Por LISET GARCÍA

Amplia agenda legislativa se ha propuesto la Asamblea Nacional para el actual período de mandato de los diputados. No podrá ser de otro modo teniendo en cuenta que en varios apartados del texto constitucional recién aprobado en el referendo popular del pasado 24 de febrero, se mencionan las leyes y normas jurídicas que asegurarán su implementación, las que deberán ser elaboradas y discutidas, para que no se convierta en letra muerta lo incluido en la Ley de Leyes.

Desde entonces no se han enfriado los motores, lo que hará posible que en la actual sesión ordinaria del Parlamento, la primera luego de la proclamación de la Carta Magna, sean aprobadas tres nuevas leyes, empezando por la Ley Electoral, en la cual se contemplan los cambios introducidos en la Constitución en relación con las estructuras del Estado y el Gobierno y sus atribuciones.

También han incluido en la agenda la Ley de Símbolos Nacionales y la de Pesca, proyectos que en su conjunto hablan de la defensa de la soberanía nacional. A cada una la antecedió un amplio debate entre los propios parlamentarios, la consulta a especialistas de esas materias y personas relacionadas directamente con esos temas.

En las discusiones de esos textos salieron a la luz contradicciones, búsqueda de términos adecuados, definiciones y precisiones indispensables para contar con cuerpos de leyes como los que necesita el país para hoy y para mañana, a tono con la actualización del modelo de sociedad socialista.

Fruto de una construcción colectiva, como se ha hecho ya habitual en Cuba en los últimos tiempos, estas leyes son el resultado de la democracia en movimiento que vive el pueblo, participación que no se evidencia solo en el derecho universal de los cubanos al voto, ni por el carácter popular de las elecciones –desde la nominación de los candidatos a delegados en cada barrio–, sino por la oportunidad abierta a todos para dialogar, aportar y contribuir al consenso, como ejemplarmente tuvo lugar durante el debate nacional de la propia Constitución.

El propósito de garantizar el buen funcionamiento del país, en el que prime la legalidad, el orden, la disciplina y el acatamiento de las leyes, no es posible sin la participación activa de los ciudadanos, destinatarios y garantes de la continuidad del proyecto social que se ha conceptualizado, y cuenta con líneas de trabajo y políticas que deben reflejarse en el ordenamiento jurídico.

Las tres nuevas leyes que serán aprobadas en una misma sesión, marcan el ritmo que urge para concebir y actualizar ese ordenamiento jurídico necesario, previa consulta democrática. A la nación socialista, próspera y sostenible con que se sueña también se llega con leyes atemperadas al momento y sean reflejo de esa Cuba comprometida con la justicia y la equidad.