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Publicado el 23 Octubre, 2018 por Lázaro Barredo Medina en Opinión
 
 

En escena otra farsa

Por LÁZARO BARREDO MEDINA

Cuando le dijeron a Michael Kozak que iba a moderar el espectáculo anticubano en el salón de sesiones del Consejo Económico y Social de la ONU pensó que esta vez sí iba a disfrutar el ejercicio de golpear a Cuba,  a pocos días del debate en la Asamblea General de la resolución contra el genocida bloqueo estadounidense tan repudiado por la comunidad internacional.

Kozak tiene una larga experiencia diplomática en asuntos cubanos, pues fue uno de los negociadores con La Habana durante la crisis del Mariel, asistió en el tema Cuba a los expresidentes Ronald Reagan y George Bush padre, y fue jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos (SINA) en la capital antillana  durante el Gobierno de Bill Clinton, semanas después de aprobada la  punitiva Ley Helms-Burton, en 1996. Más tarde, desde distintos puestos en el Departamento de Estado, ha estado inmerso en las más enconadas arremetidas contra nuestra nación.

En La Habana, fue un destacado activista y promotor de los mercenarios, como consta en el libro Los Disidentes, escrito por  Luis Báez y Rosa Miriam Elizarde. Les ofreció todos los vínculos directos que facilitaran los accesos para recibir instrucciones y preparación adecuada; les suministró medios de comunicación de última tecnología, materiales diversos; los agasajó; los utilizó como fuentes de información y, lo más importante, les garantizó sus correspondientes salarios por sus actividades antinacionales.

Este embajador, actual  jefe de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, es precisamente uno de los exponentes de esa política de derechos humanos como arma de agresión. Lo que acaba de ocurrir en la ONU es parte de ese diferendo que sostienen contra Cuba los Estados Unidos, país que durante décadas ha realizado evaluaciones sobre la Isla altamente politizadas, con análisis parcializados y selectivos, buscando vías para socavar el orden institucional de la vecina nación y creando condiciones que le permitan restablecer sus mecanismos de dominación.

Lo que acaba de ocurrir en la ONU es parte de ese diferendo que sostienen contra Cuba los Estados Unidos, país que durante décadas ha realizado evaluaciones sobre la Isla altamente politizadas, con análisis parcializados y selectivos, buscando vías para socavar el orden institucional de la vecina nación y creando condiciones que le permitan restablecer sus mecanismos de dominación

Como destacó nuestra enérgica embajadora Anayansi Rodríguez Camejo, a la cual  de manera grotesca no la dejaron hablar en ese recinto de la ONU, le cerraron los micrófonos  en el vano intento de  acallar su voz, porque al final les dijo las cuatro verdades necesarias, aquello era una “comedia política con actores de reparto de oscuro historial al servicio de una potencia extranjera”. Del “panqueque” Luis Almagro no vale la pena decir nada.

Nuestro pueblo ha tenido evidencias suficientes de que la “oposición” contra la Revolución se dedica a recibir orientaciones de funcionarios norteamericanos y a hablar con la prensa extranjera para hacer de la “disidencia” un negocio como  modo de vida. Para la mayoría de la población estos actores no son más que una prolongación o avanzada de la conocida línea de hostilidad. El lenguaje y el mensaje de estos ciudadanos es bien ajeno y está distante de las reales preocupaciones y aspiraciones de la política nacional.

Hay suficientes denuncias sobre cómo EUA dedica cuantiosos fondos financieros para desarrollar una permanente labor subversiva contra la Isla. Sin contar el dinero de las operaciones encubiertas de los servicios especiales, bastaría con revisar las partidas anuales públicas en las páginas web de la USAID o la National Endowement for Democracy.

El fomento de la llamada disidencia ha estado en el centro de los planes de agresión durante cerca de 60 años. Desde la directiva presidencial de Ike Eisenhower, el 17 de marzo de 1960, cuyo Gobierno en dos años asignó 50 millones de dólares para estos propósitos. Igual  manifiesto puede encontrarse en el Programa de Santa Fe, la plataforma política de la administración de Ronald  Reagan y que está bien explicitada en la Directiva de Seguridad Nacional No. 77, emitida a principios de los 80. Peor lo que vino después con la enmienda Torricelli o la consagración del derrocamiento del Gobierno cubano como estrategia de Estado establecida en las secciones 108, 109 y 115 de la Ley Helms-Burton.

Pese a esa descomunal ofensiva, Cuba tiene en materia de derechos humanos un expediente que la exceptúa del peligro de la violencia social. Durante casi 58 años de su proyecto revolucionario no hay un solo hecho registrado de que la policía salga a las calles a disparar contra la gente, lanzarle gases lacrimógenos o balas de goma, darle golpes a caballo, o movilizar a las fuerzas armadas para reprimirla. No hay un solo caso de tortura física, de asesinato o desaparición, no existen bandas paramilitares o escuadrones de la muerte. Hay severas vigilancia y actuación contra  la impunidad.

Sin embargo, las leyes no establecen ninguna limitación de las garantías de los derechos ciudadanos. Cuba ha sido más tolerante en medio de la tensión de recrudecida “guerra fría” a que es sometida por los Estados Unidos que otros muchos países ante situaciones semejantes. En los debates y discusiones todo el mundo es libre de opinar, aunque haya discrepancias antagónicas; a nadie se le niega su libertad a decidir en las elecciones.

Estados Unidos se arroga el derecho de evaluar al resto de los países del orbe sobre los avances en el respeto de los derechos humanos, mientras es uno de los países que mayores violaciones tiene de los políticos, civiles, económicos y sociales. 

No existe ninguna regulación prohibitiva en la distribución de las pocas riquezas del país y a nadie se le impide el acceso a los bienes básicos. En materia de atención y seguridad social, a nadie le es vetado acceder por razones de raza, sexo o creencias religiosas o políticas a un tratamiento médico gratuito, aun en las más agravantes condiciones económicas, desde una consulta primaria hasta un complejo trasplante, ni a la educación gratuita, ni quedar en desamparo, se esté de acuerdo o no con el proyecto político.

Lo que resulta paradójico es que mientras varias administraciones estadounidenses han mostrado “preocupación” por la situación de los derechos humanos en Cuba, todas, no obstante, han recrudecido la aplicación de medidas coercitivas y extraterritoriales, como el inhumano e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero, que trata de rendir por hambre y enfermedades a la población cubana. Además, desconocen la voluntad universal de la Asamblea General de las Naciones Unidas de condenar esa criminal postura durante más de una veintena de oportunidades.

Pero más irónico es que Estados Unidos se arroga el derecho de evaluar al resto de los países del orbe sobre los avances en el respeto de los derechos humanos, mientras es uno de los países que mayores violaciones tiene de los políticos, civiles, económicos y sociales. ¿Cómo puede utilizar de pretexto la condena judicial en Cuba a sus mercenarios la nación que más presos tiene en el planeta, incluidos los de conciencia?

Como se ha afirmado por estos días, se trata, además, del Gobierno que ha virado la espalda a las Naciones Unidas en lo que respecta a los derechos humanos, en tanto con demasiada frecuencia se reportan en EE.UU. casos de abusos con la pena de muerte, violencia policial, decenas de miles de personas sin vivienda, maltratos a los niños -a los que se separan de sus padres-, y bombardeos contra civiles inocentes en terceros países.

Justo el reclamo respetuoso de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores al solicitar a la Secretaría General de las Naciones Unidas una investigación rigurosa y urgente de lo ocurrido

Pero son tan “democráticos” que hasta en esta farsa  política  actúan burdamente. Como se ha explicado en los medios de prensa, cumpliendo escrupulosamente los requisitos publicados por el Departamento de Estado, se inscribieron para participar 22 representantes de nueve organizaciones no gubernamentales estadounidenses que abogan por el fin del bloqueo y la normalización de relaciones con Cuba. Curiosamente, todas excepto una, fueron impedidas de asistir, y otros invitados fueron expulsados de la sala.

Justo el reclamo respetuoso de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores al solicitar a la Secretaría General de las Naciones Unidas una investigación rigurosa y urgente de lo ocurrido, de cuyo resultado informe oportuna y apropiadamente a la Asamblea General, para que se adopten las medidas pertinentes que prevengan estos actos agresivos contra Estados soberanos.

Un experto enjundioso se cuestionó si el hecho de que alguna autoridad del organismo internacional haya permitido que los estadounidenses violaran las normas que rigen el uso de las salas y los espacios del organismo multilateral no se deba a la presión y el chantaje de la cuantía de contribución financiera.

Veremos. Si es así,  la verdad se abrirá paso.


Lázaro Barredo Medina

 
Lázaro Barredo Medina