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Publicado el 14 Diciembre, 2017 por Lázaro Barredo Medina en Opinión
 
 

PODER POPULAR

Una escuela de gobierno

 

Lázaro Barredo Medina

Lázaro Barredo Medina

Por Lázaro Barredo Medina

La sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de la comunidad, porque es el máximo órgano de poder estatal, al que corresponde tomar decisiones sobre todas las cuestiones de importancia local, según lo establecido por la legislación vigente.

No se trata de una “asamblea de servicios”. Es allí donde los delegados van a ejercer, en nombre de sus electores, el más riguroso nivel de exigencia sobre la gestión de la presidencia, las comisiones de trabajo y las direcciones administrativas y a evaluar la labor de estos.

Cuando se analizan las disposiciones constitucionales y las regulaciones de los reglamentos de los órganos locales del Poder Popular, se aprecia que, lamentablemente, esta labor se ejecuta muchas veces sin una adecuada concepción que proyecte la reunión hacia un contenido más amplio. En unos casos por el poco conocimiento que tienen algunos delegados de las normas de funcionamiento de estos órganos, de sus facultades, y por el alto grado de improvisación con que actúan en estas y porque se les entrega una cantidad de documentos, con un número altísimo de cifras unos días antes de la reunión, que humanamente no es posible estudiarlos adecuadamente.

En otros, porque se pretende establecer una agenda de orden del día con tal cantidad de temas, para ventilar en una maratónica sesión de pocas horas, donde luego no hay el necesario debate, se actúa atropelladamente, limitando las posibilidades de una discusión exhaustiva.

Y esta insuficiencia muchas veces se aprecia como un logro. En varias de esas reuniones se han escuchado comentarios loables a la cantidad de acuerdos que se han adoptado en una mañana, pero si se profundiza, es difícil que estuvieran precedidos de toda la objetividad necesaria, lo que lleva a cuestionar si se está presenciando una sesión de un órgano que tiene en sus facultades el máximo poder estatal de la localidad o se está ante una simple reunión de información, donde por lo regular, salvo excepciones, la “voz cantante” está en manos de quienes la presiden.

¿Cuál es la función de los delegados en la Asamblea?

Es importante subrayar la diferencia entre el papel que corresponde desempeñar a los delegados como representantes de los electores de su circunscripción, y después como integrantes de la Asamblea Municipal. Como miembro del órgano de poder estatal no puede olvidar ni por un instante las necesidades de sus electores, pero tampoco puede oponerlas a otras que tienen mayor importancia para la sociedad y el Estado. Es de reiterar que muchas veces, presionado por la demanda de sus electores, el delegado se constriñe solo a asuntos de su circunscripción y se olvida de que entre sus labores principales está también la de actuar en interés de la mayoría de la colectividad, subordinando los intereses particulares a los generales en su ejercicio de gobierno en el seno de la Asamblea.

Cabe preguntarse, pues, ¿cuál es la función de los delegados en la Asamblea?

La Constitución y las normas reglamentarias de los órganos locales concentran en las asambleas municipales funciones soberanas para acordar y decidir sobre los asuntos de su competencia y jurisdicción dentro de la legislación vigente como determinar, conforme a los principios establecidos por el Consejo de Ministros, la organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las actividades económicas, de producción y servicios, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas, de protección del medioambiente y recreativas, que están subordinadas a su órgano de Administración. También tienen el cometido de aprobar el plan económico-social y el presupuesto del municipio, ajustándose a las políticas trazadas para ello por los organismos competentes de la Administración Central del Estado, y controlar su ejecución.

La tarea principal de los delegados, como parte del poder del Estado, es actuar en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta el territorio con una adecuada utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, partiendo siempre del análisis de los planteamientos hechos por los electores

La tarea principal de los delegados, como parte del poder del Estado, es actuar en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta el territorio con una adecuada utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, partiendo siempre del análisis de los planteamientos hechos por los electores.

Sin embargo, en muchas asambleas todavía predomina un gran formalismo en el curso de las sesiones, sin suficiente análisis ni debates, por parte de los delegados, de los principales problemas planteados por la población en las reuniones de rendición de cuenta en las circunscripciones o en los despachos, los cuales tienden a diluirse dentro de la excesiva carga de informes, dictámenes y acuerdos.

Pierde sentido la Asamblea si los delegados no se preparan concienzudamente para exigirles al máximo a sus órganos, si no van con criterios determinados a la discusión de los temas que les presentan, si antes de la reunión no tratan de comprobar la justeza de las opiniones que les exponen y las aceptan pasiva y miméticamente, casi por un falso concepto de disciplina.

A los ojos de la población una Asamblea se debilita si los delegados no enjuician con profundo sentido crítico las deficiencias que golpean sobre los ciudadanos, si no adopta medidas que obliguen al Consejo de la Administración a la búsqueda de mejores soluciones y no emplaza a las direcciones administrativas a producir o prestar servicios con el máximo de eficacia.

Bajo la influencia de viejos hábitos de dirección también se distorsiona la esencia del contenido de estos informes, en unas ocasiones porque su enfoque tiene un sentido fundamentalmente administrativo y en otro es una somera descripción de hechos y no la valoración crítica de la gestión del gobierno, de sus decisiones, que permita a los delegados evaluar el trabajo hecho en el municipio entre una y otra sesión de la Asamblea.

Es indudable que resulta necesario hacer correcciones en la organización y funcionamiento del Poder Popular para transformar la actual situación y en ese sentido se realizan las experiencias de las provincias de Mayabeque y Artemisa.

A lo largo de estas cuatro décadas se ha tratado de alcanzar el perfeccionamiento para dinamizar las sesiones por lo conveniente que resulta acudir a métodos más exigentes sobre las administraciones para que afloren de la discusión los asuntos subjetivos, todo lo que afecte por negligencia, mal trabajo, inadecuada utilización de los recursos. Sobre esos asuntos la Asamblea de delegados puede y debe pronunciarse enérgicamente.

No es lo mismo que la Asamblea discuta de manera reiterada un dictamen sobre un informe de una dirección administrativa que abarca muchos aspectos globales, con extensos informes que tienden a evadir las discusiones, a que se emplace directamente al director administrativo sobre cuestiones puntuales y que hasta cierto punto se convierte en una forma de ejercer un control que permita descubrir a tiempo los defectos del trabajo administrativo.

Medular el buen papel del presidente

En estos asuntos desempeña un papel muy importante el presidente de la Asamblea Municipal, elegido, junto al vicepresidente, durante la constitución de ese órgano en cada territorio, cuyo mandato inicia este 17 de diciembre.

No se puede olvidar nunca que el presidente es un delegado más, que todos los miembros de las asambleas tienen iguales deberes y derechos. Pero, algunos presidentes, durante las reuniones del Poder Popular, por su dualidad de funciones, se parcializan en la defensa de las administraciones y extralimitan sus facultades en la conducción de los debates. Ciertamente tiene una responsabilidad clave en el órgano; es él quien, por presidir también el Consejo de la Administración, tiene más volumen de conocimiento de las problemáticas de su demarcación, y su criterio es decisivo. Mas, vale recordar la orientación expresada por el compañero Raúl en su discurso en 1974, en Matanzas, cuando dijo al respecto: “Los presidentes y secretarios de dichas reuniones actuarán con iguales facultades y responsabilidades que cualquier otro miembro y con la misma obligación que los demás…”.

No se puede olvidar nunca que el presidente es un delegado más, que todos los miembros de las asambleas tienen iguales deberes y derechos. Pero, algunos presidentes, durante las reuniones del Poder Popular, por su dualidad de funciones, se parcializan en la defensa de las administraciones y extralimitan sus facultades en la conducción de los debates. 

En algunas sesiones de asambleas se ha apreciado que un delegado hace un planteamiento y acto seguido el presidente ha intervenido al respecto y luego, cuando se va a someter a votación el asunto, no es la opinión del delegado, sino el criterio del presidente lo que se vota. O no se vota, porque se considera que con la aclaración del presidente no hace falta y el resultado es que algunas preocupaciones de los delegados no se discuten.

Otra forma que se ha observado es que un delegado ha expuesto su planteamiento y de inmediato el presidente ha tomado la palabra para hacer interpretaciones: “fulano, tú lo que has querido decir es esto, esto y esto”, y puede ser lo mismo, pero pudiera no serlo y se tergiversa la opinión inicial.

Las normas facultan a los delegados a hacer cuantos planteamientos entiendan y cuando lo hagan claro, medio claro u oscuro, la interpretación debe ser de la Asamblea, de la discusión misma, para que ellos sientan confianza en sus intervenciones, no sean cuestionados y no se cohíban.

Precisamente, para tratar de enrumbar mejor tales desempeños desde inicios de noviembre se implementa un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros en septiembre último, en virtud del cual en todas las provincias se ha designado un nuevo vicepresidente de la administración, lo cual se aplicará también en los municipios, en aras de aligerar la doble función de los presidentes de las asambleas.

De acuerdo con el cronograma nacional, los escogidos comenzarán a ejercer sus funciones en diciembre venidero. Entre sus misiones figura atender los planteamientos, quejas y solicitudes formuladas por la población; organizar, dirigir y controlar la labor del Consejo de la Administración. Será un paso importante para fortalecer el funcionamiento del Poder Popular, ejercer mayor control de los recursos y tareas, y atender con eficiencia y eficacia los problemas de la población, aseveró recientemente Esteban Lazo, miembro del Buró Político y presidente del Parlamento.

El germen de la inspección popular está en las comisiones

En nuestros órganos de Poder Popular están presentes también los mecanismos para ejercer la inspección popular. Las comisiones de trabajo a nivel municipal pueden ser integradas no solo por delegados a las asambleas en esas instancias, sino también, por líderes informales del barrio y otras personas, atendiendo a sus condiciones, experiencia y especialización. O sea, que por esta vía puede incrementarse la participación ciudadana en las labores de fiscalización y control.

Las normas reglamentarias conceden a estas comisiones facultades para ejercer la inspección y control sobre las actividades que desarrollan las direcciones administrativas, empresas y unidades de producción o servicios en el territorio. También las faculta para realizar estudios, cuando sea necesario, asesorar a la asamblea o al presidente en la toma de las decisiones oportunas que mejoren la producción o los servicios que le están subordinados o proponer medidas en aquellas acciones que dependen de las instancias superiores. 

Fidel: “al mismo tiempo, paralelamente, de tener un fiscalizador constante en el pueblo, un pueblo al que rendirle cuentas, que constituye un estímulo para el trabajo muy grande, un instrumento contra el trabajo rutinario, contra la insensibilidad, contra el olvido de cuestiones que afectan a la gente, constituye esto una verdadera escuela de gobierno”

Hoy se les da un peso relativo para hacer dictámenes de informes administrativos, pero no para profundizar en los asuntos medulares mediante la investigación que facilitaría mayor rigor y exigencia.

La cantidad de miembros de estas comisiones la determina la Asamblea, aunque siempre cada una de ellas debe estar presidida por uno de los delegados y sus integrantes pueden ser removidos cada vez que el máximo órgano de poder estatal en el municipio lo entienda conveniente a fin de irlas perfeccionando.

Una vez constituidas las comisiones es necesario que la presidencia de la Asamblea oriente a sus integrantes acerca de los métodos más eficaces de cómo deben ejecutar el control y no dejarlos a la espontaneidad. Cada comisión debe laborar su plan de trabajo, los objetivos que se propone fiscalizar o analizar y luego asignar tareas a distintos grupos de sus miembros. Una de las vías fundamentales para encauzar su trabajo tiene que ser el análisis de las preocupaciones expresadas por la población. Otro aspecto que puede servir como lineamiento constante en su labor tiene que ser el control de los acuerdos adoptados por la propia Asamblea.

En fecha tan temprana como el 30 de septiembre de 1965, Fidel avizoraba la importancia del Poder Popular en los municipios: “al mismo tiempo, paralelamente, de tener un fiscalizador constante en el pueblo, un pueblo al que rendirle cuentas, que constituye un estímulo para el trabajo muy grande, un instrumento contra el trabajo rutinario, contra la insensibilidad, contra el olvido de cuestiones que afectan a la gente, constituye esto una verdadera escuela de gobierno”.


Lázaro Barredo Medina

 
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