Por LÁZARO BARREDO MEDINA

Es evidente que tras todos los fracasos en las distintas versiones de golpe de Estado y la admirable resistencia del pueblo frente a las brutales represalias económicas y robos de sus recursos, EE.UU. ha puesto en práctica otra fase de presiones y violencia para el derrocamiento de la Revolución bolivariana, con un nuevo centro de coordinación fuera de su territorio: la recién creada Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU, sus siglas en inglés), enclavada en la embajada de Bogotá, Colombia, que tendrá como misión principal arreciar mayores medidas subversivas y de hostilidad e intentar quebrar la unidad cívico-militar de la asediada nación.

La presión contra el pueblo venezolano y su derecho a la libre autodeterminación se verá incrementada ahora, no solo con la posibilidad de un bloqueo naval, acción revelada por el propio mandatario estadounidense, Donald Trump, al anunciar que asesores de seguridad de la Casa Blanca estudian esta iniciativa, sino también con el terrorismo de los paramilitares desplegados en la frontera colombiana, mientras se redoblan los sabotajes de la oposición violenta contra los servicios públicos.

Sí, como han denunciado varios dirigentes chavistas, la derecha extremista decidió en una reciente reunión atacar los servicios públicos para afectar la paz y la seguridad ciudadana ante el desespero por mermar el apoyo popular a la Revolución. En los últimos días arreciaron los ataques al sistema eléctrico nacional, provocaron incendio en una planta de llenado de gas, paralizaron las operaciones en una de las líneas principales del metro de Caracas, así como dañaron almacenes de alimentos y medicinas.

La derecha local no quiere ajustarse a las normas elementales de una fuerza política derrotada en sucesivas contiendas, utiliza las reuniones de diálogo para presionar por mandato de Washington, en tanto cada vez más el desprestigiado Juan Guaidó actúa como reconocido satélite recadero del padre del golpismo, Leopoldo López, que aspira a ser presidente impuesto por la fuerza, porque electoralmente no puede.

Por eso ha cundido el pánico ante los anuncios de celebración de elecciones parlamentarias en el 2020, donde, como aseguró el presidente Maduro en una alocución, “le vamos a dar la pela (zurra) del siglo a la derecha golpista, vendepatria”.

La reacción injerencista de la Casa Blanca no se hizo esperar, y Elliott Abrams, designado enviado especial de Trump para Venezuela, en una entrevista en The New York Times condicionó la participación de determinados dirigentes bolivarianos, además de fijar condiciones de cambios en el sistema electoral establecidos en la Constitución.

Como recuerdan ahora varios analistas, Maduro ganó las elecciones del 20 de mayo de 2018 con más de seis millones de votos, equivalentes al 67 por ciento de la participación, en un proceso legitimado por decenas de observadores internacionales.

Las manifestaciones populares en todas las plazas Bolívar y el rechazo contundente de los manifestantes a la política de Trump y sus sanciones avizoran otra victoria del chavismo.