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Publicado el 20 Febrero, 2019 por Fabio Raimundo Torrado en Opinión
 
 

Revolución cubana y legalidad: hermanas inseparables (II)

Por: Fabio Raimundo y Torrado*

Durante la existencia de la República Neocolonial mediatizada, y organizada conforme a los principios de la democracia burguesa, así como inspirada en los antecedentes del Gobierno de los EE.UU., ya que para organizar y estructurar el Estado que debería sustituir al Gobierno Interventor de los EEUU, el cual gobernó nuestro país desde el 1ro. de Enero de 1899 hasta el 20 de Mayo de 1901,  fecha en la cual tomó posesión el primer Gobierno cubano de este periodo, en virtud de haberse preparado una Constitución por la Asamblea Constituyente convocada por éste, a partir de las elecciones para crearla, mediante voto selectivo, pues para ser elector había que reunir determinados requisitos y entre ellos el de saber leer y escribí y tener determinados recursos económicos.

Esta Constitución que nació violada por la Enmienda Platt, que convirtió a nuestro país en una nueva colonia de los yankis, bajo la apariencia de un estado independiente y soberano, pero en la realidad bajo la dirección de la Embajada de los EEUU, en todos los asuntos, cualquiera que fuera su naturaleza, que afectaran a los intereses económicos de ese país,   estuvo vigente con diversos vaivenes, hasta el año 1928, uno de ellos fue la Segunda Intervención Americana, que tuvo lugar desde el 13 de Octubre del año 1906 al 28 de Enero de 1909.

Conviene conocer que esta Constitución resultó modificada por el Gobierno del tirano Gerardo Machado para perpetuarse en el poder, introduciendo cambios en los periodos para el ejercicio del cargo de él y de los senadores, y representantes a la cámara, así como en el desempeño de los cargos del nivel provincial. Pasando a ser un texto constitucional similar al precedente, pero con cambios importantes para beneficio personal del dictador y sus partidarios.

Luego del derrocamiento del tirano por la revolución del año 1933, concretamente el 12 de Agosto de ese año, los gobiernos que se sucedieron, hasta el año 1940, no fueron surgidos por voluntad popular, ya que no fue hasta ese año, que se contó con un texto constitucional surgido de la voluntad popular, pero con el intermedio de la Asamblea o Convención Constituyente electa para su preparación y aprobación.

Para que se tenga una idea de lo ocurrido en ese periodo que medio entre 1933 y 1940, en nuestro país se aprobaron por los Gobiernos de turno existentes, diversos textos constitucionales inspirados en algunas de sus partes en la letra de la Constitución de 1901.

Apenas 12 días después de la huida del tirano Machado, por decisión del nuevo Presidente, Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo del Padre de la Patria, hecho presidente por voluntad de la Embajada yanki al haberse aplicado lo establecido en la Constitución, y conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establecían el orden de sucesión para ocupar ese cargo, por los Secretarios miembros del Consejo de Secretarios, que era la denominación del Consejo de Ministros, copiada de las leyes de los EEUU, y los requisitos que estos debían reunir, ante las protestas populares este Presidente  derogó esa Constitución de 1928 y restableció la del año 1901 en su texto original.

Analizando la actividad legislativa del nuevo Gobierno de Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, podemos resumirla expresando que no tomó una sola medida dirigida a atender las necesidades de las masas populares.

Ante la inactividad  del  gobierno establecido, y el incremento de la penuria económica de las grandes masas populares, aumentó la indignación y la combatividad de éstas, las cuales se lanzaban a la  calle, por propia iniciativa a la búsqueda de una verdadera justicia, pasando por las armas a los esbirros y sicarios de la tiranía, sustituyendo  como ya dijimos, unas autoridades por otras, multiplicando los movimientos huelguísticos en procura de la satisfacción de sus demandas económicas, etc.

A ello debe unirse, que dentro de los cuarteles del Ejército se mantuvo la misma situación que existía desde antaño, de relaciones entre oficiales, clases y soldados, caracterizada por las humillaciones a las que éstos últimos estaban constantemente expuestos a manos de los primeros, quienes gozaban de irritantes privilegios. Esta situación se manifestaba en distintos aspectos de la vida militar.

Así, mientras los oficiales recibían elevados salarios, tenían una mejor alimentación y podían disfrutar de los servicios de ayudantes, edecanes y emplear a los soldados como mano de obra o criados de sus casas, mansiones y fincas, las clases y soldados recibían un salario inferior y una alimentación deficiente, incluso se continuó adeudándoles muchas de las cantidades que el Gobierno de Machado había dejado de abonarles de sus sueldos, alegando para ello como lo había hecho con otros sectores de los empleados públicos, la falta de dinero por la crisis económica que atravesaba el país. Incluso dentro del Ejército continuaron desempeñando cargos y ejerciendo mando oficiales antiguos, reputados como fieles seguidores del tirano depuesto.

La intranquilidad y desasosiego entre las filas del Ejército aumentaba, en virtud de los rumores de rebajas salariales y de la posible supresión de la denominada “Ley de los Sargentos”, dictada en época del Presidente Alfredo Zayas, -el cual había adquirido una gran fortuna personal durante el periodo de su gobierno (1921-1925)- quien para ganar a su favor una parte del estamento militar, había propuesto al Congreso una Ley que establecía que la mitad de las plazas vacantes de oficiales pudiera ser ocupada por militares provenientes  de las filas de los sargentos, sin necesidad de tener que ser egresados de las Academias de Oficiales.

El 4 de Septiembre de 1933, se produjo un movimiento de sargentos y soldados que se insubordinaron, iniciado en el campamento militar de Columbia y que rápidamente se extendió a los cuarteles y campamentos militares del resto del país.

El Gobierno instaurado el. 13 de Agosto de ese año que lo sustituyó, estaba integrado por cinco miembros, que actuaba con carácter colegiado, el cual fue conocido como “La Pentarquía” mientras que en el plano militar, el sargento taquígrafo Fulgencio Batista logró afianzarse en la Jefatura   del Ejército.

Transcurridos apenas 6 días, el 10 de Septiembre de 1933 se disolvió la Pentarquía y uno de sus integrantes, el profesor universitario Ramón Grau San Martín, quedó encabezando definitivamente el nuevo Gobierno, que se organizó como un gobierno presidencialista.

En realidad, la figura descollante de ese nuevo período, conocido como el Gobierno de los Cien Días, lo fue el Secretario de Gobernación, el líder revolucionario Antonio Guiteras Holmes, quien le impartió a la actuación estatal un contenido nacionalista y antiimperialista.

Relevante participación tuvieron en todos estos acontecimientos relacionados con la caída de Machado, surgimiento de La Pentarquía y el Gobierno de los Cien Días, numerosos representantes de las filas del movimiento estudiantil, el movimiento obrero y los comunistas.

Según el criterio de historiadores destacados de la Historia Constitucional de nuestro país, los seis días de Gobierno de La Pentarquía constituyeron un periodo caracterizado por la falta de una Constitución, ya que la de 1901, restablecida por el Gobierno del “apolítico” Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, fue anulada y no se presentó otra al país, pues el nuevo gobierno planteaba representar el verdadero espíritu de la revolución o revolución auténtica.

Igualmente hubo otros que expresaban que la instalación de La Pentarquía, mediante el derrocamiento sin mayores glorias del presidente Céspedes, transformó el acto revolucionario efectuado en Columbia, en un golpe de estado revolucionario y dio paso al primer  poder revolucionario de facto que conoció el pueblo de Cuba en toda su Historia.

Por primera vez en la secular existencia del pueblo cubano, se instituía en Cuba un poder que no era una prolongación del Estado colonialista –el monárquico español- , o del Estado imperialista yanki directamente- como ocurrió durante la primera y segunda intervenciones en 1898 y 1906-; o que no adoptaba la forma de protectorado neocolonial, tal como había sido hasta entonces. El gobierno de La Pentarquía se había instaurado en contra de la voluntad del imperialismo y de la oligarquía; había ocupado el lugar del Gobierno oligárquico”.

El Gobierno de los Cien Días, surgido el día 10 de Septiembre del año 1933, y apenas a cuatro días de producirse el cambio de la Pentarquía por el Gobierno Presidencialista de Ramón Grau San Martín, es decir el 14 de propio mes   -bajo la sombra de Guiteras en el Consejo de Secretarios y la de Batista, en el campamento militar de Columbia- dictó unos denominados “Estatutos”, que fueron acordados en una reunión del Consejo de Secretarios celebrada ese día.

Este documento tenía un contenido y un carácter constitucionalista, constaba de un Preámbulo y siete disposiciones o apartados, que por la índole poco normativa de su texto, pueden considerarse como programáticos.

Hubo alguno que expresó el criterio de que no es propiamente una Constitución sino unas “autolimitaciones” que el propio Gobierno se imponía en su actuar. En su contenido se reconocía el carácter provisional del Gobierno y se anunciaba la futura convocatoria, lo antes posible, de elecciones para elegir Delegados a una Convención Constituyente, para que ésta “considere y rectifique, o apruebe y sancione la actuación del Gobierno, organice otro en quien éste decline los poderes que ejercita y formule la Constitución del Estado.

Un aspecto a destacar de este texto legal, lo es el Preámbulo, pues en él está presente un fuerte sentimiento de autodeterminación e independencia y un respeto hacia fundamentales derechos humanos, incluido el de la propiedad (en sentido general) aunque atemperándola a los límites de su función social.

A partir de lo expuesto hasta ahora, podríamos colegir cómo, incluso en un periodo revolucionario tan particular, caracterizado por la falta de unidad de criterios, y en el que actuaban fuerzas tan dispares, de todas formas primó el espíritu legalista que siempre caracterizó los procesos promovidos por la acción o con raigambre, de las amplias masas populares.

A diferencia de lo que pasó en el breve periodo del Gobierno de Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, la actuación legislativa durantes estos cien días, estuvo caracterizada por la promulgación de numerosas leyes y otras medidas de beneficio popular e igualmente nos encontramos ante la presencia de la intervención del Estado a favor de los trabajadores, en empresas y compañías de propiedad de capitalistas extranjeros. Particular relevancia tuvieron las normas legales que modificaron la tramitación de las relaciones laborales. Sin embargo, pese a ello o por motivo de ello, el Gobierno de los Cien Días resultó derrocado el 15 de Enero de 1934, mediante un Golpe de Estado reaccionario, bajo la dirección del entonces ya Coronel Fulgencio Batista y Zaldívar, motivado para esa acción, por el encargo recibido de la Embajada de los Estados Unidos, el que, a partir de ese momento, siempre caracterizó su actuación pública como  servil instrumento del imperialismo norteamericano, al cual respondía en última instancia, aunque en determinados momentos pudiera parecer que sostenía posturas diferentes a las de éste. Hasta tal punto llegó su identificación con el sistema norteamericano, que llegó a ser un fuerte aliado de las grandes familias mafiosas imperantes en los Estados Unidos. A partir del 15 de Enero de 1934 y hasta el año 1940, se sucedieron en el país 6 presidentes, casi a razón de uno por cada año, aunque en realidad el poder residía en las manos del Jefe del Ejército, quien era el Coronel y luego General Fulgencio Batista, siendo esos 6 presidentes dóciles instrumentos en las manos de éste.

También en el actuar legal, estuvieron presentes varias Leyes Constitucionales, comenzando por la Ley Constitucional del 3 de Febrero de 1934, la primera en utilizar esa denominación.

Hemos creído conveniente, como un elemento más, para confirmar el grado de sometimiento de la clase dirigente del país al Gobierno de los Estados Unidos de América, llamar la atención sobre el hecho de que esta Ley Constitucional, aprobada por el Gobierno Provisional hacía constar en la primera página de su parte introductoria o Preámbulo, al realizar una breve mención histórica de los antecedentes de nuestra Patria a partir de la Guerra de 1895, un pronunciamiento que no había estado presente en ninguna de las normas constitucionales precedentes pues en ese pronunciamiento se hacía, sin tapujos, un agradecimiento a la intervención de los Estados Unidos de América, al exponer lo siguiente:

“Cuando los Estados Unidos de América nos ayudaron en 1898 a libertarnos de España y se comenzó a preparar el país para inaugurar la República de Cuba el 20 de Mayo de 1902, fecha en que entró a formar parte de la comunidad internacional…”, etc.

Esta Ley Constitucional sufrió reformas el 23 de Febrero, el 5 de Marzo, el 2 de Abril, el 10 de Abril, el 27 de Abril, el 30 de Mayo, el 31 de Julio, el 10 de Noviembre, el 15 de Noviembre, el 21 de Diciembre,  y el 22 de Diciembre de 1934 y, finalmente el 4 de Marzo de 1935.

El 8 de Marzo de 1935 ocurrió que esta última Ley Constitucional fue suspendida íntegramente, con todas sus reformas, y no fue hasta el 11 de Junio de ese mismo año, que fue puesta en vigor una nueva Ley Constitucional.

Esta situación significó que, durante algo más de 3 meses, el país se encontró sujeto a la autoridad de un Gobierno que actuaba según su voluntad omnímoda, toda vez que carecía de una norma constitucional a la cual ajustar su conducta.

Ni siquiera se dió el caso, del tránsito constitucional conocido como “suspensión de garantías constitucionales”, ni se declaró un Estado de Emergencia o Estado de Sitio o Estado de Guerra, en los cuales podría considerarse que quedaría vigente el resto del texto de la Constitución no afectado por esas situaciones. En fin, era una situación que jurídicamente podría considerarse como peor, a la que se decía por los políticos y académicos de aquéllos años, que existía durante los casi seis días de la Pentarquía.

Sin embargo, esa situación no motivó ni el más mínimo comentario, a diferencia de lo ocurrido con el anterior acontecimiento más arriba recordado.

Claro está, que esto se debió a que tal decisión del Gobierno fue tomada para aplastar el movimiento popular huelguístico de 1935, a sangre y fuego y, por lo tanto, los autores y juristas de la burguesía, no podían por razones clasistas, ver con ojos similarmente críticos, las medidas tomadas para proteger los intereses de su clase, llevadas a cabo sin tener que sujetarse a ataduras o cortapisas constitucionales.

De esa manera, quedó demostrado una vez más, que la legalidad burguesa es un concepto relativo, válido solamente mientras los intereses de clase de la burguesía no se sientan en peligro.

Por su parte, la Ley Constitucional de 11 de Junio de 1935, fue reformada el 23 de Enero de 1936, así como el 16 de Diciembre de ese mismo año. Su contenido, en sentido general, estaba inspirado en el texto de la Constitución de 1901, el cual en muchas partes reproducía.

La Ley de Reforma Constitucional del 16 de Diciembre de 1936, fue firmada por el Presidente Miguel Mariano Gómez, al promulgarla luego de su aprobación por el Senado y la Cámara de Representantes, la que, como iniciativa novedosa, en virtud del Acuerdo adoptado por el Congreso, convocaba a una Convención Constituyente para seis meses después de la fecha de dicho Acuerdo, el que se acompañaba de un proyecto de REFORMA INTEGRAL DE LA LEY CONSTITUCIONAL, que estaba fuertemente influenciado por los contenidos de la Constitución de la República Española de ese mismo año 1936, con las adecuaciones, por supuesto, de los aspectos tradicionales acogidos en la Constitución de 1901.

Debemos aclarar que la fecha de esa convocatoria para la Convención Constituyente, no se cumplió luego de haber decursado esos seis meses, sino que se demoró mucho mas en producirse, sin ofrecerse explicación alguna por el Gobierno para justificar ese retraso.

Esta fue la última Ley Constitucional que estuvo vigente hasta la promulgación de la Constitución de 1940, momento a partir del cual, el país retornó a los cauces de un constitucionalismo y una legalidad de carácter y contenido democrático burgués.

Refiriéndose a la Convención Constituyente que iba a resultar elegida, el cro. Blas Roca Calderío planteaba por esos días, que ésta tendría como principal función el deber de dotar a Cuba de una Ley Fundamental, la que durante un largo número de años, serviría como norma y límite para las actividades de los gobernantes y ciudadanos, como garantía de los derechos y deberes mutuos de todos los factores que integraban la sociedad en esos momentos. La elección se hizo a razón de un delegado por cada 50 mil habitantes o fracción mayor de 25 mil. Atendiendo al número de habitantes la cifra de delegados electos alcanzó a 81.

Entre esos delegados figuraban unos pocos (6) provenientes del Partido de la clase obrera, que actuaba en ese momento bajo el nombre de Partido Unión Revolucionaria Comunista, los que desplegaron una titánica labor en el seno de la Convención Constituyente, para llevar adelante las principales ideas y los principios democráticos que inspiraron  el actuar de los  comunistas, los que en algunos momentos muy puntuales, contaron .con el apoyo de otros constitucionalistas pertenecientes a otros partidos, pero que eran partidarios de las propuestas presentadas por los comunistas, al resultar convencidos por sus argumentos.

Calificamos de titánicos sus esfuerzos, porque en su abrumadora mayoría, los delegados electos para la Asamblea Constituyente representaban a  la oligarquía nacional y a los intereses del imperialismo yanki, los cuales se encontraban imbricados unos con otros.

En la Constitución de 1940, luego de enconados debates, lograron plasmarse principios realmente avanzados, como la protección de la maternidad obrera, el derecho a la sindicalización de los obreros, la proscripción de la discriminación racial, la igualdad de todos los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, el establecimiento de seguros sociales como derecho irrenunciable de todos los obreros, el derecho a la jubilación por antigüedad y el derecho a pensión por causa de muerte para los familiares etc.

Junto a esos derechos de contenido económico-social se encontraban otros, igualmente importantes, relacionados  con las libertades y garantías individuales, tales como los principios de irretroactividad de las leyes penales, excepto cuando fueran mas beneficiosas para los acusados, el establecimiento de un grupo de garantías en los procesos penales, la prohibición de la pena de muerte salvo determinados casos excepcionales, el derecho de asilo a los perseguidos políticos, la inviolabilidad del secreto de la correspondencia y del domicilio, etc. Sin embargo, tales preceptos estaban destinados a ser burlados una y otra vez.

En ocasiones por la falta de leyes complementarias que establecieran los procedimientos y requisitos para hacer valer tales derechos. Por ejemplo, el artículo 20 prohibía la discriminación por motivo de sexo, color de la piel o clase social y cualquier otra lesiva a la dignidad humana y se declaraba que la ley establecería las sanciones en que incurrirían los violadores de esa norma.

La ley complementaria, que sería de carácter penal, no fue dictada hasta el año 1955 o sea, apenas cuatro años antes del triunfo de la Revolución del 1ro. de Enero de 1959, y en ella se establecía el delito de discriminación, pero con una sanción de carácter correccional, al dejarse al conocimiento de los Jueces Correccionales y exclusivamente de carácter pecuniario, ya que era una multa de 31 a 180 cuotas. Por otra parte la descripción del delito era tan genérica, que dejaba a criterio de la autoridad judicial apreciar cuando un hecho podría ser considerado discriminatorio o no.

Otro ejemplo característico, lo fue la prohibición del latifundio que hacía la Constitución de 1940. Nunca fue dictada la Ley complementaria que dijera cual era el límite de tierras permisibles a disponer. Y así sucesivamente, en todas las cuestiones fundamentales para el régimen burgués.

Comoquiera que en numerosas oportunidades las nuevas generaciones de cubanos juristas o de otras profesiones, así como personas interesadas, han leído o escuchado esa afirmación, pero casi nunca dicha leyes ausentes han sido relacionadas,

Hemos considerado conveniente transcribir lo que apareció en la Revista Bohemia, del 20 de Abril del año 1952, a fin de satisfacer la curiosidad que sin duda el tema despierta.

Decía Bohemia: “Entre las leyes complementarias más importantes, pendientes de aprobación, que prácticamente, habían impedido el funcionamiento de la Constitución en dichos extremos, figuraban: De apelación de la sentencias de los juzgados correccionales; carrera administrativa; tribunal de oficios públicos; orgánica de suspensión de garantías; de los Municipios; del Consejo Nacional de Educación y Cultura; Código del Trabajo; Código Fiscal; sanciones por discriminación racial;  construcción de un hospital nacional; reguladora de la fundación y funcionamiento de las cooperativas de reparto de tierra y casas denominada “José Martí”; de ciudadanía; de procedimiento de hábeas corpus; de pensiones alimenticias y obligaciones de los padres para con los hijos; investigación de la paternidad; libertad de testar; de salarios; de seguros sociales; de jornada de trabajo y derecho a la huelga y al paro; de contratos colectivos de trabajo; de sanción por el no ejercicio del derecho al voto; ordenamiento y reglamentación de las enseñanzas; de concertación de empréstitos; catastro nacional; prohibitiva de monopolios etc.”

Una vez más, las ansias de legalidad, de respeto a la ley de contenido popular y a la justicia y equidad inherentes a la nacionalidad cubana, se vieron frustradas, circunstancias todas ellas, que coadyuvaron a la formación de un clima de rechazo a las leyes y de desprecio a la actividad jurisdiccional.

A lo anterior se unía la actuación parcializada de los tribunales de justicia del momento, que desconocían la validez de los preceptos constitucionales cuando entraban en conflicto con leyes anteriores, no derogadas expresamente por ella o por leyes complementarias.

Cuando todo esto fallaba, entonces sencillamente resultaba incumplida abiertamente la Constitución.

Valga destacar que ninguna de estas leyes constitucionales aprobadas durante estos últimos años de la década de los 30, del Siglo 20 pasado, fue fruto de Convenciones o Asambleas Constituyentes. Por otra parte, en ningún caso fueron refrendadas mediante la celebración de referendos y mucho menos, mediante la celebración de una consulta popular de todos los ciudadanos mayores de edad, trámite este último impensable en el seno del sistema político que existía en nuestro país, en esa etapa de su historia.

Incluso, se dio el caso de que si bien los trámites de referendo eran usados en diversos países, el proceso de consulta popular previa al momento de ser sometida al referendo, que sepamos nunca fue empleado, tal como ha sido concebido por la revolución en nuestro país, ya que antes en Cuba no se hicieron esas consultas e incluso, tampoco se hicieron referendos.

Pese al relativo curso institucional seguido por el proceso político durante esos años, este periodo se caracterizó por el relieve alcanzado por el robo, la corrupción y la malversación de los fondos públicos, lo que demostraba, una vez más, que la democracia representativa y el parlamentarismo burgués, eran incapaces de enfrentar y resolver los serios problemas que estaban presentes en el país y, por el contrario, los hacían llegar a etapas críticas, que ponían de manifiesto, cada vez más, el caos, el descrédito y la desmoralización de los gobiernos del Partido Auténtico, los que además se habían lanzado a una furiosa campaña anticomunista y de apoyo a la política de guerra fría del imperialismo yanki, sin que los  tribunales de justicia y los agentes del orden público hicieran por evitarlo, sino que por el contrario se sumaron a ese accionar.

Todo ello puso de relieve, a los ojos de amplios sectores de la vida pública, la extraordinaria falsedad que encerraba el derecho vigente, que era el burgués, que lo que hacía  era respaldar los intereses de la burguesía como clase social y de los capitales norteamericanos presentes en Cuba, mientras que los gobiernos diversos que se sucedían, sometidos al imperio, resultaban incapaces de modificar las injusticias y la degradación moral que se originaba a la sombra de las leyes y del quehacer de los órganos del estado burgués, lo mismo el supuestamente democrático, que el dictatorial que lo sustituyó.

Tal era la situación, al producirse en la madrugada del 10 de Marzo de 1952, el derrocamiento del gobierno constituido, asumiendo el poder una Junta Militar golpista que proclamó como Jefe de Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas al general Fulgencio Batista y Zaldivar, de aborrecible recordación para el pueblo cubano.

El golpe de estado del 10 de Marzo de 1952 concitó inmediatamente la repulsa de amplios sectores de la población y de sus más preclaros dirigentes políticos, así como entre las filas de la intelectualidad.  Uno de los primeros jóvenes revolucionarios, en hacer publica su oposición a la vil traición contra las instituciones constitucionales de la República, fue el cro. Fidel Castro quien, como bien expresa el Programa del Partido Comunista de Cuba, aprobado en su III Congreso, en el año 1986: “… inspirado en las ideas de Martí y en las concepciones revolucionarias de Marx, Engels, y Lenin, que desde años anteriores había comenzado a destacar sus verticales posiciones tanto en el escenario político de nuestro país como en acciones de solidaridad internacionalista encontró y emprendió el camino justo para combatir con éxito a la tiranía y a todo lo que ella representaba”.

A pocas horas del cuartelazo escribió un manifiesto nombrado “Revolución no, zarpazo”, en el cual expresaba: “No fue un cuartelazo contra el Presidente Prío, abúlico, indolente; fue un cuartelazo contra el pueblo, en vísperas de elecciones cuyo resultado se conocía de antemano.

No había orden, pero era el pueblo a quien le correspondía decidir democráticamente, civilizadamente y escoger sus gobernantes por voluntad y no por la fuerza (…).

Bien estaba echar abajo un gobierno de malversadores y asesinos, y eso intentábamos por la vía cívica con el respaldo de la opinión pública y la ayuda de la masa del pueblo. ¿Qué derecho tienen, en cambio, a sustituirlo en nombre de las bayonetas, los que ayer robaron y mataron sin medida? No es la paz, es la semilla del odio lo que así se siembra. No es felicidad, es luto y tristeza lo que siente la nación frente al trágico panorama que se vislumbra. Nada hay tan amargo en el mundo como es el espectáculo de un pueblo que se acuesta libre y se despierta esclavo (…).

Nos estábamos acostumbrando a vivir dentro de la Constitución, doce años llevábamos sin grandes tropiezos a pesar de los errores y desvaríos (…).

(…) Su golpe es pues, injustificable, no se basa en ninguna razón moral seria, ni en doctrina social o política de ninguna clase. Solo halla razón de ser en la fuerza, y justificación en la mentira. (…) Su asalto al poder carece de principios que lo legitimen, ríase si quiere, pero los principios son a la larga más poderosos que los cañones. (…).

No llame revolución a ese ultraje, a ese golpe perturbador e importuno, a esa puñalada trapera que acaba de clavar en la espalda de la República. (…).

(…) es muy escaso el freno cuando no hay más Constitución ni más ley que la voluntad del tirano y sus secuaces”.

Nos hemos extendido en esta cita, debido a que consideramos que este manifiesto hecho por el cro. Fidel Castro, casi inmediatamente de haberse producido el Golpe de Estado, expone anticipadamente algunas de las ideas que fueron esgrimidas por él, en su alegato de “La Historia me Absolverá”.

Por otra parte, en el párrafo que hemos subrayado está expuesto de forma clara y concisa, el espíritu de legalidad que siempre estuvo y está presente en el accionar político del Líder Histórico de la Revolución Cubana.

El cro. Fidel Castro no satisfecho con el manifiesto más arriba reseñado, decidió acudir a los tribunales, pero a diferencia de otras iniciativas, acudió a los tribunales de lo penal, atendiendo a los evidentes delitos cometidos por los autores del cuartelazo.

En su autodefensa por los sucesos del Moncada, relató lo ocurrido con esa decisión, de la siguiente manera: “Ocurrió entonces que un humilde ciudadano de aquel pueblo, que quería creer en las leyes de la República y en la integridad de sus magistrados a quienes había visto ensañarse muchas veces contra los infelices, buscó un Código de Defensa Social para ver que castigos prescribía la sociedad para el autor de semejante hecho. (…)

Sin decir una palabra a nadie, con el Código en una mano y los papeles en la otra, el mencionado ciudadano se presentó en el viejo caserón de la capital donde funcionaba el tribunal competente, que estaba en la  obligación de promover causa y castigar a los responsables de aquel hecho, y presentó un escrito denunciando los delitos y pidiendo para Fulgencio Batista y su 17 cómplices la sanción de 108 años de cárcel como ordenaba imponerle el Código de Defensa Social con todas las agravantes de reincidencia, alevosía y nocturnidad.

Pasaron los días y pasaron los meses. ¿Qué decepción? El acusado no era molestado, se paseaba por la República como un amo, lo llamaban honorable señor y general, quitó y puso magistrados, y nada menos que el día de la apertura de los tribunales se vió al reo sentado en el lugar de honor, entre augustos y venerables patriarcas de nuestra justicia”. Precisamente en ese escrito de acusación, el jurista, político y revolucionario Fidel Castro, ya planteaba desde esos momentos lo que consideraba la esencia misma de lo que debía ser una verdadera revolución, exponiendo algunos conceptos que pudieran apreciarse como anticipos de los principales postulados que luego conformarían el ideario del Moncada.

Allí, en esa fecha tan temprana,  consignaba lo siguiente: “No basta que los alzados digan ahora tan campantes, que la revolución es fuente de derecho, si en vez de revolución lo que hay es “restauración”, si en vez de progreso “retroceso”, en vez de justicia y orden, “barbarie y fuerza bruta”, si no hubo programa revolucionario, ni teoría revolucionaria, ni prédica revolucionaria que precediera al golpe, politiqueros sin pueblo, en toda caso convertidos  en asaltantes del poder. Sin una concepción nueva del Estado, de la sociedad y del ordenamiento jurídico, basados en hondos principios históricos y filosóficos, no habrá revolución generadora de derecho.  Ni siquiera se les podrá llamar delincuentes políticos; para Jiménez de Asúa, el maestro de los penalistas, solo merecen el concepto “aquellos que luchan por un régimen social de catadura avanzada hacia el porvenir, nunca los reaccionarios, los retrógrados, los que sirven intereses de camarillas ambiciosas, esos serán siempre delincuentes comunes para quienes jamás estará justificado el asalto al poder”.

Conviene llamar la atención sobre la idea final contenida en este último párrafo, en la cita que Fidel hace de Jiménez de Asúa, pues en ella se expresa de forma adelantada, la calificación con la que luego del triunfo de la Revolución, el 1ro. de Enero de 1959, fueron identificados los individuos que se enfrentaron y enfrentan con el fin de anularlas, a las transformaciones revolucionarias que se introducían y siguen introduciéndose, en el seno de la sociedad cubana, en aras de establecer el socialismo.

Simultáneamente con los pasos dados en el ámbito jurídico, los políticos de aquel entonces también trataron de encontrarle una salida política al golpe, pero los partidos políticos  burgueses predominantes fueron incapaces de lograr la movilización urgente y unida del pueblo, tal como se expone en el Programa del Partido Comunista de Cuba, por sus vacilaciones, ineptitud, reblandecimiento moral de sus direcciones, y dirigentes mas destacados, así como por su subordinación a la política del imperialismo.

De esa manera, como bien expone dicho Programa, cerradas todas las soluciones pacíficas, solo cabía el camino de vertebrar un movimiento independiente y ajeno a los politiqueros corrompidos proimperialistas y desencadenar la insurrección popular armada, como la forma más alta de la lucha de masas.

Un primer paso en esa dirección fue la preparación por Fidel, después de organizar un grupo de jóvenes revolucionarios, el ataque al cuartel Moncada de Santiago de Cuba y el del Bayamo, lo cual, de conseguirse, permitiría ocupar amabas ciudades, armar al pueblo, dar a conocer a la nación el programa revolucionario; convocar a los trabajadores a la huelga general y desatar un movimiento popular e insurreccional capaz de provocar el desplome del régimen. El Moncada, como se ha señalado, contaba con un programa revolucionario. Su exposición mas completa se encuentra en el contenido de La Historia me Absolverá, el alegato que hizo el joven jurista Fidel Castro, en su autodefensa ante el Tribunal que lo juzgó por los  hechos de que lo acusara la tiranía, al atacar el cuartel de ese mismo nombre, en Santiago de Cuba. Expuesto sintéticamente, puede resumirse en estos seis puntos fundamentales: El problema de la tierra. El problema de la industrialización. El problema de la vivienda. El problema del desempleo. El problema de la educación.      El problema de la salud del pueblo.

En el Manifiesto del Moncada, de fecha 23 de Julio del año 1953, que fue leído por Fidel momentos antes de partir hacia el cuartel, esos principios ya se encuentran enunciados.

En primer lugar, allí se plantea el carácter inacabado de la revolución cubana iniciada por Céspedes en 1868, continuada por Martí en 1895 y actualizada en la época republicana por otros dirigentes populares.

Seguidamente, se expresa cuales son los objetivos principales del movimiento al consignar: “Ante la arrogancia desafiante de la dictadura y el conciliábulo y la componenda ridícula de los políticos destacados, se levanta la vergüenza inquebrantable del pueblo cubano en la decisión unánime de reconquistar su Constitución, sus libertades esenciales y su derechos inalienables, pisoteados sin tregua por la usurpación traicionera”.

Entre los principios programáticos que aparecen en el Manifiesto, muchos de ellos con posterioridad tendrían que plasmarse en numerosos textos legales.

Tan es así, que como bien explicara Fidel en “La Historia me Absolverá”, llevaban preparados cinco proyectos de leyes, los que de haber triunfado la acción emprendida, hubieran sido proclamadas inmediatamente y divulgadas por radio a la nación.

Hemos considerado conveniente resaltar de su texto, los principios programáticos siguientes:

  1. La Revolución se declara libre de trabas con las naciones extranjeras.
  2. La Revolución declara que respeta la integridad de los ciudadanos libres y hombres de uniforme que no han traicionado el corazón nacional, ni le han sometido su bandera gloriosa, ni han abjurado de su Constitución. (…).
  3. La Revolución declara su energía y vigor contra los que solo han sabido tener energía y vigor para arrebatar al pueblo sus sagrados derechos e instituciones, conculcando la libertad y soberanía al costo del dolor y de la angustia de los hijos de Cuba.
  4. La Revolución declara su decisión firme de situar a Cuba en el plano de bienestar, prosperidad económica que aseguran su rico subsuelo, su situación geográfica, su agricultura diversificada, y su industrialización, que han sido explotados por gobiernos ilegítimos y espurios, por ambiciones desmedidas y por interés culpable. (…)
  5. La Revolución declara su afán y decisión de renovar, íntegra y totalmente, el medio económico nacional, con la implantación de las medidas más urgentes para resolver la crisis y repartir trabajo honrado y dinero equitativo a todos los hogares cubanos, decisión que es una e indivisible en el corazón de los hombres que la defienden. (…).
  6. La Revolución declara su respeto absoluto y reverente por la Constitución que se dictó el pueblo en 1940 y la restablece como Código Oficial. Declara que la única bandera es la tricolor de la estrella solitaria y la lleva como siempre, gloriosa y firme, al fragor del combate, que no hay otro himno que el nacional cubano reconocido en el mundo entero por la estrofa vibrante: “Que morir por la patria es vivir”.

Con posterioridad al triunfo revolucionario del 1ro. de Enero de 1959, esos proyectos de leyes preparados en aquella ocasión, fueron los cimientos sobre los cuales el legislador revolucionario edificó su obra normativa, cuando tuvo todos los resortes del poder del Estado en sus manos.

Ellos fueron dados a conocer por el cro. Fidel Castro en el curso del juicio seguido en su contra por los sucesos del Moncada, como parte de su alegato de autodefensa y luego fueron publicados en “La Historia me Absolverá”.

Pese a la búsqueda realizada por nosotros en diversas publicaciones, no pudimos encontrar el texto completo de esas leyes, por lo que parece ser una realidad la presunción del cro. Fidel, expuesta ante el Tribunal, en el sentido de que las mismas podrían haber sido destruidas con toda intención por la tiranía.

De todas formas, la amplitud de la versión con que aparecen mencionadas en el alegato expresado, nos permitió apreciar sus alcances perspectivos.

En el contenido de “La Historia me Absolverá”, dichas leyes aparecen consignadas de la manera siguiente:

“La primera ley revolucionaria devolvía al pueblo la soberanía y proclamaba la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado, en tanto el pueblo decidiera modificarla o cambiarla, y a los efectos de su implantación y castigo ejemplar a todos los que la habían traicionado, no existiendo órganos de elección popular para llevarlo a cabo, el movimiento revolucionario, como encarnación momentánea de esa soberanía, única fuente de poder legítimo, asumía todas las facultades que le son inherentes a ella excepto la de modifica la propia Constitución: facultad legislativa, facultad de ejecutar y facultad de juzgar”.

En los párrafos que las seguían, el cro. Fidel aclaraba el sentido y significación de esta ley, añadiendo que la vuelta a la legalidad seria obra de un  gobierno aclamado por la masa de combatientes y especificaba que a partir de ese instante, el denominado Poder Judicial recesaría como tal poder, por su actitud claudicante ante la tiranía y se procedería a su inmediata y total depuración, antes de asumir nuevamente las facultades que concede la Ley Suprema de la República, pues resultaría una traición más y un engaño poner en manos de quienes actuaron tan deshonrosamente, la custodia de dicha legalidad.

En otros párrafos, exponía el contenido de las demás leyes, expresando que:

“La segunda ley revolucionaria concedía la propiedad inembargable  e intransferible de la tierra a todos los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupasen parcelas de cinco o menos caballerías de tierra, indemnizando el Estado a sus anteriores propietarios a base de la renta que devengarían por dichas parcelas, en un promedio de diez años.

La tercera ley revolucionaria otorgaba a los obreros y empleados el derecho de participar del 30% de las utilidades en todas las grandes empresas industriales, mercantiles y mineras, incluyendo centrales azucareros. Se exceptuaban las empresas meramente agrícolas en consideración a otras leyes de orden agrario que debían implantarse.

La cuarta ley revolucionaria concedía a todos los pequeños colonos el derecho a participar del 55% del rendimiento de la caña y cuota mínima de cuarenta mil arrobas a todos los pequeños colonos que llevasen tres años o más establecidos.

La quinta ley revolucionaria ordenaba la confiscación de todos los bienes a todos los malversadores de todos los gobiernos y a sus causahabientes y herederos en cuanto a bienes percibidos por testamento o abintestato de procedencia mal habida, mediante los tribunales especiales con facultades plenas de acceso a todas las fuentes de investigación, de intervenir a tales efectos las compañías anónimas inscriptas en el país o que operan en él, donde pueden ocultarse bienes malversados y de solicitar de los gobiernos extranjeros extradición de personas y embargo de bienes.  La mitad de los bienes recobrados pasarían a engrosar las cajas de los retiros obreros y la otra mitad a los hospitales, asilos y casas de beneficencias”.

Además, el cro. Fidel anunciaba que, una vez terminada la contienda y previo estudio minucioso de su contenido y alcance, otra serie de leyes y medidas serían puestas en vigor como la Reforma Agraria, la Reforma Integral de la Enseñanza, y la nacionalización del trust eléctrico y el trust telefónico, devolución al pueblo del exceso ilegal que han estado cobrando en sus tarifas y pago al fisco de todas las cantidades que han burlado a la Hacienda Pública.

Como podrá apreciarse, entre los propósitos de los combatientes del Moncada y de su dirigente máximo, nunca estuvo presente el de prescindir de la utilización de las leyes como instrumento para hacer realidad sus ideas.

Correspondió al comportamiento de la dirección política y militar durante la guerra de liberación contra la tiranía en la Sierra Maestra y en los demás frentes que se abrieron en el territorio nacional por los combatientes revolucionarios vinculados a la Comandancia de la Sierra Maestra, seguir el ejemplo de la Dirección de dicha Comandancia y respetar las decisiones que se tomaron por la misma al respecto.

Desde el 2 de Diciembre del año 1956 hasta el 1ro. de Enero del año 1959, fieles a los principios que inspiraban su lucha, a las tradiciones históricas de nuestros patriotas en sus guerras de independencia contra el dominio español, y simultáneamente con el propósito de fortalecer la organización y disciplina del Ejercito Rebelde, la dirección de éste, dictó durante la guerra las norma jurídicas legales conocidas como “Las Leyes de la Sierra Maestra” que tuvieron correspondencia  con normas similares, que se iban dictando por las jefaturas de los diferentes frentes de combate que eran abiertos en el transcurso de la guerra, y que eran de aplicación  en el territorio liberado de las fuerzas de la tiranía.

Estas normas legales servían para garantizar los intereses de la Revolución, demostrando tanto a los combatientes como al pueblo así como a la opinión pública internacional, que la Revolución era una fuente de derecho, pero de un derecho inspirado en postulados esencialmente diferentes y de alcance profundamente humano sobre la justicia, la igualdad, la equidad y otras categorías de la Ciencia Jurídica así como de la Filosofía del Derecho.

Ellas fueron las primeras manifestaciones de una legalidad nueva, revolucionaria, que tenía como propósito realizar al fin, los anhelos populares de que las leyes y el derecho en general, verdaderamente protegieran y garantizaran los intereses de las grandes masas de la población cubana.

Resulta fácil comprender que tal proceder legislativo no pudo tener lugar durante los primeros tiempos de la lucha revolucionaria, pues durante ellos el núcleo de combatientes se encontraba inmerso en las primeras acciones de enfrentamiento al enemigo, consolidación de posiciones, evasión ante los atasques y hostigamiento efectuados en su contra por grandes agrupaciones militares de la tiranía, todo lo cual les obligaba a una constante movilidad en esa etapa de lucha.

Sin embargo, pese a ello, siempre en su actuar se ajustaron a patrones de conducta enmarcados en los principios de la legalidad en el trato a los habitantes de las zonas en las que operaban.

En el transcurso de apenas pocos meses, una vez consolidadas las posiciones del Ejercito Rebelde, la guerrilla pudo darse a la tarea de organizar una administración civil, que devino en estructura estatal de la Revolución en las zonas liberadas.

Resultan conocidisimas las proezas llevadas a cabo en el terreno militar por la guerrilla revolucionaria sin embargo no son tan conocidas sus estructuras de administración civil, adoptadas en el transcurso de las luchas, y con las cuales al igual que en nuestras guerras de independencia, se ejerció la actividad del Estado revolucionario cubano en las zonas liberadas.

(Continúa)

*Dr. en Derecho. Master en Ciencias Políticas. Lic. En Ciencias Sociales. Profesor Titular. Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas.


Fabio Raimundo Torrado

 
Fabio Raimundo Torrado