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Publicado el 27 Noviembre, 2020 por Elsa Claro en Opinión
 
 

Perú: Juegos sucios

Por Elsa Claro

Como en las obras de suspenso y finales abiertos, en Perú coexisten interpretaciones diversas, temores sobradamente fundados y, ¿por qué no?, algunas esperanzas, pese a la enésima crisis institucional, propiciada por quienes desean hacerse del poder para usarlo en beneficio personal.

Los rocambolescos acontecimientos previos y posteriores a la destitución de Martín Vizcarra; el acceso a la presidencia de Manuel Merino, su rápida renuncia ante los grandes reclamos ciudadanos, y la selección de otro mandatario remiten por fuerza a la etapa de Alberto Fujimori y la Constitución de corte neoliberal que este implantó, facilitando el uso del Estado como trampolín para el enriquecimiento fácil. De esos tumultuosos años 90, se heredan prácticas que, en aquel momento, provocaron la sentencia por corrupción contra 200 funcionarios, contándolo a él mismo.

Vacancia es el rótulo de una sibilina fórmula empleada en 2020 contra el recién defenestrado Vizcarra, tal como se hizo con sus antecesores. En el turbio ambiente, resulta escabroso discernir la transparencia de un supuesto acto correctivo, pues de los 130 miembros del Parlamento, 68 tienen juicios abiertos por corrupción. El problema no se reduce a si el imputado es o no culpable, sino la carencia de moral para quitarlo de en medio.

Los querellantes actuales se parecen a Vladimir Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, Consejero de Seguridad del Gobierno y principal asesor de Alberto Fujimori. Entre métodos pobremente diáfanos, solía grabar las conversaciones con ministros y personalidades para luego chantajearles. Ese y varios recursos de la tumultuosa década 1990-2000 reviven pasadas y más cercanas fechorías de una clase alta empeñada en desvalijar el patrimonio nacional, usando el quita y pon de dirigentes, y agrediendo a la población descontenta.

Merino ordenó cargas antidisturbios tremendas. Gases asfixiantes desde helicópteros y sobre el terreno, disparos, que en una sola jornada provocaron 207 heridos y la muerte de dos jóvenes. La usurpación promovida en el ámbito legislativo y la agresividad policial incrementaron movilizaciones sin precedentes. Asustados ante la fuerte reacción popular, los mismos diputados que apoyaron el ascenso de Merino –estuvo días en el principal cargo– procedieron a mostrarle la puerta de salida.

Fue propuesta entonces la legisladora progresista Rocío Silva-Santisteban, del Frente Amplio. Pero los votos a su favor fueron insuficientes. Como quien ocupe la jefatura del Congreso se convierte en Presidente y en julio del 2021 concluye la actual legislatura, la derecha decidió que ella no era apta por “ser de izquierdas, defensora de los derechos humanos y mujer”.

En la misma propuesta estuvo el seleccionado, Francisco Sagasti Hochhausler, del Partido Morado, una formación política inscrita a finales del 2017, de “centro republicano”, según sus fundadores. Otros les consideran de centroderecha y con un poco de apego a la izquierda, quizás basados en el pacto con Fuerza Ciudadana, esa sí de reconocido corte centroizquierdista, para aliarse en la misma boleta en urnas y mejorar oportunidades electorales.

A tono, al asumir el mandato Sagasti planteó que este “es un momento de reflexión, es momento para preguntarnos dónde perdimos el rumbo, es momento para enmendar y avanzar hacia un futuro mejor”. El lema de “hacer una política decente, lucha contra la corrupción y reforma política” constituye su carta de presentación.

¿Quién es?

El Presidente por un semestre es un profesional formado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Se doctoró en Investigación y Ciencias Sociales por la Universidad Estatal de Pensilvania. Cuenta con trayectoria en organismos internacionales (director del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en la ONU y jefe de Planeamiento Estratégico en el Banco Mundial).

Su bancada votó contra la destitución de Martín Vizcarra, viendo en la moción de Merino una estratagema para hacerse con la jefatura del Estado. El Presidente transitorio, es de notar, trabajó en el Ministerio de Industria durante los gobiernos de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, generales que entre 1972 y 1977 encaminaron una frustrada renovación de Perú.

Renovación aún necesaria, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que en 2004 el entonces presidente Alejandro Toledo negoció un soborno ascendente a 30 millones de dólares con la constructora brasileña Odebrecht, a la cual entregó las concesiones para hacer la carretera interoceánica que conectaría a Perú y Brasil. Prófugo de la justicia, se refugió en Estados Unidos. A continuación, ocurrió el affaire con Alan García (2006 y 2011), quien mantuvo el nexo con la aludida transnacional. Descubierto y temeroso del encauzamiento legal, terminó suicidándose.

Ollanta Humala, promesa fallida, recibió dinero para sus campañas, y su sucesor, Pedro Pablo Kuczynski, cayó en la misma ciénaga. Concluyó renunciando ante la segunda vacancia que le promovieron, hace año y medio. Lo sustituyó Vizcarra, a quien descalabraron pese a que la mayor parte de los peruanos no apoyaba su destitución, no tanto por el individuo en sí, como por reconocer la porfiada y reincidente lucha por el poder, sin soluciones para los verdaderos problemas acumulados.

En ese contexto, la Confederación Nacional Agraria (organización de pequeños y medianos productores rurales y pueblos originarios de la costa, la sierra y la selva) plantean que si el Gobierno transitorio de Sagasti “quiere obtener una legitimidad real, está en la obligación de convocar a una Asamblea Constituyente para diseñar y aprobar democráticamente” una nueva Constitución, que no sea excluyente en lo económico y social, ni discriminativa y racista.

Los jóvenes, entretanto, piden un referéndum sobre esa posibilidad, considerando que, a semejanza de lo acontecido en Chile, la Carta Magna actual se instauró bajo una dictadura y el país debe arribar a su bicentenario con perspectivas serias.

Importantísimo resulta que los principales activos de las protestas pertenecen a esa franja etaria, capaz de decidir en términos de futuro. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos asegura que el 75 por ciento de quienes están entre los 18 y los 24 años se interesa en los temas relevantes. Buscan modificaciones significativas a la inmunidad parlamentaria y en la Policía.

En paralelo, se anuncia una investigación contra el fugaz presidente Manuel Merino, el primer ministro Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, titular del Interior, por “abuso de autoridad, homicidio doloso” contra los manifestantes y, en particular, por los asesinatos de Inti Sotelo y Jack Pintado, de 24 y 22 años, respectivamente. Fue creado además, un grupo para localizar a los desaparecidos.

Obviamente, resta mucho por ocurrir y comprobar en una sociedad con estamentos institucionales endebles y permeados de prácticas altamente reprensibles.


Elsa Claro

 
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