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Publicado el 27 Enero, 2020 por Redacción Digital en Nacionales
 
 

Editorial. Juntar voluntades y echar a andar

Pintura Martí/ Foto: sinpermiso.info

A lograr que el ejercicio de gobierno sea cada vez más eficaz y rinda los frutos que los ciudadanos necesitan, apuntan las transformaciones que tienen lugar en el país, a partir de lo pautado en la Constitución, enriquecida y respaldada por la mayoría del pueblo.

El espíritu fundador que deberá nacer de su texto en la medida en que se avance en la reorganización del país, y se consoliden formas de pensar y de hacer, lleva consigo el desafío de articular las nuevas piezas incorporadas al tejido social y echar a andar sus engranajes, que siempre tendrán como objetivo y como fin la defensa de los derechos y las garantías de los ciudadanos.

La institucionalidad que el país requiere, haciendo valer lo trazado en la letra de la Carta Magna, ha tenido especial impulso en estos meses. Paso a paso se han seguido sus disposiciones transitorias, una de las primeras fue acomodar las funciones de la nueva estructura estatal y gubernamental.

Tras la elección por la Asamblea Nacional de los altos cargos de la dirección del país en octubre pasado, ese órgano aprobó en diciembre las leyes que regulan sus atribuciones, así como las del jefe de Gobierno (primer ministro) y los restantes cargos del Consejo de Ministros, elegidos también en esa sesión del máximo órgano de poder estatal.

Enero fue señalado para que los delegados de circunscripción (asambleas municipales del Poder Popular) eligieran a los gobernadores y vicegobernadores provinciales, quienes dirigirán el consejo de Gobierno a ese nivel y asumirán la rienda ejecutiva y administrativa de cada territorio.

La Constitución reconoce entre las funciones del Consejo de Gobierno provincial, pronunciarse sobre “decisiones de los órganos competentes que afectan los intereses de la comunidad o considere extralimitan la facultad de quien las adoptó” y “analizar periódicamente la atención brindada por las entidades radicadas en su territorio a los planteamientos de los electores y las quejas y peticiones de la población”.

De modo que, al cesar las asambleas provinciales, cuya labor durante más de cuatro décadas fue reconocida, se abre el camino para reforzar el quehacer de las asambleas municipales y de los consejos populares, órganos en los que son protagonistas los delegados, cuyo buen desempeño es vital pues ellos son el corazón del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Como definió Fidel, principal inspirador del sistema del Poder Popular, puesto en práctica a modo de ensayo en Matanzas hace 45 años, y generalizado a todo el país en 1976, el delegado es una autoridad no una instancia administrativa, es el controlador, el fiscalizador, con el poder y la fuerza que le otorga ser representante del pueblo, el cual debe sumarse, participar, influir para transformar los problemas.

De ahí que la voluntad expresada en la Ley de Leyes sea favorecer cada vez más y mejor la toma de decisiones contando con las opiniones del pueblo, y no solo para aprobar las normas legales y la propia Carta Magna, cuya amplitud sorprendió a muchos en el mundo. Se trata de que deben fomentarse los resortes para ampliar la participación popular, y que los actores sociales implicados en cada solución necesaria al barrio, al municipio, a la provincia vayan más allá y se conviertan en protagonistas.

La inteligencia colectiva que ha dado tantos frutos a Cuba, en su avance, en la reafirmación de su vocación humanista, en su perfeccionamiento como sociedad, sabrá encaminarse para tomar el pulso a la realidad, vencer obstáculos y aprovechar las oportunidades del legado histórico que atesora.

Apostar a seguir perfeccionando el poder popular quiere decir atemperarse a las circunstancias. Urge dinamizar el trabajo y la capacidad de respuesta a los ciudadanos, lo que supone desterrar indiferencias y desidias.

La aspiración es que siga siendo el pueblo quien defienda y haga valer lo que en materia de derechos de las personas se ha reforzado en la nueva Constitución, para alcanzar la plena justicia social, con una visión inclusiva, que encamine la marcha al futuro, sabiendo que es ahora más dueño de sus derechos, de sus deberes y de sus garantías. Toca juntar todas las piezas, todas las voluntades para propiciar el bienestar común y echar a andar.


Redacción Digital

 
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