2
Publicado el 28 Octubre, 2021 por Liset García Rodríguez en Nacionales
 
 

No basta con hacer leyes, hay que aplicarlas bien

Este jueves el Parlamento dará luz verde a normas jurídicas que regulan la actividad judicial en el país, ejercicio que ha tomado meses de preparación, que ha dado lugar a una verdadera reforma procesal
Compartir

No basta con hacer leyes, hay que aplicarlas bien

Por LISET GARCÍA

El ajetreo de la Asamblea Nacional del Poder Popular prosigue este jueves en una segunda jornada que tendrá como parte de su agenda la aprobación de cuatro nuevas leyes relacionadas con el ámbito judicial.

Ampliamente debatidas por los parlamentarios en diversos espacios de diálogo en que se ha enriquecido su letra, en esta sesión ordinaria recibirán el visto bueno final y según se propone deberán entrar en vigor al iniciar 2021.

Al decir de varios expertos en estas materias se trata de nuevas normas que no solo actualizan los contenidos de las que están vigentes, sino que constituyen una amplia reforma judicial y procesal.

Yumil Rodríguez Fernández, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, fundamenta esta consideración cuando dice que estas leyes, vistas en su conjunto por primera vez, abordan el ámbito judicial con postulados nunca antes vistos en la legislación cubana.

“Desde el punto de vista organizativo y funcional se desarrollaron conceptos a los que la Constitución le concedió una especial connotación en cuanto al acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, con plenas garantías para los derechos de las personas”.

Yumil Rodríguez, quien formó parte del equipo redactor de la Constitución, agrega que a partir de estas normas se hace posible crear estructuras nuevas, como el pleno de los magistrados, que es un órgano que agrupa a todos los jueces del Tribunal Supremo Popular y de los que actúan en el nivel provincial.

También, se rescatan las salas de garantías constitucionales, estructura que había dejado de existir, y ahora aparece para hacer valer el espíritu del artículo 99 de la Constitución, que ampara a los ciudadanos a quienes se les vulneren sus derechos y ocasionen daños por parte de órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, por acciones u omisiones indebidas de sus funciones.

El experto añade que la Ley de Tribunales refuerza el principio de independencia de los jueces, quienes deben obediencia solo a las leyes y la Constitución. También se reconoce de forma explícita la imparcialidad, la gratuidad de la justicia y la oralidad de los juicios para todas las materias. Explica que el juicio oral en Cuba está bien sedimentado en el área penal, y no en el resto, muchos de los cuales discurren a nivel de escritos entre las partes.

“Ahora aparecen en una sola ley los procedimientos para resolver las reclamaciones en materias civil, familiar, mercantil, del trabajo y la seguridad social. Estos dos últimos términos sustituyen la denominación de ‘lo laboral’ en la ley vigente; asimismo se cambió de ‘lo económico’ por mercantil.

“Y se hizo una norma independiente para el procedimiento administrativo por la trascendencia que se le ha dado a esos procesos. Esa materia estaba incluida en la Ley de procedimiento civil, que ahora se deroga. Y ha habido una sala en el tribunal de ‘lo civil y administrativo’, que ahora se separan”.

Rodríguez Fernández comenta que cuando se redactaba la Constitución se previeron ajustes y adecuaciones en muchas de las leyes vigentes. Pero, cuando se fue viendo una por una, la realidad arrojó que había que ir más allá y se llegó a una verdadera reforma procesal.

-¿Uno de los desafíos a la vista es la preparación de los jueces?

-Hace falta una buena preparación de todos los operadores de la justicia: jueces, abogados, fiscales. Incluso de la población, cuyos derechos se han reforzado con mayores garantías. Y si no conocen cómo reclamar, a qué puerta tocar, nos quedamos en las mismas de antes”.

“Se había pensado prolongar la puesta en vigor de estas leyes por lo menos seis meses, para dar tiempo a la preparación. Pero ahora se pondrán en vigor en enero próximo porque al aplazarse su aprobación dada la situación de pandemia, se ha contado con un lapso mayor que no solo permitió enriquecer el articulado, sino ampliar las consultas a un número mayor de juristas, que pudieron revisar los textos que desde hace meses se publicaron en los sitios web de la Asamblea y del Tribunal Supremo.

“Como se han venido preparando, se supone que son de su dominio. Aunque sabemos que su adecuada aplicación depende del mejor manejo que se logre de sus contenidos. Con todo lo nuevo se corre ese riesgo.

“La propia Constitución aprobada hace dos años, todavía hay muchas personas que no la conocen bien. Tampoco se han podido aplicar varias de las normativas que regulan la organización y funcionamiento de todas las estructuras de gobierno. La  situación sanitaria obligó a trabajar en lo urgente y dejar a un lado lo estratégico, y aún no se ha podido regularizar la preparación de las buenas prácticas que deben acompañar su aplicación. Ese proceso vendrá a partir de la nueva normalidad”.

-¿Estas leyes están adelantadas al tiempo que vive Cuba hoy?

-Estas son leyes novedosas, modernas, y están ajustadas a la realidad y los tiempos de hoy. Hay muchos lugares en el mundo que sueñan con leyes de esta naturaleza. Por ejemplo, el acceso a la justicia no siempre es posible y se lucha por poder llegar ante un tribunal. Pero en Cuba ya era un hecho y ahora se consolida y perfecciona más. La propia Constitución definió preceptos avanzados como el del debido proceso para que la justicia llegue a todos”.

-¿Qué pasará ahora con el derecho de las personas a quejarse, a reclamar sus derechos vulnerados?

-Hasta ahora las personas podían quejarse de la falta de atención y solución a sus problemas, pero no a reclamar ante un tribunal. Esto será posible una vez puesta en vigor la ley del proceso administrativo, que es un reto para todos.

“Se abre la posibilidad de que las personas emplacen ante un tribunal si son perjudicados por decisiones indebidas de un funcionario a cualquier nivel. El sistema judicial debe estar bien capacitado para aplicarlo, pero también los funcionarios deben saber que no pueden vulnerar derechos.

“Se supone que el funcionamiento social se encamine mejor sabiendo qué derechos se tienen y a qué puertas se debe tocar frente a cada conflicto. Eso es también un modo de participación en las decisiones. En los tribunales las personas encontrarán el amparo a sus derechos y garantías.

“Se sabe que un buen número de quienes se quejan en las oficinas de atención a la población, tienen razón en lo que reclaman. Ahora pueden ir al tribunal. Esta ley facilita y exige que haya aplicación de la justicia y se ejecuten las sentencias”.

-La Constitución dio paso a un amplio cronograma legislativo, para que no quede en letra muerta, como ha sucedido en otras etapas.

-Como nunca antes estamos asistiendo a un entramado legislativo que ya muestra avances. La Asamblea acordó seguir un cronograma riguroso, amplio, moderno, que es atendido personalmente por el Presidente de la República.

“Ahora tenemos estos cuatro proyectos de leyes que contienen los códigos de procesos, del proceso administrativo, del proceso penal y de los tribunales de justicia. Pero antes se aprobaron las de organización del Gobierno. Y le seguirán otras a partir de lo preceptuado en la Constitución.

“El reto mayor no es hacer las leyes, discutirlas y aprobarlas. Es que se apliquen adecuadamente para respaldar toda la justicia posible”.

Compartir

Liset García Rodríguez

 
Liset García Rodríguez