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Publicado el 22 Abril, 2017 por ACN en Nacionales
 
 

Ahora que arrecia la sequía

Es preciso trabajar contra el derroche de agua.

Es preciso trabajar contra el derroche de agua.(Foto: efeverde.com).

Enrique Valdés Machín

Servicio Especial de la ACN

Por estos tiempos los medios de difusión arrecian los llamados a preservar el agua y enfatizan en la necesidad de no desperdiciarla, pero como en otras tantas ocasiones similares la buena voluntad y mensajes de alerta no bastan para resolver el acuciante problema.

No pecaré de reiterativo, ni me referiré a los cientos de salideros históricos, casi patrimonio de cada localidad; hoy trataré una de las aristas subjetivas de este asunto:  los millones de litros que a diario se pierden en las casas por pilas rotas o herrajes deteriorados.

Hace poco más de 10 años el país, precisamente ante una contingencia parecida, desarrolló un programa destinado a favorecer, a precios más o menos asequibles, el desabastecido mercado de esos artículos tan necesarios.

Sin embargo, tal esfuerzo se fue por el caño con la aparición, cada vez más masiva, de revendedores encargados de desaparecer del mercado estatal cualquier pila con algo de calidad.

Aunque la conciencia lo dicte, muchas familias hoy se debaten ante el dilema de mirar impotentes las fugas de agua porque no pueden arreglar una pila inservible ni sustituirla, si sus  recursos financieros resultan insuficientes para llegarle a los exorbitantes precios impuestos por los revendedores.

Resulta paradójico ver al Estado afanado en la consecución de un proyecto justo en aras de preservar un recurso tan vital para todos como el agua, mientras una cifra nada pequeña de especuladores acapara esos medios y echa por tierra, con total impunidad, los esfuerzos del gobierno.

Este floreciente mercado, ya ni tan negro ni tan subterráneo porque opera a plena luz del día y ante la vista de todos, es ilegal hasta el tuétano, si partimos de los criterios públicos emitidos por autoridades involucradas con su comercialización, las cuales han advertido que ningún cuentapropista está autorizado a comercializar los artículos relacionados con el programa de ahorro de agua.

¿Por qué si las prohibiciones existen, si las violaciones a la ilegalidad son tan evidentes, todavía subsisten? ¿No sería más favorable para el bien de toda la población evitar la fuga de millones de litros de agua que hoy se pierden, entre otros factores por falta de presupuesto familiar?

¿Y qué hacer con esas tiendas de venta de materiales que, ajenas al objetivo social para el cual fueron concebidas,  permiten el desvío de su mercancía, o las venden por cantidad?

No faltarán voces que en defensa de esta barbarie aduzcan que lo ofertado por la libre es imposible regularse; a ellos los remito al Código Penal vigente el cual,  en su capítulo X, artículo 230, califica el delito de Especulación y Acaparamiento.

El citado artículo refrenda sanción de privación de libertad y multa para quien adquiera mercancía u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener lucro y ganancia.

También, a quienes las retengan en su poder o transporten en cantidades superiores a las requeridas para sus  necesidades normales.

La norma jurídica es clara: ¿acaso alguien puede justificar la compra de más de 80 pilas y cantidades ilimitadas de herrajes de distintas medidas?  Ni el palacio del rey Arturo, en Gran Bretaña, podría tener capacidad para instalar todo  lo que una “mesita” hoy oferta.

Mucho, mucho  ahorraría el país en estos instantes de sequía si los encargados de enfrentar tales ilegalidades cumplieran con su mandato, y en consecuencia  permitieran el retorno de los recursos destinados al programa de ahorro de agua, al sitio de donde nunca debieron salir en fuga desordenada.(ACN)


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