El Título III de la Ley Helms-Burton, en vigor desde 1996, permite a cualquier ciudadano o empresa estadounidense presentar demandas ante tribunales del país norteño para reclamar compensación por propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución del 1 de enero de 1959.

Los presidentes de Estados Unidos habían suspendido de manera consecutiva la aplicación del mismo por seis meses, pero en enero pasado, Donald Trump anunció que lo haría por solo 45 días a partir del 1 de febrero, una postura denunciada en la mayor de las Antillas como un chantaje y parte del empeño en recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero.