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Publicado el 12 Marzo, 2021 por Prensa Latina en Mundo
 
 

Ordenan detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez en Bolivia

Añez y el resto de los relacionados en la orden de aprehensión tienen un registro de viajes al extranjero que acredita con qué facilidad pueden abandonar el país, y asi eludir su responsabilidad ante la justicia.
Expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez

Expresidenta Jeanine Áñez. Foto prensa-Latina.cu

La Paz, 12 mar (Prensa Latina) La Fiscalía de Bolivia ordenó hoy la detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y varios miembros de su gabinete y de la cúpula militar a propósito de las investigaciones sobre el golpe de Estado de 2019.

Según documento de la fiscalía publicado por Bolivia TV en su perfil en Twitter, Añez y el resto de los relacionados en la orden de aprehensión tienen un registro de viajes al extranjero que acredita con qué facilidad pueden abandonar el país, y asi eludir su responsabilidad ante la justicia.

Junto a Añez deben ser detenidos los exministros de Gobierno Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de la Presidencia, Yerko Nuñez; de Energía, Álvaro Rodrigo; y de Justicia Álvaro Coimbra.

Los militares

En cuanto a los uniformados aparecen en la orden de la fiscalía los exjefes de la Armada Palmiro González; la Fuerza Aérea Jorge Gonzalo; y del Ejército Jorge Pastor.

Con anterioridad se emitieron órdenes de arresto contra el excomandante general de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y otros jefes de la policía.

En noviembre de 2019 el reelecto presidente Evo Morales fue obligado a dimitir en medio de manifestaciones violentas organizadas por la derecha y apoyadas por sectores del ejército y la policía.

Tras la dimisión del mandatario se  instauró un gobierno de facto presidido por Añez que reprimió con dureza las manifestaciones que pedían el regreso del presidente constitucionalmente electo y el retorno a la democracia.

Entre los actos de represión registrados figuran las masacres de Senkata y Sacaba, en las que perdieron la vida 36 bolivianos y más de 800 resultaron heridos.

Las investigaciones señalan a los imputados como los principales responsables de esos y otros actos considerados violatorios de los derechos humanos y de las leyes del país suramericano.


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