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Publicado el 5 Noviembre, 2019 por Delia Reyes Garcia en Opinión
 
 

Cooperativas no agropecuarias, repaso a las normas

Por DELIA REYES GARCÍA

A propósito de las nuevas regulaciones, ni pie ni pisada se le pierde por estos tiempos a las Cooperativas No Agropecuarias (CNA) en Cuba. Sobre el cuerpo legal que reglamenta, con carácter excepcional, la constitución, funcionamiento y extinción de esta forma de gestión no estatal, compartimos con los lectores algunas ideas.

El 31 de octubre del presente año entraron en vigor cuatro normas jurídicas: el Decreto-Ley 366 de las CNA, emitido por el Consejo de Estado; el Reglamento para el funcionamiento de las mismas, contenido en el Decreto 356 del Consejo de Ministros; y las resoluciones 361 y 362 del Ministerio de Finanzas y Precios, que fijan los precios y tarifas de los productos y servicios que comercialicen este tipo de cooperativas, así como el pago de los impuestos sobre ingresos personales a los trabajadores asalariados contratados por las mismas.

Según enuncia la norma jurídica de mayor rango, es decir, el Decreto Ley No. 366, el objetivo general de la cooperativa es la producción de bienes y la prestación de servicios mediante la gestión colectiva para la satisfacción del interés social y el de los socios; constituye una alternativa para relevar al Estado de la administración de aquellas actividades económicas, productivas o de servicios que no se consideran principales.

Los principios rectores para esta forma de gestión enuncian la voluntariedad de los socios, la cooperación y ayuda mutua, la decisión colectiva e igualdad de derechos de sus miembros, la autonomía y sustentabilidad económicas, la responsabilidad social, entre otros. Sin embargo, puede advertirse un sesgo verticalista en lo referido al nivel de aprobación, tanto para la propia creación de la cooperativa como de aquellas actividades autorizadas a ejercer.

También es apreciable cierta ambivalencia al definir la autoridad responsable de conducir el proceso de creación y funcionamiento de las mismas. Por un lado, el Decreto-Ley 366 en sus disposiciones finales establece que la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo será la encargada de hacerlo. Por otro, el Decreto 356 sostiene que serán los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y los Consejos de las Administraciones Provinciales (CAP) los facultados para la promoción, gestión, fiscalización y control de la creación y del funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias en el ámbito de sus respectivas competencias.

Vale significar, como aspecto novedoso de las regulaciones, el vínculo de estas CNA con el territorio donde realiza sus acciones. “Antes de autorizarse la constitución de una cooperativa se valora el interés que tiene para el ámbito territorial donde se desarrollarán las actividades que comprenderán su objeto social, la creación de nuevos empleos y los ingresos presupuestarios a obtener”.

Los indicadores de las CNA ilustran que de 2014 a 2018 crecieron sostenidamente ingresos, gastos, total de socios y el anticipo promedio mensual de los cooperativistas; mientras el total de trabajadores contratados decreció sustancialmente. A finales de agosto del presente año estaban en funcionamiento 398 CNA, concentradas fundamentalmente en la Gastronomía, el Comercio, la Construcción, Industria, y Servicios Personales y Técnicos. Estas representaban más del 88 por ciento del total. El resto estaba disperso dentro de las actividades de Ornitología, Transporte, Alimentaria, Energía y Servicios Contables. El mayor por ciento de esta forma de gestión estaba focalizado en La Habana con 235. Con cifras mucho más bajas le seguían las provincias de Artemisa (64) y Matanzas (18).

¿Camisa de fuerza?

Una de las deficiencias detectadas en la evaluación realizada a las CNA en 2017 fue la diferencia significativa entre los ingresos percibidos por los socios que ejercen como directivos y quienes realizan labores directas en la actividad fundamental. Para corregir este problema, el Decreto No. 356 Reglamento de las Cooperativas No Agropecuarias enuncia que los anticipos de las utilidades a los socios son en efectivos, bienes o servicios y están exclusivamente en proporción a la cantidad, complejidad y calidad del trabajo de cada uno en la cooperativa.

El procedimiento –indica la norma– para el cálculo del trabajo de cada socio con vistas a su retribución, incluidos los que desempeñan funciones administrativas, de servicios internos u otras de carácter indirecto, se establece en los estatutos de la cooperativa. Sin embargo, a continuación el Decreto 356 especifica que “en ningún caso la cuantía de la utilidad más alta que corresponde a un socio puede superar en tres veces la menor”. Es decir, el socio que más ingresos reciba, ganará como límite máximo, tres veces más que el de menos ingresos.

Supuestamente esta regulación tiene el objetivo de garantizar una distribución justa y equitativa de las utilidades generadas. Sin embargo, contradice el principio de autonomía y sustentabilidad económicas que enuncia el Decreto-Ley 366: “la cooperativa tiene independencia económica, disponiendo libremente de su patrimonio dentro de los límites que fija la ley; cubre todas las obligaciones contraídas con sus ingresos; paga los tributos que correspondan; crea fondos y reservas, y genera utilidades que se distribuyen entre los socios en proporción a la contribución al trabajo”.

Establecer límites a los ingresos de los cooperativistas es una camisa de fuerza que pudiera frenar el aporte individual de los cooperativistas, restándole dinamismo a esta forma de gestión. En el proceso productivo no todos los trabajadores realizan el mismo esfuerzo, aportan la misma cantidad con similar calidad, ni realizan igual trabajo. Una distribución justa y equitativa presupone que quienes más trabajen, sean los que más reciban, tantas veces como lo merezcan.

De precios e impuestos

Como indica el Decreto Ley 366, los precios y tarifas de los productos y servicios que comercialicen las CNA se determinarán de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP). En tal sentido, la Resolución 361 del citado organismo no deja este medular asunto al libre albedrío del mercado de oferta y demanda.

Por tanto, el MFP, de oficio, o a solicitud de los CAP o del municipio especial Isla de la Juventud, o de los OACE que autorizaron la constitución de estas cooperativas, puede aprobar precios y tarifas, fijos y máximos, que se requieran regular centralmente con destino a la población y a entidades estatales. También, teniendo en cuenta las características de cada territorio, los CAP y el Consejo de la Administración Municipal de la Isla de la Juventud, quedan facultados para aprobar precios y tarifas, para otros productos y servicios al pueblo que no se hayan establecido centralmente.

Mediante esta Resolución 361 se permite a las CNA, siempre que tengan la debida justificación, deducir el ciento por ciento de los gastos en que incurren, lo cual contribuirá a una mayor transparencia fiscal.

Por su parte, la Resolución 362 del MFP establece que los trabajadores asalariados contratados por las CNA, gravados con el impuesto sobre los ingresos personales: del tres por ciento para quienes reciban entre 2 500 y 5 000 pesos, y del cinco por ciento a aquellos que ganen más de 5 000, quedan exonerados de la presentación de la Declaración Jurada para su liquidación y pago anual.

Paradojas

Tomando en cuenta las irregularidades detectadas durante la evaluación realizada a estas CNA en 2017, se decidió no crear nuevas cooperativas durante esta etapa de consolidación del proceso experimental y concentrar los esfuerzos en el fortalecimiento de las constituidas, expresó al diario Granma, Yovana Vega Mato, segunda jefa del área de Perfeccionamiento a Entidades de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo.

Por tanto, “como parte de este periodo se determinó devolver oficialmente a sus proponentes, a través de los Consejos de la Administración Provinciales, los Organismos de la Administración Central del Estado y las entidades nacionales correspondientes, todos los proyectos que se encontraban en fase de evaluación por la Comisión, hasta tanto se reanude el proceso de creación de nuevas cooperativas”.

Resulta paradójico que justo cuando se publican las nuevas normativas que actualizan y perfeccionan la legislación vigente para las CNA, se decida no aprobar nuevas cooperativas. ¿Puede una decisión de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo dejar sin efecto, aunque sea temporalmente, las normativas publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba?


Delia Reyes Garcia

 
Delia Reyes Garcia