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Publicado el 15 Agosto, 2019 por Igor Guilarte Fong en Opinión
 
 

Justipreciando valores

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Igor Guilarte Font/ Facebook

Por IGOR GUILARTE FONG

Los grandes cambios suelen causar sobresaltos, regocijos, debates, renuencias, pica-pica. Mas, si esas transformaciones apuntan directamente hacia el bolsillo, entonces el revuelo, para bien o para mal, es tan grande como si ardiese Troya. Una atmósfera de esas, movidita, se ha suscitado a raíz del reciente incremento salarial al sector presupuestado –una de las significativas medidas aprobadas por el Estado cubano para impulsar la economía- y de la consiguiente política de precios máximos. Vaya encadenamiento oportuno.

El valor real y el impacto positivo de esa nueva remuneración que benefició a más de un millón 400 000 compatriotas, debía complementarse con acciones que permitieran sostener en el tiempo tal aumento y garantizaran el poder adquisitivo del salario. Así se hizo. Ante una violenta y delirante estampida de determinadas tarifas rumbo a las nubes –fundamentalmente en casos particulares que soñaron hacer el negocio del siglo-, se decidió tirar del freno de mano y poner techo a los precios de productos de primera necesidad, así como bienes y servicios que ofertan a la población entidades estatales y privadas.

Esas medidas de control se hicieron tangibles con las resoluciones 301 y 302 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), las cuales, como semáforos en la ruta del desarrollo, especifican los debidos límites de aceleración, disciplina y control que deben ser respetados por los distintos actores de la economía. Con ello se materializa la voluntad gubernamental de mantener un equilibrio financiero y, sobre todo, de evitar la imposición de precios arbitrarios, sobredimensionados e injustificados.

También la legislación otorga nuevas facultades regulativas y reitera el decisivo papel que deben asumir las autoridades territoriales -entiéndase municipales y provinciales- en la evaluación, ordenamiento y fiscalización del sistema de mercadeo. Hasta el momento son 12 las provincias que han tomado los importes por los cuernos. Para esto se basaron en análisis de las condiciones socio-económicas de sus habitantes, sin desconocer la influencia del principio de oferta y demanda que rige el sector no estatal.
Por comentarios que he podido leer y oír en estos días, deduzco que este noble propósito de cortar por lo sano y detener el alza indiscriminada de los precios (que de más está decir: a todas luces ya se había vuelto una deplorable tendencia) ha revuelto la caja de Pandora. De tal manera se ha desatado un pandemonio de criterios y posturas en torno a lo resuelto; y no han faltado los ataques más punzantes y malintencionados.

Algunos emprendedores exteriorizan sus inquietudes porque ven en jaque su habitual ritmo de ganancias, y recuerdan que adolecen del imperioso mercado mayorista. Otras personas de menores ingresos consideran que se fijaron precios máximos en sumas elevadas, incluso por encima de las que tenían antes; por ejemplo, la cebolla, el frijol colorado o productos como las bebidas enlatadas y confituras.

Por otra parte, están las dudas de qué sucederá con esos “comerciantes” que parecen estar por encima del bien y el mal, y con la peor desfachatez aún osan mantener cuantías lucrativas o tablillas engañosas, en franca violación a lo establecido. Una cosa es la letra y otra, la realidad. Sin embargo, el MFP se ha propuesto hacer valer la ley. Su titular, Meisi Bolaños, ha enfatizado que no habrá impunidad ni se admitirán subterfugios (como los ingeniosos “combos”) que pretendan desacreditar el empeño. “Se trata de llevar a cabo un control sistemático. Vamos a ser rigurosos y no permitiremos artificios para evadir las regulaciones. Contamos con el apoyo de la población para que denuncie”, expresó la ministra en reciente conferencia de prensa.

De hecho, desde inicios de julio hasta mediados de agosto, el organismo ha procesado más de 400 quejas y denuncias recibidas por los diversos canales habilitados (el teléfono 78669107, el correo comunicación@mfp.gob.cu y sus plataformas en internet).

En este escenario sorprende ver cómo algunos tachan la política de valores máximos como un atentado a la gestión privada en Cuba, cuando, por el contrario, los márgenes de ganancias parecen favorecerlos en cierta medida. El sector no estatal, como se ha insistido, forma parte de la solución a los problemas de la nación. La pregunta es ¿qué estaría sucediendo de no existir la regulación? ¿Por qué confines astronómicos gravitaría hoy, por ejemplo, la peliaguda carne de cerdo? No era posible cerrar los ojos ante eso, y aunque signifique una batalla fabulosa contra la Hidra de Lerna, era el momento de asumir el desafío. La aquiescencia mayoritaria evidencia que se hizo justicia.

Por supuesto, en lo adelante se requerirá avanzar hacia mayores niveles de productividad, estabilidad, calidad y diversidad de productos y servicios, hacia una administración mucho más racional de los recursos; en fin, hay que ser más eficientes en todo. Es una cuestión de mentalidad colectiva, de que –como insiste sabiamente el presidente Díaz-Canel- pensemos y trabajemos unidos, como país. Los grandes cambios vienen acompañados de fuertes sacudidas. Pero no es el fin del mundo, sino un nuevo paso en la senda al porvenir.

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Igor Guilarte Fong

 
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