Por LÁZARO BARREDO MEDINA

Cuando comprendieron en la convención del Partido Republicano celebrada en Cleveland en 2016 que sus aspiraciones presidenciales estaban agotadas, tanto Marco Rubio como Ted Cruz modificaron los ataques contra Donald Trump, el aspirante con mayor posibilidad, y lo convencieron de que uno de sus legados si llegaba a ser presidente de los Estados Unidos debía ser acabar con la Revolución Cubana, lo que no pudieron lograr los 12 anteriores jefes de la Casa Blanca durante casi 60 años.

Contaban con el apoyo de algunos guardianes de línea dura, como Mike Pence y Mike Pompeo, quienes como congresistas fueron escuderos de la política anticubana, y de viejos halcones que formaron con Ronald Reagan y con los Bush el grupo de los “jinetes del Apocalipsis”, como John Bolton, consejero de Seguridad Nacional. Durante la administración de Obama amplios sectores del Gobierno en Washington sintieron satisfacción de quitarse de encima la presión de la gente de Miami, que siempre buscaban beneficios financieros, perjudicando completamente los objetivos de seguridad nacional de lograr el mismo propósito de revertir el sistema cubano sin la fallida estrategia seguida hasta entonces.

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca retornaron aquellos buscavidas con la pretensión de volver a cubanizar la política hacia América Latina y fijando como prioridad en sus directrices el derrocamiento del Gobierno Revolucionario. Es público que el senador Marco Rubio y el representante Mario Díaz-Balart trabajaron juntos con el vicepresidente Mike Pence para redactar una marcha atrás parcial de la política de Obama hacia Cuba, y ayudaron a Trump a tomar una postura más dura sobre el comercio y los viajes a la Isla, por encima de los deseos de algunos de los asesores del mandatario.  Aunque no es menos cierto que es una relación de compromiso, pues a cambio está la decisión de Rubio y Díaz-Balart de no criticar al presidente en público cuando no concuerdan y de influir en otros para que no lo hagan.

“El representante Díaz-Balart y el senador Rubio colaboran estrechamente en una serie de temas”, dijo un comunicado enviado a la prensa por la oficina del primero. “Han hecho varias propuestas a la Casa Blanca, muchas de las cuales nunca se han hecho públicas”. Al respecto, una de las voceras radiales de la mafia en Miami se jactó de que “los cubanos han llegado a tener posiciones importantes y sencillamente hemos aprendido a jugar el juego”.

Sin embargo, hacía falta una vez más un ente que tratara de cohesionar a los más encumbrados jerarcas de ese sector de la ultraderecha, que no fuera ni la FNCA ni el Consejo por la Libertad de Cuba, de manera que actuaran, tal como se diseñó desde el Programa de Santa Fe, en la década de los 80, como los solicitantes de la medidas adoptadas de antemano por la Casa Blanca. Así se ha venido desarrollando una nueva fundación, que se llama Inspiración América y aboga por el fin de la apertura hacia Cuba. Lo “simpático” es que arrancó con la misma historia: recaudar dinero intensamente, confiados en que el mensaje llegue “al corazón del exilio”, a la vez que acudir al contribuyente norteamericano.

El reciclaje de esta nueva institución no tiene precio. Entre los 25 miembros de su junta figuran connotados terroristas y camajanes, como el exalcalde de Miami y nuevo director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Tomasito Regalado; el hipocondriaco Carlos Alberto Montaner; Modesto Maidique, exrector de la Universidad Internacional de Florida (FIU); el ex subsecretario de Estado de EE.UU. y exembajador en Venezuela Otto Reich, y  el experto simulador “paralítico” Armando Valladares.

“Estados Unidos no puede aceptar ningún Estado enemigo en sus fronteras”, expresaron en una carta dirigida a Donald Trump donde le agradecen el cambio de política y le piden considere nuevas iniciativas contra Cuba. Entre ellas, exigir a todas las agencias gubernamentales el cumplimiento de la ley Helms-Burton, la resolución de las “reclamaciones” de propiedades estadounidenses en la Isla, la reinstalación de la nación en la lista de patrocinadores del terrorismo, poner fin a los visados, incluidos los de intercambio cultural, degradar la representación diplomática en La Habana de embajada a sección de intereses e interrumpir la cooperación sobre la “Aplicación de la Ley”.

Otro de sus objetivos es revitalizar la Oficina de Transmisiones hacia Cuba (OCB), encargada de las mal llamadas Radio y TV Martí, que siguen recibiendo fondos millonarios para engordar sus bolsillos, pese a los escándalos, como ahora, cuando rebrotan denuncias de arbitrariedad. La mafia está esperanzada en que los sofisticados programas de subversión interna contra Cuba sigan marchando con “Tomasito”, a ver si pueden lograr “guarimbas”, con el establecimiento de equipos digitales insulares para crear cuentas de Facebook locales sin marca “nativas” que difundan  propaganda contrarrevolucionaria en la Isla, continuar los fallidos esfuerzos en la telefonía celular con vistas a alimentar una red de desinformación que provoque disturbios y manifestaciones contra la Revolución, así como otras formas de entrenamiento en reuniones casi clandestinas en el exterior para preparar a personajillos de los grupúsculos y aspirar a la coordinación de acciones.

Ahora, en vísperas de las elecciones donde los ultraderechistas en Florida tienen rivales potenciales de derrotarlos, el equipo de Trump encomendó a John Bolton ir a Miami a anunciar nuevas medidas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua en el intento de rescatar votos. Sobre nuestro país Trump accedió a la petición de Marco Rubio y otros personajes de Miami, de ampliar las sanciones a empresas cubanas vinculadas con entidades de las FAR. Pero lo más llamativo son los anuncios aparecidos en la prensa estadounidense de que la Casa Blanca, en su obsesión de aumentar la presión contra Cuba, está considerando tomar pasos para permitir que cientos de batistianos cuyas propiedades fueron confiscadas tras el triunfo de la Revolución, el 1^o de enero de 1959, puedan demandar en cortes federales a compañías extranjeras que ahora tienen negocios en la Isla en esas mismas propiedades.

Desde 1996 esas disposiciones son suspendidas cada seis meses, y durante la administración de Obama, la Casa Blanca transfirió la autoridad de la interrupción al Departamento de Estado. El secretario de Estado Rex Tillerson suspendió esa sección en enero. Pero Marco Rubio y Mario Díaz-Balart propusieron que la administración retorne la autoridad presidencial, pues como aseguran algunos comentarios periodísticos “eso haría más fácil que Trump, descrito en los círculos políticos cubanoamericanos como un presidente ‘no convencional’, abra la puerta a las demandas”. De igual modo, aseguran que con John Bolton y Mauricio Claver-Carone, director principal del Consejo Nacional de Seguridad para América Latina y uno de los críticos más abiertos de la política del Gobierno de Obama hacia Cuba, se considera más probable que la Casa Blanca permita que se presenten las demandas.

Para los batistianos ese sería el momento que han estado esperando durante mucho tiempo. “Si esto sucediera bajo la administración de Trump, sería enorme para nuestra comunidad”, dijo el cantinflesco abogado Nick Gutiérrez, que no nació ni ha estado nunca en Cuba, cuya familia, de Cienfuegos y vinculada con Fulgencio Batista tenía propiedades en ese territorio. En su currículo aparece el mérito de ser uno de los redactores de la decisión de George W. Bush que limitaba las visitas familiares a Cuba a una vez cada tres años, al igual que estuvo relacionado con el grupo de redacción de la Bacardí que preparó el proyecto Helms-Burton.

Si hiciera eso, Trump destaparía la “caja de Pandora” no solo por los conflictos que originaría con aliados, sino porque puede sentar el precedente de que otras minorías que también ostentan la ciudadanía estadounidense se consideren en igual derecho de reclamar antiguas propiedades en sus países de origen. En fin, siguen las delirantes prácticas de: más conflicto, subversión… en el vano intento de convertir la Isla en una olla de presión.