Lázaro Barredo Medina

Por LÁZARO BARREDO MEDINA

Dicen que cada vez que Mike Pompeo entraba en el edificio central de la CIA, en Langley, Virginia, esbozaba una risa irónica o cínica al encontrarse con un principio bíblico en una inscripción en mármol: “Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre”. Ahora se sabe por qué, cuando el hoy secretario de Estado evocó en una entrevista en una universidad de Texas el tiempo que estuvo al frente de la Agencia y dijo que todos sus agentes recibieron cursos para mentir, engañar y robar.

Su elocuente desparpajo solo quizás puede ser superado por el de John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional, porque no se sabe cuál miente más ante la opinión pública. Como señaló recientemente el canciller Bruno Rodríguez, estos funcionarios más que diseminar un juego de errores bien ensayado parece que actúan con premura e improvisación.

Ambos personajes se han dedicado a demonizar a la nación cubana con una mezcla de cinismo y vilezas, profiriendo embustes para hacer de la mentira una verdad, como si pretendiesen superar al ministro hitleriano Joseph Goebbels, y así lograr el fin que justifique la subversión y el estrangulamiento económico de la Isla para volver a tratar de rendirla por hambre y enfermedades.

Pompeo anunció el levantamiento de la medida restrictiva del Título III de la Ley Helms-Burton, que desde el 2 de mayo permite a los ciudadanos estadounidenses (donde se incluyen los cubanoamericanos que adquirieron esta condición antes de marzo de 1996) afectados por las nacionalizaciones o confiscaciones del Gobierno Revolucionario reclamar una compensación ante los tribunales de Estados Unidos frente a quienes se beneficien de dichas propiedades (“trafiquen”, en la terminología de este engendro jurídico).

Bolton acudió a Miami para reunirse con los derrotados mercenarios de Playa Girón (pomposamente les dijo que “juntos podemos terminar lo que comenzó en esas playas”) y anunció la aplicación de nuevas restricciones a los viajes a Cuba de ciudadanos estadounidenses, la reducción de las remesas de cubanos a sus familiares y la incorporación de nuevas empresas a la lista de entidades prohibidas para el comercio con Estados Unidos.

Reacciones

Desde su promulgación, en 1996, la Ley Helms-Burton ha sido objeto de controversia internacional, por entrar en conflicto con intereses comerciales de diversos países en el mundo, y la reciente decisión de activar los procesos ante tribunales ha concitado numerosas reacciones contrarias a la política del equipo de Trump.

En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Engel, consideró que la decisión de activar el Título III aislará a Washington de sus aliados, mientras organizaciones estadounidenses favorables al acercamiento a Cuba criticaron las nuevas medidas por sus negativas consecuencias. “El presidente está haciendo esto por una sola razón: apaciguar a las personas de línea dura en el sur de la Florida antes de las elecciones de 2020”, destacó el presidente de la coalición Engage Cuba, James Williams, en un comunicado.

De igual modo, Collin Laverty, presidente de la compañía de viajes especializados Cuba Educational Travel, afirmó que es triste ver sufrir a cubanos y estadounidenses porque el jefe de la Casa Blanca ha dejado su política en manos de legisladores del sur de Florida.

Cubanoamericanos que no comulgan con los propósitos de la mafia anticubana han manifestado su rechazo a esta nueva agresión contra la familia cubana y apoya las medidas que faciliten el acercamiento con la Isla.

Desde Madrid, un experto abogado español, Hermenegildo Altozano, quien ha publicado diversos análisis desde que el proyecto legislativo se discutiera en el Congreso de Estados Unidos en 1995, comentó en días recientes que se trata de una estrategia consistente en crear un entorno de inseguridad jurídica para extender la idea de que es ilegal invertir en Cuba, y en establecer sanciones contra los inversores extranjeros en la Isla con el doble fin de cumplir objetivos de política exterior estadounidense y de desplazar a los competidores en el escenario futuro que pretenden.

Como asegura este jurista, a la Administración Trump parece gustarle destapar cajas de Pandora y, aunque la decisión abre la puerta a una oleada de reclamaciones, no puede olvidarse que son los tribunales federales (y no Bolton, Trump o Pompeo) los que deberán resolver las reclamaciones de los antiguos propietarios al amparo del Título III y decidir si hay o no fundamento para ello.

“Los antiguos propietarios enfrentan numerosos obstáculos: en primer lugar, deberán poder acreditar (y la carga de la prueba no es baladí) que eran propietarios; que sus propiedades fueron confiscadas sin compensación; que el inversor extranjero tenía conocimiento y voluntad de “traficar” (en la terminología de la propia Ley Helms-Burton) con las propiedades confiscadas (tarea nada fácil cuando la propia Administración de EE.UU. ha incumplido la obligación autoimpuesta en la Ley Helms-Burton de preparar un censo de propiedades confiscadas)”, asegura Altozano.

Por cierto, pocas horas después, en una llamada con periodistas, la subsecretaria de Estado para América Latina, Kimberly Breier, no descartó la posibilidad de que se abra un nuevo proceso para certificar las reclamaciones de los cubanoamericanos. Si la Comisión Federal demoró siete años en poner de acuerdo a los reclamantes norteamericanos y concluir en 1972 su dictamen, que estableció 5 911 demandas, me imagino que para conciliar a los cubanoamericanos demorará nadie sabe cuánto.

Siendo la Unión Europea uno de los principales socios comerciales de nuestro país, el abogado Altozano recuerda que los reclamantes enfrentan las dificultades derivadas de las normas antídoto de la UE (Reglamento 2271/1996) y de la propia República de Cuba (Ley 80). “La Unión Europea ya ha anunciado por medio de carta de 10 de abril de Federica Mogherini (Alta Representante de la UE en Política Exterior) y Cecilia Malmström (Comisaria de Comercio) a Pompeo que la Unión Europea se plantea someter la disputa ante la Organización Mundial de Comercio y ha recordado las medidas protectoras que el Reglamento de la UE 2271/1996 pone a disposición de los nacionales de la UE afectados por la Ley Helms-Burton”.

Entretanto, la señora Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, al manifestar su oposición a la medida subrayó: “He estado en contacto con empresas canadienses para reafirmar que defenderemos completamente los intereses de los canadienses que realizan negocios e inversiones legítimas con Cuba”. Iguales pronunciamientos han hecho otros gobiernos, como los del Reino Unido, México, Rusia, China, los cuales se oponen a la aplicación extraterritorial de la legislación norteamericana.

Pero el principal antídoto contra estas medidas draconianas lo constituye el patriotismo y la resistencia de nuestro pueblo, como escudo contra una política de odio visceral del imperio que durante 60 años ha estado condenada al fracaso.