Caridad Carrobello

Por CARIDAD CARROBELLO

Entre los debates de los periodistas de BOHEMIA que tienen lugar habitualmente en la redacción, surgió el referido a las recientes medidas aplicadas al trabajo por cuenta propia.

Unos resaltaron la justeza de establecer un reajuste, a fin de poner coto a las desviaciones que han surgido en algunas de estas prácticas. Hubo también quienes se hicieron eco de temores en cuanto a que ciertas prohibiciones pudieran revertir el proceso de flexibilización y ampliación de esta modalidad no estatal, iniciado en octubre de 2010.

Es lógico que existan dudas, pues solo se han dado a conocer las primeras regulaciones. También han faltado detalles de las acciones realizadas por el Estado durante estos siete años, cuando ha detectado violaciones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la subdeclaración de ingresos, así como en la sustracción de las materias primas, materiales y equipos de las empresas.

Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, aseguró al diario Granma que la más reciente evaluación al desempeño de este sector permitió comprobar, entre otros elementos, que ha existido “falta de enfrentamiento y solución oportuna a los problemas”.

La inoperancia de las instituciones encargadas de controlar este proceso, al “dejar hacer” cosas que a toda vista no están nada bien –como desconocer que varias cafeterías, restaurantes y hostales pertenecen a una misma persona, y que desde el exterior llegan los financiamientos y los recursos–, es, a mi entender, la razón principal de los males actuales.

Muchos trabajos periodísticos han alertado acerca de las irregularidades en las ventas de los materiales de la construcción en distintas provincias. Un comentario reciente de un colega de la televisión acerca de la necesidad del actual proceso de reajuste al trabajo por cuenta propia, ejemplificaba que en la provincia espirituana se “desviaron” miles de sacos de cemento que sin duda pasaron a manos del mejor postor.

El fenómeno sobrepasa ese territorio central: ¿acaso nadie ve que por los barrios de la capital pasan camiones pregonando la venta de bloques, y que hay un libre trasiego de cemento, arena o cabillas? No solo los “cuentapropistas” o los integrantes de cooperativas de la construcción tienen responsabilidad en esto, también los directivos de los centros que expenden esos recursos y las autoridades encargadas de controlar.

El país, según información reiterada, no tiene aún condiciones para establecer mercados mayoristas que faciliten –a precios diferenciados– el abasto de materiales y productos a quienes lo requieren. Urge tratar de crearlos, pues ante el desabasto, los corruptos lucran con los recursos del Estado y los pillos se aprovechan.

Voto a dos manos alzadas por enderezar el camino del trabajo por cuenta propia: no otorgar por ahora más licencias en aquellas modalidades que deben revisarse; unificar en los servicios de belleza algunas actividades afines que antes necesitaban varios autorizos; dar la oportunidad a los transportistas privados que deseen vincularse a entidades estatales, de que adquieran el combustible a precios diferenciados, y según la disponibilidad de recursos, que compren en el mercado mayorista herramientas, partes, piezas de repuesto y accesorios con un 20 por ciento de descuento.

Todo esto, y otras acciones más, de seguro contribuirán a respaldar la esencia del trabajo no estatal y a favorecer a la población con bienes y servicios muy necesarios. Sin embargo, habrá que fortalecer el control a tiempo de cada actividad, desde el nivel municipal hasta el nacional. Y realizar de verdad la pertinente comprobación, antes de autorizar determinadas actividades, con el propósito de evitar futuras contaminaciones.