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Publicado el 9 Febrero, 2020 por Prensa Latina en Mundo
 
 

¿Qué significa el revés de la Helms-Burton contra cruceros MSC y Norwegian?

Este hecho desestimula el aumento potencial de otros demandantes si no pueden probar y demostrar que su petición es legítima. No obstante, el resultado adverso de los dos juicios no significa que sucederá siempre lo mismo
Cruceros en La Habana

(Foto: prensa-latina.cu)

La desestimación de las demandas presentadas, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, contra las compañías de cruceros Norwegian Cruise y MSC Cruises significó un fuerte revés para el Gobierno estadounidense, que mantiene un férreo bloqueo económico, financiero y comercial a la isla.

Un asedio por casi seis décadas que, según el último informe de Cuba sobre la resolución 73/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha provocado perjuicios cuantificables por más de 922 mil 630 millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.

Para conocer detalles sobre la implicación del reciente fallo judicial a favor de las líneas de cruceros, Negocios en Cuba entrevistó al doctor en Ciencias Históricas Raúl Rodríguez, director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana.

¿Qué significado tiene la desestimación de las demandas presentadas contra las compañías de cruceros MSC Cruises y Norwegian bajo el Título III de la Ley Helms-Burton?

La desestimación de las demandas contra MSC Cruises y Norwegian es importante porque contribuye a desmontar la idea de que todas las reclamaciones tendrían un resultado favorable para los querellantes en términos financieros. Incluso las compañías acusadas se apresurarían a alcanzar a acuerdos de compensación monetaria antes de llegar al inicio del proceso judicial.

Este hecho desestimula el aumento potencial de otros demandantes si no pueden probar y demostrar que su petición es legítima. No obstante, el resultado adverso de los dos juicios no significa que sucederá siempre lo mismo.

No existe un proceso de certificación de los derechos de propiedad de todas las personas de origen cubano que alegan ser los dueños de tierras, inmuebles y otros bienes. Hasta el momento, unos 72 cubanoamericanos han interpuesto demandas en cortes de EE. UU. en busca de indemnizaciones por el uso de bienes nacionalizados en la isla después de 1959.

Se trata principalmente de hoteles, en su mayoría de cadenas europeas, en particular españolas, o aerolíneas que utilizan el Aeropuerto Internacional José Martí, que operan o han operado en propiedades nacionalizadas.

Para los ciudadanos estadounidenses se hizo, en la década de los años 70 del pasado siglo, un proceso de certificación ante el Departamento de Justicia que determinó cinco mil 911 posibles reclamaciones. En la actualidad, son cinco mil 913, luego de sumarse dos en 2003 o 2004.

¿Cree usted que los fallos para las otras dos empresas de cruceros demandadas, Carnival y Royal Caribbean, serán similares?

En los casos de Carnival y Royal Caribbean, depende. Si el demandante es el mismo y este no logra, como en el caso de MSC, probar que es el legítimo dueño de la terminal, puede tener igual resultado. Pero esto hay que verlo casuísticamente.

En el tema de MSC y Norwegian, el demandante poseía un contrato de arrendamiento por tiempo limitado que habría concluido en 2004, si la terminal no hubiera sido nacionalizada en 1960. El argumento principal esgrimido por la jueza fue que el contrato de arrendamiento que Havana Dock Corporation tenía por 75 años con el Gobierno que precedió al triunfo de la Revolución expiró en 2004, mucho antes de que las empresas de cruceros comenzaran sus rutas a Cuba. En consecuencia, la ‘propiedad’ no es un asunto de la reclamación, porque el interés del querellante habría expirado 13 años previo a la llegada de sus barcos a la isla.

¿Por qué cree que una jueza estadounidense decidió retirar a la cadena hotelera española Meliá, la agencia de reserva de viajes online Trivago y a los grupos hoteleros Gran Caribe, Cubanacán y Gaviota, de la demanda interpuesta en su contra al amparo del Título III de la Helms-Burton?

Las razones parecen ser solamente técnicas y legales. En unos casos, porque los demandantes no han podido proporcionar evidencia clara y legítima de ser los dueños de los bienes o inmuebles que reclaman. En este asunto particular, representa un cálculo de los querellantes frente a la clara imposibilidad de obtener compensación por parte de empresas que no están basadas en EE. UU. y no tienen activos en ese país, como Gran Caribe, Cubanacán y Gaviota.

Quizás entonces se concentraron en demandar a Expedia, casa matriz de Trivago, con sede en Seattle, Washington?, y de la cual sí pueden conseguir compensación, que es su único interés, si el fallo le es favorable.

¿Cuál considera usted que es el propósito real de la Ley Helms-Burton?

El objetivo fundamental es el cambio de régimen en Cuba, es decir, la destrucción del sistema económico, político y social, y la restauración capitalista bajo la tutela de Estados Unidos y los remanentes de las clases dominantes de antes de 1959.

La Ley Helms-Burton tiene cuatro títulos y se concibió para fortalecer y tratar de universalizar el bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla en el año 1996. Asentar en ley este asedio, que hasta entonces no estaba totalmente codificado y se podía levantar por orden ejecutiva, y de esa manera perpetuar la política en el tiempo, más allá de administraciones demócratas o republicanas.

Con esta legislación se refuerza la extraterritorialidad de la política de sanciones coercitivas unilaterales, al exigirle a la comunidad internacional la aplicación del aislamiento. Asimismo, busca obstaculizar todos los esfuerzos de Cuba para evadir y minimizar el costo económico y social, a la vez que pretende desestimular la inversión extranjera directa en el país.

¿Por qué el Título III no fue activado hasta el Gobierno de Donald Trump?

El Título III no se aplicó por las administraciones anteriores para evitar entrar en conflicto con Canadá y países de Europa que tienen significativos intereses comerciales con Cuba.

Además, la razón más contundente es que la Unión Europea (UE) presentó una demanda a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) bajo los artículos I, III, V, XI y XIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

En abril de 1997 se logró un acuerdo entre EE. UU. y la Comisión de las Comunidades Europeas que contenía, en lo fundamental, dos grandes compromisos: por una parte, el Gobierno norteamericano prometió suspender por tiempo indefinido el Título III de la ley Helms-Burton a cambio de que la UE prosiguiese su esfuerzo para promover la ‘democratización’ en Cuba.

En segundo lugar, Estados Unidos se compromete a iniciar consultas con el Congreso con vistas a obtener una enmienda para que el presidente pueda interrumpir (parcialmente) la efectividad del Título IV de la Ley.

A cambio, la UE convino en suspender el procedimiento abierto ante la Organización Mundial del Comercio, aunque se reservaría el derecho a reanudarlo o a interponer nuevo recurso si la otra parte incumpliese lo acordado.

La Administración de Donald Trump ha violado el acuerdo, con la implementación del Título III hasta el momento; la UE se ha pronunciado en contra y ha rechazado la posición estadounidense, pero no ha iniciado acción alguna ante la OMC.


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