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Publicado el 13 Mayo, 2016 por Caridad Carro Bello en Opinión
 
 

Precios: otra vuelta de rosca para mejor

Caridad Carrobello

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Por CARIDAD CARROBELLO

El sentir de la mayoría de los cubanos también estuvo reflejado en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba cuando varios delegados plantearon que los precios de los alimentos en venta libre alcanzaban niveles desmedidos. En el cónclave se anunció que se dispondrían acciones para poner coto al problema en la Isla.

A finales de abril, tras una rebaja aplicada a productos en las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) y establecimientos del comercio minorista, fue necesario dirigir entonces la mirada hacia la comercialización agropecuaria.

Las resoluciones 157-C y 162 de 2016 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), a partir del 3 de mayo de este año, establecen precios máximos de venta a la población para más de una veintena de productos seleccionados, entre los cuales se hallan viandas, hortalizas, frutas y granos.

Tanto las rebajas establecidas en las TRD y el comercio minorista, como en una parte de los mercados agrícolas, están encaminadas a aumentar de manera gradual la capacidad de compra del CUP.

En esencia, la regulación para la venta de productos del agro establece escalas máximas de precios según la calidad; tiene en consideración las épocas de cada cultivo, pues cuando los rendimientos son superiores, deben abaratarse las ofertas, y viceversa; y fija márgenes comerciales de hasta un 40 por ciento para otros productos del campo, acopiados por empresas estatales.

Previa consulta con productores, comercializadores y autoridades territoriales, comienzan a aplicar lo dispuesto un total de 515 mercados agropecuarios (ya sean estatales, del Ejército Juvenil del Trabajo, o arrendados por distintas formas productivas agropecuarias), así como 2 387 placitas y puntos de venta de todo el país.

Se exceptúan los mercados agropecuarios de oferta y demanda, además de aquellos que pasaron a ser cooperativas no agropecuarias en La Habana, y los llamados carretilleros que ejercen el trabajo por cuenta propia.

Con ello se pretende evitar el desabastecimiento en estos centros expendedores; además se deja un margen de selección para las personas con mayor nivel adquisitivo, y dispuestas a pagar más por los productos con mejor presentación, calidad y diversidad. Pero nada cierra el camino a que dichas unidades comercializadoras se acojan al cumplimiento de las recientes medidas si así dispusieran los distintos territorios.

Hasta aquí la ley. ¿Pero cómo y quiénes deben garantizar su cumplimiento?

Lo primordial es que la empresa estatal de acopio recoja de manera eficiente la producción contratada. En el país está bajo contrato el 47 por ciento de lo cultivado, aunque en las provincias de Artemisa y Mayabeque este año se pactó la recogida de casi las tres cuartas partes de las cosechas.

Además, en los establecimientos comercializadores debe controlarse de cerca la relación precios-calidad, y evitar el escape de productos desde los mercados agropecuarios estatales hacia los carretilleros y otras formas de venta, un mal que ya peina canas.

Los distintos cuerpos de inspectores, los delegados del Poder Popular y funcionarios de los consejos de la administración -municipales y provinciales-, entre otros, son responsables de garantizar el orden y evitar que los especuladores sigan nutriéndose de la producción y comercialización estatal.

La población, cuando detecte violaciones de lo establecido, podrá acudir a la administración de los mercados regulados o a las autoridades mencionadas.

La nueva vuelta de rosca a la comercialización agrícola, aunque alivia el gasto de los bolsillos, no cubrirá la demanda existente. Como he dicho en otras ocasiones, solo un aumento de la producción agrícola y un mayor acopio estatal surtirán el verdadero efecto regulador de los precios.

 


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