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Publicado el 15 Junio, 2021 por Ernesto Eimil Reigosa en Opinión
 
 

EE.UU., El largo camino hacia la igualdad

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Ernesto Eimil ReigosaPor Ernesto Eimil Reigosa

La batalla por la igualdad entre sexos en los Estados Unidos tiene casi un siglo de antigüedad, si hablamos en términos estrictamente legislativos. Siempre que un cambio significativo está a punto de ocurrir, sucede algo que lo paraliza y lo retrasa años, hasta que el tema vuelve a salir en los medios de comunicación más importantes. Es un ciclo que se repite y que está bien documentado.

Hace unos meses, la Cámara de Representantes pasó un proyecto de ley que podría hacer más fácil el camino para que la Enmienda para la Igualdad de Derechos (ERA, por sus siglas en inglés) sea finalmente añadida a la Constitución. Aprobado por 222 votos contra 204, este proyecto eliminaría el límite temporal de ratificación, el cual estipulaba que un mínimo de 38 estados debían aprobarla antes del 30 de junio de 1982.

En aquel tiempo la enmienda se quedó corta por tres estados. No fue hasta 2017 que Nevada, 35 años después de la fecha de expiración, reanimó la llama, al ratificar la ley. En 2018 le siguió Illinois. Y en enero de 2020 Virginia se convirtió en la región número 38, reavivando las esperanzas de muchas personas.

Pero lo cierto es que no estaba muy claro qué significaba ese paso. Pues, sumado al límite de 1982, cinco estados habían revocado a finales de los 70 su decisión de pasar la enmienda.

Al respecto, varias féminas expertas en leyes concuerdan en una cosa: “Dado que la fecha está en el preámbulo del texto, puede que no sea legalmente vinculante”, aclara Katherine Franke, profesora de la Universidad de Columbia y directora de una iniciativa universitaria de historia de la ERA. “En el pasado, la Corte Suprema ha dictaminado que el Congreso tiene el control total sobre el proceso de cuándo finalizar una enmienda constitucional”.

Jackie Speier, demócrata por California y promotora del nuevo proyecto, dijo en conferencia de prensa que era tiempo de que las mujeres estuvieran en la Constitución. Mientras pronunciaba su discurso, Speier estaba rodeada por otras colegas de partido, todas vestidas de blanco, el color de las sufragistas. “¡Solo hágannos iguales ante la ley!”, exclamó al terminar su intervención.

No es la primera vez que los norteamericanos llegan a este punto. El año pasado ocurrió lo mismo. La cámara baja pasó un proyecto de ley para anular la fecha límite que no llegó a instancias políticas superiores. Hoy, los Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo sin una garantía explícita de la igualdad entre hombres y mujeres en su Carta Magna. También quedan muchas dudas legales; la más importante, si el Congreso tiene poder verdadero para extender indefinidamente el tiempo de ratificación.

Sin embargo, hay algo distinto con respecto a ocasiones anteriores. Además de una renovada apreciación por ERA, según la columnista Alisha H. Gupta podría ser favorecida por el hecho de que el Senado es controlado por los demócratas. Pero, por otro lado, están el negativo impacto de la pandemia de covid-19 en las mujeres, la crisis económica y la tendencia antiderecho en materia de género de la Corte Suprema, algo que se asume por las ideologías personales de la mayoría de sus representantes. Todo ello pone de relieve cuán vulnerables se encuentran realmente las estadounidenses.

Casi cien años de lucha

Kate Kelly, abogada de derechos humanos y anfitriona del podcast “Igualdad ordinaria”, explicó que toda una generación ha crecido

pensando que eran protegidas por la Constitución y que las políticas públicas eran equitativas, pero el coronavirus ha hecho visibles las inequidades para muchas personas invisibles antes. “Ahora que la desigualdad está desnuda, pueden ver la urgente necesidad de un cambio fundamental y permanente”, explicó Kelly.

Si el texto de la igualdad es finalmente aprobado, se convertiría en la 28va enmienda a la Constitución norteamericana. Activistas y abogadas piensan que, cuando se implemente, sus efectos serán demoledores. Por ejemplo, podría allanar el camino para que se le pagara lo mismo a mujeres y a hombres o permitir medidas más efectivas para erradicar la violencia basada en género o el acoso de toda índole.

Discriminación por el sexo. La primera vez que se escuchó algo similar de manera oficial en el foro de la gran política estadounidense fue en 1923, en palabras de las activistas Alice Paul y Crystal Eastman, aunque los antecedentes del tema llegan tan lejos como a inicios del siglo XX.

No fue hasta 1972, 49 años más tarde, que el Congreso pasó una versión de las medidas propuestas a principios de los 20 por Eastman y Paul, la cual tuvo un amplio apoyo bipartidista. Muchos lugares se adhirieron a ella rápidamente; el primero, Hawaii, solo media hora después de que se iniciara el plazo. A finales de año, 21 estados se manifestaban a favor.

Pero el enardecimiento inicial poco a poco fue apagándose. En gran parte, gracias a Phyllis Schlafly, una autodenominada antifeminista que montó una oposición que cambió la percepción del asunto en el establishment político, aunque existen quienes dicen que su influencia no fue definitiva. Esta activista conservadora, entre otras cosas, argumentó que la ley modificaría el concepto tradicional de familia, cambiaría el rol de las trabajadoras del hogar, eliminaría la segregación por sexo en los baños y haría que las mujeres fueran elegibles para hacer el servicio militar.

Republicanos que siguen la estela de Schlafly y se oponen a que se tome esta decisión, arguyen que no hay precedentes de retroactivamente cambiar un límite de tiempo y que hacerlo va contra los valores de la Constitución. En 2020 el Departamento de Justicia emitió un comunicado que apoyaba esa misma lógica. “Los demócratas están tratando de retrasar el reloj. Esto es un paso altamente inusual” opinó Tom Cole, representante del partido del elefante por Oklahoma.

Más allá de cuestiones legales, la ERA ha ganado popularidad entre los norteamericanos. Una encuesta del Instituto Pew el año

pasado demostró que casi el 80 por ciento de los votantes apoyaba que fuera añadida como apéndice a la Ley de leyes. Ahora, casi cien años después de que fuera inicialmente nombrada, la pregunta que se hacen las activistas es si finalmente el momento ha llegado.

Y si las cosas, aunque parezcan inmóviles, realmente podrían estar sucediendo.

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Ernesto Eimil Reigosa

 
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