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Publicado el 1 Diciembre, 2020 por Redacción Digital en Nacionales
 
 

EDITORIAL: La institucionalidad que Cuba necesita

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La institucionalidad que Cuba necesita

Constitución, institucionalidad/ Caricuaturas de Osval

Al seguir los derroteros trazados en la Constitución de la República –aprobada en febrero en las urnas en referendo popular, y proclamada en abril de 2019– los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular allanan el camino para lograr la institucionalidad que Cuba requiere, a la vez que garantice la defensa de los derechos de sus ciudadanos.

En las disposiciones transitorias incluidas en la propia Carta Magna se establecieron los bien pensados pasos que debían darse, en orden de jerarquía y en plazos específicos, en aras de garantizar el cumplimiento de su articulado.

De ahí que los diputados aprobaron en diciembre pasado un cronograma legislativo, que pese al azote de la pandemia ha seguido su curso, a la par que enfrentan el desafío de hacer cumplir lo legislado hasta ahora para que las leyes sean letra viva, como exhortó en el Parlamento, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Ese programa incluye leyes vigentes, que requieren modificaciones, y otras totalmente nuevas, incluso sin precedentes, partiendo de una proyección estratégica nacional y de las transformaciones que necesita el país, además de las convenciones internacionales de las que Cuba es parte.

Esas normativas son fruto de una construcción colectiva, de un ejercicio de democracia, que no solo tuvo en cuenta las ideas fundamentales formuladas por los expertos cuando eran apenas proyectos de leyes, sino numerosas opiniones, sugerencias y propuestas de los diputados en constante consulta.

No menos importantes han sido los aportes de los ciudadanos, cada vez más activos en el sitio web del Parlamento, donde se han publicado los textos; y mediante el correo electrónico habilitado también han vertido sus apreciaciones.

Tal práctica, cuyo mejor antecedente fue la masiva consulta popular que robusteció con la savia colectiva el texto constitucional, ha seguido utilizándose para, junto al pueblo, construir el consenso en torno al entramado jurídico actualizado y necesario al país.

De la Carta Magna se desprendieron 107 normas. De estas, 39 leyes y 31 decretos-leyes fueron programados para la actual Legislatura de la Asamblea, y para la próxima quedarán 24 leyes y 13 decretos-leyes, aunque la realidad dirá si se debe adelantar alguna.

Hasta la pasada sesión de octubre, realizada pese a la situación sanitaria del país –por primera vez se efectuó con parte de sus integrantes de modo virtual–, se han aprobado las leyes relacionadas con el funcionamiento de los órganos de dirección del Estado en la alta dirección del país y en los territorios.

Son textos cardinales, que con rango de ley resultan vitales para ordenar mejor el funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, los gobiernos locales y los consejos populares. Asimismo, se aprobaron las leyes que determinan las atribuciones del presidente y vicepresidente de la República y el Consejo de Ministros, además de la que establece cómo revocar de sus puestos a todos esos elegidos.

Las normas aprobadas contienen una novedosa interpretación de la Ley de Leyes, y más novedosos aún son sus conceptos de fiscalización y control, de las rendiciones de cuenta de todos los elegidos, de las posibilidades de los ciudadanos de establecer peticiones ante sus órganos de Gobierno, lo cual sienta las bases para promover de modo más efectivo su participación en las decisiones.

Las leyes sancionadas, por la envergadura de los asuntos que regulan y la apertura para la toma de decisiones, invitan a ser estudiadas con profundidad porque de conocerlas bien nacerá el espíritu fundador de sus nuevos engranajes.

Para garantizar el cumplimiento de su articulado y pueda enrumbarse el fortalecimiento de la institucionalidad, que incluye el respeto a las normas y la disciplina social, no todo acabará en el importante paso de la aprobación de las leyes por el Parlamento.

Será necesaria su adecuada asimilación por las autoridades, por las instituciones y por el pueblo, a sabiendas de su autenticidad, su sentido democrático, y que respaldan la historia de luchas de más de 60 años de Revolución.

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Redacción Digital

 
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