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Publicado el 16 Febrero, 2017 por ACN en Nacionales
 
 

Dilemas del transporte público en La Habana

Ante esta situación, en la que el gobierno regula precios y los conductores privados reclaman que rija la oferta y la demanda por lo cual buscan resquicios legales para su beneficio, el principal perjudicado continúa siendo el pueblo, el cual a lo único que aspira es a contar con un transporte estable y seguro acorde con los ingresos de cada ciudadano

(Foto: cubadebate)

Por Jeniffer Rodríguez Martinto

Recientemente el Consejo de la Administración Provincial (CAP) de La Habana amplió un acuerdo relacionado con los precios referenciales del transporte de pasajeros por los trabajadores por cuenta propia, o como se les conoce popularmente “boteros”.

Tanto las autoridades del gobierno como de la Dirección General de Transporte afirman que esta medida no significa la aprobación de nuevas tarifas como muchos suelen pensar, sino que precisa los importes de los tramos intermedios para los recorridos, aprobados en el acuerdo 185/2016 del CAP.

La raíz del problema radica en que los transportistas privados, al tener establecidos los precios  de los recorridos, comenzaron a fraccionar los viajes,  a cobrar por partes y a imponer tarifas a su conveniencia, indisciplinas que por estos días continúan ocurriendo. Por ejemplo, el viaje desde La Palma, en Arroyo Naranjo, hasta El Vedado, lo dividían en La Palma-Víbora y Víbora-El Vedado, con lo cual recaudaban más dinero.

Para  enfrentar estas irregularidades denunciadas por la propia población el gobierno decidió intervenir, “en primer lugar porque nuestro encargo estatal y moral es precisamente la protección del pueblo”, declaró a la prensa Tatiana Viera Hernández, vicepresidenta de Fiscalización y Control.

Sin embargo, la satisfacción de los habaneros que diariamente recurren a ese medio de transporte para llegar a su centro de trabajo, de estudio, hospital o cualquier lugar, y  retornar después, no fue equivalente a los sentimientos de quienes ejercen la actividad.

El precio del combustible en los establecimientos estatales, que algunos boteros lo consideran alto, la escasez de piezas de repuesto para los automóviles, en su mayoría “almendrones” con muchos años de explotación, y la cuota impositiva, son de los elementos que ellos enumeran para no ver con buenos ojos la normativa, que pretende frenar las ilegalidades o violaciones.

La respuesta no se hizo esperar, y al igual que cuando toparon los precios de los pasajes, circulan por estos días menos taxis en La Habana, lo cual representa mayor cantidad de personas en espera de un medio para arribar a su destino.

Otros, han optado por no parar en los tramos establecidos e ir solo hasta el destino final, con lo cual muchas personas quedan desprotegidas.

El transporte público de la capital en los últimos cinco años ha recibido una inyección de unos 90 ómnibus anualmente, y existen otras alternativas como las cooperativas de taxis ruteros; sin embargo, aún no se suplen las necesidades de una población de más de dos millones de habitantes, de ahí la importancia de los cuentapropistas para aliviar la movilidad en la ciudad.

Ante esta situación, en la que el gobierno regula precios y los conductores privados reclaman que rija la oferta y la demanda por lo cual buscan resquicios legales para su beneficio, el principal perjudicado continúa siendo el pueblo, el cual a lo único que aspira es a contar con un transporte estable y seguro acorde con los ingresos de cada ciudadano. (ACN)


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