0
Publicado el 26 Octubre, 2016 por Redacción Digital en Opinión
 
 

Bloqueo y dignidad humana (Segunda parte)

ZayasportraitPor: Prof. Dr. Alfred de Zayas*

Mi informe del 2013 a la Asamblea General[1]enfoca los múltiples trabajos de las Naciones Unidas que demuestran la incompatibilidad de las medidas coercitivas unilaterales con el derecho internacional y demandan reparación a las víctimas. Cito algunos elementos desarrollados en el informe:

En abril de 2013, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Navi Pillay, en cumplimiento de la resolución 19/32 del Consejo de Derechos Humanos, organizó un taller sobre la repercusión que tiene la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las poblaciones afectadas de los Estados contra los cuales van dirigidas[2]. Los participantes recordaron la Observación general núm. 8 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que cada vez es más frecuente la imposición de sanciones económicas, tanto a escala internacional como regional y unilateral, y que las sanciones con frecuencia originan perturbaciones en la distribución de suministros alimentarios, farmacéuticos y sanitarios, comprometen la calidad de los alimentos y la disponibilidad de agua potable, perturban gravemente el funcionamiento de los sistemas básicos de salud y educación y socavan el derecho al trabajo[3].

Cabe recordar la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que pide a los Estados que se abstengan de adoptar medidas unilaterales que creen obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados e impidan la realización plena de los derechos de toda persona a un nivel de vida adecuado para su salud y bienestar, incluidas la alimentación y la atención de la salud, la vivienda y los servicios sociales necesarios. Algunos oradores afirmaron que las sanciones a las transferencias de fondos han impedido la importación de alimentos y medicamentos.

El Profesor Marc Bossuyt, entonces Presidente del Tribunal Constitucional de Bélgica, y actualmente miembro del Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial, observó que los regímenes de sanciones debían ser evaluados periódicamente[4]. El entonces Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ariranga Pillay, indicó que algunas medidas coercitivas tenían efectos extraterritoriales que planteaban cuestiones de Derecho Internacional. Los participantes destacaron que las medidas coercitivas unilaterales creaban un régimen de violencia estructural que afecta de forma desproporcionada a las mujeres y a los niños, socavan el Estado de derecho, obstaculizan el derecho a la libre determinación, infringen derechos de soberanía y ponen en peligro la paz, la seguridad y los derechos humanos de la gente corriente.
Numerosos otros expertos de Naciones Unidas han formulado recomendaciones pertinentes sobre la necesidad de terminar las medidas coercitivas unilaterales y dar reparación adecuada a las víctimas.

Entre las numerosas organizaciones internacionales que han condenado el bloqueo, la Unión Interparlamentaria, expresa en el Informe del Secretario General: “La UIP desea expresar su firme apoyo al levantamiento del bloqueo económico contra Cuba y expresar su solidaridad con el pueblo cubano, que sigue sufriendo sus consecuencias.”[5]

La Asamblea General seguirá adoptando resoluciones sobre el bloqueo hasta que la situación sea resuelta de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. El consenso internacional sobre la necesidad de levantar el bloqueo y reparar sus consecuencias no será ignorado para siempre.

Afirmemos pues la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, la fe en el valor de la persona humana y el respeto debido al Derecho Internacional. El bloqueo es un dinosaurio, un modelo caduco de tiempos de la pre-Naciones Unidas. Tenemos fe en que este y otros dinosaurios desaparecerán en un futuro muy cercano.

[1]A/68/284, párrafos 40-44, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/421/26/PDF/N1342126.pdf?OpenElement
[2] Véase A/HRC/24/20
[3]Véase E/C.12/1997/8
[4]Véase J.T. Temperman, “Public Participation in Times of Privatization: A Human Rights Analysis” (2011) 4 2) Erasmus Law Review, págs. 43 a 69. 28 Véase http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28symbol%29/a.conf.157.23.sp, párr. 31. A/68/284 13-42126 17/28 42.
[5] A/71/91 p. 189.

*Prof. Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas. Experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.


Redacción Digital

 
Redacción Digital