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Publicado el 9 Abril, 2016 por Lázaro Barredo Medina en Opinión
 
 

Venezuela: Ley de amnistía criminal

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Lázaro Barredo Medina

Lázaro Barredo Medina

Por LÁZARO BARREDO MEDINA

Los reaccionarios opositores de la Asamblea Nacional venezolana están engañando a la comunidad internacional al presentar su ley de amnistía como un proyecto de “reconciliación nacional”, cuando en realidad están promoviendo otro grave conflicto social por el sentido criminal de ofrecer impunidad al conmutar cualquier hecho delictivo que se hubiese cometido con el objetivo de derrocar al Gobierno Bolivariano.

En sus esencias, esta decisión de la derecha perdona un amplio abanico de hechos punibles cometidos desde el 1° de enero de 1999 hasta la entrada en vigor de la ley, relacionados con actividades muy diversas, siempre que se hubiesen cometido por motivación política e impugna el funcionamiento del sistema judicial venezolano desde la llegada de Hugo Chávez al poder.

Lo más sinuoso es que busca legitimarse ante la opinión pública internacional mediante el uso de la retórica propia de la justicia transicional, cuando está demostrado que Venezuela vive una profunda voluntad de arraigo democrático que ha obrado con absoluta transparencia, y cuya mejor demostración ha sido la propia elección de los diputados opositores como mayoría parlamentaria.

Llama la atención en la lectura del texto, que pretenden amnistiar no menos de cincuenta tipos de delitos, entre ellos, los hechos vinculados al golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero de ese mismo año, los delitos relacionados con el terrorismo, las acciones de violencia, la estafa inmobiliaria, el sabotaje eléctrico, el acaparamiento y la especulación de alimentos y medicinas (incluyendo la venta de productos vencidos), el uso de armas de fuego y de explosivos.

Asimismo, serían amnistiables los que cometieron actos violentos contra la integridad de las personas o destrucción de bienes públicos, pasando por la fabricación y porte de armas o artefactos explosivos. Hasta el tráfico de drogas de menor cuantía o el uso de menores en la comisión de delitos, quedan bajo el paraguas de esta ley, siempre que se alegue que se realizaron en manifestaciones o protestas políticas “los hechos presuntamente constitutivos de los delitos de fraude, estafa y usura vinculados a la actividad privada de la construcción de viviendas”, “las omisiones, inexactitudes o incumplimientos vinculados a la obligación de presentar, dentro de un determinado plazo, la declaración jurada de patrimonio”.    Igualmente se perdonan “los delitos de fuga y quebrantamiento de condena”.

Otro hecho cuestionable, por insólito, y que solo se explica por el hecho de que quienes redactaron y aprobaron este texto están dentro de los inculpados, es que los beneficiarios de la legislación no se verán nunca obligados a reconocer los hechos ni a manifestar perdón o arrepentimiento por lo sucedido, como tampoco se verán obligados a indemnizar a las víctimas de sus acciones delictivas.

Según normas de la Organización de Naciones Unidas, la amnistía debe realizarse siempre tras una investigación y aclaración de los hechos acaecidos y debe contar con el acuerdo de las víctimas. Sin su participación en su diseño y aplicación, no son admisibles en la cultura de los derechos humanos.

Recientemente, víctimas y familiares de víctimas de los hechos de violencia ocurridos en los últimos 16 años, así como representantes de 26 organizaciones de derechos humanos en Venezuela, enviaron una carta al presidente Nicolás Maduro para “que no sancione esta Ley que lesiona nuestros derechos fundamentales, y que la remita al Tribunal Supremo de Justicia, para que este se pronuncie sobre su constitucionalidad”.

Igualmente, propusieron crear una Comisión por la Justicia y la Verdad que revise cada uno de los casos de las víctimas para promover sus reparaciones.

Destacados expertos jurídicos han denunciado que con sus decisiones el único objeto que tiene hoy la Asamblea Nacional venezolana no es legislar, no es investigar, no es controlar, no es cooperar con el desarrollo institucional del país y la República, sino fundamentalmente acudir a procedimientos no previstos en la Constitución para desestabilizar a la nación.

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