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Publicado el 10 Abril, 2019 por Redacción Digital en Nacionales
 
 

EDITORIAL

Vocación de ley y de continuidad

Collage Guáimaro y caricatura actual Constitución

Hacer cumplir la nueva Constitución aprobada por amplia mayoría popular el pasado 24 de febrero, es el reto al que se abre el país luego de la proclamación de esa Ley de leyes este 10 de abril. La fecha escogida, más que simbólica, significa continuar por el camino de independencia y justicia social trazado en el proyecto de nación que surgió ese mismo día 150 años atrás, cuando la Asamblea de Guáimaro aprobó la primera Constitución cubana, a pocos meses de iniciada la contienda mambisa.

Aquellos patriotas, deseosos de expresar su vocación ética, jurídica, no tardaron en proponerse un texto que validara los propósitos libertarios que los llevó al campo de batalla. Representó un gran esfuerzo, como lo calificara Fidel, el hecho de dotar a la República emergente, en plena manigua y en medio de una guerra, de sus instituciones y sus leyes, en las que reflejaron la influencia de la mejor tradición filosófica de su época.

Para Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte y otros, también juristas, el tema del Derecho era pieza fundamental en su lucha, y fue crucial para encaminar la independencia nacional y la salvaguarda de los intereses de los pobres. Precisamente por esa vocación, años después, toda una generación se levantó indignada contra el golpe de Estado perpetrado por Batista, que mancillaba el orden constitucional y dejaba atrás las garantías que la Constitución de 1940 ofreciera al pueblo.

La defensa por conquistar los derechos pisoteados se convirtió en el centro del pensamiento y la acción de esos jóvenes, que luego del triunfo revolucionario tampoco tardaron en establecer un ordenamiento jurídico. Lo que se conoce en la historia como la Ley Fundamental de 1959 fue promulgada el 7 de febrero de ese año y permaneció vigente hasta la aprobación en referendo popular de la Constitución Socialista de 1976.

En ese camino, y tras el debate de la nueva Carta Magna, cuyo texto es resultado de un ejercicio democrático consciente, enfocado en construir un futuro mejor entre todos y para todos, toca hacer aplicables sus presupuestos, lo cual requiere a partir de ahora de un colosal esfuerzo legislativo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que incluye la participación de diversos especialistas y del pueblo.

Se ha reconocido que el texto aprobado en sintonía con la Cuba de hoy es moderno, amplio, inclusivo. Pero su validez solo es posible con el ordenamiento jurídico que lo sustente, articulado con la realidad del país, y –lo más importante– que sea cumplido por las personas y las instituciones.

De ahí que los parlamentarios que asumieron funciones el pasado año, deberán laborar con intensidad en un cronograma de trabajo previsto para aprobar unas 50 leyes, única forma de hacer válidas las aspiraciones colectivas plasmadas en el texto constitucional.

Para iniciar el actual ciclo legislativo se ha escogido la Ley de los Símbolos Nacionales, indispensable para normar el uso de la bandera, el escudo y el himno, sustentos raigales de Cuba. Los sentimientos de admiración y respeto que deben despertar –actitudes que van más allá de esa legislación, vital en épocas de luchas también simbólicas– llevan a reflexionar sobre lo que esa ley y otras contienen. Como serán sometidas a consulta, continuará siendo decisiva la voz del pueblo.

Ampliar la participación ciudadana en el diálogo que enriquecerá las leyes es tan trascendental hoy como su defensa y su acatamiento. En un Estado socialista de derecho como el cubano, condición que aparece validada en la nueva Constitución, es necesario que el ordenamiento jurídico funcione como guía ineludible. Enrumbar por ese camino y rectificar aquí y allá lo que no anda bien dependerá entonces del consenso, con el que ha contado siempre el proyecto político y social de la Revolución, basado en su vocación de ley.


Redacción Digital

 
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