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Publicado el 26 Abril, 2019 por Giovanni Martinez en Nacionales
 
 

La vivienda: una prioridad de nuestro Gobierno

La aprobación de los acuerdos 8574 y 8575 del Consejo de Ministros, implementan la política de ordenamiento y legalización de los núcleos habitacionales, así como su traspaso
La vivienda: una prioridad de nuestro Gobierno.

El 76 por ciento de las viviendas cubanas se localizan en asentamientos urbanos. (Foto: ANARAY LORENZO COLLAZO).

Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Con el objetivo de satisfacer una parte de las necesidades de nuestra población en materia de vivienda, el Ministerio de la Construcción trabaja en un adecuado ordenamiento legal, y para ello, se han puesto en vigencia las nuevas normas jurídicas que ya circulan en La Gaceta de Cuba número 33.

Con la presencia del viceministro de la Construcción, Manuel Carbajo, y el director de asuntos legales, Santiago Herrera, se dieron a conocer en conferencia de prensa los objetivos fundamentales de estos decretos, en los que destacan la flexibilización de la transferencia de las propiedades de ocupantes de viviendas estatales declarados arrendatarios y usufructuarios, así como la legalización de viviendas terminadas o en ejecución por el Estado y por la población.

En el encuentro se destacó que estas medidas contribuyen a la solución habitacional para más de 230 000 familias y al mejoramiento del fondo en correspondencia con los Lineamientos 230, 233, 234 y 235 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021.

El Ordenamiento y Legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales, con una durabilidad de 6 años a partir de su entrada en vigor, priorizará a discapacitados, embarazadas y adultos mayores y será válido tanto para las viviendas ubicadas en zonas urbanas como rurales. En los casos de los inmuebles localizados en tierras agropecuarias y forestales, se requerirá de un criterio adicional del Ministerio de la Agricultura.

En cambio, aquellos que construyeron ilegalmente y violan las regulaciones urbanísticas y territoriales, no podrán ser legalizados.

La vivienda: una prioridad de nuestro Gobierno.

Las normas jurídicas que ya circulan en la Gaceta Oficial, entre otras medidas, contribuyen a la solución habitacional para más de 230 000 familias y al mejoramiento del fondo. (Foto: granma.cu).

Los directivos precisaron que accederán a ser dueños de un hogar –siempre que cumplan las regulaciones territoriales y urbanísticas y normas de construcción– los arrendatarios permanentes de viviendas del fondo estatal, los usufructuarios y ocupantes de cuartos, habitaciones o accesorias convertidas en viviendas adecuadas o que puedan serlo, así como quienes habiten las viviendas y locales terminados o en ejecución por el Estado o la población.

Para llevar a cabo el trámite, el arrendatario debe hacer una solicitud a Vivienda, donde se determinará el estado técnico de su hogar. Si es adecuado, puede solicitarse además un dictamen técnico de Planificación Física si se considera necesario, de lo contrario se hará entrega inmediata del título de propietario.

En caso de que no sea adecuado, la Dirección Municipal dictará una resolución con su estado actual y el derecho a convertir la vivienda en adecuada, lo que significa que la persona va a ser dueña y como tal, accede al permiso del proceso constructivo con sus propios esfuerzos.

Por otra parte, los individuos que serán beneficiados con la propiedad y poseen la vivienda en arrendamiento, se les reconocerá como precio legal de adquisición el establecido hoy; pero se les sumará todo el monto que han pagado como arrendatarios, lo cual se tendrá en cuenta para el pago final. Por tanto, los que lleven tiempo suficiente no tendrán que pagar.

En el caso de los ciudadanos sentenciados por los decretos 232: drogas, prostitución, proxenetismos y otros delitos vinculados; y el 149: enriquecimiento ilícito, a quienes se les ha confiscado la casa, no tendrán derecho a legalizar. Tampoco los que habitan inmuebles categorizados como vinculados y medios básicos.

Lo cierto es que esta legalización permitirá a los ocupantes o beneficiados acceder a la documentación, vías de financiamiento y consiguiente acceso a la solución habitacional, y satisface, asimismo, las aspiraciones de decenas de miles de núcleos familiares, a la vez que respeta la visión flexibilizadora en torno a la vivienda y el urbanismo, mientras enfrenta lo que no es legalizable.

Del mismo modo que el Estado cubano entrega inmuebles de su fondo a las personas que los ocupan en función de la solución de problemas habitacionales, cuando es posible acometerlo por esfuerzo propio, ahora concreta el anhelo de la población en lo referente a la obtención de la legalidad sobre el bien edificado.


Giovanni Martinez

 
Giovanni Martinez