‘México condena tajantemente toda forma de violencia, reitera su compromiso con el derecho a la libre manifestación y rechaza el uso de la fuerza desmedida por parte del Estado, la cual debe emplearse excepcionalmente y siempre regida por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad’, enfatiza el texto.

En el comunicado emitido por la cancillería, exhorta a las partes a evitar la violencia y privilegien el diálogo como única vía para encontrar soluciones.

‘En ese sentido, expresa su preocupación por la criminalización de actores de oposición, ya que esto no abona en la solución del conflicto’, añade.

También manifiesta su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y se suma a la posición de diversos actores internacionales para acompañar a alcanzar una solución pacífica.

Durante más de una semana, cientos de miles de ecuatorianos han manifestado su rechazo a un grupo de medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno que lacera el bolsillo y la calidad de vida de una amplia mayoría.

A través de diversas manifestaciones y con un paro nacional iniciado ayer, los manifestantes exigen la derogación del ‘paquetazo’, término para denominar las antipopulares medidas que aplica la administración de Moreno.

Sobresalen entre las disposiciones aprobadas, la eliminación del subsidio a los combustibles y reducción de derechos laborales (recortes en el salario y vacaciones para el sector público), que afectan a las grandes mayorías.

Además, otras como la reducción de aranceles, eliminación del anticipo del impuesto a la renta, reducción al impuesto a la salida de divisas, que benefician a las clases acomodadas del país suramericano.

No más FMI, es otra de las demandas en las movilizaciones protagonizadas por organizaciones indígenas, trabajadores, estudiantes, académicos, mujeres, jóvenes, y más sectores sociales, contra lo que consideran recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En marzo último, Ecuador firmó un acuerdo con el FMI por 4,2 mil millones de dólares, los cuales serán erogados durante tres años, siempre que el Gobierno se adhiera a un programa económico establecido en el convenio.

El programa exige un ajuste de alrededor del seis por ciento del Producto Interno Bruto y otros recortes que incluyen el despido de empleados del sector público, el aumento de los impuestos y rebajas a la inversión pública. (Prensa Latina)