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Publicado el 16 Abril, 2019 por Lázaro Barredo Medina en Opinión
 
 

Helms-Burton, una ley enrevesada para engañar

Por LÁZARO BARREDO MEDINA

El texto de la Ley Helms-Burton es sumamente enrevesado, como si se hubiera redactado con la intención de desestimular su lectura, que nadie la lea, y complicar su estudio, sobre todo para los norteamericanos. Tiene como propósito, además, contribuir a la manipulación de ideas que legitiman el anexionismo y pretenden convertir a Cuba en un protectorado de los Estados Unidos.

Desde un inicio, durante el año 1995, en que se metieron muchas manos para hacer este “Frankenstein” jurídico (los ultraconservadores y sus asesores, la mafia cubanoamericana, los abogados de la Bacardí, etc., etc., etc.), hubo confabulación en la maniobra de evitar su discusión en la Cámara de Representantes y en el Senado, no tanto por la escandalosa manera en que se dictaban medidas punitivas y extraterritoriales contra el pueblo cubano, sino porque provocaba perjuicios para el comercio internacional y para las relaciones de los Estados Unidos con sus más cercanos aliados.

Durante los meses de septiembre y octubre de 1995 publiqué en la prensa cubana varios comentarios sobre los debates originados en el Congreso, en los que sobresalió la denuncia de la manipulación formulada por varios legisladores en torno a los procedimientos seguidos.

El cuestionamiento de las reglas establecidas lo fundamentaban con elementos que cualquier proceso democrático debe respetar: a saber, por ejemplo, el proyecto Burton, que se sometía en ese momento a consideración al Pleno de la Cámara, era diferente al aprobado por el Comité de Relaciones Internacionales y se le habían añadido modificaciones que incluían enmiendas derrotadas en la discusión del propio Comité.

También el aviso sobre la consideración del proyecto se anunció un viernes (15 de septiembre) para una discusión cinco días más tarde, el miércoles 20, dando poco tiempo de preparación a los oponentes, pese a que en días anteriores se les había dicho que no sería considerado hasta el siguiente mes de octubre.

De igual manera, los comités congresionales de Banca, Judicial y Medios y Arbitrios no consideraron el proyecto de ley, no obstante que les concernían importantes aspectos del texto legislativo, procedimiento violatorio que fue considerado inaudito.

Varios congresistas, en sus discursos de oposición a la ley, más en defensa de los intereses de los Estados Unidos que por simpatía alguna hacia Cuba, señalaron que su esencia no es procurar la “democracia” en la Isla, porque no es con embargos como se consigue ese propósito.

Incluso, hay que concederle una dosis de “honestidad” al  entonces representante Robert Torricelli, uno de los mayores defensores de las medidas de Helms y Burton, cuando después de asegurar descarnadamente que el bloqueo él ya lo resolvió con su ley, subrayó los verdaderos fines de esta legislación: “El problema de esta ley son las propiedades, el objetivo de esta ley es parar las inversiones extranjeras…”, e inmediatamente lanzó una parrafada de intimidación a la comunidad internacional, tal como 24 años después hace la Administración Trump.

El representante Dan Burton fue más lejos. Utilizó como elemento central de su exposición principal la redacción de una carta que le dirigió un puñado de “disidentes” residentes en Cuba, cuyo texto en su esencia anticubana y anexionista aprobaba la agresión congresional contra su propio país. Fue tan insólita la presentación de este mensaje con el argumento de que los cubanos apoyaban esa ley (desconociendo por supuesto la mayoritaria opinión contraria del pueblo de la Isla expresada en aquellos tiempos en un masivo desfile contra la ley, así como los miles de audiencias y mítines en barrios, centros de trabajo, escuelas, bases campesinas, y  declaraciones de las más diversas instituciones), que cuando Burton lo dijo y comenzó a leer el texto, se armó un bullicio en el recinto de la Cámara que obligó al presidente de la sesión a interrumpirlo, dar tres fuertes mazazos sobre la mesa y exclamar enérgico: “¡La gente que no está haciendo caso que se vaya a hablar para afuera!”.

Burton no se quedaría conforme y poco después traería ante el plenario otra edulcorada misiva en apoyo de su propuesta, esta vez del atlético inválido, controvertido poeta y comprobado terrorista Armando Valladares, quien justificó las intenciones de la ley después de hacer un melodramático y espeluznante relato sobre asesinatos, desapariciones y torturas políticas, sin prueba alguna y que jamás han podido presentar, porque nunca han existido.

Pero lo más significativo del debate escenificado en la Cámara en torno a este proyecto de ley fueron los discursos de oposición y luego la votación en contra de ese engendro jurídico por  unos 130 congresistas, donde  hablaron de la existencia de “estrechos intereses” que pretenden imponerle condiciones a los Estados Unidos por encima de los intereses nacionales norteamericanos. Los conservadores hicieron caso omiso a los argumentos presentados por varias decenas de congresistas acerca de los perjuicios que esta ley provocaría a las relaciones con los aliados, el debilitamiento de la autoridad presidencial en la conducción de la política exterior, hasta los propios costos de las restricciones que se mantendrán sobre los ciudadanos norteamericanos.

Como es de suponer, esos discursos provocaron la irritada respuesta del representante Dan Burton y de los tres congresistas de origen cubano de ese entonces (Lincoln Díaz-Balart, Ileana Ros-Lethinen y Robert Menéndez), quienes hicieron de la histeria anticubana una paranoia casi colectiva en los ultraconservadores de ese recinto parlamentario.

La acostumbrada retórica anticomunista, la virulencia contra la Revolución ante los fallidos intentos por doblegarla, el debate personal contra el compañero Fidel, a quien no le perdonaron jamás el desafío (no exagero si digo que su nombre fue mencionado en más de 200 oportunidades durante la discusión), la furia ante el aislamiento de los Estados Unidos en su política hacia Cuba, del que ellos mismos reconocen que están virtualmente solos, y la impotencia ante la realidad de que el proceso cubano no colapsa, fueron los matices predominantes en los discursos de quienes apoyaron la ley y, por supuesto, la condicionada posición ante el voto.

Este debate en la Cámara de Representantes fue muy irracional y oídos sordos a todos los argumentos acerca del insólito hecho de que se pretenda con esta normativa decidir los destinos del futuro de la nación cubana.

Peor fue con Jesse Helms en el Senado

El senador Jesse Helms, ya fallecido, fue durante medio siglo un cavernícola político, un contumaz opositor a cualquier causa   progresista en el planeta. Enemigo de la Revolución Cubana y del compañero Fidel desde el mismo lro de enero de 1959.

Helms se dedicó a violar los procedimientos para no presentar su proyecto de ley ante los comités senatoriales, dado que en algunos, sobre todo en el Comité de Relaciones Internacionales, que él presidía, podía ser derrotado, ante la inconformidad de una buena parte de los senadores que lo integran, quienes consideraban que esta no es una buena legislación, por las limitaciones que impone a la capacidad del presidente para conducir la política exterior, a la vez que por las dificultades que le creaba a la administración con la comunidad internacional y, más que todo, con sus aliados.

Fue así como desde el mismo instante en que Helms presentó su propuesta como “enmienda total a la versión de Burton”, con el respaldo de Robert Dole, el líder republicano en el Senado, se desarrolló una enconada lucha discursiva mediante el  recurso conocido por “filibusterismo”, en la que una minoría de senadores comenzaron a evadir el tema, para impedir cualquier debate al respecto, sobre la base de que hay cosas más importantes que discutir en el Senado acerca de los graves problemas sociales que afectan a los ciudadanos norteamericanos y otros muchos asuntos del interés estratégico de los Estados Unidos.

La posibilidad de una prolongación infinita de esos discursos con temas distintos al de la propuesta de Helms y Dole hizo que se pidiera una votación de cierre (cloture vote), para obligar a la concentración del debate sobre el tema cubano a 30 horas y someter a aprobación el proyecto de ley. El procedimiento establecido en ese cloture vote, a diferencia de las votaciones nominales que requiere de la mitad más uno, exige el voto de 60 de los 100 integrantes del Senado.

En ninguna de las dos votaciones realizadas durante el debate de una semana los copatrocinadores del proyecto lograron los 60 votos y, ante la imposibilidad de alcanzar en nuevos intentos el respaldo necesario, se vieron obligados a una negociación interna, cuyo centro giró alrededor de uno de los asuntos más controversiales: quitar completamente el capítulo tercero del proyecto, referido a la reclamación sobre las propiedades, la extensión a los reclamantes de origen cubano y las medidas punitivas establecidas contra los ciudadanos de terceros países que llevaran adelante negocios o inversiones con el Gobierno o entidades cubanos.

Esa negociación parecía improbable si se tiene en cuenta que la mayor parte de los discursos de quienes apoyaban a Helms se había centrado en torno a este tema, mostrando descarnadamente que la preocupación de estos políticos norteamericanos acerca de la “democracia y la libertad en Cuba” tiene un signo de igualdad con la devolución de las propiedades a los ciudadanos estadounidenses, incluidos los de origen cubano, porque en esencia el trasfondo de esta ley es propiciar la reinserción de aquellos como dueños absolutos de la nación caribeña y restablecer su hegemonía sobre la Isla.

Así, por ejemplo, algunos voceros de la extrema derecha contrarrevolucionaria de Miami aseguraban a los senadores que  no se trata precisamente de “reclamar el importe de los bienes confiscados en Cuba (su equivalente en dinero), sino los propios bienes”. El mismo Helms había afirmado en uno de sus discursos, horas antes de la negociación, que “sin demeritar al resto de los capítulos, el capítulo tercero era el más importante del proyecto de ley”.

Por su parte, los senadores que se oponían argüían más que todo a razones de índole interna, como por ejemplo: “Se revienta el sistema judicial norteamericano con el precedente que quiere esta ley para las reclamaciones”, “la extensión de las reclamaciones para los ciudadanos norteamericanos de origen cubano podía extenderse a otros ciudadanos norteamericanos de otro origen nacional y crear serias dificultades a los Estados Unidos”. Llegó a afirmarse que 430 000 casos judiciales de cubanoamericanos podrían presentarse en cortes y provocar una explosión jurídica, mientras que el gasto adicional a la atención de esos procesos sería de unos 2 000 millones de dólares de los contribuyentes en momentos de recortes presupuestarios.

La retirada por Helms del capítulo tercero fue más bien algo táctico que impidiera el “filibusterismo” y la amenaza de que su proyecto de ley “muriera por inacción”, a la vez que una forma de permitir que pasara por el Senado.

No por gusto, inmediatamente después de que Helms hizo el anuncio, hablaron los senadores Phil Gramm y Robert Dole, ambos candidatos presidenciales republicanos, aduciendo que aceptaban en ese momento la solución negociadora pero que seguirían luchando en el Senado y en el Comité de Conferencias de ambas cámaras porque se mantuviera dicho capítulo tercero. En las imágenes televisuales de esta sesión del Senado, se pudo ver a los representantes Lincoln Díaz-Balart e Ileana Ros-Lethinen exigiéndoles aclaraciones a Helms, Dole y Gramm sobre esa negociación. Poco más tarde, y concluida la conversación, se vio que Helms le daba sonriente una palmada en el hombro al airado Díaz-Balart como queriéndole decir: “No te preocupes, que lo recuperaremos después”.

Durante estos años se ha ido filtrando la complicidad de cierta elite del poder estadounidense para facilitar la provocación de las avionetas de Hermanos al Rescate pocos meses más tarde, el 24 de febrero de 1996. Esta sirvió de excusa para aprobar la ley Helms-Burton, no solo en su idea original, sino con una absoluta presión ante la doblez del presidente William Clinton, quien cedió al Congreso la dirección de la política exterior norteamericana con respecto a Cuba, de lo cual se han vanagloriado variospersoneros de Miami.

Cuidado con el engaño

Dije al inicio que la Ley Helms-Burton es un texto legislativo enrevesado no solo porque de manera constante uno se encuentra en sus disposiciones la remisión a otras disposiciones y leyes, por lo cual es necesario acceder a una biblioteca especializada en jurisprudencia estadounidense para poder comprender algunas de sus consideraciones.

Lo es también por la manera en que trata de ocultar malvadas intenciones. Por ejemplo, durante más de 20 años, y ahora mismo, los voceros de la mafia han dicho que el Título III no afecta a las propiedades residenciales. Es la engañifa de un mensaje tranquilizador de que la gente no tiene por qué preocuparse por sus viviendas. Dicen que reclamarán solo las propiedades comerciales valoradas en más de 50 mil dólares y que fueron confiscadas a sus legítimos dueños y en las cuales está invirtiendo una corporación foránea.

Es cierto que así lo asevera el texto. El “tráfico” con propiedad utilizada con fines residenciales, afirma, no puede servir como base para un pleito del Título III de la Helms-Burton, a menos que la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero que definió los 5 911 casos en 1972 haya certificado la reclamación de un ciudadano o corporación estadounidense por la confiscación de la propiedad o una propiedad esté ocupada por un funcionario del alto rango del Gobierno cubano o del Partido Comunista.

Pero esa no es la verdad. ¿Cómo termina el Título II de la propia Helms-Burton? (y el subrayado es nuestro): SENTIR DEL CONGRESO.- Es el sentir del Congreso que la liquidación satisfactoria de las reclamaciones de propiedades por parte de un Gobierno cubano reconocido por los Estados Unidos sigue siendo una condición indispensable para el pleno restablecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba.

Son todas las propiedades, absolutamente todas, nacionalizadas o expropiadas, y ni aun derrotada hipotéticamente la Revolución se restablecerían las relaciones plenamente hasta tanto ocurra esa devolución o la indemnización que el propio Departamento de Estado calculó en 1997 por un valor de 100 000 millones de dólares.

Durante estos años en la Florida han aparecido declaraciones y entrevistas de personas que hablan de su casa, que la identifican y explican cómo ellos aspiran a recuperarla. También manifiestos de organizaciones de la Mafia, como la llamada Asociación Nacional de Hacendados en el Exilio, que desde hace años tiene definida una política en la que plantean que “la solución” del problema es la devolución de sus tierras, de sus centrales azucareros, de sus antiguas propiedades.

Estas locas ideas se han concebido desconociendo al pueblo de Cuba y sus intereses. Suponiendo que esa irracional hipótesis funcione y haya ese nuevo “Gobierno”, yo quiero saber qué va a pasar aquí cuando llegue un tipo con una decisión de un tribunal norteamericano aduciendo que las tierras de Alamar son de su propiedad y que todos los inquilinos de los edificios de microbrigadas le tienen que pagar la renta con carácter retroactivo o tienen que abandonar. O las cooperativas agropecuarias, cuando aparezcan terratenientes y digan algo por el estilo, y así podría pasar con casatenientes y miles de edificios en las principales ciudades, o con gente que se marchó del país y ahora venga con mandamiento judicial norteamericano para desalojar a los actuales inquilinos de sus viviendas o que le paguen renta, y otros miles de ejemplos que pudieran mencionarse con edificaciones realizadas por la Revolución, como círculos infantiles, escuelas, casas de abuelo, policlínicos, hospitales, fábricas…

Lo que sí no se oculta es que esta ley avala la confrontación entre los Estados Unidos y Cuba nadie sabe por cuánto tiempo, pues la ultraderecha yanqui y la mafia quieren pisotear con toda su carga de prepotencia lo más sagrado que ha tenido la raíz patriótica cubana: el derecho a la independencia nacional.

En el Museo de Arte Moderno de Nueva York se conserva este dibujo en acrílico del artista Mike Kelley titulado “Jesse Helms Protesta Signo”.

En el Museo de Arte Moderno de Nueva York se conserva este dibujo en acrílico del artista Mike Kelley titulado “Jesse Helms Protesta Signo”.

 


Lázaro Barredo Medina

 
Lázaro Barredo Medina