1
Publicado el 27 Febrero, 2017 por Delia Reyes Garcia en Opinión
 
 

De precios y otros dilemas del transporte

Por DELIA REYES GARCÍA

Hasta la emblemática Giraldilla, símbolo de la ciudad, quisiera opinar sobre el pulso que en los últimos meses tiene lugar entre transportistas privados y el Gobierno capitalino, empeñado en que prevalezcan el orden y la legalidad, y en proteger el bolsillo de los ciudadanos, ante la tendencia especulativa de los precios de los “almendrones” –como generalmente se llama a los taxis privados–, estimulada entre otras causas por el insuficiente servicio estatal de transporte público.

Ante las quejas de la población por los altos precios fijados por esos trabajadores por cuenta propia con licencia de operación del transporte, el Consejo de la Administración Provincial (CAP) de La Habana aprobó, el 14 de julio de 2016, el Acuerdo 185, mediante el cual se les prohibía incrementar el cobro.

Mas, ni cortos ni perezosos, para eludir la medida muchos fragmentaron los viajes. Las insatisfacciones de los citadinos despertó otra vez la atención de las autoridades locales. En respuesta, recientemente fueron establecidos precios referenciales a las rutas según orígenes y destinos, incluso para los tramos intermedios. A los violadores de la normativa sorprendidos in fraganti se les retira la licencia y, si reinciden, puede incluso confiscárseles el vehículo.

Sin embargo, pese a sus nobles propósitos en defensa de la mayoría, los resultados de esa medida no son los esperados. La disminución del servicio de los almendrones, es apreciable, lo cual complica, aún más, la transportación en un escenario donde la cifra de pasajeros trasladados diariamente por empresas estatales, con alrededor de 800 ómnibus activos, es poco más de la mitad del total de habitantes.

En su mejor época, a mediados de los años 80 del siglo anterior, la capital reportaba más de cuatro millones de pasajeros transportados cada día, con un parque de 1 700 ómnibus. Existía el bloqueo, igual que ahora, pero contábamos por otro lado con el apoyo del denominado campo socialista.

Según datos de la Dirección General de Transporte (DGT) de la provincia, el año pasado estaban inscritos más de 7 500 porteadores privados, que transportaban unas 16 000 personas diariamente. Contribución útil –precios altos a un lado–, pese a lo cual no está debidamente organizada ni cuenta con los aseguramientos necesarios, según reconocimiento público de José Conesa González, al frente de la DGT.

A juicio de ese mismo directivo, lo más lógico sería que trabajaran en piqueras fijas, en corredores autorizados, con posibilidad de servicio libre, y acceso a los principales recursos, como los operadores estatales; con bases en las empresas transportistas, en el caso de los medios de mayor capacidad: camiones, camionetas; con asignación de rutas y horarios; parámetros de calidad claramente definidos y tarifas preestablecidas en cada tramo. Pero, excepto esta última propuesta, las restantes siguen en espera.

Está claro, según los Lineamientos aprobados por el VI Congreso del Partido, y ratificados en el VII, que en Cuba hoy, además de la empresa estatal, se reconocen y promueven otras formas de gestión de propiedad, entre las que figuran los trabajadores por cuenta propia, como parte de la actualización del modelo económico y social.

Ello implica otorgar peso a la ley de oferta y demanda, y que cuando la primera sea baja, los precios suban, y viceversa. Pero introducir esas reglas no está reñido con la planificación ni con dejar que operen ciegamente, sin control. En el contexto actual corresponde a los gobiernos territoriales la obligación de hilar muy fino, sin zigzagueos ni contradicciones, y a la vez seguir cuidando la esencia humanista y solidaria del proyecto socialista cubano.

La cuestión del precio alto, o excesivo, no es única de los porteadores privados. Es un problema que afecta a la mayoría de la población, cuando paga la libra de malanga o de frijoles a más de 10 pesos en los mercados liberados, o una pizza a 15 en una cafetería privada, lo que merecería también estudios de regulación, como sucede en cualquier sociedad.

Articular las diferentes formas de propiedad y su gestión es un desafío permanente, frente al que se tendrá mayor éxito en la medida en que la gestión estatal se consolide y alcance mayor eficiencia. Habrá que arreciar entonces el control sobre empresas de ómnibus y de mantenimiento y reparación de viales, en tanto principales responsables de asegurar un servicio de transporte público de calidad.

Escasez de ómnibus aparte, la falta de organización, las brechas en la planificación y contratación de piezas; las indisciplinas en los mantenimientos y en los recorridos, no pueden seguir dejando a los pasajeros a merced de los precios.


Delia Reyes Garcia

 
Delia Reyes Garcia