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Publicado el 15 Agosto, 2019 por Prensa Latina en Mundo
 
 

Bajo la Helms-Burton no hay entendimiento con EE.UU.

Bajo los términos de esa legislación no habrá entendimiento alguno con Washington, ha enfatizado el presidente Miguel Díaz-Canel
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Ni Burton ni Bolton (Caricatura Adán/ Twitter Díaz-Canel)
(Caricatura Adán/ Twitter Díaz-Canel)

Por Orlando Oramas Leon

La activación del Título III de la Ley Helms-Burton lleva hoy a tribunales de Estados Unidos la pretensión del gobierno de ese país de desconocer el ordenamiento jurídico y constitucional de la isla.

En activo desde el 2 de mayo, ese Título (la legislación tiene cuatro) abre las puertas a reclamaciones en las cortes federales estadounidenses respecto a propiedades nacionalizadas a principios de la Revolución Cubana.

Las expectativas de la administración de Donald Trump, y
del lobby contrarrevolucionario de Miami (con el senador Marco Rubio a
la cabeza) resultaba en una avalancha de reclamos judiciales contra la
isla y, sobre todo, contra empresas extranjeras asentadas aquí.

Y
aunque hasta ahora tales pretensiones quedaron cortas, lo cierto es que
hay en tribunales de aquel país querellas que apuntan a empresas e
industrias neurálgicas para la economía cubana.

Así ocurre con
las empresas CIMEX. S.A y la Unión Cuba Petróleo (Cupet) que ya dieron
los primeros pasos para defenderse ante una corte federal del Distrito
de Columbia.

Se trata de una demanda presentada por la
multinacional ExxonMobil al amparo del Título III de la Helms-Burton. No
hay que olvidar que la Exxon se negó a refinar petróleo proveniente de
la Unión Soviética cuando Estados Unidos daba sus primeros pasos en la
implementación del cerco económico, financiero y comercial a la isla,
con seis décadas a su cuenta.

Ello provocó que el Gobierno
Revolucionario, encabezado por Fidel Castro, decidiera la
nacionalización de la actua refinería Ñico López, de La Habana, ahora
bajo la égida de Cupet.

Por su parte Cimex S.A es una sociedad
mercantil con 40 años de creada, que importa, exporta, produce y
comercializa bienes y servicios, con un importante peso en la economía
cubana.

No son las únicas empresas acusadas de ‘traficar’ con
bienes estadounidenses, también las hay extranjeras incluidas algunas de
las que mayor presencia e inversiones tienen el sector turístico.

Carnival Cruise, la primera compañia extranjera demandada, suspendió
los viajes de sus cruceros a puertos cubanos luego que la Casa Blanca
los prohibiera como parte de un paquete de medidas destinadas a impedir a
los estadounidenses visitar a la vecina ínsula.

Según el
ministro de Turismo, Manuel Marrero, más de medio millón de turistas
estadounidenses y de otras nacionalidades fueron afectados, en un
accionar destinado a golpear la industria turística y los ingresos de
Cuba.

A la par, el Gobierno de Estados Unidos tiene una lista
negra que crece continuamente y suma más de 200 compañías y entidades
cubanas a las que Washington prohibe hacer transacciones y negocios con
socios extranjeros, sujetos a castigos.

Pero el compás que abre el Título III de la Helms-Burton no resulta nuevo para Cuba.

No es la primera vez que entidades cubanas defienden sus intereses en
tribunales del país norteño. Desde 1960 así ocurrió en más de 40
oportunidades, en algunas de las cuales se consiguieron fallos
favorables.

Cuba se ha mostrado dispuesta a negociar con Estados
Unidos una posible compensación a ciudadanos de aquel país, pero a la
par reclama que Washington pague la factura de los daños ocasionados por
su política de cerco, que a fines de 2018 sumaba, según La Habana, más
de 933 mil millones de dólares.

Al mismo tiempo La Habana subraya que la Ley Helms-Burton es inaplicable en el territorio nacional, sin efecto jurídico alguno.

Bajo los términos de esa legislación no habrá entendimiento alguno con
Washington, enfatizó el presidente Miguel Díaz-Canel en Bayamo, en el
Oriente cubano, cuando pronunció el discurso central por el Día de la
Rebeldía Nacional.

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