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Publicado el 13 Abril, 2019 por Heriberto Rosabal en Nacionales
 
 

Tiendas de venta de materiales de la construcción en la mirilla de los diputados

Financiarán 50 por ciento del material de construcción para los damnificados.

Imagen ilustrativa: Bohemia.cu

Heriberto Rosabal

Las comisiones de Asuntos Económicos, Atención a los servicios e Industria, y Construcciones y Energía, analizaron en sesión conjunta los resultados de la fiscalización realizada por miembros de esas formaciones, funcionarios y estudiantes universitarios a las tiendas que venden materiales de construcción subsidiados a personas de bajos ingresos, para construir y reparar viviendas.

Trámites lentos y engorrosos, violación del plazo de otorgamiento del subsidio, dictámenes técnicos deficientes, violaciones de proyectos, descontrol en la planificación y ejecución; falta de abastecimiento, y de coordinación e integración entre organismos responsables; maltrato, entre otras fallas, hallaron los diputados en el ejercicio, el cual concluyó que en la mayoría de los municipios del país se incumple el Acuerdo 8093 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, que norma esos subsidios.

En virtud de ese acuerdo han sido otorgados, desde 2012, subsidios por más de 5 500 millones de pesos a más de 139 000 familias. Aunque, informó el ministro de la Construcción, René Villafaña, más de 1 300 millones de pesos no resultan todavía en casas terminadas y de las pendientes muchas llevan más de dos años en ejecución.

Para mejorar ese panorama, se propone informatizar la venta de materiales de construcción; asegurar evaluaciones socio económicas y técnico constructivas correctas, antes de otorgar el subsidio; recurrir a la participación de estudiantes universitarios y, sobre todo, de los delegados de circunscripción del Poder Popular. Además, reducir trámites; informar mejor a los interesados, capacitar bien a directivos, funcionarios y técnicos; mejorar las condiciones de las tiendas, y orientar y atender directamente a los subsidiados.

El presidente Miguel Díaz-Canel, presente en el análisis, criticó que los problemas detectados por la fiscalización no fueran vistos antes por los organismos responsables; ni discutidos en las rendiciones de cuenta de los delegados, y asambleas municipales y provinciales del Poder Popular; que se conviva con todo eso, asociado a corrupción e ilegalidades.

Hay que visitar a cada subsidiado por lo menos una vez al mes, dijo y añadió que en el aseguramiento político de este, como de todo proceso, hay que comunicar, argumentar, prever y convocar a organizaciones políticas e instituciones, estudiantes, trabajadores por cuenta propia… organizar, capacitar.

También convocó a romper trabas burocráticas; informatizar, enfrentar la corrupción, contactar con la base y mostrar sensibilidad revolucionaria; sistematizar la gestión administrativa y empresarial. No se trata solo de subsidios y subsidiados –dijo-, sino del programa social más sensible que tiene Cuba hoy, resumido en la política para la vivienda, que no podrá cumplirse bien sin resolver lo señalado por los diputados en esta verificación.

Dineros que cuidar

En un informe a la Comisión de Asuntos Económicos sobre el tratamiento a los aspectos más relevantes del Presupuesto del Estado, Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, señaló que la situación actual exige mayor control de dicho instrumento, que este año debe ingresar más de 60 000 millones de pesos (4% de crecimiento respecto al año anterior).

La contracción del comercio minorista iniciando el año afectó la recaudación y se requieren alternativas, como el aprovechamiento de inventarios, para mejorar los servicios a la población; identificar reservas y ser más racionales en los gastos; fortalecer la disciplina fiscal (los tributos representan el 74% de los ingresos) y el control popular; perfeccionar la planificación y ejecución de los presupuestos locales, y hacer mejor uso de la contribución territorial, con énfasis en inversiones que generen desarrollo.

La ministra enfatizó en la cadena de impagos, es decir, las cuentas por cobrar y por pagar vencidas, que de enero a febrero del corriente habían aumentado en 5,1% y alcanzaban los 1 927 millones de pesos, con gran incidencia de empresas de subordinación local, básicamente comercio y gastronomía, como deudoras. Como causas están los incumplimientos de contratos, descontroles financieros, deficiente gestión… que favorecen la corrupción, el delito.

La descapitalización y la falta de liquidez en empresas, que deriven de esas circunstancias, del robo y el descontrol, no serán financiadas por el Presupuesto, afirmó la titular de Finanzas y Precios, quien abogó por menos reuniones y más control en la base.

Otro tema valorado en la misma comisión fue el de la evasión fiscal en el sector no estatal, acerca del cual expuso Mariblanca Ortega, jefa de la Oficina Nacional Tributaria, quien informó acerca de un amplio plan de acciones, aprobado por el Gobierno a fines de 2018, para afrontar tal problema. Este incluye medidas hacia los contribuyentes, de comunicación, de formación de cultura y legales, e internas, de formación, capacitación y mejoramiento de condiciones de trabajo, entre otras.

El aporte de las formas no estatales de gestión al Presupuesto del Estado este año aumentará un 16% respecto a 2018 y representará un 13% de los ingresos totales, según lo previsto.

Los diputados respaldaron particularmente la demanda de reforzar el control y de ir a la base, donde están los problemas, para resolverlos.


Heriberto Rosabal

 
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