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Publicado el 14 Marzo, 2020 por Lázaro Barredo Medina en Opinión
 
 

Venezuela. Una denuncia trascedente

Demandado Estados Unidos en la Corte Penal Internacional por sus medidas coercitivas unilaterales contra la nación sudamericana

Lázaro BarredoPor LÁZARO BARREDO MEDINA

La administración de Donald Trump, acostumbrada a pisotear las normas del derecho, seguramente volverá a desconocer a la Corte Penal Internacional (CPI) en caso de que esta formule una decisión sobre la documentada denuncia presentada por la República bolivariana de Venezuela de las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales contra su pueblo, que pueden catalogarse como crímenes de lesa humanidad.

Trump ha tachado de ilegítima a la CPI, porque EE.UU., que no es parte en el Estatuto de Roma que regula la autoridad de este órgano de justicia de la ONU, se opone a su  jurisdicción  y obstaculiza sus deberes para evitar las investigaciones de crímenes de guerra y torturas cometidos por militares estadounidenses.

El secretario de Estado Mike Pompeo, por ejemplo, ha expresado claramente que Washington tomaría medidas si la Corte Penal Internacional avanza en las investigaciones contra ciudadanos norteamericanos y ha amenazado al personal de la institución con congelar sus fondos e imponer sanciones económicas. Al igual lo haría contra países y empresas que colaboren con esas indagaciones.

La denuncia venezolana cobra mucha trascendencia, pues las medidas coercitivas se han convertido en herramienta de presión universal. Según el relator especial de la ONU, virtualmente un tercio de los habitantes del mundo viven en países afectados por sanciones unilaterales impuestas por Estados que se precian de “grandes defensores” de los derechos humanos.

La documentación bolivariana demuestra cómo las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos han coartado los derechos humanos del pueblo y afectado la economía del país, al atacar  la importación de alimentos y medicamentos, sabotear el Sistema Eléctrico Nacional y varios servicios públicos, restringir los activos que tiene Venezuela en el exterior y  provocar asfixia económica  para  impedir el desarrollo productivo.

La demanda subraya como ejemplo que los ingresos por concepto de petróleo se han reducido en más de 16 veces, pasando de alrededor de 42 000 millones de dólares en el año 2013 a valores cercanos a 4 000 millones en 2018.

Las acciones del Gobierno estadounidense han causado a la nación sudamericana un perjuicio financiero de 116 000 millones de dólares, con alto impacto en el funcionamiento de la economía y que impide adquirir medicinas, alimentos y desplegar un comercio regular con otros países, lo que ha traído consigo el aumento de la mortalidad infantil y de personas adultas, decesos de pacientes en Venezuela y en el extranjero sometidos a tratamientos de alto costo, incremento de enfermedades, reducción de la ingesta calórica y afectaciones a servicios públicos.

La realidad venezolana corrobora lo que expresó el relator especial de la ONU en su informe el año pasado, cuando consideró que las sanciones unilaterales impuestas con el fin de lograr objetivos políticos y un cambio de régimen ya no son una alternativa a la guerra, sino que empiezan a ser su preámbulo, o pueden ser una forma disimulada de guerra: también matan.


Lázaro Barredo Medina

 
Lázaro Barredo Medina