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Publicado el 15 Julio, 2020 por Liset García Rodríguez en Opinión
 
 

Fiasco tras fiasco para Ley Helms-Burton

Cara a cara.Por LISET GARCÍA

Otra demanda al amparo de la Ley Helms-Burton contra la empresa de cruceros Carnival, se hizo añicos esta semana tras la decisión de un juez federal en Miami de cerrar el reclamo de compensación presentado por un pariente del antiguo propietario del puerto de Santiago de Cuba, a unos 800 kilómetros de La Habana, según reportó la agencia EFE.

Tal decisión sienta un precedente para la evaluación de reclamos de ciudadanos y compañías estadounidenses en virtud de esa ley, y despeja un camino favorable para casos similares presentados contra líneas de cruceros en tribunales federales, de acuerdo con un reporte de la Agencia Cubana de Noticias

Javier García-Bengochea, un neurocirujano de origen cubano y residente en Jacksonville (Florida), interpuso su petición el 2 de mayo de 2019, el mismo día en que quedó activado por primera vez el Título III de la Ley Helms-Burton por decisión del presidente Donald Trump, algo que no hizo ni Clinton, firmante de esa ley, ni las sucesivas administraciones que pasaron por la Casa Blanca.

Según el demandante, Carnival Cruise Line usó durante años una propiedad que le pertenecía y que había sido confiscada por el gobierno cubano en 1960, por lo que le debía una compensación. La maraña legal emprendida por creerse con derecho a reclamar propiedades nacionalizadas en Cuba luego de 1959 choca en primer lugar con el valor tiempo por tratarse de bienes confiscados antes de aprobarse la Ley Helms-Burton.

En un fallo de nueve páginas, el juez James Lawrence King consideró que la petición no se ajusta a los requisitos del Título III de esa norma, ni García-Bengochea aparece en el procedimiento hereditario de su primo, quien tuvo posesión de la empresa que administraba la terminal principal del puerto de Santiago de Cuba hasta 1960. Además, King argumentó que un ciudadano estadounidense no podría entablar una acción legal sobre una reclamación que se base en herencias adquiridas después del 12 de marzo de 1996, fecha en que fue promulgada esa legislación, según consta en el documento.

Un detalle sintomático que no se debe ignorar es que este definitivo pronunciamiento judicial está suscrito por un juez marcado por su parcialidad contra Cuba y su notoria connivencia con la utraderecha antipatriótica de Miami.

Una demanda similar contra Carnival por la utilización de instalaciones en el puerto de La Habana está aún pendiente de una decisión de la jueza federal Beth Bloom, en un tribunal de Miami. Desde la activación del Título III, que permite a ciudadanos estadounidenses reclamar propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959, unas 25 demandas contra 51 empresas están en curso, y en los procesos ya concluidos no hay fallos a favor de los demandantes.

Cuba, después de 1959 expropió, nacionalizó y confiscó empresas, tierras e industrias haciendo uso de su derecho legítimo de disponer de sus recursos.

De acuerdo con el Derecho Internacional y mediante acuerdos con Francia, Suiza, Gran Bretaña, Canadá y España fueron compensados los nacionales de esos países que perdieron sus propiedades en la Isla. Solo hubo un gran perdedor entonces, Estados Unidos, porque se negó a cobrar.  Y sigue perdiendo ahora por persistir en su infame política imperial


Liset García Rodríguez

 
Liset García Rodríguez