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Publicado el 19 Febrero, 2019 por Fabio Raimundo Torrado en Opinión
 
 

Revolución cubana y legalidad: hermanas inseparables (I)

 

Por: Fabio Raimundo y Torrado*

Próximo ya el referendo con el que nuestro pueblo aprobará la nueva Constitución, vale la pena aclarar que los pasos previos de consulta popular se deben a la iniciativa de la Revolución cubana triunfante el 1ro. de Enero de 1959, cuando se iniciaron los procesos de su institucionalización, pues en la Historia de Cuba desde el año 1901, año en que fue aprobada la primera Constitución, luego de su independencia de España, y que ni siquiera cuando resultó aprobada la última Constitución del sistema democrático burgués, la del año 1940, no se realizó  referendo alguno y mucho menos una consulta popular.

Resulta de interés recordar que en nuestro país, durante las Guerras de Independencia, teniendo en cuenta las condiciones de guerra existentes solo fueron aprobadas, por la dirección política de esos procesos revolucionarios, las siguientes Constituciones:

a.- La de Guáimaro, adoptada el 10 de Abril del año 1869, la cual dio origen a numerosas leyes aprobadas por la Cámara de Representantes la cual tenía atribuida la alta dirección de la lucha libertadora y de la República en Armas.

b.- La de Baraguá, que fue preparada y aprobada  el día 15 de Marzo de 1878, por instrucción del General Antonio Maceo y Grajales, quien había sido el organizador y principal dirigente de la Protesta de Baraguá, realizada en contraposición de la decisión de la Cámara de Representantes de la República en Armas, la que había aprobado la llamada “Paz del Zanjón” con los enemigos de la independencia de Cuba, dirigidos por el Capitán General Martínez Campos, Jefe de las Tropas españolas, documento en el cual no se reconocía la independencia de Cuba. En ella se reconocía que la Revolución de regiría por un Gobierno Provisional formado por cuatro personas, el cual nombraría un General en Jefe, que fue el Mayor General Vicente García, y como Jefe de Cuerpo de Ejército el Mayor General Antonio Maceo.

Además es de interés conocer que dicha Constitución declaraba en su artículo 5), que se pondrían en vigor todas las leyes de la República que sean compatibles con la situación existente.

Esta fue la última Constitución aprobada durante la llamada Guerra de los Díez Años”, y solamente tuvo una vigencia de unos 74 días, hasta el momento en que el Gobierno provisional acordó autodisolverse, con lo cual quedó en los hechos, virtualmente terminada la Guerra de los Diez Años.

c.- La de Jimaguayú, que fue aprobada el 13 de Septiembre de 1895, apenas 4 meses después de la entrevista de La Mejorana celebrada el 5 de Mayo de ese mismo año, en la cual el propio Martí pudo dar a conocer personalmente sus criterios a Máximo Gómez y a Antonio Maceo.

Correspondió al Mayor General Antonio Maceo, convocar poco tiempo después a una Junta de Jefes, entre cuyos acuerdos figuraba la realización de una Asamblea Constituyente, la elaboración de una Constitución, de un Gobierno con facultades legislativas y ejecutivas, por medio de un Consejo, así como una Jefatura del Ejército, con amplias facultades, con intervención solamente para la alta política y diplomacia.

Hemos acudido al historiador Roig de Leuchsenrig, para que en su estilo claro y conciso, nos narre los procesos que dieron lugar a la Constitución de Jimaguayú, narración que nos hemos atrevido a sintetizar. Según sus palabras “La batalla que no pudo ganar en vida, la ganó Martí después de muerto. Y en Jimaguayú, el campo inmortalizado por la sangre de Agramonte, se reunieron el 13 de Septiembre de aquel mismo año los representantes de los cinco cuerpos del Ejército Libertador para dejar constituida la República de Cuba y redactada y acordada la primera Constitución de esta guerra libertadora que había iniciado y organizado Martí.

De aquella Asamblea Constituyente, la primera de la revolución libertadora salió en plena guerra, una república civil, democrática y fueron repudiados todo gobierno militar y toda dictadura”.

El 18 de Septiembre de 1895, cinco días después la Asamblea constituyente celebró una sesión, que en lo fundamental estuvo encaminada a la elección del Consejo de Gobierno.

De esa manera se institucionalizaba el Estado cubano de la República en Armas.

Este Consejo de Gobierno, en uso de la atribuciones dadas por la Constitución, adoptó numerosas disposiciones, de ellas hemos considerado de interés referirnos a las siguientes: Ley Procesal de Cuba en Armas, de 28 de Julio de 1896; Ley de Gobierno Civil, de 9 de Septiembre de 1896; Ley de Matrimonio Civil, de 14 de Septiembre de 1896:

Hemos considerado valioso para nuestro objetivo, destacar la Ley Procesal de Cuba en Armas, dada la influencia que tuvo en el transcurso de la lucha contra la tiranía batistiana en los diversos frentes abiertos por los revolucionarios y el Ejercito Rebelde dirigido por el Comandante en Jefe Fidel Castro, y muy en especial su artículo 4), en el cual se disponía que los Tribunales, autoridades militares, auditores y jueces procederán con entera independencia de otra autoridad y conocerán con arreglo a la Ley de todos los delitos que aparezcan cometidos en territorio que esté bajo el poder de la autoridades cubanas y de los cometidos en perjuicios de la República por cubanos  que estén al servicio de la Revolución, cualquiera que sea el territorio en que se hubiere perpetrado.

d.- La de la Yaya, aprobada en Aguará, lugar de la provincia de Camagüey, donde residía el Gobierno cubano en Armas, comenzó a sesionar la Asamblea de Representantes convocada por dicho Gobierno al cumplirse el plazo de dos años de vigencia para la anterior Constitución, en virtud de lo establecido en el artículo 24) de la misma entre el 19 de Septiembre de 1897 y el 30 de Octubre de ese año.

Según se ha expresado por diversos investigadores, el éxito de los revolucionarios en los campos de batalla posibilitó que dicha Constitución fuera en su contenido más pormenorizada y abordara cuestiones que en Jimaguayú no habían podido ser tenidas en cuenta.

Esta Constitución reproduce en su texto la estructura estatal que aparecía en la de Jimaguayú, con ligeros cambios, y en ella se dispuso también que transcurridos dos años, volviera a reunirse la Asamblea de Representantes, de no haber terminado la guerra.

A diferencia de lo ocurrido en Jimaguayú, el legislador mambí consideró oportuno incluir en la nueva Constitución de La Yaya, una mención expresa a los derechos individuales y políticos, a los cuales dedica 10 de sus 48 artículos, agrupado en un Título.

En ella aparecían los tradicionales derechos universalmente aceptados  desde la Revolución Francesa de 1789, sobre garantías procesales y judiciales, así como la libertad de conciencia o de religión, la libertad de enseñanza, el derecho de queja o petición, el derecho electoral, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de opinión, reunión y asociación.

También se preveían normas, dado lo adelantado de la guerra, sobre el proceder a seguir en el caso de que España evacuara el territorio cubano sin acuerdo previo, con el Consejo de Gobierno cubano.

En uso de las facultades que le estaban concedidas, el Consejo de Gobierno dictó numerosas leyes, y disposiciones. Entre ellas pueden citarse las siguientes:

La Ley de Organización Militar, del 1ro. de Diciembre de 1897. (La cual fue publicada el 7 de Diciembre).

La Ley de Organización Civil, del 5 de Diciembre de 1897 (aprobada también el día 7 de Diciembre).

La Ley Orgánica de Hacienda, del 29 de Diciembre de 1897.

La Ley Penal de Cuba en Armas, del 1ro. de Enero de 1898.

Hemos dejado para el final de nuestra exposición, la Ley Penal de Cuba en Armas, del 1ro. de Enero de 1898, pues esta norma legal constituye una prueba más, a favor de nuestra tesis al poner en evidencia su existencia, cuando plantea el concepto del uso de la leyes, para la defensa de la Revolución.

En su artículo 1, expresaba que eran punibles los hechos declarados como tales en esa ley, los que serían castigados con arreglo a lo que en ella se estableciera.

En su artículo 30, regulaba que para la aplicación de las penas, cuando concurran circunstancias agravantes o atenuantes o unas y otras, a la vez, los Tribunales obrarían según su prudente arbitrio, pero tomando en cuenta el grado de perversidad que parezca tener el delincuente, la trascendencia que haya tenido el delito, el daño producido o que hubiese podido producir con relación al servicio militar o a los intereses de la revolución o  a los particulares y a la clase de pena señalada por la ley.

Como puede apreciarse, se concedía un arbitrio muy amplio a los Tribunales para determinar la pena imponible, tradición ésta que siempre ha estado presente en el Derecho Penal Cubano y, en especial, en los Tribunales Revolucionarios que funcionaron durante los primeros años del proceso revolucionario triunfante.

Esta fue la última Constitución de la República de Cuba en armas, dado que la que correspondía aprobar en su lugar, no pudo terminarse, debido a que  la fecha para prepararla y aprobarla tendría lugar dos años después, conforme a lo establecido al respecto, y ocurrir el fin de la guerra, adelantado por la intervención del Gobierno de los EEUU de América, la cual frustró nuestra guerra de independencia.

(Continúa)

*Dr. en Derecho. Master en Ciencias Políticas. Lic. En Ciencias Sociales. Profesor Titular. Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas.


Fabio Raimundo Torrado

 
Fabio Raimundo Torrado