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Publicado el 20 Marzo, 2021 por Ernesto Eimil Reigosa en Opinión
 
 

Estados Unidos: Es tiempo de empezar a reparar

Por ERNESTO EIMIL REIGOSA

En la mañana del 15 de septiembre de 1963, Sarah Collins Rudolph, de 12 años de edad, nacida y criada en la ciudad de Birmingham, capital del estado de Alabama, fue al servicio que ofrecía la iglesia de su vecindario, como hacía todos los domingos. La acompañaban su hermana mayor y tres amigas. El día no parecía diferente a cualquier otro que ella hubiera vivido. Nada indicaba que algo peligroso estuviera a punto de suceder. Sobre las 10 y 22, cuando las niñas estaban en el sótano del edificio, 19 cartuchos de dinamita conectados a un dispositivo temporal explotaron, hirieron a 22 personas y mataron a Carole Robertson, Cynthia Wesley, Denise McNair y a Addie Mae Collins, la hermana de Sarah. El asesinato fue cometido por el capítulo local del Ku Klux Klan.

La prensa del momento le dio especial connotación al acontecimiento. La década de 1960 fue una época convulsa en los Estados Unidos; un tiempo de cambios y de lucha, pero también de mucha represión y racismo. El doctor Martin Luther King Jr., reverendo y mártir de los derechos civiles, cuando supo del atentado, dijo que aquel era “uno de los más atroces y trágicos crímenes perpetrados contra la humanidad”.

Ahora, 57 años más tarde, una Collins anciana, con heridas visibles e invisibles de aquella terrible mañana, está buscando restitución, una disculpa del estado de Alabama por permitir el odio y el extremismo. Pero el caso de la iglesia bautista de la calle 16 no es el único que está abierto, ni tampoco el único de su tipo. Medios de comunicación como el Atlanta Black Star, de la comunidad negra, se encargan de cubrir procesos como el de Collins. El pasado mes de septiembre este periódico escribió que la firma de abogados Jenner & Block LLP decidió representar a esta víctima en su denuncia de forma pro bono, después de que un exasociado le escuchase un discurso en Carolina del Sur.

Y justo un día antes del aniversario de la explosión, el equipo legal le envió una carta al gobernador estatal, Kay Ivey, a su sede de Birmingham. Culpaban a George Wallace, quien estaba al frente del estado en aquel tiempo, por incitar a la intolerancia. “Aun cuando ellos mismos no pusieron la bomba en la iglesia”, dice el documento: “varios líderes de la época jugaron un rol determinante en alentar a sus ciudadanos a participar en la violencia racial, incluyendo la que provocó la pérdida de la vida de esas niñas”.

La evidencia reunida apunta a eso. Aunque la investigación de aquellos hechos, cerrada por el FBI en 1965, encontró cuatro autores, no fue hasta 1977 cuando un proceso judicial fue abierto. Transcurrieron 12 años para que uno de ellos, Robert Chambliss, resultara culpable de asesinato en primer grado. Sus compañeros, Thomas Blanton y Bobby Cherry, no enfrentaron a la justicia hasta 2001 y 2002, respectivamente. Herman Cash, llamado por el público “el cuarto conspirador”, murió en 1994 sin ser condenado nunca.

Leyes viejas, conciencia nueva

La cuestión de las reparaciones a la comunidad afrodescendiente resulta un tema recurrente en el debate público norteamericano, algo que siempre va a volver mientras existan estructuras sociales injustas que permitan, propicien, la desigualdad y la discriminación. Las marchas y denuncias contra la violencia racista también son recurrentes, una tradición definitoria del país, como diría la periodista de derechos civiles Nikole Hannah-Jones. Algunas incluso han traído cambios importantes. Las protestas derivadas de la muerte del doctor Luther King, por ejemplo, rompieron el candado del Congreso sobre la legalidad de denegar el permiso para comprar una vivienda si eras descendiente de una persona esclavizada.

Muchas veces estas rebeliones han traído consigo consternación y promesas de mejoras. Pero muy pocas han logrado verdaderos cambios estructurales. Las transformaciones que vemos son lentas. Después del asesinato, en mayo de 2020, de George Floyd, se le prohibió a la Policía utilizar el tipo de técnica de represión que le costó la vida al nativo de Minnesota. Sin embargo, la derogación de la ley que le da inmunidad cualificada a las fuerzas del orden, y que ha hecho imposible imputar judicialmente a la mayoría de los oficiales que han asesinado a afroamericanos, no avanza más allá de estar en una “revisión constante” por los legisladores.

Es imposible predecir si la fuerza y la cólera mostrada en las protestas de mayo y junio del año pasado constituirán un punto de giro. Lo que sí es cierto es que tuvieron algo distinto. A diferencia de incontables veces en que la comunidad negra marchó sola para demandar el reconocimiento de sus derechos humanos, un movimiento multigeneracional y multirracial tomó las calles. La consciencia del racismo sistémico también está más despierta que nunca.

Así lo demuestran dos encuestas independientes entre sí realizadas por esos meses, una de Reuters y otra de la Universidad de Monmouth, de Nueva Jersey. En esta última, el 76 por ciento de los norteamericanos creían que el racismo era un gran problema nacional. Una cifra muy distante a los resultados de años anteriores. La de Reuters, por su parte, preguntó si estaban de acuerdo con una hipotética política de restitución. Para esta solo uno de cada diez estadounidenses blancos respondió afirmativamente.

Apuntando al corazón de cualquier ley para la igualdad deben estar las reparaciones. Según William Darity Jr., autor junto a Kristen Mullen de Desde aquí a la igualdad: reparaciones para los afroamericanos en el siglo XXI, la brecha racial en la riqueza que vemos hoy se originó justo cuando, después de prohibir la esclavitud, se les negara a las personas anteriormente esclavizadas los 40 acres de tierra que habían pedido para generar ingresos y prosperidad. “Los desagravios nunca han sido otorgados”, dice Darity; “han pasado 155 años”.

¿Cómo debería funcionar un programa de reparación? ¿A quién debería estar dirigido? ¿Qué cantidad sería justa? Preguntas como estas responden Darity y Mullen en su libro. “Devolver lo que fue quitado es una obligación social del gobierno federal. Son ellos quienes permitieron legalmente la segregación racial”.

Los detalles técnicos, no obstante, parecen ser la parte más sencilla del asunto. El verdadero obstáculo, la parte que todavía la sociedad norteamericana no ha podido comprender, es reunir la voluntad política para hacerlo. Convencer a suficientes ciudadanos de que los siglos de desigualdad económica forzada deben ser remediados, de que el resarcimiento es una deuda con aquellos que nunca han tenido oportunidad de utilizar y disfrutar la riqueza que sus ancestros crearon con sus propias manos.


Ernesto Eimil Reigosa

 
Ernesto Eimil Reigosa