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Publicado el 21 Diciembre, 2020 por Delia Reyes Garcia en Opinión
 
 

Abrigo necesario y responsable

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Por DELIA REYES GARCÍA

Ada Pérez Artega no ha tenido consuelo desde que nació su hijo Tonito hace 25 años. Con solo unos meses, su bebé sufrió una meningoencefalitis bacteriana que lo dejó postrado crónico. Ella no pudo continuar trabajando, y como tenía una situación económica bien difícil, solicitó la ayuda de la asistencia social para las madres que tenían hijos con discapacidad severa.

Cuando fue a la empresa donde laboraba a buscar el  expediente laboral, y presentarlo a la autoridad competente, el mismo se había extraviado. Por tal razón, en vez de recibir los beneficios como madre cuidadora, se le otorgó una chequera para cubrir los gastos más perentorios. Con el transcurrir del tiempo, el monto de la chequera se fue incrementando, y ahora recibe 355 pesos mensuales.

Con los ojos húmedos, ella agradece la ayuda que ha recibido del Gobierno, pero confiesa: “la vida no ha sido fácil, imagínese qué son 355 pesos para comprar los alimentos y las medicinas; además de pagar agua, electricidad, refrigerador y vivienda. La noticia de que recibiría una chequera mucho más alta la llena de esperanzas…

Como este caso hay otros en el país. Por eso la indicación del Gobierno es realizar un levantamiento fidedigno de las personas y núcleos vulnerables, para poder brindarles ayuda en el nuevo escenario económico que se creará a partir del 1 de enero de 2021. La implementación de la tarea ordenamiento contempla como parte de la transformación de los ingresos, además de los salarios y jubilaciones, las prestaciones monetarias de la asistencia social.

Para quienes reciben ayuda asistencial, en la Ley del Presupuesto de 2021 se aprobaron 3 mil 366 millones de pesos, y una reserva en los presupuestos locales de 716 millones para enfrentar las posibles necesidades de financiamiento y atención a personas y núcleos vulnerables que se identifiquen.

Al respecto, el Decreto 25/2020 del Consejo de Ministros -en vigor desde el 1 de enero de 2021-, precisa que la necesidad de protección se determina cuando se demuestra la insuficiencia de ingresos para asumir la alimentación, medicamentos, el pago de los servicios básicos; la carencia de familiares obligados en condiciones de prestar ayuda, y la incapacidad de los miembros del núcleo familiar para incorporarse al empleo por situaciones de salud, discapacidad u otras causas justificadas.

Dicha normativa específica que las prestaciones monetarias pueden ser temporales (hasta un año), o eventuales (ante situación emergente).  Para determinar la cuantía de las ayudas temporales se tiene en cuenta el salario mínimo, que se fijó en 2 100 pesos, la composición del núcleo familiar y el costo de la canasta de alimentos.

Como parte de la nueva estrategia económica y social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la covid-19, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) descentralizó la facultad para la aprobación de las prestaciones monetarias temporales excepcionales a las direcciones municipales de Trabajo, con el objetivo de garantizar la inmediatez en las respuestas a quienes lo necesiten.

Estas prestaciones excepcionales se otorgan por motivos de salud, discapacidad u otras causas justificadas, y las cuantías que se aprueben para una persona no pueden ser superiores al salario mínimo establecido, regula el Decreto 25 del Consejo de Ministros.

Para las madres trabajadoras que, por motivos de la discapacidad severa de sus hijos no pudieron continuar laborando, y se les paga el salario escala, seguirán recibiendo ese beneficio, con los incrementos previstos en la reforma salarial, y el cálculo para las jubilaciones, puntualizó Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Partido, y jefe de la comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, al comparecer en el espacio televisivo Mesa Redonda.

Según Murillo Jorge, los cálculos realizados para el nuevo escenario de implementación de la tarea ordenamiento arrojan que disminuye la cantidad de núcleos vulnerables, al incrementarse los ingresos de los jubilados. Igual es previsible -como consecuencia de la reforma general de salarios que eleva los ingresos provenientes del trabajo; y las posibilidades dadas a los jubilados del sector empresarial para incorporarse al mismo puesto que ocupaban, con igual retribución -, que se incremente la cantidad de personas con interés de emplearse o continuar laborando, lo cual mejorará las condiciones de vida de muchas familias en Cuba.

A pocos días de anunciada la reforma salarial, acudieron a las direcciones municipales de Trabajo unas 11 000 personas, y aceptaron las ofertas alrededor de 5 000, ilustró a los diputados, Marta Elena Feitó, titular de Trabajo y Seguridad Social, durante la sesión final del sexto periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura. Este es un ejemplo de cuánto puede la transformación de los ingresos estimular el empleo, al que pueden acceder también quienes actualmente permanecen arropados por la asistencia social y tienen condiciones para trabajar.

Al respecto, Murillo Jorge reflexionó en la Mesa Redonda, que el financiamiento para los núcleos vulnerables “no es un saco sin fondo, ni para todo el que levante la mano. El MTSS ha estudiado grupos vulnerables donde hay tres personas en edad laboral, aptos para emplearse y no están incorporados. Y la solución es salir a buscar trabajo, porque el Estado no puede cargar con todo, debe haber una responsabilidad ante el trabajo”.

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Delia Reyes Garcia

 
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