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Publicado el 21 Febrero, 2019 por Fabio Raimundo Torrado en Opinión
 
 

Revolución cubana y legalidad: hermanas inseparables (III y final)

Por: Fabio Raimundo y Torrado*

El 1ro. de Enero de 1959, la tiranía batistiana se desplomó ante el empuje arrollador de las fuerzas rebeldes. Una de las primeras medidas del Gobierno Revolucionario fue disponer el restablecimiento de la Constitución de 1940, para cumplir con uno de los postulados del Programa del Moncada. Sin embargo, una vez cumplido este deber, mediante reformas constitucionales sucesivas, el nuevo Gobierno tuvo que ir introduciendo modificaciones parciales para ajustar su contenido a la nueva situación que vivía el país, ya que no existía Congreso, y las funciones de éste descansaban en el Consejo de Ministros.

Por consiguiente, el 7 de Febrero del año 1959, haciendo uso de sus plenos poderes, éste acordó por unanimidad aprobar, sancionar y promulgar una Ley Fundamental de la República, la que con sucesivas modificaciones posteriores, estuvo vigente hasta el 24 de Febrero del año 1976.

De esa manera los destinos de la Patria durante ese período se rigieron jurídicamente por el Gobierno Revolucionario, por voluntad expresa de toda la nación, voluntad que fue reiterada en multitudinarias y entusiastas concentraciones públicas, entre las cuales podemos mencionar las celebradas, con ocasión de aprobar la Primera y Segunda Declaración de La Habana.

Valga expresar que en etapas posteriores diversos autores expresaron el criterio compartido por nosotros de que estas concentraciones representaron el origen de una nueva forma de sufragio directo, universal y publico que ha sido comparado, salvando las distancias y las diferencias de clases sociales, con la democracia griega, tan alabada por los representantes de las denominadas democracias pluralistas occidentales, así como los de la ilustración humanística en sentido general.

Ante el éxito alcanzado en la ejecución de lo dispuesto en las leyes que se dictaron para hacer realidad el Programa del Moncada, pudiera parecer que la adopción de esas numerosas leyes, dirigidas a impulsar o amparar jurídicamente las transformaciones revolucionarias que fueron introduciéndose en la sociedad cubana, constituyó un proceso que transcurrió sin suscitar oposición alguna, y que fueron acatadas por todos los que de una manera u otra serian afectados en sus intereses, y que responderían pacíficamente a esas afectaciones pacíficamente.

Sin embargo no fue así y por ello el Gobierno Revolucionario tuvo necesidad de adoptar un gran número de leyes que le permitieran actuar jurídicamente contra los enemigos del proceso revolucionario contra los enemigos del proceso revolucionario, con el fin de garantizar legalmente la viabilidad de las ideas transformadoras de la sociedad.

Refiriéndose a esa situación, el cro. Fidel Castro expresó el 4 de Enero del año 1959, ante los reclamos populares de ejemplar justicia para los criminales de guerra y con el fin de que estos reclamos tuvieran un cauce legal, en una entrevista  que le habían realizado ese día por CMQ (estación de radio y de televisión a nivel nacional) algunos periodistas declaró: “Yo siempre dije que en el futuro no habría venganza, porque habría justicia. La justicia quiere decir llenar los requisitos elementales del procedimiento, aunque hay casos en que todo el mundo sabe que no queda otra alternativa que aplicarle la pena de muerte porque son hombres que algunos han cometido hasta 20y 30 asesinatos (…) y en esos casos, pues, serán los Tribunales Revolucionarios los que decidan de acuerdo con las leyes revolucionarias (…). Serán castigos ejemplares que la Revolución generosa aplicará solo a aquellos que realmente lo merezcan, pero les decía que es para nosotros una satisfacción haber comprobado que no se ha dado un solo caso de hombres arrastrados por las calles,…”.

La Justicia revolucionaria se aplicó también a la contrarrevolución interna y a sus aliados por los delitos de sabotaje, asesinatos, conspiraciones, atentados contra la vida de dirigentes y otros delitos de semejante importancia. Para ello se dictaron por el Gobierno Revolucionario, las normas legales que en su momento fueran necesarias para defender la Revolución. Eran leyes severas, con sanciones elevadas o incluso la de pena de muerte, atendiendo a la naturaleza del delito cometido.

Los procesos judiciales fueron la respuesta en el plano legal a la violencia contrarrevolucionaria, lo cual permitió que pudiera afirmarse que en esa respuesta jamás estuvo presente un desaparecido, jamás hubo un preso que no estuviera sujeto a juicio, jamás hubo un reo al cual se le aplicara la ley de fuga tradicionalmente empleada en nuestro país en otros momentos por los Gobiernos de la democracia burguesa, ni que fuera torturado para que confesara sus delitos y denunciara a sus cómplices.

De esa manera, también las conquistas económicas, políticas y sociales alcanzadas se garantizaban por medio de una justicia rápida proporcional al hecho y ajustada a las características personales del delincuente, dentro de la más absoluta legalidad.

Los Tribunales Revolucionarios estuvieron actuando hasta la aprobación de la Ley No. 1250, del 23 de Junio de 1973, denominada “Ley de Organización del Sistema Judicial” que unificó todas las jurisdicciones existentes, incluida la militar, distribuyéndose sus funciones entre las Salas de lo Penal, la de los Delitos contra la Seguridad del Estado, y la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de Justicia y de los demás órganos de justicia penal.

Estos criterios han sido elaborados a partir de los resultados de una investigación realizada por mí tomando como fuente a numerosos autores de libros, folletos, artículos, no solo los de texto para su estudio sino también los dedicados a analizar procesos, etapas, instituciones y situaciones surgidas en el devenir histórico de nuestro país.

Para realizar esa investigación, me inspiré en el pensamiento del líder de la actual Revolución Cubana, el cro. Fidel Castro, cuando hace 50 años durante la celebración del centenario de la declaración de independencia hecha por los cubanos, decididos a luchar contra el colonialismo español, en esa fecha del 10 de Octubre del año 1868.

Decimos esto, porque ese día el cro.  Fidel Castro dio a conocer sus conclusiones sobre la Revolución cubana, no solo la del comienzo de nuestras luchas, sino las realizadas en los procesos subsiguientes, conclusiones a las que no habían llegado los historiadores, analistas y dirigentes políticos de nuestra patria o, si lo hicieron, lo mantuvieron en estricto secreto.

Esas conclusiones venían desarrollándose por él, desde momentos precedentes y constancia de ello la encontramos en el discurso que pronunció en la Escalinata de la Universidad de La Habana, el 13 de Marzo del año 1965, cuando expresó “Nosotros entonces habríamos sido como ellos, ellos hoy habrían sido como nosotros; porque lo que determinó en cada época fue el espíritu revolucionario de nuestro pueblo. Y lo que puede decirse es que, desde entonces hasta hoy, largo ha sido el camino, largo ha sido la evolución de nuestro pensamiento revolucionario…”.

Es por ello que no nos sorprendiera que el cro. Fidel Castro, apenas tres años después, en su discurso de la velada conmemorativa de los primeros cien años de lucha patria, efectuado en el ingenio La Demajagua, el 10 de Octubre del año 1968 expusiera: “¿Qué significa para nuestro pueblo el 10 de octubre de 1868? ¿Qué significa para los revolucionarios de nuestra patria esta gloriosa fecha?

Significa, sencillamente, el comienzo de cien años de lucha, el comienzo de la Revolución en Cuba, porque en Cuba solo ha habido una revolución: la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 y que nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes”.

Resulta significativo que el actual Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el cro. Miguel M. Díaz-Canel Bermúdez, en el discurso pronunciado en el acto político cultural en el Aniversario 150 de ese acontecimiento, en La Demajagua, provincia de Granma, hizo un especial pronunciamiento sobre esta parte del Discurso de Líder de la Revolución cubana, al expresar que no dudaba de que todos los presentes en ese acto, que el mismo había pronunciado esas palabras, las cuales aquellos de mayor edad las recordarían, y a lo anterior agregaba la indicación siguiente:

“Recordarlo, sin embargo no basta. Hay que invitar a nuestros hijos nietos, a los estudiantes de hoy, a desentrañar el significado de aquella frase con la que comienza el primer análisis político público del capitulo más trascendente de la historia nacional”.

Luego de hacer importantes y trascendentes pronunciamientos sobre el alcance de la idea expuesta por Fidel en fecha como esa, cincuenta años antes, terminaba expresando Díaz-Canel:

“Asumamos como nuestras y como firme decisión de continuidad, las palabras de Fidel, aquél 10 de Octubre de 1968 “Porque este pueblo, igual que ha luchado cien años por su destino, es capaz de luchar otros cien por ese mismo destino”

Valga añadir a lo anteriormente expuesto, que 21 años después de esos pronunciamientos, a fin de dejar bien esclarecido el alcance de lo expresado en la celebración del centenario, el cro. Fidel expresó en Camagüey, con motivo del acto por la celebración del XXXVI Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, con fecha 26 de Julio del año 1989, cuando dijo:   “Este es el mismo país y el mismo pueblo de Céspedes y Martí; éste es el mismo país y el mismo pueblo de Agramonte y de  Máximo Gómez; éste es el mismo país y el mismo pueblo del Titán de Bronce Antonio Maceo; éste es el mismo país y el mismo pueblo de Yara y de Baire; éste es el mismo país y el mismo pueblo de la Protesta de Baraguá; éste es el mismo país y el mismo pueblo del Moncada, de Girón y del internacionalismo, sólo que con una conciencia tan alta como nunca tuvo jamás; y éste pueblo y éste país sabrán ser consecuentes con su gloriosa historia”.

A nuestro modo de ver, una de las particularidades de más interés del proceso Revolucionario Cubano, desde sus orígenes en la Declaración de Independencia de La Demajagua, el 10 de octubre de 1868, hasta el periodo de institucionalización del Estado socialista cubano, comenzado en 1970 y aún en proceso de perfeccionamiento, el hecho de que la Revolución Cubana, a lo largo de su historia apeló para su desarrollo, actuación y defensa, no solo a la acción de las masas populares y a los combatientes armados, sino también a instrumentos jurídicos.

De esa manera, a los enemigos internos y externos y a sus métodos violentos, se les respondió con todos los medios al alcance del pueblo, siempre dentro de la más estricta legalidad revolucionaria. Podríamos agregar, que ella se condujo dentro de los principios de lo que se ha conocido como un Estado de Derecho, durante todo el tiempo a lo largo de la historia patria, hasta llegar a la etapa de la Revolución Socialista, en la cual pasó paulatinamente a  adoptar la forma de una democracia socialista, forma de gobierno todavía mas  justa y equitativa, a la par que también está sujeta en su actuar, al marco legal que ella misma se fijó, conforme a sus raíces patrias, todo ello pese a los intentos, siempre fallidos de sus enemigos, por negarlo.

Hemos considerado conveniente, ofrecer un panorama de algunos de los momentos más significativos de los años precedentes al triunfo popular del 1ro. de Enero de 1959, porque en ellos es donde encontraremos la raíces y antecedentes de esa particularidad del actuar revolucionario cubano.

Para nadie resulta desconocido el hecho de que la construcción de la primera sociedad socialista en el continente americano y de la materialización de la Revolución que lo posibilitó, forma parte de un largo proceso de la historia de nuestro país.

Quizás algunos conocedores de los casos de infracciones de la legalidad detectados en diversos procesos de control que han tenido lugar a lo largo de nuestra historia, piensen que esa afirmación resulta aventurada, pero ello no es así, si se tiene en cuenta que el apego de la dirección revolucionaria de nuestro país a todo lo largo de su Historia, desde el 10 de Octubre de 1868 hasta ahora, no podemos dejar de expresar que ese apego a la legalidad es hacia las leyes fruto de la labor revolucionaria, no de las viejas leyes existentes.

Creemos, que esa afirmación encontró su mejor exposición en el pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, quien demostró una vez más su capacidad de análisis y tal como expone un viejo dicho popular, tener sus pies bien apoyados en la tierra, al consignar en ocasión de su discurso en la celebración conmemorativa de un aniversario del 26 de Julio de 1974, en la ciudad de Matanzas:

“Las revoluciones y los revolucionarios se caracterizan en una fase porque destruyen todas las leyes, porque eran las leyes de los opresores, de los explotadores, de los dominadores. Pero junto con el hábito de destruir las leyes, muchas veces se desarrolla paralelamente el hábito de no respetar ninguna ley. Y la Revolución significa destruir todo viejo orden social y todas las viejas leyes que rigen la vida de una sociedad, y sustituirlas por leyes nuevas.  Lo que equivale a decir que hay que sustituir el espíritu destructor de las leyes viejas, por el espíritu de disciplina y acatamiento de las leyes nuevas. (…) y más adelante consignaba: “La legalidad socialista es imprescindible. Y mientras más nos organicemos y más desarrollemos la Revolución, más será necesaria crear en la mentalidad de todo el pueblo el conocimiento de la ley y el hábito de acatamiento y respeto a las leyes”.

Existen numerosos ejemplos del respeto tenido hacia nuestras leyes revolucionarias de parte de sus dirigentes. A modo de ejemplo, expondremos algunos acontecimientos históricos de eventos que tuvieron lugar en las diferentes etapas de nuestra revolución.

A fines de 1869, comenzaron a producirse contradicciones, cada vez más fuertes entre la Cámara de Representantes y el General en Jefe, que en esa época era Manuel de Quesada, quien contaba con las simpatías del Presidente Céspedes.

Hasta que punto llegó el encono de las partes, que el patriota Bernabé Varona conocido por “Bembeta” le manifestara a aquél, que estaba decidido a disolver la Cámara por la fuerza, teniendo que ser contenido por Céspedes.   Por otra parte, Manuel Agramonte Porro ofreció a Quesada “colgar de los faroles a esos chiquillos de representantes”, a lo que respondió Quesada con muy buen tino: “Despacito por las piedrecitas; guarde usted todo ese entusiasmo para combatir a los azulitos. Nosotros debemos acatar las leyes que nos hemos dado”.

Véase cómo, pese a los puntos de vista en conflicto, existía la decisión política de cumplir las leyes y la Constitución, de parte de las principales figuras de la Guerra revolucionaria.

Uno de los ejemplos mas ilustrativos del espíritu de legalidad existente y los valores éticos, de una buena parte de los jefes revolucionarios cubanos en armas, lo es la carta que el Mayor General Antonio Maceo y Grajales enviara al Mayor General Vicente García, el 5 de Julio del 1877, como respuesta a la de aquél, en la cual lo invitaba unirse al movimiento sedicioso que estaba organizando contra el Gobierno de la República. Hemos seleccionado algunos de sus párrafos por considerarlos como los más demostrativos de esta valoración nuestra.

Hacía Maceo, en su carta, algunas valoraciones muy importantes, desde el punto de vista de la conducta de respeto a la autoridad, la ética, y a las normas legales,  tales como las siguientes: “…nunca apelaré a la rebelión y al desorden para hacer uso de mis derechos (…) para satisfacer las aspiraciones del pueblo no es necesario autorizar la desobediencia al Gobierno constituido y a las leyes, como sucedió en Lagunas de Varona (…) Así, lejos de haber unión para combatir al enemigo común, resulta que los hombres amantes del orden y la obediencia al Gobierno legítimo y a las leyes, se indignan contra Usted y sus adeptos”.

Otro ejemplo del acatamiento a las leyes por parte de nuestros principales jefes mambises queda patente en el pensamiento del General en Jefe Máximo Gómez durante la Guerra Necesaria organizada por Martí, al mostrar en su actuar cómo pensaba, pese a ser la máxima autoridad militar, reconocida como tal y poseedora de un elevado prestigio y obediencia por parte de todos los mambises.

En una carta fechada el 23 de Septiembre de 1895, que aparece publicada en el libro de Enrique Hernández Corujo “Historia Constitucional de Cuba”, La Habana 1960, de la cual hemos extraído algunos pronunciamientos, a nuestro juicio, valiosos para demostrar la vigencia de nuestras ideas al respecto, escribía lo siguiente:

“La Constitución del gobierno me ha quitado tanta inmensa responsabilidad, y nuestra revolución acaba de echar los sólidos cimientos sobre los cuales se ha de edificar la futura República Cubana (…) Se marcha ya a compás (…) Al lado de ellos – refiriéndose al Consejo de Gobierno- me tendrá Ud., siempre sumiso y obediente y dispuesto a sostener con mi espada todo lo que ellos dispongan con la pluma”.

Otro ejemplo evidente de lo que hemos dicho, acerca del estricto apego a la ley de la Dirección Revolucionaria, pero ocurrido en un momento más reciente, si lo comparamos con los anteriores, lo encontramos en el actuar del cro. Fidel, en su calidad de Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, durante los meses en que coincidió en este cargo con la presidencia de Manuel Urrutia Lleó, a quien el propio Fidel y el resto de la Dirección Revolucionaria triunfante, habían escogido como Jefe de Estado.

Ocurrió que al comenzar a chocar las iniciativas progresistas de la Revolución con las posiciones de derecha de Urrutia, quien suspendió la firma de leyes y decretos aprobados por el Consejo de Ministros, con el fin de evitar que entraran en vigor. En vez de resolver esta contradicción y el enfrentamiento que conllevaba, por la toma de posiciones contrarrevolucionarias del Presidente Urrutia, mediante su deposición por un acuerdo del Consejo de Ministros Revolucionario, que estaba  facultado para ello por la Ley Fundamental de la República, vigente en esos momentos, ya que había sido aprobada en Febrero del año 1959,  o por medio de una acción de fuerza utilizando el Ejército Rebelde del cual era Comandante en Jefe, Fidel prefirió renunciar al cargo de Primer Ministro, hechos que ocurrieron en el mes de julio de 1959.

Fidel solamente tomó como única acción, la de explicarle al pueblo por radio y televisión, que su decisión se debía a la imposibilidad de  desempeñar sus funciones, ante la actitud asumida por el entonces Presidente Manuel Urrutia, y por ende la imposibilidad de llevar adelante el programa de la Revolución.

A partir de ese momento, el pueblo se lanzó a las calles efectuando diversas y enérgicas manifestaciones contra la actuación del Presidente.

Ante la presión de las masas populares Urrutia, constatando la falta de apoyo a sus posiciones, optó por renunciar a su cargo. Esa renuncia fue aceptada inmediatamente por el Consejo de Ministros y, en su lugar, eligió como Presidente al cro. Osvaldo Dorticós Torrado, quien desempeñaba el cargo de Ministro a cargo de la Ponencia de Leyes Revolucionarias, proceso todo él realizado dentro de la más estricta legalidad.

La profundización de las transformaciones socialistas en el seno de la sociedad hicieron posible que en 1970 comenzara un proceso de institucionalización, que tenía como propósito la adopción y adecuación de nuestra democracia revolucionaria  a las formas de la democracia socialista, proceso que tiene como su máximo exponente, la aprobación mediante un amplio referéndum popular y la puesta en vigor de una Constitución socialista, así como la preparación y promulgación de numerosas leyes complementarias.

Al referirse a esta Constitución, en diciembre de 1975, durante el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, el cro. Fidel en el Informe Central presentado al mismo, expresó:

“Particular trascendencia de orden político, institucional y jurídico, cobra ahora la adopción de la Constitución, que vendrá a sustituir a la vieja Ley Fundamental de 1940 que con incontables modificaciones y remiendos generados por el incesante choque de un proceso revolucionario profundo con las formulaciones de una Constitución burguesa, ha regido hasta ahora. Tales modificaciones se hacían por el simple expediente de un acuerdo del Consejo de Ministros en virtud de una cláusula añadida a la misma por la Revolución Victoriosa.

Hoy necesitamos una Constitución socialista, en correspondencia con las características de nuestra sociedad, con la conciencia social, las convicciones ideológicas y las aspiraciones de nuestro pueblo

Una Constitución que refleje las leyes generales de la sociedad que construimos, las profundas transformaciones económicas, sociales y políticas operadas por la Revolución y los logros históricos conquistados por nuestro pueblo. Una Constitución, en fin, que consolide lo que somos hoy y que nos ayude a alcanzar lo que queremos ser mañana”.

Estos pronunciamientos del cro. Fidel fueron hechos, -tal como señalamos más arriba- refiriéndose a la actual Constitución socialista hoy día vigente, pero algunas de sus ideas son aplicables todavía a la situación existente en la actualidad, a la luz de los acontecimientos y el devenir histórico, económico y social en el cual se desenvuelve hoy día, nuestro Estado Socialista.

Pudiéramos agregar a lo anteriormente expresado, que en fecha más reciente, el cro. Armando Hart Dávalos, estudioso de la Historia de Cuba y de las ideas políticas, filosóficas, y éticas que convergieron en la formación de la nacionalidad cubana y quien durante varios años ocupó importantes cargos de dirección en el Estado socialista cubano, y en la Dirección del Partido Comunista de Cuba, quien en las etapas postreras de su vida, la cual desafortunadamente finalizó, las que dedicó a valorar, divulgar y velar por el valioso pensamiento de nuestro Héroe Nacional, José Martí, inspirador de las ideas revolucionarias de la generación del centenario de su nacimiento, de la cual formó parte Hart, desde su más temprana juventud, hasta su muerte, ha dado a la publicidad sus conclusiones sobre el resultado de sus estudios.

Por ese motivo, hemos seleccionado un artículo publicado en el Diario “Juventud Rebelde “, del 21 de Agosto del 2013, titulado “Derecho y Orden Social”, del cual hemos extraído los siguientes párrafos:

“Cuba tiene una larga tradición y rica experiencia histórica sobre el tema del Estado y el Derecho. Ésta debe ser conocida, en primer lugar, por parte de todos los trabajadores jurídicos de nuestro país, los estudiantes, profesores e investigadores de estas disciplinas claves para esclarecer caminos políticos en tiempos como los actuales.

La primera Constitución cubana expresó, desde entonces, los niveles más altos de la cultura jurídica, política y social de la nación emergente. En su contenido revelaron las más altas escalas de la llamada cultura occidental. La República en Armas, encarnó los intereses de la nación que venían de La Demajagua y de Yara; se estableció, a solo seis meses del levantamiento armado, un Estado Cubano de Derecho. Ese es el verdadero día de la República de Cuba.        Desde aquellos tiempos, el tema del Derecho ha sido un componente fundamental de las luchas políticas y revolucionarias cubanas orientadas desde el principio a garantizar la independencia nacional y la defensa de los intereses de los pobres y explotados”.

Estas ideas del compañero Armando Hart, a mi entender, fueron concebidas a partir de su conocimiento de la Historia de Cuba y del pensamiento de nuestro Héroe Nacional José Martí, y de su  experiencia personal durante el proceso seguido para la elaboración del proyecto de Constitución, que resultó puesto en vigor el 24 de Febrero del año 1976, y que es la que actualmente se encuentra en fase de modificación, a partir de las decisiones tomadas al respecto por la Dirección del Partido y el Gobierno.

Hemos considerado conveniente ofrecer una breve información de ese proceso de elaboración de nuestra actual Constitución.         El cro. Carlos Rafael Rodríguez, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente del Consejo de Ministros en ese entonces, dio a conocer el 25 de Septiembre de 1974, con motivo de la investidura del título “Doctor Honoris Causa en Ciencias Jurídicas”, al cro. Blas Roca Calderío, que el Segundo Secretario del Comité Central del Partido, cro. Raúl Castro Ruz, había dejado durante el mes de abril del año 1968, al cro. Blas, encargado de la organización y dirección de las Comisiones de Estudios Jurídicos.

Estas Comisiones habían surgido originalmente con el propósito de estudiar la forma de unificar institucionalmente la Administración de Justicia en el país, labor que conllevaba la valoración y decisión de si las diferentes jurisdicciones existentes en Cuba en esos momentos debían unificarse, o sea, unir los Tribunales de Justicia ordinarios, los Tribunales Revolucionarios y la Administración de Justicia Militar, en un solo sistema, por la lógica de su propio quehacer pronto se llegó a la  conclusión, como bien señalara en una oportunidad el cro. Blas Roca, de que la real unificación de las jurisdicciones no podría conseguirse con la simple coordinación de las mismas, que estaban dispersas, con distintos centros de dirección y criterios diversos, sino que era necesario un cambio radical en la estructura, formación y funcionamiento de los órganos judiciales.

Luego de las palabras del cro. Carlos Rafael Rodríguez, en el acto más arriba reseñado, con motivo de las palabras de agradecimiento al recibir el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Jurídicas, el cro. Blas Roca expresó:

“Si tenemos en cuenta que las Comisiones de Estudios Jurídicos se constituyeron a principios de 1968, y que su Secretariado -órgano de dirección colegiado que presidía Blas- comenzó a trabajar regularmente casi un año después, los primeros proyectos estuvieron listos y se convirtieron en Leyes en 1973, y aún no se han terminado los proyectos de Código Penal y de Código Civil, pueda pensarse, quizás, que la labor ha sido lenta, que el trabajo se ha demorado”.

“Sin embargo, la extensión en importancia de la tarea y por tratarse de cuestiones que no admitían apresuramiento, justificaban con creces el tiempo empleado. Hasta   1974, como fruto de su labor, se encontraban las propuestas, que se convirtieron en:

La Ley No. 1249 (modificativa del Código de Defensa Social).

La Ley de Organización del Sistema Judicial (Ley No. 1250, del 23 de Junio de 1973);

La Ley que reformaba el Título XII de la Ley Fundamental;

La Ley de Procedimiento Penal (Ley No. 1251 de 25 de Junio de 1973);

La Ley de Procedimiento Civil y Administrativo (Ley No. 1261 de 4 de Enero de 1974), entre otras propuestas y proyectos en que estuvieron trabajando”.

Resulta conveniente hacer un intermedio en la exposición de este tema, para referirnos de forma específica, aunque sea brevemente, a la primera Ley de Organización del Sistema Judicial (Ley No. 1250 de 23 de Junio del año 1973), por ser la primera Ley de este tipo que se dió la Revolución cubana, y sobre la cual ya hemos hecho algunos comentarios en páginas precedentes.

Podríamos expresar de forma categórica, que fue la primera Ley de carácter institucional en materia judicial, de contenido integral, que materializó en la legislación cubana y en la propia práctica judicial, conceptos esenciales inherentes a un régimen social socialista.

Las Comisiones de Estudios Jurídicos tuvieron una importante función en la preparación de los proyectos legislativos referidos a la implementación de los órganos del Pode Popular y en la elaboración del ante-proyecto de la Constitución Socialista de la República de Cuba.

Ellas, a partir del año 1974, hasta su total desactivación  a fines del año 1976, al considerarse culminada la parte fundamental de la institucionalización del país, en la forma concebida en ese anteproyecto de Constitución socialista, una vez consultado con las masas y sometido a Referendo popular, en 1976, labores que para su realización exitosa, contó con la plena participación personal de muchos de  los miembros  de dicha Comisión, luego de haber cumplido, con creces, el encargo  del Partido y del Gobierno Revolucionario, de coadyuvar a  completar la sustitución de las leyes viejas, de esencia burguesa, por las leyes nuevas, las leyes socialistas.

Para abordar el proceso de creación del proyecto de Constitución, podríamos expresar que una decisión de trascendental importancia para el proceso de institucionalización del Estado cubano y para la Historia de nuestro país fue la adoptada, de manera conjunta el 22 de Octubre del año 1974, por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y por el Buró Político del Partido Comunista, al nombrar una Comisión Mixta del Partido y el Gobierno, encargada de preparar y redactar un Anteproyecto de Constitución debidamente fundamentado y articulado.

Ese Acuerdo tenía varios apartados, en los cuales aparecía consignada la integración de la Comisión, que era presidida por el cro. Blas Roca Calderío, asimismo declaraba el propósito de que dicho Anteproyecto fuera sometido a discusión pública y popular y luego puesto a la consideración del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, para posteriormente someterlo, mediante referendo, al voto libre, directo y secreto del pueblo, para su definitiva aprobación.

Independientemente del contenido de Constitución Socialista que debería tener el Anteproyecto, según expresaba el Acuerdo, el  mismo adelantaba algunos criterios, en relación con las cuestiones que hemos venido analizando, los que por la importancia que tienen para definir el alcance de la institucionalización estatal, que se estaba implementando, hemos creído conveniente transcribirlos.

En su apartado NOVENO, se establecía lo siguiente: “En relación con alguna duda que pudiera presentarse a la Comisión sobre determinados preceptos del Anteproyecto de Constitución se adelantan algunos juicios para que los tengan en cuenta, como son:

El problema de la división político-administrativa del país. Dado que se hacen estudios, aún no terminados, sobre este asunto, sugerimos se tengan en cuenta las diversas variantes que se consideren al efecto.

La división territorial político-administrativa determina los órganos locales de poder que deben crearse, por lo que la fórmula que se consigne en el Anteproyecto de Constitución debe ser lo bastante flexible para ajustarse a cualquier división que en definitiva se acuerde, una vez terminados los estudios que actualmente se llevan a cabo.

En cuanto a los órganos máximos de poder estatal debe preverse la creación de una Asamblea Nacional de Delegados del Pueblo o, simplemente, Asamblea Nacional, como órgano supremo del Poder Estatal y estudiarse la forma, integración y contenido del órgano elegido por esa Asamblea Nacional para actuar, por delegación de ésta, en los períodos comprendidos entre una y otra de sus reuniones.

Este órgano pudiera ser una Presidencia, Consejo de Estado, Comisión Permanente o Comité Ejecutivo, el Presidente del cual sería el representante de la República, de acuerdo con el Derecho Internacional, o sea, el Jefe de Estado.

El nombre del cargo de Jefe de Estado podría ser Presidente del Consejo de Estado, Comité Ejecutivo o Comisión Permanente de la Asamblea Nacional o simplemente, Presidente de la República.

La Comisión deberá prestar especial atención a esta variante, no obstante lo cual, deberá estudiar y proponer la conveniencia de otras alternativas, si las considera pertinentes.

También debe establecer la Constitución, el Consejo de Ministros, máximo órgano Ejecutivo y Administrativo, como Gobierno de la Nación, el Presidente o Primer Ministro del cual, sería el Jefe de Gobierno”.

Igualmente se disponía que: “La composición, relaciones, facultades y funciones de éstos órganos debe especificarse en el texto constitucional”.

La Comisión redactora quedó  constituida el 23 de Octubre de 1974, efectuó su primera reunión de trabajo el 28 de Octubre, dividiéndose en cuatro grupos de trabajo y una comisión de estilo.

El 30 de Noviembre de 1974, cada grupo de trabajo entregó sus propuestas y luego, fue discutido en pleno, su texto completo, artículo por artículo. Parecerá extraño que en solo un mes, la Comisión haya logrado preparar el texto de una Constitución Socialista tan completa, como la que presentó al final, pero para lograrlo se apoyó en los estudios previos que, al efecto, se habían realizado por las Comisiones de Estudios Jurídicos, creadas varios años antes.

El Anteproyecto quedó terminado y entregado, tal como disponía el Acuerdo conjunto, al cro. Fidel Castro Ruz, el día 24 de Febrero de 1975. En el acto de entrega del Anteproyecto, el cro. Fidel Castro Ruz pronunció unas palabras, de las cuales reproducimos los siguientes fragmentos: “Nuestro pueblo podrá sentirse orgulloso cuando se discuta esta Constitución.  La Revolución dará un gran paso histórico hacia la institucionalización, hacia el cese del carácter provisional del Gobierno Revolucionario (…) es nuestro propósito una vez que se haya aprobado esta Constitución, luchar consecuente y tenazmente, para que cada uno de los preceptos de esa Constitución se cumplan; que nadie le pueda imputar a la Revolución jamás, de que acordó leyes y principios que después no se cumplieron”.

No queremos dejar de mencionar el hecho de que durante el proceso previo a su aprobación final, tuvo lugar por primera vez en Cuba la discusión publica y popular del mencionado anteproyecto, el cual se llevó a cabo con la participación y apoyo de los organismos de base del propio Partido y de las organizaciones de masas y sociales.  Resulta de interés conocer que en esa discusión publica, participaron los ciudadanos cubanos miembros de dichas organizaciones de masas y sociales militantes del Partido o no, para un total de 6 millones, 216 mil, 981 personas, quienes hicieron varios miles de propuestas, las cuales pueden clasificarse de la siguiente manera: 12 mil 883 propuestas de modificaciones al texto, 2 mil 343 sugerencias de adiciones de contenido constitucional así como 84 solicitudes de aclaraciones.

Como puede apreciarse, el documento, pese a haber sido ampliamente debatido, antes de su presentación al Primer Congreso del Partido en el mes de Diciembre de 1975, no tuvo un proceso similar al que en la actualidad se está realizando, para conocer los criterios y opiniones de los cubanos que deseen participar en el mismo, que se encuentren tanto en el país como en el extranjero, sean éstos últimos trabajadores prestando servicios para el Estado o en misiones internacionalistas, o simples emigrantes que tengan debidamente actualizada su situación legal en los consulados y embajadas del país o en el territorio  nacional.

En el Informe Central al Primer Congreso del Partido,  Comunista de Cuba, presentado por el Primer Secretario de su Comité Central, el cro. Fidel Castro Ruz, en Diciembre de 1975, aparece un apreciable grupo de enunciados referidos a la nueva Constitución en esa época, la cual estaba en proyecto todavía.

Uno de esos enunciados, contenía un valioso concepto sobre la labor legislativa que el Estado cubano estaba llamado a realizar, luego de aprobada definitivamente la Constitución.

El cro. Fidel consignaba en ese enunciado lo siguiente:

“Nuestra Constitución será la base de un desenvolvimiento superior de la legalidad socialista. Su vigencia nos impone la tarea de ajustar a sus normas supremas toda nuestra legislación, todos nuestros reglamentos, todo nuestro ordenamiento jurídico.

Debemos pues impulsar la labor de eliminar pragmáticas obsoletas del pasado, contenidas en las Ordenes Militares de los intervencionistas, en Códigos provenientes del periodo colonial, en leyes y decretos de la República burguesa, y de promulgar los nuevos Códigos ajustados al carácter socialista de nuestra sociedad en construcción. Debemos, en una palabra, completar la destrucción de la legalidad de los explotadores servidora de sus fines y erigir en su lugar también completamente, nuestra legalidad socialista.

En esta labor debemos continuar trabajando tesoneramente en los próximos años. Todos y cada uno de nosotros debemos ser firmes baluartes de la Constitución, que aprobará el pueblo, aplicadores y cumplidores de la ley revolucionaria, celosos y estrictos defensores de la legalidad socialista”.

El 29 de Diciembre de 1975, fue promulgada la Ley No. 1299, de esa misma fecha, Ley de Referendo, para someter a la ratificación del pueblo los proyectos de Constitución y de Ley de Tránsito Constitucional, en la cual se fijaba el domingo 15 de Febrero de 1976, como fecha de celebración del referendo, y en la cual, se establecía que el Consejo de Ministros designaría la Comisión Nacional del Referendo, compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y ocho vocales.

A su vez, se establecían Comisiones Provinciales, Comisiones Regionales, Comisiones Municipales y una Comisión Especial del Referendo. Esta última, era la encargada de facilitar y garantizar el ejercicio del sufragio a los electores pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al Ejército Juvenil del Trabajo y a los que se encontraban a bordo de naves marítimas de bandera cubana y de todos aquéllos electores, que estuvieran fuera del territorio nacional, el día que el referendo fuera a realizarse.

Tal como fue dispuesto, el 15 de Febrero de 1976 tuvo lugar el referendo para aprobar la Constitución y la Ley de Tránsito Constitucional. Su resultado fue abrumadoramente favorable a dichos proyectos de normas legales, ya que de los 5 millones, 717 mil 266 electores, ejercieron su derecho al voto, sin constituir éste una obligación, por ser voluntario su ejercicio, 5 millones 602 mil, 273, para un 98% del total. De ellos dijeron SI, 5 millones 473 mil, 534, para un 97,7% y dijeron NO 54 mil, 070, para el 1%, exclusivamente. Asimismo, 44 mil 221 votaron en blanco, o sea, no marcaron su boleta, y hubo 31 mil, 148 anuladas, por haberse incurrido en ellas en errores, tachaduras, y otros motivos, recogidos en la Ley para esa determinación.

De esa manera, lograron validación constitucional los nuevos órganos de Poder Popular.

La creación de estos órganos tuvo lugar durante el transcurso del año 1976, luego de aprobarse la Constitución, comenzando por los órganos de base e intermedios y terminando en Diciembre de 1976, con la formación de la Asamblea Nacional del Poder Popular y la elección por ésta, a su vez, del Consejo de Estado de la República de Cuba, su órgano permanente.

También, de forma simultánea, se realizó una reorganización de los órganos centrales de la administración estatal, formándose además de los Ministerios clásicos, los denominados Comités Estatales, siguiendo para ello antecedentes obtenidos en la organización gubernamental de la antigua URSS y cuyas funciones, a nuestro modo de ver, apenas pueden diferenciarse en la práctica, de los Ministerios.

Esta nueva estructura del Gobierno quedó recogida en la Ley No. 1323, del 30 de Noviembre del año 1976,   que fue la última dictada por el Consejo de Ministros existente en ese momento, al no estar aún, según la Ley de Transito, todavía creada la Asamblea Nacional del Poder Popular y su órgano permanente, el Consejo de Estado.

Dicha Ley, hoy día se encuentra derogada por el Decreto Ley No.272 “De Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros”, del 16 de Julio del año 2010, sobre la base de los principios aprobados para ello en los sucesivos Congresos del Partido Comunista de Cuba, con incidencia en sus contenidos, y los pronunciamientos al respecto, hechos en su momento por el cro. Fidel Castro Ruz y por su sucesor, el cro. Raúl Castro Ruz.

Refiriéndose al proceso de institucionalización llevado a cabo, el cro. Fidel Castro Ruz en su discurso en la Conmemoración del XXX Aniversario del asalto al Cuartel Moncada. El 26 de Julio del año 1983, consignaba que: “La Revolución ha institucionalizado el país, proclamado la Constitución Socialista, creado la Asamblea Nacional del Poder Popular, experiencia desbordante de riqueza política y posibilidades sociales, escuela de autogobierno donde participa todo el pueblo. Las funciones del Estado han sido ampliamente descentralizadas en un grado tal que no conoce ningún gobierno burgués”.

La institucionalización concebida en la Constitución del año 1976, está referida a las instituciones estatales  que les corresponde actuar en tiempo de paz, como ya hemos en momentos anteriores, pero en virtud de la evolución de la situación internacional y del desarrollo de la política defensiva de Cuba frente a posibles agresiones enemigas, surgió la necesidad de abordar el estudio  e implementación  de estructuras estatales que fuesen capaz de actuar en situaciones excepcionales, atendiendo a la operatividad, agilidad e inmediatez requeridas para la adopción de decisiones que dieran respuesta a las situaciones cambiantes, que surgen de manera imprevista o como consecuencia de acciones enemigas.

Se llegó por ello a la conclusión de que había que incluir en su concepción institucional las previsiones dirigidas a resolver las situaciones arriba consignas.  Para hacerlo se tuvo en cuenta, que lo primero era tener presente que el Estado no tiene exclusivamente un carácter y contenido jurídico, pues a ello se une su naturaleza política, tema éste en el que uno de sus aspectos más importantes reside en su naturaleza política, en la cual uno de los temas de más importancia es la lucha de ideas, sostenida con sus enemigos por nuestro pueblo.

Sobre la base de los fundamentos expuestos en el Capítulo I de la Constitución vigente y en el ejercicio de sus funciones, los órganos del Estado Revolucionario Socialista Cubano se ajustan a los principios de organización y funcionamiento establecidos en el actual artículo 68) de la Constitución.

Según el diseño dado actualmente por nuestra Constitución y condicionados por la división político-administrativa y territorial vigentes existen dos tipos de órganos del Poder Popular, que son los órganos superiores y los órganos locales. Los órganos locales a su vez tienen dos instancias, según su demarcación territorial, pues pueden ser provincias o municipios.

A los órganos del Poder Popular se suman los órganos judiciales y los fiscales.

No están previstas en ella, de manera integral, los órganos de control específicos con el rango de órganos superiores del Estado, como es el caso de la Contraloría de la República. Esta omisión fue resuelta en el año 2009, por iniciativa del Gral. de Ejto. Raúl Castro Ruz, quien indicó al Ministerio de Auditoria y Control la creación de un Grupo de Trabajo encargado de realizar los estudios y análisis correspondientes con vista a la elaboración de un proyecto de Ley que sería presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular regulando la creación, organización, estructura, facultades y obligaciones de esa nueva institución, precisando su carácter de órgano nacional, de naturaleza vertical con un sistema similar al de la Fiscalía General.

Como resultado, se preparó dicho proyecto que, luego de diversos análisis a los más altos niveles de la dirección del Gobierno y del Partido, fue presentado a la Asamblea Nacional, la cual lo aprobó en agosto del año 2009, con el No. de Ley No. 107 con el nombre de “Ley de la Contraloría General de la República de Cuba, con fecha 1ro. de Agosto de ese año 2009.

El otro aspecto que estaba pendiente en la Constitución Socialista aprobada en 1976, situación que abordamos en párrafos precedentes, fue la organización institucional durante las Situaciones Excepcionales. Esta omisión fue resuelta a partir de la Reforma Constitucional del año 1992. Para estudiar su diseño debe atenderse de manera fundamental a la situación excepcional que haya sido declarada pues según ella así será la estructura y composición de los órganos del Estado que actuarán en su transcurso.

Esas situaciones previstas en la Constitución son: La Guerra o el Estado de Guerra, el Estado de Emergencia y la Movilización General del País.

De lo expuesto, puede apreciarse que nuestra Constitución contiene actualmente, un diseño completo para los órganos del Estado, tanto para épocas normales como para las situaciones excepcionales. Este diseño no es rígido, sino ágil y operativo. Está organizado verticalmente, conforme al carácter unitario y a los principios de la democracia socialista, no obstante tener presente, en situaciones normales, un alto grado de descentralización de funciones hacia el marco de las localidades.

Todo lo cual nos permite concluir que guarda plena correspondencia con nuestro sistema político socialista aunque, como toda obra humana, sea perfectible. De ahí que se haya anunciado por el Presidente de los Consejos de de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la Sesión de Constitución de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 24 de Febrero del año 2013, que:   “En concordancia con los acuerdos del 6to. Congreso, será preciso armonizar los postulados de la Constitución de la República con los cambios asociados a la paulatina implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

Entre las modificaciones que nos proponemos introducir a la Constitución se encuentra la de limitar a un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años el desempeño de los principales cargos del Estado y del Gobierno y establecer edades máximas para ocupar esas responsabilidades.

Al propio tiempo, no resulta saludable estar reformando continuamente la Carta Magna de la Nación y comoquiera que efectuar una reforma constitucional nos tomará necesariamente un tiempo prudencial, ya que si bien algunas cuestiones pueden modificarse por el propio Parlamento, otras más importantes requieren además la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos en referendo; deseo esclarecer que en mi caso, con independencia de la fecha en que se perfeccione la Constitución, éste será el último mandato” .

Estas palabras del cro. Raúl Castro Ruz, actual Primer Secretario del CC del PCC, constituyeron la primera información y por largo tiempo la única, de la existencia de la decisión de iniciar una modificación del texto de la actual Constitución de la República, modificada en tres ocasiones, tal como apuntamos en otros pronunciamientos precedentes,  Las que a su vez contenían indicaciones precisas de los temas a abordar en su texto, amén de las decisiones adoptadas en los Congresos del Partido y la Primera Conferencia Nacional del Partido, conformando en la referida a los VI y VII Congresos los Lineamientos a seguir, y en el caso de la Primera Conferencia, los objetivos a alcanzar en la labor de adecuación de la conformación de las instituciones del Estado y las relaciones sociales y económicas abordadas en ellos.

A partir de la cita del cro. Gral. de Ejto. Raúl Castro Ruz, expuesta como  antecedente del comentario precedente, podemos apreciar que el futuro del Estado Revolucionario Socialista cubano se encuentra altamente condicionado a los acuerdos y resoluciones del VI Congreso del Partido, del 16 al 19 de Abril del año 2011 y a los de su Primera Conferencia Nacional, celebrada entre el 27 y el 28 de Enero, del año 2012, y con posterioridad a esos magnos eventos partidistas, ha estado en todo momento signado por la previsión, orientación y dirección del cro. Raúl, siempre con la opinión favorable del Cmdte. en Jefe, consultado por él, cada vez que ello fue necesario, tal como ha sido expuesto en varias ocasiones, en eventos públicos tales como periodos de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, reuniones del Consejo de Ministros, etc.

Incluso, al asumir el cargo de Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el cro. Gral. de Ejto. Raúl Castro  propuso a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se le concediera autorización para consultar al Líder de la Revolución, cro. Fidel Castro, en los casos necesarios, solicitud que fue aprobada por unanimidad de los Diputados miembros de dicha Asamblea.

Ya en fecha tan temprana, como fue en el año 2008, en un discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 24 de Febrero de es año, en ocasión de su toma de posesión como Presidente del Consejo de Estado, cargo que había venido ejerciendo hasta ese momento de manera provisional, ante la enfermedad del Cmdte. en Jefe, cro. Fidel, el Gral. de Ejto. cro. Raúl Castro hizo algunos pronunciamientos, en materia de organización y funcionamiento del Estado y el Gobierno, expresando que:

“Hoy se requiere una estructura más completa, funcional, con menor número de organismos de la Administración Central del Estado y una mejor distribución de las funciones que cumplen. Lo anterior permitirá reducir la enorme cantidad de reuniones, coordinaciones, permisos, conciliaciones, disposiciones, reglamentos, circulares, etcétera, etcétera. Contribuirá además a concentrar algunas actividades económicas decisivas hoy dispersas en varios organismos y hacer un mejor empleo de los cuadros.

En resumen, tenemos que hacer mas eficiente la gestión de nuestro Gobierno”.

Estos pronunciamientos que hemos seleccionado, si reflexionamos sobre su alcance y oportunidad, ponen en evidencia cómo los mismos influyeron en los acuerdos y decisiones del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y de su Primera Conferencia Nacional, especialmente si nos acercamos al contenido de algunos de los Lineamientos aprobados por el Congreso y los Objetivos aprobados por la Primera Conferencia Nacional.

Precisamente, en el discurso del 18 de diciembre de 2010, de clausura del Sexto periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el cro. Raúl Castro expresó el criterio, válido para todas las coyunturas relacionadas con la implementación de decisiones tomadas por la dirección del país, que exponemos a continuación:

“Durante los últimos años habíamos insistido en que no podíamos dejarnos llevar por improvisaciones y apresuramientos en esta esfera, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad y las interrelaciones de las decisiones a adoptar. Es por ello que pienso que hicimos bien en aplazar el Congreso del Partido, aunque hemos debido resistir, precisamente, los reclamos honestos y también los mal intencionados dentro y fuera de Cuba para que apuráramos la adopción de múltiples medidas”.

Particular importancia para los criterios y conclusiones expuestas en este documento revisten los pronunciamientos abordados por el Gral. de Ejto. Raúl Castro Ruz en el citado discurso, por estar vinculados a la labor de aseguramiento jurídico de las decisiones que se tomaban y entre los cuales podemos destacar los siguientes:  “En materia de ordenamiento jurídico tenemos trabajo por delante con el fin de reforzar la institucionalidad –eso no es porque nos gusten los papeles, toda actividad tiene que estar regulada en un documento, aprobada oficialmente- del país, y eliminar tantas prohibiciones irracionales que han perdurado por años, sin tener en cuenta las circunstancias existentes, creando el caldo de cultivo para múltiples actuaciones al margen de la ley, que frecuentemente dan lugar a la corrupción en distintos grados”.

“Al propio tiempo se impone simplificar y agrupar la legislación vigente, por lo general bastante dispersa. Los documentos rectores se elaboran para ser del dominio de aquellos responsabilizados con su cumplimiento, no para ser engavetados”.

“Vale recordar otra vez que el desconocimiento de la ley no exime a nadie de su cumplimiento y que según la Constitución, todos los ciudadanos tienen iguales derechos y deberes, por lo cual quien comete un delito en Cuba, con independencia del cargo que ocupe, sea quien sea, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus errores y el peso de la justicia”.

En su discurso de clausura del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, pronunciado el 19 de Abril del año 2011, un año después del citado más arriba, el Gral. de Ejto. cro. Raúl Castro hizo algunos pronunciamientos adicionales, en varios momentos de sus palabras, referidos a la labor jurídica que debía realizarse para su implementación. Entre ellos pudiéramos citar, por constituir ideas que enfatizaban en la necesidad de contar con las disposiciones legales requeridas para la implementación de sus Lineamientos, los siguientes:

“La actualización del modelo económico no es un milagro que pudiera obrarse de la noche a la mañana, como algunos piensan; su despliegue total se logrará gradualmente en el transcurso del quinquenio, pues es mucho el trabajo de detalle, planificación y coordinación, tanto en el plano jurídico como en la preparación minuciosa de todos los que intervengan en su ejecución práctica”.

Unos párrafos después, consignó: “…los Lineamientos aprobados por el Congreso serán sometidos al análisis de la Asamblea Nacional del Poder Popular, para su ratificación legislativa, en los sucesivos periodos de sesiones, a medida que vayamos completando la elaboración de las normativas legales correspondientes”.

Como podrá apreciarse todos esos criterios se encuentran sujetos a un aseguramiento legal precio para su implementación, ajustándose a la tradición jurídica de los dirigentes de la Revolución, con independencia de que fueran juristas o no.

A partir de lo expresado por el Gral. de Ejto. y Primer Secretario del CC del PCC, cro. Raúl Castro relativo a la decisión de acometer la labor de revisar y modificar la Constitución vigente, en su discurso del 24 de Febrero del año 2013, el cual reseñamos en páginas precedentes, podríamos adicionar como complemento la información brindada por el periódico GRANMA el pasado 23 de Julio del presente año 2018, en la cual se informó lo que dijo  el Secretario del Consejo de Estado cro. Homero Acosta Álvarez, en ocasión de explicar a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la reunión el primer periodo ordinario de sesiones de la IX Legislatura, que  el 13 de Mayo del año 2013, el Buró Político del Partido Comunista de Cuba creó un Grupo de Trabajo presidido por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, habiendo presentado el resultado de su labor dicho Grupo, la que fue  realizada sobre las Bases Legislativas aprobadas al respecto, por dicho órgano superior del Partido el 29 de Junio del año 2014.

Adicionalmente a esa información, citó en esa misma oportunidad, el cro. Homero Acosta, lo expresado por el Gral. de Ejto. Raúl Castro Ruz en la Primera Conferencia Nacional del Partido, el 28 de Enero del año 2012, cuando señaló: “(…) dejar atrás el lastre de la vieja mentalidad y forjar con intencionalidad transformadora y mucha sensibilidad política la visión hacia el presente y el futuro de la Patria, sin abandonar, ni por un instante, el legado martiano y la doctrina del marxismo-leninismo que constituyen el principal fundamento ideológico de nuestro proceso revolucionario”.

Hemos creído conveniente incluir en este escrito los antecedentes siguientes que fueron referentes obligados para esa labor, dados a conocer en su exposición en la Asamblea Nacional del Poder Popular por el cro. Homero, mencionada en párrafos precedentes. Ellos fueron:

a.- El pensamiento político del líder histórico de la Revolución, compañero Fidel Castro Ruz.

b.- Discursos y orientaciones del General de Ejercito Raúl Castro Ruz.

c.- La Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo socialista.

d.- El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030; Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos.

e.- Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

f.- Los Objetivos de Trabajo del Partido, aprobados en la Primera Conferencia Nacional.

Asimismo, el cro. Homero, entre otras fuentes consultadas para la labor realizada, destacó: “la consulta hecha a varias constituciones, en primer lugar a las mas avanzadas del constitucionalismo del entorno latinoamericano, así como otros modelos constitucionales como las de Vietnam y China así como de otros países.  De manera similar, se pronunció sobre el estudio que se hizo de manera particular, de nuestra historia constitucional, especialmente de la Constitución de 1940, la Ley Fundamental del año 1959, y la actual Constitución de la República”.

Como podrá apreciarse de lo expuesto, el proyecto de Constitución de la República preparado para sustituir a la actual, tiene su origen en plena concordancia con los principios y fundamentos políticos, históricos y conceptuales de nuestra Revolución, si lo comparamos con lo expuesto al respecto, en el contenido de este documento.

Por otra parte, a ello se añadió el proceso que se diseñó para abordar el estudio, revisión y valoración inicial del proyecto presentado por el Grupo de Trabajo, que consistió en la creación por la Asamblea Nacional del Poder Popular en su sesión extraordinaria del 2 de Junio del presente año, para lo cual fue creada  una Comisión encargada de preparar  el proyecto de Constitución de la República, para lo cual contaba con un plazo de tiempo que mediaba entre esa fecha y el momento en que comenzara la reunión ordinaria del mes de Julio de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la cual estudió dicho documento según su pertenencia a las  Comisiones de dicha Asamblea y luego, individualmente por los diputados, llegándose así al texto presentado previamente por la Comisión al VII Pleno del CC del PCC, según diera a conocer la prensa nacional y luego de valorar los criterios vertidos en ese paso, lo presento a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular los días 2 y 3 de Julio la cual, luego de considerarlo e introducir ajustes, aprobó que el mismo fuera objeto de una consulta popular a realizar entre el 13 de Agosto y el 15 de Noviembre, con la participación de toda la ciudadanía, tal como expusimos en párrafos precedentes.

No obstante ello, no está de más repetirlo, para su mejor comprensión, al vincularlos con comentarios adicionales, tanto en el país como en el extranjero, con independencia de estar prestando misión internacionalista o tratarse de emigrantes.

En cuyo caso, se incluirían los que tengan regularizada su situación legal en los consulados cubanos en el extranjero, con lo cual se evidenciaba la confianza depositada por la Dirección de la Revolución en el pueblo cubano, luego de más de medio siglo de transcurso del sistema político de gobierno, implementado y sostenido por su obra y el consenso de todo el pueblo así como por los cambios experimentados en la composición social de la emigración.

Con el objetivo de preparar esa consulta, se organizó un Seminario Nacional para la preparación de ese proceso con la presencia de representantes de todas las provincias, del Partido, el Estado, la Unión de Jóvenes Comunistas, las Organizaciones de Masas, la Unión de Juristas, las Direcciones Políticas del MINFAR y del MININT, la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo,  la Comisión Electoral Nacional, el Centro de Estudios Sociopolíticos y de Opinión y el MINREX. Basta repasar la amplia información que diariamente se ofrece por nuestra prensa sobre la marcha de dicha consulta, para alcanzar una visión de que la misma está teniendo lugar con amplia democracia y libertad de opinión de los asistentes a las reuniones convocadas por los organizadores en el transcurso de los días.

Con el fin de garantizar el acceso de la población que participaría en la consulta, se organizó y ejecutó la edición e impresión de mas de un millón de tabloides, para facilitar su conocimiento previo, antes de las reuniones a celebrar. Hasta el momento el proceso se ha desarrollado normalmente, y es de esperar que luego del 15 de Noviembre próximo, una vez procesados todos los criterios vertidos, se ofrezca una información sobre el número de criterios emitidos, la cantidad que fueron aceptados, cuales se recogieron con adecuaciones y cuales fueron desechados, de manera que se pueda confirmar lo expresado en su momento, de que esta nueva Constitución es el resultado de la voluntad creadora de todos los cubanos.

En ese sentido se ha pronunciado incluso la prensa extranjera, cuyos corresponsales en el territorio nacional, salvo contadas excepciones, han reseñado los criterios que se han manejado en ella, respecto al contenido de algunos artículos discutidos. Para comprender mejor la importancia de esa consulta popular, bastaría tener en cuenta lo dicho por el General de Ejto. Raúl Castro Ruz en la conmemoración del 26 de Julio de este año cuando hizo una referencia sobre dicha consulta al consignar que: “(…) se iniciará un trascendental ejercicio político y democrático cuyo éxito dependerá en primer lugar, de la participación activa y comprometida de los cubanos, bajo la conducción del Partido Comunista y el concurso de la Unión de Jóvenes Comunistas y de las organizaciones de masas,  en el cual debe lograrse que cada ciudadano comprenda la necesidad y el alcance de los cambios que debemos introducir en la Constitución, de modo que se garantice el carácter irrevocable del socialismo y la continuidad de la Revolución”.

*Dr. en Derecho. Master en Ciencias Políticas. Lic. En Ciencias Sociales. Profesor Titular. Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas.


Fabio Raimundo Torrado

 
Fabio Raimundo Torrado