Por MARYAM CAMEJO

Un reordenamiento de grandes dimensiones sigue sucediendo en Bolivia. Lo demuestra la inhabilitación de la candidatura a senador del expresidente Evo Morales, quien considera esta decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) un golpe a la democracia. Y ha denunciado la existencia de una búsqueda incesante de sacarlo del escenario político, así como de procesarlo injustamente.

Las razones del fallo

La obligación de residir en el país desde hace dos años en el caso de diputados y senadores, uno de los requisitos para la candidatura, constituyó el insólito pretexto para impedir a Evo, que se presentó por la región de Cochabamba, donde comenzó su carrera como diputado en 1997 y donde votó en las sucesivas elecciones, hasta los comicios del pasado octubre.

En la “lógica” oficial no cabe el hecho de que fue impelido a emigrar por el golpe militar-policial. Lo que el TSE no explica ni sopesa es que si Evo –quien dirige la campaña del Movimiento al Socialismo (MAS) desde Argentina– se hubiera arriesgado a regresar a Bolivia, el aparato judicial del golpismo se habría encargado de detenerlo, con el argumento de la serie de espurias denuncias penales presentadas en su contra, garantía para ser encarcelado. El lawfare, esa palabra tan usada en el caso Lula, de Brasil, sobre la judicialización de la política, se retoma en el caso Evo. ¿Casualidad?

Algo similar puede decirse de Ecuador y Rafael Correa, aunque este no corrió igual suerte. Ahora, evidentemente, se trata de la misma estrategia. Más allá de mover el terreno político, se persigue poner a un lado los movimientos de izquierda, centroizquierda, progresistas, para consolidar a la derecha en el poder.

BOHEMIA lo había pronosticado en texto anterior, cuando afirmó que las élites conservadoras no abandonarían tan fácilmente sus conquistas, y una de las acciones para ello fue prolongar el mandato presidencial de Jeanine Áñez hasta las elecciones de mayo.

Para el equipo de abogados que acompaña a Morales, esto no resultó una sorpresa. El jurista argentino Raúl Pereyra ya había anticipado que si el Gobierno de facto impedía la candidatura recurrirían a dos respuestas en paralelo: apelar ante el Tribunal Constitucional de Bolivia y presentarse directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En conferencia de prensa en Buenos Aires, el exmandatario afirmó que se le acusa injustamente de narcotraficante, asesino y terrorista, y que el verdadero fraude en las elecciones de octubre pasado fue el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA). Dijo también que la actual inhabilitación demuestra que no se respeta la ley, ni la Constitución. Incluso recordó que en enero de 2020, en la inauguración del año judicial, la autonombrada presidenta advirtió que se debía evitar que los salvajes volvieran al poder.

“Lamentablemente con este hecho el TSE obedece las instrucciones que vienen del Palacio”, sentenció Evo. “No está garantizando una elección limpia y transparente; con este hecho se somete a la dictadura y a la política norteamericanas”.