirse al marco legal internacional que reconoce el derecho de autodeterminación de las naciones, y por eso intentaron regularlo con una ley de referéndum, alegando que en el ordenamiento jurídico español, una consulta de este tipo no es delito, ya que no se prohíbe en ningún lugar de la Constitución.

Rajoy ha dicho que es el deber de todos los españoles decidir la separación de Cataluña, y que por tanto, bajo ningún concepto permitirá que el primero de octubre los catalanes puedan tomar tamaña decisión. Encima, y por si fuera poco, abrió lo que podría llamarse una guerra contra todas las instituciones que de alguna manera participan en los preparativos, con una serie de operaciones de la Guardia Civil en los que resultaron detenidos 14 altos cargos del Gobierno de Cataluña.

Los cierto es que el Govern ha actuado sobre una supuesta base de ilegalidad del referéndum, a decir de los juristas, pero totalmente inútil e inservible para resolver la cuestión política de marras. Madrid confió en que la mayoría parlamentaria de Cataluña no sería capaz de mantener la unidad y se equivocó. Entonces, decidió usar la represión en nombre de defender la legalidad española, una prueba fehaciente de cuánto pueden manipularse las palabras que debían ser usadas para proteger y defender intereses de los pueblos.

La Guardia Civil realizó registros en sedes del Govern y domicilios particulares de altos cargos de la Generalitat, despachos precintados, irrupciones en periódicos y empresas, violación del correo postal y todo lo que se le ha ocurrido para impedir la consulta. Un pequeño detalle de la situación es que las órdenes judiciales para dichos allanamientos brillan por su ausencia.

La reacción fue salir a las calles, donde se escucharon consignas como “No estás solo”, “estas calles serán siempre nuestras” o “Independencia”, en la Rambla de Cataluña. Inmediatamente Carles Puigdemont convocó de urgencia una reunión de gabinete para calibrar su respuesta, mientras las organizaciones civiles del separatismo continuaban llamando a multiplicar las manifestaciones en los lugares donde actuaba la Guardia Civil.

Rajoy está pulsando demasiado la situación. Corre el riesgo de que las protestas tomen mayores dimensiones, e incluso el sector de la población catalana que no está a favor del referéndum, o que se encuentra indecisa, estará de seguro inconforme, más bien, indignada con la manera de manejar las cosas por parte de Madrid.

Unidos Podemos convocó también a una concentración en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados en protesta por “la escalada de represión en Cataluña por parte del Partido Popular” y “para rechazar la detención de adversarios políticos”.

El Gobierno de Madrid congeló también las cuentas del Govern con la justificación de que impedirá el uso de dinero público para la consulta. Más allá de si el referéndum entra dentro del marco legal español, o no, las circunstancias en Cataluña están alcanzando otro nivel. Las órdenes de Madrid son sin dudas una ofensiva antidemocrática y con mano dura contra las libertades fundamentales de los catalanes, contra la libertad básica de definir el futuro propio como país o región, y contra la libertad de decir y decidir “sí” o “no”.


Maryam Camejo

 
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