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Publicado el 2 Marzo, 2021 por Ernesto Eimil Reigosa en Opinión
 
 

El caso Hasél

Por ERNESTO EIMIL REIGOSA

En la mañana del 16 de febrero de 2021 la Policía catalana, los llamados Mossos d’Esquadra, arrestó a Pablo Hasél, conocido rapero, bajo los cargos de enaltecimiento del terrorismo y reincidencia. Unas horas más tarde, en la noche, miles de personas descontentas con la sentencia deciden manifestarse en las calles de Madrid y Barcelona pidiendo su libertad. Se producen choques violentos. El saldo final del día fue de 48 heridos. La chispa inicial ocurrió en la Universidad de Lleida. Una docena de oficiales entró por la fuerza en una de las aulas del centro, donde Hasél y un grupo de simpatizantes se habían encerrado. La escaramuza entre los manifestantes y las fuerzas antidisturbios fue breve, aunque intensa, según contó La Mañana, un periódico local.

El intérprete de polémicas letras, cuyo nombre real es Pablo Rivadulla Duró, no asistió a la fecha límite para entregarse a las autoridades. La condena inicial, impuesta en 2018, era de dos años y nueve meses, pero después de las protestas fue rebajada a nueve meses y un día. A partir de esto, el Gobierno español anunció que revisaría las restricciones de su legislación a la libertad de expresión. Pero los problemas legales del rapero no hacen más que empezar. Además de incumplir plazos para pagar algunas multas, la fiscalía también lo investiga por su presunta participación en la invasión de un edificio municipal de Lérida, su ciudad natal, en 2018 para protestar por la detención de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña.

Las reformas que pretende la coalición en el poder del PSOE y Unidas Podemos incluyen la derogación de la llamada Ley Mordaza, instaurada en 2015, durante la administración de Mariano Rajoy y el PP, para prevenir el enaltecimiento de grupos armados como ETA, aunque también se aplica a quien insulte a la monarquía o por motivos religiosos. El Gobierno aclaró que las nuevas medidas serían multas pequeñas, enfocadas en acciones que inciten directamente a la violencia o a claras provocaciones del orden público. Sin embargo, formas de expresión artística o intelectual no serían objeto de penalización.

Hasél fue condenado por una serie de tuits y letras de canciones publicadas entre 2014 y 2016, donde hacía referencia a la organización vasca ETA, comparaba a jueces españoles con nazis y llamaba mafioso al rey Juan Carlos I, que abdicó en 2014.  Actualmente, el debate se ha extendido más allá del territorio nacional. Y está centrado, sobre todo, en las regulaciones a la libertad de expresión de la ley española, que, según expertos, son de las más rigurosas con respecto a lenguaje considerado ofensivo en el caso de instituciones.

En España hay varios precedentes de sentencias que han regulado el discurso de personas en Internet, sobre todo de usuarios jóvenes y desconocidos. Aunque también han sido penalizadas figuras públicas, como es el caso de Valtònyc, un rapero con cargos similares a los de Hasél, quien huyó a Bélgica en 2018 para evitar la prisión. Desde entonces, los mayores esfuerzos de Valtònyc han estado concentrados en evitar la extradición.

El canal Telesur asegura que el coordinador federal de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, dijo durante una reunión partidista que el encarcelamiento es “un síntoma de una anomalía democrática grave”.


Ernesto Eimil Reigosa

 
Ernesto Eimil Reigosa