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Publicado el 3 Agosto, 2017 por Lilian Knight Álvarez en Nacionales
 
 

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Dar amparo a la esperanza

El desconocimiento de qué medios e instituciones velan por el bienestar familiar, junto a la subvaloración del maltrato a la mujer, atentan contra la erradicación de este fenómeno, del que BOHEMIA habló con tres víctimas
Dar amparo a la esperanza.

En el transcurso de su segundo embarazo, Heidy durmió en el descanso de la escalera, pues su primo le negaba la entrada al apartamento donde se había criado.

Por LILIAN KNIGHT ÁLVAREZ

Fotos: CLAUDIA RODRÍGUEZ HERRERA

Negación

Heidy Ruiz González tiene 24 años, nació en el municipio de Arroyo Naranjo, donde vivió con su mamá y su hermana hasta que tuvo cuatro meses de nacida. Por razones que prefirió no contar, desde pequeña estuvo bajo el cuidado de su bisabuela. También convivía con su primo, quien nunca la aceptó, celoso de la atención preferencial que tenía la bisabuela con Heidy, por ser la más chiquita.

Su primo ejerció violencia física sobre ella y la bisabuela, desde que Heidy tenía 16 años. La joven atestiguó que les daba golpes y llegó a amenazarla a ella con tirarla desde el quinto piso del edificio donde vivían, en Alamar. También las amedrentaba, maltratándolas psicológica y económicamente, al interrumpirles el fluido eléctrico de la casa para que no pudieran cocinarse, desinstalarles los bombillos del baño o negarles la ayuda para comprar comida. “Él comía delante de nosotras y nosotras sin comer. A veces le daba un plato a mi bisabuela, ella lo compartía conmigo y él le daba golpes por eso”, rememora Heidy.

Tras la muerte de la bisabuela, la relación con su primo se volvió insostenible. Heidy y su hija pequeña se fueron a vivir con su mamá y su hermana a Arroyo Naranjo, pese a que tenían dirección y recibían la canasta básica por donde habían residido hasta entonces. Pasado un tiempo, esta casa en donde se había albergado Heidy se derrumbó.

Al regresar a Alamar encontró cerrado el apartamento, su primo estaba en prisión por agresión con arma blanca y desde allí le negó la entrada, como siguió haciendo al salir de la cárcel.

Entonces Heidy estaba embarazada de su segundo hijo. Comía en casa de una vecina y dormía en el descanso de la escalera del apartamento. “Mi primo todos los días se iba para el trabajo, me veía con la barriga durmiendo en el piso, me pasaba por encima y seguía de largo. A veces me dejaba el pan y se iba”.

Su vecina Yusmila González Hernández, confirma el ir y venir de Heidy a la Policía, la Vivienda y la Fiscalía municipal. También atestiguó la preclampsia que sufrió durante los últimos meses de embarazo, que la llevaron a ingresar al materno para control de su presión arterial. Yusmila y su suegra llamaron a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), donde enseguida les preguntaron por qué no la habían llevado antes.

Con la asesoría de Belkis Martínez Montesino, activista de la FMC en La Habana del Este, el caso transitó, una vez más, por la Fiscalía, el Poder Popular y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y tras un careo y la presentación de los documentos necesarios se dictaminó el derecho de convivencia. Según refiere Belkis, el proceso aún no termina, ni terminará hasta que se garanticen la seguridad de la interesada y todos los derechos que implica la coexistencia.

La fiscal Raquel Rodríguez asegura que es función de la Fiscalía velar por la legalidad en el proceso penal y por el buen funcionamiento de los organismos que en este intervienen.

En diálogo con Raquel Rodríguez Fraga, fiscal jefa de la Dirección de Atención a los Ciudadanos, de la Fiscalía General de la República (FGR), salió a relucir, en primer lugar, el desconocimiento, por parte de la población, de los medios legales e instituciones para proteger a las víctimas de violencia.

“Muchas veces atendemos conflictos legales que vienen acompañados de episodios de violencia que la víctima no declaró porque le parecieron irrelevantes o porque no sabía que también la podíamos ayudar en ese aspecto. Es indispensable que las personas sepan que tienen lugares a los que acudir”, subrayó la fiscal.

“En la FGR disponemos de múltiples vías para la atención, protección y ayuda a la población, entre las que están el correo electrónico, el correo postal, la atención personalizada en las oficinas de todas las provincias del país, el portal interactivo de la Fiscalía y su sección El Ciudadano, y la línea telefónica directa.

“De igual forma, la PNR y la FMC, con los que colaboramos constantemente, poseen estructuras para la recepción de las denuncias de estos casos. Generalmente, las quejas recibidas de mujeres maltratadas están en función de la protección de sus hijos o de ellas mismas, tanto en la casa como en ambientes laborales, agregó.”

Manipulación

Espera sentada en una de las butacas de la Casa Nacional de Orientación a la Mujer y la Familia. Ni su timidez, ni lo delgado de su figura, revelan los tormentos que atraviesa. Esta otra víctima de maltrato no quiso revelar su identidad y, tras abordar sus motivos, confesó, en medio del llanto, temer el empeoramiento de su situación.

Sufre en su hogar la violencia psicológica, la cual no siempre es tan evidente o considerada de gravedad. Sin embargo, le ha dejado huellas peores que las que puede causar un golpe, declaró.

Dar amparo a la esperanza.

Las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia son fundamentales para la atención y protección de las víctimas de violencia.

Como la mayoría de las víctimas de esa clase de abuso, se mostró desprotegida, amenazada, acosada. Llegó a la sede de la FMC en Plaza de la Revolución sin esperanzas de solución para sus penas.

Tras hora y media de conversación, brota la historia de esta mujer, a quien el cuidado prodigado por los padres, ya fallecidos, le ha dejado una marca de bondad, pero también una extrema sensibilidad.

Todo inició cuando su sobrino, residente en Estados Unidos, decidió regresar. Siempre mantuvieron buenas relaciones, mientras él estaba allá, e incluso ella era de las pocas en escribirle y enviarle sus medicamentos.

Al repatriarse él, y no asimilarlo ni su padre, ni su hija, ni sus tías maternas, ella asumió el compromiso de acogida y responsabilidad que requiere Inmigración para aprobar el retorno. Luego, no pudo variar el contenido de ese acuerdo, que nunca imaginó sería una “cadena perpetua”.

Durante los trámites, su sobrino trabajó, la ayudaba con su padre enfermo y aportaba económicamente a la casa. Hasta que la repatriación se hizo efectiva. Desde entonces, no solo dejó de trabajar, sino que empezó con los maltratos psicológicos: ofensas, subvaloración, robo de pequeñas posesiones, desconsideración del esfuerzo de la tía.

Maritza Marquetti Zayas, secretaria de la Casa de Orientación, asegura que lo más importante en estos casos es escuchar, orientar y derivar a las mujeres hacia los servicios idóneos para suministrarles la atención e información necesarias.

La representante de la Fiscalía General, Raquel Rodríguez Fraga, explica que muchas veces bajo conflictos legales subyacen episodios de violencia que los fiscales deben ser capaces de identificar. Para ello se apoyan en psicólogos que participan en el intercambio, pero también es fundamental que las personas expongan todos los hechos de los que son víctimas.

Informa además que se ha creado una nueva Dirección de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, encargada de atender los casos de violencia doméstica.

 

Cuidado y asesoría inmediata

La línea directa con la Fiscalía General de la República (FGR) funciona las 24 horas por el número telefónico 080212345. En horario laboral es atendida por las oficinas provinciales en todo el país y el resto del día comunica directamente con la FGR.

Confidencial y anónima, esta vía ayuda a identificar segmentos vulnerables de la población, propensos a sufrir maltrato, como son los niños, las mujeres, los ancianos y los impedidos físicos o mentales.

Los comunicadores de la línea directa recepcionan las denuncias y quejas, y orientan en los procesos legales. Si el problema es ajeno a la institución, derivan el caso a las entidades correspondientes.

 

Terror

Dar amparo a la esperanza.

Odalys ha sufrido durante años no solo el maltrato de su esposo, sino también la subestimación del problema, catalogado como conflicto doméstico.

Odalys Rondón Avilés recién llegaba a la Casa de Orientación de Plaza de la Revolución. Sus lágrimas revelaban su sentimiento de impotencia

Original de Holguín, Odalys contrajo matrimonio y tuvo dos hijos, allá en su provincia. Vivía en una casa construida por ella y su padre, detrás de la de sus suegros. Y aunque desde entonces su esposo ejercía violencia sobre ella y sus niños, la mediación de su suegra aminoraba el abuso.

Su hermana le dejó una casa en La Habana, para donde vino a vivir con su marido y los dos hijos. Estaba nuevamente embarazada, pero él no quería al bebé y la violó, le pegó y la amenazó, para que abortara.

Decidida a tener su niña, Odalys volvió a Holguín, a solicitar la intervención de sus familiares; pero regresó con el marido, tras la promesa de este de que iba a cambiar.

Contrario a lo prometido, volvieron los golpes, maltratos sexuales, y si alguno de los hijos intervenía también era amedrentado. Odalys y su hija mayor presentaron una denuncia en la unidad de la Policía de la calle Zapata, en el Vedado. Después de que su esposo pasó 11 días de prisión y se comprometió ante la autoridad pública a regresar a Holguín, ellas levantaron la acusación.

Pero una vez más la promesa fue pisoteada y toda nueva denuncia ante la PNR fue desestimada, al considerar esta que se trataba de conflicto doméstico.

Luego de que a su esposo le fuera diagnosticada una cirrosis hepática, las amenazas de muerte de él contra Odalys se incrementaron, hasta que ella salió de la casa por temor a que finalmente las llevara a cabo.

En esas circunstancias él le planteó el divorcio presentando como motivo hechos falsos. Exigió la custodia de los tres hijos y se quedó con la casa de Odalys, pues, según el testimonio de esta, de no aceptar corrían peligro de muerte ella y sus niños.

Odalys Rondón Avilés también transitó por el delegado, el consejo de vecinos, bufetes colectivos, la PNR, Fiscalía, oficinas de atención a la ciudadanía, hasta llegar a la FMC, asustada, con la esperanza de que su situación se resuelva.

Sobre la función y el trabajo de la PNR en casos como este, BOHEMIA intentó informarse en la Dirección Provincial de la Policía, pero su solicitud no fue respondida.

Míriam Beltrán García, coordinadora de la Casa de Orientación, explica que las denuncias allí se reciben, se confirman, valoran y clasifican para determinar qué expertos deben intervenir. Luego de comprobar los hechos, se debate con las partes en conflicto.

Dar amparo a la esperanza.

El maltrato psicológico que sufre la segunda víctima quizá sea más penetrante que los ataques físicos, porque socava eficazmente su seguridad y confianza en sí misma.

“Velar por la legalidad en el proceso penal y por el buen funcionamiento de los organismos que intervienen, es responsabilidad de la Fiscalía. Pero a todos nos queda por avanzar en la preparación del personal que recibe los casos, tanto en la comunidad y en las instituciones, como en el proceso penal”, señala Raquel Rodríguez.

Con ese propósito se promueven talleres de preparación e intercambio con el Centro de Estudios de la Mujer, la PNR, Educación, Seguridad Social, la FMC, a fin de integrar a todas las entidades en la solución de los conflictos, agrega la fiscal.

Mayda Brito, miembro del secretariado Provincial de la FMC, expresa mientras tanto que, de acuerdo con la complejidad del asunto, esa organización acompaña a la víctima en el proceso, y prioriza la preparación de la familia, la comunidad, las instituciones y los activistas, no solo para la solución de un caso, sino también para el trabajo preventivo.

Pero, más allá de la protección que puedan brindar separadamente organizaciones como estas, las instituciones del país deben integrarse y perfeccionarse, a fin de proporcionar a las víctimas el tratamiento requerido.

Cuba, desde 1959, validó políticas que garantizaron la emancipación femenina; pero estas, por sí solas, no modifican la cultura patriarcal imperante. Es imprescindible llevar a todos el conocimiento de cómo actuar ante estos casos o, mejor aún, con la participación de la sociedad en su conjunto, transformar la mentalidad de quienes aplican estas prácticas abusivas.


Lilian Knight Álvarez